Bolivia PeruLA PAZ, Bolivia (AP) — La cancillería de Bolivia manifestó el martes un rechazó “contundente” a las declaraciones de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, sobre que Bolivia es un estado fallido y convocó a La Paz a su representante diplomático ante Lima.
“Este tipo de declaraciones no podemos aceptarlas; somos dos países hermanos que mantenemos un diálogo fructífero”, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Elmer Catarina, en conferencia de prensa.
Boluarte, durante su mensaje al Congreso el lunes, aseguró que su toma de posesión evitó que Perú se convirtiera en “un país fallido como Cuba, Venezuela y Bolivia”.
El viceministro Catarina agregó que las declaraciones de la mandataria peruana son “inadmisibles”, por lo que convocó a la encargada de negocios de Bolivia en Perú, Eva Chuquimia, que tiene funciones de embajadora del país. No ofreció más detalles de cómo seguirán las relaciones pero aseguró que la agenda bilateral continuaba vigente.
Boluarte es una abogada de 63 años que sucedió en diciembre de 2022 en la presidencia a Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, luego de que el entonces mandatario intentara disolver el Congreso, lo que llevó a su remoción y prisión preventiva por tres años mientras es juzgado por presunta rebelión e investigado por corrupción.
La Paz y Lima han tenido nexos cordiales pero durante las protestas en 2023 en Perú, el gobierno de Boluarte acusó al expresidente Evo Morales (2006-2019) de alentar los conflictos que tuvieron como epicentro la región del sur peruano, vecina con Bolivia.
(AP Foto/Martín Mejía)
POR  ASSOCIATED PRESS
Datos sismosUno de los terremotos más potentes jamás registrados sacudió el extremo oriental de Rusia a primera hora del miércoles y provocó olas de tsunami que llegaron a las costas de Japón y Alaska y avisos para que la población de la costa del Pacífico esté en alerta o se traslade a zonas altas.
El sismo, de magnitud 8,8, activó alertas en Hawai, Norte y Centroamérica y en las islas del Pacífico hacia el sur, hasta Nueva Zelanda. Las autoridades advirtieron que el peligro de tsunami podría durar más de un día.
A continuación, un vistazo a algunos de los terremotos más potentes registrados anteriormente, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
1. Biobío, Chile
Un sismo de 9,5 remeció la región central de Chile en 1960. Conocido como el terremoto de Valdivia o el gran terremoto de Chile, el temblor más grande jamás registrado causó más de 1.600 muertes en el país y fuera de él, la mayoría debido al gran tsunami que se produjo a continuación. Miles de personas más resultaron heridas.
2. Alaska
En 1964, un movimiento telúrico de magnitud 9,2 sacudió el Prince William Sound de Alaska durante casi cinco minutos. Más de 130 personas perdieron la vida a causa del mayor terremoto registrado en Estados Unidos y del posterior tsunami. Hubo enormes deslaves y olas gigantes que causaron graves inundaciones. Durante semanas se registraron miles de réplicas.
3. Sumatra, Indonesia
Un temblor de 9,1 y un tsunami arrasaron el sudeste y el sur de Asia y el este de África en 2004 causando 230.000 fallecidos. Solo en Indonesia se registraron más de 167.000 muertes, ya que comunidades enteras quedaron devastadas.
4. Tohoku, Japón
Un terremoto de magnitud 9,1 golpeó la costa noreste de Japón en 2011, desencadenando un gigantesco tsunami que impactó contra la central nuclear de Fukushima. Anuló los sistemas de energía y refrigeración del recinto, y provocó fusiones en tres reactores. Más de 18.000 personas murieron por el temblor y el tsunami, y algunos de los cuerpos nunca se recuperaron.
5. Kamchatka, Rusia
En 1952, un sismo de magnitud 9,0 causó daños significativos, pero no se reportaron decesos a pesar de un tsunami que golpeó Hawai con olas de 9,1 metros (30 pies) de altura.
6. Biobío, Chile
En 2010, un enorme terremoto de magnitud 8.8 golpeó el centro de Chile, remeció la capital, Santiago, durante un minuto y medio y provocó un tsunami. Más de 500 personas perecieron en el desastre.
7. Esmeraldas, Ecuador
En 1906, un sismo de magnitud 8.8 y el tsunami resultante mataron a unas 1.500 personas. Sus efectos se sintieron a lo largo de la costa de Centroamérica y hasta San Francisco y Japón.
8. Alaska
Un movimiento telúrico de magnitud 8,7 remeció las Islas Rat de Alaska en 1965, causando un tsunami de 11 metros (35 pies) de altura. Se registraron daños relativamente menores, incluyendo grietas en edificios y una pista de asfalto.
9. Tíbet
Al menos 780 personas murieron por un temblor de magnitud 8,6 en 1950. Docenas de aldeas quedaron destruidas, incluyendo al menos una que se deslizó hacia un río. También hubo importantes deslaves de tierra que obstruyeron el río Subansiri en India. Cuando el agua finalmente se abrió paso, provocó una ola letal de siete metros (23 pies).
10. Sumatra, Indonesia
En 2012, un poderoso sismo de magnitud 8,6 golpeó la costa oeste del norte de Sumatra en Indonesia. Aunque causó pocos daños, aumentó la presión sobre una falla que fue el origen del devastador tsunami de 2004.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
(AP Foto/Itsuo Inouye, archivo)
POR  THE ASSOCIATED PRESS
Hambruna GazaTEL AVIV, Israel (AP) — La “peor situación de hambruna se está produciendo actualmente en la Franja de Gaza”, afirmó la principal autoridad internacional en crisis alimentarias en una nueva alerta el martes, prediciendo “muertes generalizadas” si no se toman acciones inmediatas.
La alerta, que aún no llega a ser una declaración formal de hambruna, sigue a la indignación por las imágenes de niños desnutridos en Gaza y los reportes de decenas de muertes relacionadas con el hambre después de casi 22 meses de guerra.
La presión internacional llevó a Israel a anunciar medidas el fin de semana, incluyendo pausas humanitarias diarias en los combates en partes de Gaza y lanzamientos aéreos. Naciones Unidas y los palestinos en el terreno dicen que poco ha cambiado, y multitudes desesperadas continúan sobrepasando y vaciando camiones de entrega antes de que puedan llegar a sus destinos.
El IPC dijo que Gaza lleva dos años al borde de la hambruna, pero los acontecimientos recientes han “empeorado dramáticamente " la situación, incluyendo “bloqueos cada vez más estrictos” por parte de Israel.
Una declaración formal de hambruna, que es inusual, requiere datos que la falta de acceso a Gaza y la movilidad dentro del territorio han impedido reunir en gran medida. El IPC sólo ha declarado hambruna unas pocas veces: en Somalia en 2011, Sudán del Sur en 2017 y 2020, y partes de la región occidental de Darfur en Sudán el año pasado.
Pero expertos independientes dicen que no necesitan una declaración formal para saber lo que están viendo en Gaza.
“Así como un médico de familia puede a menudo diagnosticar a un paciente que conoce bien basándose en síntomas visibles sin tener que enviar muestras al laboratorio y esperar resultados, también podemos interpretar los síntomas de Gaza. Esto es hambruna”, dijo Alex de Waal, autor de “Hambre Masiva: La Historia y el Futuro de la Hambruna” y director ejecutivo de la Fundación Mundial por la Paz, a The Associated Press.
Qué se necesita para declarar hambruna
Un área se copnsidera en hambruna cuando se confirman las tres condiciones siguientes:
Al menos el 20% de los hogares tienen una falta extrema de alimentos, o están básicamente muriendo de hambre. Al menos el 30% de los niños de seis meses a 5 años sufren de desnutrición aguda o emaciación, lo que significa que están demasiado delgados para su altura. Y al menos dos personas o cuatro niños menores de 5 años por cada 10.000 mueren cada día debido a la inanición o la interacción de la desnutrición y la enfermedad.
El informe se basa en la información disponible hasta el 25 de julio y dice que la crisis ha alcanzado “un punto de inflexión alarmante y mortal”. Dice que los datos indican que se han alcanzado los umbrales de hambruna para el consumo de alimentos en la mayor parte de Gaza, en su nivel más bajo desde que comenzó la guerra, y para la desnutrición aguda en la Ciudad de Gaza. El informe dice que casi 17 de cada 100 niños menores de 5 años en la Ciudad de Gaza están gravemente desnutridos.
La evidencia creciente muestra “hambruna generalizada”. Los servicios esenciales de salud y otros han colapsado. Una de cada tres personas en Gaza pasa días sin comer, según el Programa Mundial de Alimentos. Los hospitales informan un rápido aumento en las muertes relacionadas con el hambre en niños menores de 5 años. La población de Gaza, de más de 2 millones, se ha visto comprimida en áreas cada vez más pequeñas del territorio devastado.
El último análisis del IPC en mayo advirtió que Gaza probablemente caerá en hambruna si Israel no levanta su bloqueo y detiene su campaña militar. Su nueva alerta pide una acción inmediata y a gran escala y advierte: “La falta de acción ahora resultará en muertes generalizadas en gran parte de la Franja”.
Cómo son las restricciones de ayuda
Israel ha restringido la ayuda en diversos grados a lo largo de la guerra. En marzo, bloqueó la entrada de todos los bienes, incluidos combustible, alimentos y medicinas, para presionar a Hamás a liberar rehenes.
Israel alivió esas restricciones en mayo, pero también impulsó un nuevo sistema de entrega de ayuda respaldado por Estados Unios que se ha visto plagado por el caos y la violencia. Los proveedores de ayuda tradicionales, liderados por la ONU, dicen que las entregas han sido obstaculizadas por restricciones militares israelíes e incidentes de saqueo, mientras que criminales y multitudes hambrientas asaltan los convoyes que entran.
Aunque Israel dice que no hay límite en la cantidad de camiones de ayuda que pueden entrar a Gaza, las agencias de la ONU y los grupos de ayuda dicen que incluso las últimas medidas humanitarias no son suficientes para contrarrestar la creciente hambruna. En un comunicado el lunes, Médicos Sin Fronteras calificó los nuevos lanzamientos aéreos de ineficaces y peligrosos, diciendo que entregan menos ayuda que los camiones.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que nadie está muriendo de hambre en Gaza y que Israel ha suministrado suficiente ayuda durante toda la guerra, “de lo contrario, no habría gazatíes”. El ejército israelí criticó el lunes lo que llama “afirmaciones falsas de hambruna deliberada en Gaza” .
El aliado más cercano de Israel ahora parece estar en desacuerdo. “Esos niños parecen muy hambrientos”, dijo el presidente Donald Trump el lunes sobre las imágenes de Gaza en los últimos días.
Anna informó desde Lowville, Nueva York.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
SAM MEDNICK is an AP correspondent for Israel and the Palestinian Territories. She focuses on conflict, humanitarian crises and human rights abuses. Mednick formerly covered West & Central Africa and South Sudan.
CARA ANNA is an editor on the AP’s Global Desk. She has reported from Africa, China, Ukraine, Afghanistan and the United Nations.
POR  SAM MEDNICK, CARA ANNA and ASSOCIATED PRESS
(AP Foto/Jehad Alshrafi)
Uribe culpableBOGOTÁ, Colombia (AP) — El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue declarado culpable el lunes de manipulación de testigos y soborno en un juicio histórico que conmovió a la nación sudamericana y amenazó con empañar el legado del hombre fuerte conservador.
El fallo siguió a un juicio de casi seis meses en el que los fiscales presentaron evidencia de que Uribe intentó influir en los testigos que acusaron al líder del orden público de tener vínculos con un grupo paramilitar fundado por ganaderos en la década de 1990.
Uribe, de 73 años, no se presentó en el tribunal de Bogotá para el veredicto, ya que el juez aún no ha ordenado su arresto. Siguió el fallo desde su casa en las afueras de Medellín, pero no hizo declaraciones al respecto de inmediato.
Uribe enfrenta hasta 12 años de prisión, pero la sentencia se dictará en una audiencia aparte. Se espera que apele el fallo.
El expresidente, que gobernó entre 2002 y 2010 con un fuerte apoyo de Estados Unidos, es una figura polarizadora en Colombia, donde muchos le atribuyen haber salvado al país de convertirse en un estado fallido, mientras que otros lo asocian con violaciones de derechos humanos y el ascenso de grupos paramilitares en la década de 1990.
Mientras se leía la sentencia, los opositores de Uribe se enfrentaron brevemente con sus partidarios a las afueras del tribunal.
En un fallo que duró más de 10 horas, la jueza Sandra Heredia dijo que había suficiente evidencia para determinar que Uribe conspiró con un abogado para persuadir a tres ex miembros de grupos paramilitares que estaban en prisión a cambiar el testimonio que le habían dado a Iván Cepeda, un senador de izquierda que había iniciado una investigación sobre los presuntos vínculos de Uribe con un grupo paramilitar.
El caso data de 2012, cuando Uribe presentó una demanda por difamación contra Cepeda ante la Corte Suprema. Sin embargo, en un giro inesperado, el alto tribunal desestimó los cargos contra Cepeda y comenzó a investigar a Uribe en 2018.
Durante la presidencia de Uribe, el ejército colombiano logró algunas de sus mayores victorias en el campo de batalla contra la insurgencia izquierdista más antigua de América Latina, empujando a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a zonas remotas y obligando a los líderes del grupo a participar en conversaciones de paz que llevaron al desarme de más de 13.000 combatientes en 2016.
Conocido por su incansable ética de trabajo y su mal carácter, Uribe todavía tiene legiones de seguidores en Colombia y es uno de los más feroces oponentes del actual presidente, el ex guerrillero izquierdista Gustavo Petro.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reaccionó al fallo, ya que se hizo evidente que el juez Heredia iba a encontrar al expresidente culpable de soborno.
“El único delito de Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria”, escribió Rubio el lunes en X. “La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”.
El presidente colombiano Gustavo Petro defendió el fallo, escribiendo en X que "un sistema de justicia sólido" permitirá a Colombia salir de la violencia. Añadió en otro mensaje que Rubio estaba interfiriendo con la soberanía colombiana.
“El mundo debe respetar a los jueces de Colombia”, escribió Petro.
Heredia dijo que su fallo no debe interpretarse como “una victoria de nadie” sino como “un acto de justicia”.
Los críticos también culpan a Uribe de crímenes de Estado. Según una comisión de la verdad creada en 2017, más de 6.400 civiles fueron ejecutados por el ejército colombiano e identificados como miembros de grupos rebeldes por soldados que buscaban ascensos durante el conflicto, un fenómeno que alcanzó su punto máximo durante el gobierno de Uribe.
Los fiscales acusaron a Uribe de enviar abogados para reunirse con ex paramilitares encarcelados y presionarlos para que retiraran el testimonio que le habían proporcionado al senador Cepeda.
Durante el juicio, Uribe negó haber intentado cambiar la opinión de los testigos, pero reconoció haber buscado entrevistas con los hombres como parte de su preparación para el juicio y para verificar testimonios que también se estaban utilizando en un juicio por asesinato contra su hermano, Santiago Uribe , quien también estaba acusado de vínculos con los paramilitares armados.
Cepeda habló con la prensa tras el fallo y afirmó que seguirá luchando por la verdad y la justicia para las víctimas del conflicto colombiano. «Nadie puede desafiar ni mancillar el Estado de derecho», afirmó.
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Por  ASTRID SUÁREZ y MANUEL RUEDA
(Foto AP/Fernando Vergara)
TrenAraguaARICA, Chile (AP) — Los pandilleros venezolanos anotaron cuidadosamente incluso sus gastos más insignificantes: $15 por un Uber; $34 por productos de limpieza; $9 para café y jamón para el turno de vigilancia.
Las meticulosas hojas de cálculo incautadas en redadas policiales en la ciudad norteña de Arica, a las que The Associated Press tuvo acceso, se parecen más a la estructura contable de una empresa que a la de una organización criminal transnacional. Pero son parte de una investigación de meses de la fiscalía chilena contra la banda de origen venezolano del Tren de Aragua, que se instaló silenciosamente en Chile hace unos cinco años y desató el terror con brutales asesinatos en uno de los países hasta hace poco más seguros de América Latina.
La investigación permitió iniciar un proceso judicial contra Los Gallegos, como se conoce a una de las principales ramas locales del Tren de Aragua, que derivó en la condena a más de una treintena de sus integrantes en un caso sin precedentes que se cerró este mes con la ratificación de las condenas por la Corte Suprema, que juntas suman más de 560 años de cárcel.
“Cuando estás enfermo y no tienes resistencia, el virus se empieza a meter por todo el cuerpo. Con las bandas organizadas ocurre lo mismo”, resumió a la AP el fiscal que lideró la investigación, Bruno Hernández, sobre cómo extendió sus brazos en territorio chileno el Tren de Aragua, clasificado como grupo terrorista extranjero por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
En el último lustro, Chile ha enfrentado una crisis de inseguridad que hasta entonces sólo veía de lejos en países vecinos azotados por el narcotráfico, como Perú, Ecuador o Colombia. Pero la llegada del crimen organizado obligó al país a repensar sus instituciones y fuerzas de seguridad en un intento de contener la violencia y responder a las demandas de una sociedad que busca soluciones a las puertas de unas elecciones presidenciales.
Con llamadas interceptadas, teléfonos incautados, informes policiales sobre sus actividades e interrogatorios a varios de sus integrantes, que la AP pudo revisar, se estructuró un robusto expediente que expone detalles y particularidades sobre el funcionamiento interno del Tren de Aragua y sobre cómo pudo ampliar su frontera en pocos años desde las cárceles venezolanas hasta permear en varios países de la región.
La banda de crimen organizado replicó en Chile lo que había conseguido en territorios vecinos, al dominar las actividades ilícitas locales y penetrar las barreras del país.
“El crimen organizado siempre se adapta”, concluyó Hernández. “Siempre estamos un paso atrás”.
Cómo se infiltró el Tren de Aragua en Chile
Fue en 2022 cuando las autoridades chilenas empezaron a detectar que había crimen organizado en el país, con la llegada de Los Gallegos, un brazo del temido Tren de Aragua. Irrumpió en Chile cuando la pandemia del coronavirus cerró las fronteras, lo que animó a más venezolanos a recurrir a traficantes de personas para escapar de la crisis.
Aprovechando el éxodo masivo de los que buscaban oportunidades más al sur, Héctor Guerrero Flores —líder del Tren de Aragua, conocido como “Niño Guerrero” y sancionado este mes por Estados Unidos por trata de personas y otros delitos— envió a varios designados al país, seducido por una menor competencia criminal local y el potencial para sus actividades delictivas.
Se instalaron inicialmente en el norte, en Arica, una pequeña ciudad portuaria de 240.000 habitantes muy cerca de la frontera, que era la primera parada de los migrantes y un punto alejado en el que la presencia del Estado y de las fuerzas del orden es mucho menor que en Santiago, Valparaíso o Iquique. Arica está a más de 2.000 kilómetros de la capital.
En poco tiempo, la banda se apoderó del Cerro Chuño, un antiguo vertedero de esa ciudad norteña donde se apiñan en precarias infraviviendas migrantes indocumentados, que son más vulnerables al reclutamiento y a la explotación.
A medida que surgían casos de asesinatos o secuestros, con una brutalidad hasta entonces sin precedentes —algunos cuerpos aparecían desmembrados, quemados o enterrados vivos—, se prendieron las alertas de las autoridades de Arica ante la sofisticación de una organización criminal con múltiples capas y gran lealtad entre sus miembros.
El mes pasado, en la sede de la Policía de Investigaciones de Arica, AP acompañó al fiscal Hernández en un interrogatorio a Wilmer López, de 23 años. El presunto sicario de Los Gallegos siempre guardó silencio, con la mirada fija en sus zapatillas.
“Venezuela no estaba dentro de las bandas que nosotros conocíamos”, reconoce Hernández.
El fiscal montó entonces, con recursos limitados y poca experiencia, un equipo pionero con una decena de analistas, abogados e investigadores, que hasta hace poco era el único dedicado a perseguir exclusivamente al crimen organizado.
“Marcó un hito”, señaló a AP el fiscal regional Mario Carrera desde Cerro Chuño.
Cámaras de tortura, descargas eléctricas y cuerpos en maletas
Decodificar la estructura del Tren de Aragua, su compleja red de comunicación y la ruta del dinero fue crucial para desbaratar el brazo de Los Gallegos y condenar, el pasado noviembre, a 34 de sus miembros en un megajuicio por crimen organizado.
Hernández enfrentó amenazas de muerte. Hoy sigue permanentemente escoltado, aunque sea para una simple cena. Llamadas anónimas sobre amenazas de bomba en el pequeño juzgado de Arica paralizaron el juicio varias veces.
Pero una de las cosas más difíciles, según el equipo, fue convencer a las autoridades de que tomaran en serio al Tren de Aragua en un país donde la policía conducía vehículos sin blindaje y los detectives llegaban a los allanamientos sólo con un arma corta y una radio.
“La policía no creía en su propio trabajo”, dijo Esperanza Amor, abogada asistente del equipo de Hernández.
Para la fiscalía, era fundamental demostrar en los tribunales que no eran “delitos aislados, sino que existía una estructura y un patrón”, recalcó Amor. De lo contrario, ”habrían sido juzgados como delincuentes comunes, no como un grupo transnacional”.
Ante jueces y testigos, el equipo investigador presentó detalles de cómo Los Gallegos sometieron a delincuentes rivales con terror. Documentos judiciales describen cámaras de tortura clandestinas, donde filmaban la agonía de desertores y enemigos mientras les administraban descargas eléctricas y les amputaban dedos.
Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados acribillados o desmembrados y metidos en maletas. Muchos fueron sepultados vivos.
Hubo incluso traficantes locales que entraron en pánico y el miedo se filtró a las calles de Arica. Había tiroteos a plena luz del día y delitos cada vez más violentos pasaron a ser frecuentes.
”¿Adónde se supone que voy a correr, amigo?”, se escucha preguntar a Marco Iguazo, uno de los principales traficantes locales, en una llamada interceptada de marzo de 2022 obtenida por AP.
Entre 2019 y 2022, los homicidios aumentaron un 215%, según la fiscalía. La ciudad, rodeada de playas para surfear, se convirtió en la más peligrosa de Chile. “Fue una psicosis total”, recuerda el fiscal regional Carrera.
Tras logar condenas contra Los Gallegos por homicidio agravado, trata de personas, tráfico de drogas y explotación sexual, entre otros delitos violentos, se replicó el modelo en otras fiscalías regionales. Hoy, las múltiples unidades especiales de crimen organizado han encarcelado a casi 350 miembros del Tren de Aragua, en su mayoría venezolanos junto a chilenos, según la Policía de Investigaciones.
“La unidad hizo algo nunca antes visto en Chile y logró resultados”, afirmó Ignacio Castillo, director de crimen organizado de la Fiscalía de Chile.
La corrupción en el Estado, el riesgo más profundo
El caso contra Los Gallegos, no obstante, no acabó con el problema en Chile. El crimen organizado, que se ha vuelto un desafío para todo el continente, va más allá de delitos violentos. Busca permear en las instituciones.
“No es la típica corrupción con dinero en sobres”, afirmó a AP Rubén Vargas, exministro de Interior de Perú, un país que también ha reconocido el calado de las organizaciones criminales transnacionales. “Se trata de operadores que ejercen un poder real en el sistema político y eso es mucho más peligroso”.
Aunque Chile figura entre los países menos corruptos de Latinoamérica, según Transparencia Internacional, varios episodios recientes sugieren que las bandas han conseguido penetrar al sistema.
En el último mes, tres casos de narcotráfico han puesto la mira en los uniformados. En una base militar de la frontera norte, fue incautado medio kilo de droga. Asimismo, seis militares fueron detenidos por presuntamente integrar una banda que traficaba droga hacia la capital.
Otros cinco soldados fueron sorprendidos trasladando un cargamento de ketamina, una droga alucinógena de uso veterinario. “Estamos viendo niveles de sofisticación muy nuevos que utilizan el aparato estatal y a los sistemas para favorecerse”, matizó Vargas.
“Si capturamos a alguien en la calle, sólo sacamos la punta del iceberg, pero no nos profundizamos en observar cómo operan”, apuntó a su vez Daniel Brunner, presidente de la firma de seguridad Brunner Sierra Group y exagente del FBI que investigó al Tren de Aragua.
Por eso, Pablo Zeballos, consultor en crimen organizado y exoficial de inteligencia policial en Chile, plantea que es necesaria la “persecución penal, inteligencia financiera, protección de testigos y cooperación con otros países para desmantelar las redes locales”.
Año electoral: los chilenos exigen seguridad
Hoy Arica es una ciudad diferente y apenas vuelve a sentir algo de la tranquilidad de tiempos de prepandemia. Su tasa de homicidios bajó de 17 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 9,9 el año pasado, según un informe nacional del gobierno.
Pero Los Gallegos, así como otras ramas del Tren de Aragua, no han desaparecido. Muchos de sus miembros están en prisión, pero desde allí siguen operando, por ejemplo, con llamadas de extorsión.
“Me gustaría decirte que Chile ya se liberó del Tren de Aragua y de Los Gallegos, pero no es así”, apuntó Vargas, conocedor de cómo evoluciona el grupo criminal en más países. “La caída de sus miembros no implica la desarticulación de la organización”.
Los investigadores ya han detectado otros núcleos, el más reciente hace sólo tres semanas.
María Peña González, de 70 años, observaba a sus nietos jugar fuera de una iglesia en Arica. “Ya no se puede caminar de noche”, reprochó. “Chile ha cambiado desde que comenzaron a llegar diferentes tipos de personas”. La mujer admitió a AP que en las elecciones de noviembre votará por José Antonio Kast, el aspirante de más renombre de la ultraderecha que ofrece deportar a migrantes ilegales “cueste lo que cueste”.
El control migratorio y el aumento de la violencia se han vuelto temas centrales del debate público, mientras el gobierno, a manos del presidente Gabriel Boric —que no puede ir a la reelección—, prometió pulso firme contra la delincuencia, impulsó leyes centradas en seguridad y envió al ejército a reforzar las fronteras.
Boric confía en que esas medidas puedan apalancar a su exministra de Trabajo, la comunista Jeannette Jara, quien aspira a ser la candidata de la izquierda frente a las exigencias de una población que, hasta hace muy poco, estaba más preocupada por reformas sociales que por el miedo.
POR  NAYARA BATSCHKE e ISABEL DEBRE
(AP foto/Esteban Felix)

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