WASHINGTON (AP) — Los migrantes que fueron separados de sus hijos bajo la política fronteriza de tolerancia cero del expresidente Donald Trump no han llegado a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, informó un abogado de las familias el jueves, mientras él y otros activistas rechazaban las crecientes críticas a una propuesta de pagarles una indemnización.

El abogado Lee Gelernt, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), se negó a discutir los detalles de las negociaciones o a confirmar una propuesta reportada previamente en la que se pagarían varios cientos de miles de dólares a cada una de las personas afectadas.

Pero sí dejó abierta la posibilidad de ir a juicio, en el que los padres que fueron separados de sus hijos —algunos de los cuales tenían apenas seis meses de edad— serían llamados a testificar, en caso de no llegar a un acuerdo.

“Lo único que puedo decir es que no hay un acuerdo sobre la mesa y no necesariamente tenemos un plazo”, dijo Gelernt en una conferencia telefónica.

Las negociaciones, que por lo general permanecerían privadas hasta que se finalizara un acuerdo, se han convertido en una nueva línea de ataque para los críticos del gobierno del presidente Joe Biden, quienes buscan vincular el asunto con el creciente número de migrantes que han intentado llegar a Estados Unidos desde México en el último año. Los republicanos arremetieron contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, esta semana cuando compareció ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado.

“Como pueden imaginarse, muchos estadounidenses piensan que ofrecer un enorme pago con fondos de los contribuyentes a los inmigrantes ilegales que violaron nuestras leyes es una idea bastante descabellada, en particular en medio de la crisis fronteriza de proporciones históricas que ha creado este gobierno”, declaró el senador Chuck Grassley durante la audiencia del martes.

Mayorkas refirió todas las preguntas de los senadores al respecto al Departamento de Justicia, que está a cargo de las negociaciones, aunque en algún momento refutó la idea de que un pacto alentaría a futuros migrantes a intentar venir a Estados Unidos.

Alrededor de 5.500 menores de edad fueron separados a la fuerza de sus padres bajo la política de tolerancia cero de Trump, en la que los padres de familia eran separados de sus hijos para enfrentar procesos penales por cruzar ilegalmente la frontera, aun si se entregaban a las autoridades para solicitar asilo.

Trump suspendió dicha práctica en junio de 2018 en medio de una indignación generalizada, incluyendo la de varios republicanos, apenas seis días antes de que un juez ordenara el fin del programa en respuesta a una demanda interpuesta por la ACLU.

Además de negociar un posible acuerdo, el gobierno de Biden también ha estado trabajando para reunir a algunas de las familias. Se cree que hay cientos, y quizá unos 2.000 padres, que fueron separados de sus hijos y aún no han sido localizados.

Las negociaciones habían progresado de manera discreta hasta que el The Wall Street Journal reportó el mes pasado que el Departamento de Justicia sopesaba la posibilidad de pagarles unos 450.000 dólares a cada uno de los afectados. The Associated Press confirmó posteriormente que esa cifra había estado bajo consideración.

Además de los pagos, también se ha discutido sobre otorgarles a las familias residencia legal en Estados Unidos y brindarles servicios de asesoría.

Cuestionado sobre el monto el pasado 3 de noviembre, Biden pareció en un principio no entender la pregunta y declaró que los pagos de 450.000 dólares por persona “no iban a suceder”. Poco después dijo que estaba a favor de un acuerdo, sin especificar una cantidad.

“Si, de hecho, debido al atroz comportamiento del gobierno anterior, perdiste a tu hijo al cruzar la frontera, ya fuera legal o ilegalmente; perdiste a tu hijo; mereces algún tipo de indemnización, sin importar las circunstancias”, subrayó Biden. “No tengo idea de cuál pueda ser. No tengo idea”.

Activistas por los derechos de los migrantes aseguran que el acuerdo y el estatus legal para las familias se desvían del objetivo. “El verdadero asunto es la cuestión de si nosotros, como país, estamos bien con arrancar bebés de los brazos de sus padres”, dijo Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Asylum Seeker Advocacy Project.

Gelernt destacó que muchas de las familias que fueron separadas no ingresaron ilegalmente en el país, como aseguran los críticos, ya que se entregaron a las autoridades para solicitar asilo, lo cual es legal según las leyes de Estados Unidos. También subrayó que incluso aquellos que no son ciudadanos estadounidenses pueden demandar al gobierno estadounidense, sin importar su estatus migratorio.

“La verdad es que los abogados siempre llegan a acuerdos en los casos y, por lo general, eso se debe a que financieramente, les conviene hacerlo”, indicó.

Los activistas brindaron un vistazo a cómo podría ser el juicio, al presentar en la videoconferencia a una mujer que se identificó únicamente como Leticia y que entre lágrimas describió como la separaron de su hijo mientras intentaba solicitar asilo en 2017. Pasaron dos años y medio antes de que se pudieran reunir, y aseguró que el niño mostraba indicios de trauma psicológico como resultado de la separación.

“Nos ha tocado lidiar con esta situación, a pesar de que ya estamos juntos. Pero es como que tuviéramos el miedo de vivir día con día, que podríamos volver a ser separados”, comentó. “Y no sé si yo soportaría otro dolor más grande que eso”.