SAN SALVADOR (AP) — Un grupo de derechos laborales en El Salvador pidió el jueves a la Corte Suprema del país que anule una polémica ley de “agentes extranjeros” impulsada por el presidente Nayib Bukele, que según sus críticos tiene la intención de silenciar la disidencia.

La ley, aprobada en mayo, impone un impuesto del 30% sobre los fondos o donaciones recibidas de organizaciones extranjeras, a menudo una fuente crucial de financiación para organizaciones de derechos humanos, noticias y organizaciones de defensa de los derechos humanos que han desafiado repetidamente al gobierno. La aprobación de la ley se produce en medio de una represión más amplia por parte del gobierno contra la disidencia, que ha obligado a más de cien personas a huir del país al exilio político en los últimos meses.

Además del elevado impuesto, la ley exige que todas las organizaciones que operan en el país y reciben financiación extranjera se registren ante un nuevo organismo gubernamental, que tendría amplias facultades para determinar los requisitos de cumplimiento. Los críticos afirman que esto facilitaría al gobierno el cierre de grupos de la sociedad civil, la criminalización de disidentes y la imitación de la legislación utilizada por gobiernos como Rusia, Venezuela y Nicaragua.

El jueves, líderes del Movimiento de Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MCDT) presentaron una queja ante la Corte Suprema del país, alegando que la ley viola más de una docena de artículos de la constitución salvadoreña.

“La ley busca criminalizar a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, como Ruth López , Enrique Anaya y otros que han denunciado públicamente abusos a los derechos humanos y presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios de la actual administración”, dijo Silvia Navarrete, representante del grupo, refiriéndose a dos abogados recientemente encarcelados.

Otra líder del MCDT, Morena Murillo, dijo que la legislación apunta a las organizaciones que desafían al gobierno documentando violaciones de derechos y criticando lo que ella describió como la erosión de las instituciones democráticas y la separación de poderes.

La legislación se aplica a cualquier persona u organización, salvadoreña o extranjera, que realice actividades en El Salvador influenciadas, financiadas o dirigidas, directa o indirectamente, por intereses extranjeros. Aproximadamente 8,000 organizaciones operan en El Salvador, aunque no todas están registradas ante el Ministerio de Gobernación.

Recientemente, Cristosal, uno de los principales críticos de Bukele, anunció su salida del país, alegando crecientes amenazas legales y acoso por parte del gobierno salvadoreño. La decisión se produjo después de que su principal abogada anticorrupción, Ruth López, fuera encarcelada en junio por cargos de corrupción, los cuales ella niega.

(Oficina de Prensa de la Presidencia de El Salvador vía AP)