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Cristina KishnerBUENOS AIRES, Argentina (AP) — El máximo tribunal de Argentina confirmó el martes una sentencia de seis años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un fallo que la inhabilitó permanentemente para ejercer cargos públicos tras la condena por corrupción que determinó que había encomendado contratos estatales a un amigo mientras era primera dama y presidenta.
El explosivo fallo de la Corte Suprema dejó a Fernández, la carismática pero profundamente divisiva ex líder de Argentina, sujeta a arresto y provocó que sus partidarios salieran a las calles de Buenos Aires, la capital de Argentina, y bloquearan las principales autopistas en protesta.
El tribunal solicitó al Ministerio de Seguridad de Argentina la creación de un centro de detención para Fernández, de 72 años. Su abogado defensor, Carlos Beraldi, declaró a C5N, un canal de televisión de Buenos Aires, que había solicitado que se le permitiera a Fernández cumplir su condena en arresto domiciliario dada su edad.
El fallo prohíbe a Fernández presentarse a las elecciones legislativas de Buenos Aires de este otoño, pocos días después de haber lanzado su campaña.
Fernández, quien dominó la política argentina durante dos décadas y forjó el principal movimiento populista de izquierda del país conocido como kirchnerismo, después de que ella y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, rechazaran las acusaciones por considerarlas motivadas políticamente.
Durante los ocho años de mandato de Fernández (2007-2015), Argentina amplió los pagos en efectivo a los pobres e impulsó importantes programas de asistencia social. Sin embargo, sus gobiernos financiaron el gasto público descontrolado mediante la emisión de moneda, lo que le dio a Argentina mala fama por sus enormes déficits presupuestarios y su inflación desmesurada.
Los críticos atribuyeron los años de volatilidad económica de Argentina a las políticas de Fernández, y la indignación por las sucesivas crisis económicas y la inflada burocracia del país ayudaron a catapultar al presidente libertario radical Javier Milei a la presidencia a fines de 2023.
El fallo asestó un duro golpe a la oposición de Milei durante un año crucial de elecciones intermedias. Él celebró el fallo escribiendo en redes sociales: «Justicia. Punto».
Fernández se vio envuelta en múltiples escándalos de corrupción durante su mandato. Fue condenada en 2022 por este caso de corrupción, centrado en 51 contratos públicos de obras públicas adjudicados a empresas vinculadas a Lázaro Báez, magnate de la construcción convicto y amigo de la pareja presidencial, a precios un 20 % superiores a la tarifa estándar, en un esquema que le costó al estado decenas de millones de dólares.
El alto tribunal rechazó en marzo la solicitud de Fernández de que el tribunal revisara su condena de prisión. En una resolución obtenida por The Associated Press, el tribunal declaró que la pena de prisión "no hace más que proteger nuestro sistema republicano y democrático".
Los gobiernos de Kirchner llevaron a cabo “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses del gobierno y resultó en el desfalco de aproximadamente 70 millones de dólares al tipo de cambio actual, señala la resolución.
Partidarios de Fernández y su movimiento político bloquearon las principales vías de acceso a Buenos Aires e irrumpieron en las oficinas de Canal 13 y Todos Noticias, las dos principales cadenas de cable argentinas consideradas críticas con la expresidenta, destrozando televisores, vandalizando vehículos y rompiendo cristales. No se reportaron heridos.
Fernández rechazó la decisión y calificó a los jueces de la corte de “títeres” de quienes ejercen el poder económico en el país.
“Son tres marionetas que responden a quienes gobiernan muy por encima de ellos”, dijo a sus simpatizantes en un discurso conmovedor frente a la sede de su partido. “No es la oposición. Es el poder económico concentrado del gobierno argentino”.
Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Fernández, se comprometió a “llevar este caso ante todos los organismos internacionales de derechos humanos”.
Fernández ha cuestionado la imparcialidad de los jueces. Afirma que su defensa no tuvo acceso a gran parte de las pruebas y que estas se obtuvieron sin respetar los plazos legales.
Fernández enfrenta una serie de otros juicios próximos por cargos de corrupción.
El periodista de Associated Press Sergio Farella contribuyó a este informe.
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ALMUDENA CALATRAVA escribe en español sobre Argentina para The Associated Press, con sede en Buenos Aires.
Por  ALMUDENA CALATRAVA y DÉBORA REY
(Foto AP/Rodrigo Abd)

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Evo ambulanciaLA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente de Bolivia Luis Arce anunció el sábado que interpondrá una denuncia ante la comunidad internacional por el ataque de seguidores del expresidente Evo Morales a una ambulancia que transportaba heridos en las protestas que convocó el exmandatario en contra del gobierno.
En la madrugada del sábado seguidores de Morales que mantienen tomadas varias carreteras desde hace seis días atacaron una ambulancia que transportaba policías heridos durante las protestas, “agredieron” al personal médico que iba a bordo y quemaron el vehículo, según denunció la ministra de Salud, María Renée Castro.
“Esto no se ha visto en ningún lugar. Es reprochable y vamos a hacer la denuncia internacional porque no puede ser que nuestro país, so pretexto de una candidatura absolutamente injustificada e inconstitucional, estén tomando este tipo de acciones contra el personal médico y personeros de la policía que lo único que hacen es cumplir su deber”, declaró Arce a la prensa.
Seguidores de Morales (2006-2019) mantienen tomadas varias carreteras principales y se han enfrentado a la policía con dinamita para presionar por la inscripción de su líder como candidato presidencial después que Morales quedó fuera de los comicios presidenciales del 17 de agosto por un fallo del Tribunal Constitucional que declaró ilegal buscar un tercer mandato.
Los manifestantes también demandan la renuncia de Arce a quien culpan por la aguda crisis económica y la escasez de combustibles. Las autoridades han reportado medio centenar de heridos en su mayoría policías y numerosos detenidos.
Cientos de vehículos están varados en las carreteras y están escaseando los alimentos en los mercados.
Arce, quien fue ministro de Economía de Morales por una década, acusó a su mentor de “convulsionar el país para perjudicar los comicios” y presionar por su renuncia.
“Aunque el evismo (seguidores de Evo Morales) busque derrocar a un gobierno legítimo y constitucional, y evitar elecciones generales, nunca se debe tolerar un ataque a ambulancias”, subrayó el mandatario.
Morales ha dicho que las protestan que ha convocado buscan “defender la democracia” y luchar contra la crisis económica agravada por el gobierno que, afirma, “responde con silencio, represión y medidas improvisadas”.
El exmandatario tiene una orden de detención y está refugiado en su feudo cocalero del Chapare, en el centro de Bolivia, por negarse a responder ante la justicia por una acusación de presunto abuso de una menor cuando era mandatario. A raíz de los cortes carreteros y los choques con las fuerzas del orden, el gobierno le inició otra querella esta semana por terrorismo.
Las elecciones presidenciales y legislativas del 17 de agosto se desarrollan en medio de la peor crisis económica en 40 años y en un clima de alta tensión social y política, con el partido gobernante fracturado con tres candidatos y en medio de una pelea intestina entre Morales y Arce que pone en riesgo la hegemonía de casi 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
Ni Arce ni Morales son candidatos. El bloque opositor concurre con siste candidaturas de centro y de derecha. Las encuestas vaticinan una elección fragmentada.
(AP Foto/Juan Karita)
POR  ASSOCIATED PRESS

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UribeBOGOTÁ, Colombia (AP) — Miguel Uribe, un candidato presidencial conservador colombiano , se encontraba en condición crítica el lunes después de recibir un disparo en la cabeza a quemarropa durante un mitin el fin de semana.
En un comunicado, los médicos dijeron que el senador de 39 años “apenas” había respondido a las intervenciones médicas que incluyeron cirugía cerebral luego del intento de asesinato que tuvo un efecto paralizante en la nación sudamericana.
Uribe recibió un disparo el sábado cuando se dirigía a una pequeña multitud de personas que se habían reunido en un parque del barrio Modelia de Bogotá.
El domingo, cientos de personas se congregaron frente al hospital donde Uribe recibe atención médica para orar por su recuperación. Algunos portaban rosarios, mientras que otros coreaban consignas contra el presidente Gustavo Petro .
“Esto es terrible”, dijo Walter Jiménez, un abogado que se presentó frente al hospital con un cartel pidiendo la destitución de Petro. “Parece que volvemos a los años 90”, dijo, refiriéndose a una década en la que los cárteles de la droga y los grupos rebeldes asesinaron a jueces, candidatos presidenciales y periodistas con impunidad.
Petro ha condenado el ataque e instado a sus oponentes a no utilizarlo con fines políticos. Sin embargo, algunos colombianos también le han pedido al presidente que modere su retórica contra los líderes de la oposición.
El intento de asesinato sorprendió a la nación y muchos políticos lo describieron como la última señal de cómo se ha deteriorado la seguridad en Colombia, donde el gobierno está luchando por controlar la violencia en las zonas rurales y urbanas, a pesar de un acuerdo de paz de 2016 con el grupo rebelde más grande del país.
El ataque a Uribe se produce en medio de una creciente animosidad entre Petro y el Senado por las reformas bloqueadas a las leyes laborales del país.
Petro ha organizado protestas a favor de las reformas , donde ha pronunciado encendidos discursos refiriéndose a los líderes de la oposición como “oligarcas” y “enemigos del pueblo”.
“No hay manera de argumentar que el presidente… que describe a sus opositores como enemigos del pueblo, paramilitares y asesinos no tiene responsabilidad en esto”, escribió Andrés Mejía, un destacado analista político, en X.
El lunes, el Senado colombiano anunció la suspensión de sesiones por un número indeterminado de días para mostrar su solidaridad con Uribe. Se esperaba que el Senado votara esta semana sobre la legislación laboral que el presidente colombiano pretende promulgar mediante referéndum.
También el lunes, en un comunicado conjunto, nueve partidos de la oposición afirmaron que recurrirán a "entidades internacionales" que les brinden las "condiciones de igualdad que les ha negado" el gobierno colombiano. Los partidos también pidieron a la Procuraduría General de la Nación la creación de una comisión que garantice la transparencia y la seguridad electoral.
La Fiscalía General de la República informó que un joven de 15 años fue arrestado en el lugar del ataque contra Uribe. Videos difundidos en redes sociales muestran a un sospechoso disparándole a Uribe a quemarropa.
El sospechoso resultó herido en una pierna y se recupera en otra clínica, informaron las autoridades. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, añadió que más de 100 agentes investigan el ataque.
El lunes, la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, dijo que los menores en Colombia enfrentan sentencias de hasta ocho años de detención por cometer asesinatos.
Camargo reconoció que las sentencias leves han alentado a los grupos armados a reclutar a menores para cometer delitos. Sin embargo, afirmó que la legislación colombiana también considera a los menores reclutados por grupos armados como víctimas y busca protegerlos.
“Como sociedad, debemos reflexionar sobre por qué un menor queda atrapado en una red de asesinos y qué podemos hacer para evitar que esto vuelva a suceder”, afirmó.
Camargo afirmó que las autoridades no habían identificado ninguna amenaza de muerte contra Uribe antes del intento de asesinato del sábado. Sin embargo, el lunes, el abogado de Uribe declaró que había demandado al director de la Unidad Nacional de Protección, una agencia gubernamental que asigna guardias de seguridad y vehículos blindados a políticos y líderes de derechos humanos.
Uribe lanzó su campaña presidencial en octubre. Su abogado, Víctor Mosquera, afirmó que la Unidad Nacional de Protección ignoró múltiples solicitudes de Uribe para ampliar su equipo de seguridad durante la campaña.
“Había que mejorar su seguridad”, declaró Mosquera en rueda de prensa. “Tenemos que investigar si el ataque (a Uribe) fue consecuencia de negligencia”.
En un mensaje en X el lunes, Petro escribió que el equipo de seguridad de Uribe se redujo “extrañamente” de siete a tres guardaespaldas el día del intento de asesinato, y dijo que pidió a la policía que investigara.
Petro dijo que todavía hay muchas teorías sobre el motivo del ataque.
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(Foto AP/John Vizcaino)

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Claudia STAPACHULA, México (AP) — La policía estatal mexicana abatió a cuatro hombres armados cerca de la frontera con Guatemala y luego persiguió a más sospechosos hacia ese país en tres vehículos policiales blindados, donde se enfrentaron en un tiroteo en las calles de una ciudad fronteriza. Las autoridades de ambos países informaron el lunes que estaban investigando.
El inusual caso de agentes del orden mexicanos cruzando la frontera con Guatemala el domingo en La Mesilla fue captado por espectadores en videos que circularon ampliamente en línea. Con el cruce fronterizo a poca distancia al fondo, se puede ver a hombres armados con chalecos antibalas y rifles gritando a la puerta abierta del conductor de un vehículo blindado de la policía estatal de Chiapas.
De repente, otro vehículo similar cruza a toda velocidad el cruce fronterizo por detrás, dispersando a los hombres armados. El primer vehículo retrocede hacia México y un tercer vehículo policial blindado entra por una calle lateral, estrellando un vehículo civil contra el lateral del otro camión policial blindado. Se desata un tiroteo, y las balas alcanzan a los camiones policiales y a los vehículos civiles.
Mientras tanto, un camión militar guatemalteco, con un soldado en la torreta, permanece en medio de la refriega.
Fue el último brote de violencia a lo largo de una sección de la frontera que se ha convertido en un punto crítico a medida que los cárteles de la droga mexicanos rivales y sus afiliados locales luchan por el control de valiosas rutas de contrabando de migrantes, armas y drogas.
Consultada sobre los hechos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que todo parece indicar que autoridades mexicanas ingresaron a Guatemala.
“Están investigando y no está bien lo que ha pasado”, afirmó.
El gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, criticó lo que, según él, era una protección de las autoridades guatemaltecas a miembros del crimen organizado. Su jefe de seguridad, Oscar Aparicio Avendaño, declaró el lunes a The Associated Press que la policía había utilizado un dron para detectar a hombres armados que cruzaban la frontera con México.
La policía los interceptó y mató a cuatro de ellos, incluido el líder de una pandilla local.
“Intentan cruzar (de regreso a Guatemala) para evadir la justicia y ahí es donde los interceptamos y ahí es donde se produce el tiroteo”, dijo Ramírez. Los policías involucrados pertenecían a la fuerza policial estatal llamada los Pakales , que también ha sido acusada de irregularidades.
Al otro lado de la frontera, en Guatemala, las autoridades fueron cautelosas en su respuesta inicial.
La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, dijo el lunes que el gobierno guatemalteco estaba conversando con las autoridades mexicanas sobre lo sucedido, “pero hay muchas cosas que deben confirmarse”.
El ministro de Defensa de Guatemala, Henry Sáenz, dijo que ninguno de los militares guatemaltecos presentes en La Mesilla disparó sus armas y que el hecho continúa bajo investigación.
El tramo de la frontera entre México y Guatemala ha sido escenario de una violencia casi continua en los últimos dos años mientras los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación luchan por el control.
El año pasado, la violencia impulsó a cientos de residentes mexicanos a huir a Guatemala en busca de seguridad. En otros momentos, los pueblos han sufrido cortes de electricidad y caravanas de cárteles han desfilado por sus comunidades.
El tiroteo del domingo se produjo en una calle estrecha llena de negocios. Abrir fuego con la ametralladora montada en el camión militar guatemalteco en semejante espacio o contra la policía mexicana también podría haber agravado la situación.
Para Arkel Benítez, analista de seguridad y abogado guatemalteco, el problema es que lo que se ve en los videos que circulan es, en el mejor de los casos, pasividad de policías y soldados guatemaltecos y, en el peor, colusión ante algo que era una amenaza evidente para los ciudadanos guatemaltecos.
“No se trata de si siguieron el protocolo o no, sino más bien de la duda generada por una confluencia de circunstancias que da la impresión de que la policía (guatemalteca) no estuvo presente para repeler una incursión fronteriza”, dijo. “En los videos, parece que la policía apoya a estos sospechosos armados”.
___ Las periodistas de The Associated Press Sara Melini en la Ciudad de Guatemala y Fabiola Sánchez en la Ciudad de México contribuyeron a este despacho.
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(Foto AP/Marco Ugarte)
Por  Edgar H. Clemente

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LONDRES (AP) — El gobierno británico revirtió el lunes su impopular plan de eliminar los subsidios de calefacción invernal para millones de jubilados.

El primer ministro británico Keir Starmer había señalado el cambio de rumbo el mes pasado tras el clamor público y de algunos miembros de su Partido Laborista, quienes consideraban que los ahorros relativamente modestos de 2.000 millones de dólares (1.500 millones de libras) eran demasiado costosos políticamente.

La jefa del Tesoro, Rachel Reeves, quien canceló el pago para la calefacción de hogares a todos excepto a los jubilados más pobres después que los laboristas asumieron al poder el verano pasado, indicó que la ayuda se restaurará para nueve millones de personas, o tres cuartas partes de los pensionistas, en Inglaterra y Gales cuyos ingresos son inferiores a 47.500 dólares (35.000 libras). Reeves explicó que la medida fue necesaria el año pasado porque el gobierno anterior, de tendencia conservadora, había dejado las finanzas públicas en un estado lamentable.

“Focalizar los pagos de combustible invernal fue una decisión difícil, pero la decisión correcta debido a la herencia que nos dejó el gobierno anterior”, dijo Reeves. “También es correcto que sigamos evaluando este pago para que sea focalizado y justo, en lugar de restaurar la elegibilidad para todos, incluidos los más ricos”.

Los pagos tienen un valor de entre 271 y 406 dólares (200 y 300 libras) anuales. La reversión costará al gobierno 1.250 millones de libras, añadió Reeves.

Se ha dicho que la cancelación del subsidio a la mayoría de la población el invierno pasado contribuyó al rápido declive de popularidad de Starmer luego que su partido llegara al poder con una victoria aplastante. Se le culpó de castigar a los adultos mayores de ingresos limitados que batallaban para cubrir sus gastos durante una crisis del costo de vida.

El Partido Laborista tuvo un mal desempeño en las elecciones locales en Inglaterra el mes pasado, y muchos miembros del partido culparon de ellos a la eliminación del subsidio de combustible invernal.

Kemi Badenoch, líder del principal partido de oposición, el Partido Conservador, rápidamente aprovechó el cambio de rumbo de Starmer.

“Keir Starmer ha intentado desesperadamente solucionar un problema que él mismo creó", subrayó. “Este humillante cambio de rumbo será un escaso consuelo para los pensionistas que se vieron obligados a elegir entre calefacción y alimentación el invierno pasado. El primer ministro debería ahora disculparse por su terrible juicio”.

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