BOGOTÁ (AP) — Dos grupos ilegales enemigos que se enfrentan desde enero en el noreste de Colombia cometieron múltiples violaciones de derechos humanos, entre ellas, asesinatos selectivos en las que varias de las víctimas fueron civiles, advirtió el miércoles la organización internacional Human Rights Watch.

En enero, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó una incursión violenta en el Catatumbo para disputar el control del territorio fronterizo con Venezuela con el “Frente 33”, una de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogió al acuerdo de paz firmado entre la guerrilla y el Estado en 2016.

La Gobernación de Norte de Santander, donde se ubica el Catatumbo, reportó el homicidio de 94 personas desde el 16 de enero —cuando inició la ola de violencia— hasta el 24 de marzo, fecha del último reporte disponible. Entre las víctimas, hay seis firmantes de paz de las extintas FARC, cuatro menores de edad y tres líderes sociales. Más de 56.000 personas se han desplazado forzosamente.

“Son asesinatos selectivos, van dirigidos a personas que ELN, en muchos casos, acusa de estar asociadas con el Frente 33, pero la evidencia que nosotros tenemos es que muchas de esas personas, esas víctimas, serían civiles”, dijo a The Associated Press Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de HRW.

La organización no señaló cuántos de los asesinatos corresponderían a civiles, pero advirtió que las cifras dadas por las autoridades podrían ser mayores debido a que los grupos armados “‘desaparecieron’ a algunas personas y los familiares de otros enterraron sus cadáveres sin notificar a las autoridades”.

En el informe titulado “Colombia: Grupos armados azotan región fronteriza” que fue divulgado el miércoles, HRW documentó varios casos de asesinatos tras entrevistar a 65 personas, incluyendo desplazados, trabajadores humanitarios y autoridades judiciales y gubernamentales.La organización no señaló cuántos de los asesinatos corresponderían a civiles, pero advirtió que las cifras dadas por las autoridades podrían ser mayores debido a que los grupos armados “‘desaparecieron’ a algunas personas y los familiares de otros enterraron sus cadáveres sin notificar a las autoridades”.

Una de las víctimas que habló con HRW bajo condición de anonimato por temor a su seguridad relató que en la mañana del 16 de enero hombres armados que pertenecerían al ELN tocaron la puerta de la casa de un conductor y, al entrar, dispararon a la pierna de su esposa y lo sacaron para asesinarlo.

“Mientras les suplicaba que no la dejaran morir, lo arrastraron afuera y lo mataron delante de la casa”, contó la víctima. “Su cuerpo estuvo allí tendido para que todo el mundo lo viera hasta las 6 p.m., cuando alguien (de la comunidad) lo cubrió con una sábana”, agregó.

HRW geolocalizó un video que habría sido grabado poco antes de que ocurriera el asesinato. En el video, descrito en el informe, aparecen cinco hombres vestidos de civil, la mayoría portando armas de manera visible, mientras se acercan a un edificio. En otro video divulgado en Facebook el día del asesinato, muestran el cadáver de un hombre joven con jeans y camiseta negra, desde un ángulo diferente.

El gobierno colombiano ha señalado al ELN de ser el principal responsable de la ola de violencia, por lo que desde enero suspendió las negociaciones de paz que sostenía con la guerrilla en protesta por su accionar bélico.

HRW encontró que el aumento de homicidios en el Catatumbo se debe principalmente a la “campaña que ha hecho el ELN, que incluye asesinatos, secuestros, desapariciones de personas”, indicó Pappier, aunque también encontraron en menor medida casos en los que el responsable sería el Frente 33 de las disidencias, que se mantiene en una mesa de diálogo de paz con el gobierno.

Uno de los casos sería el del líder comunal Pedro María Ropero, quien fue asesinado por hombres armados el 17 de enero. “Un testigo dijo que Ropero se había opuesto a la creación de una nueva Junta de Acción Comunal en su corregimiento, que estaba siendo impulsada por el Frente 33”, indicó HRW en el informe.

Según dijeron varias personas a HRW, el Frente 33 utilizó un cese al fuego pactado con el gobierno en el marco de las conversaciones de paz para ampliar su control sobre las comunidades, imponiendo normas y usando asesinatos y trabajos forzados como castigo.

Para HRW, los asesinatos selectivos ocurridos en el Catatumbo guardan similitud con los que se registraron en 2022 en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, en donde el ELN se disputaba la zona con otra disidencia de las FARC.

“Todo parece indicar que hay un esfuerzo del ELN por controlar la frontera con Venezuela. Creo que parte de eso tiene que ver, en el caso de Catatumbo, con el narcotráfico, pero también con su vínculo con el régimen de (Nicolás) Maduro, con el cual tiene enorme complicidad”, indicó Pappier.

El gobierno venezolano ha negado apoyar a grupos armados ilegales colombianos y tras el aumento de la violencia en Catatumbo desplegó una operación militar antinarcóticos, luego de que el presidente colombiano buscara establecer un plan conjunto que permita la erradicación de bandas armadas en la frontera.

(AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

POR  ASTRID SUÁREZ

SAN SALVADOR (AP) — Un grupo de abogados contratados por el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó el lunes un hábeas corpus en El Salvador para exigir la liberación de 238 venezolanos deportados por Estados Unidos que guardan prisión en una cárcel de máxima seguridad del país.

Uno de los abogados dijo que la petición fue presentada en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y que representan a 30 de los 238 ciudadanos venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos hace poco más de una semana e internados en el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad de El Salvador.

Estados Unidos alegó que los deportados eran miembros de la banda de crimen trasnacional Tren de Aragua, designada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Donald Trump a finales de febrero junto a varios cárteles.

Los abogados que presentaron el hábeas corpus aseguran que no tienen vínculos con organizaciones criminales y que fueron detenidos en Estados Unidos como migrantes por no tener documentación.

La petición de hábeas corpus tiene por objeto supervisar el derecho a la libertad física y la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas; es un proceso que busca verificar si la detención está justificada y bajo el marco legal.

“Representamos en este momento a 30 ciudadanos venezolanos que nos han otorgado poder para actuar, pero por efecto extensivo, nosotros estamos pidiendo el hábeas corpus para el resto de los ciudadanos venezolanos que se encuentran detenidos en nuestro país”, dijo a los periodistas el abogado Jaime Ortega, del bufete de abogados Grupo Ortega.

Otro de los representantes jurídicos, Salvador Ríos, explicó que fueron contratados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y por el Comité de Familiares de Inmigrantes venezolano para presentar la demanda que, afirma, beneficia al total de 238 deportados que el gobierno de los Estados Unidos envió a El Salvador.

“Conforme a todos los documentos que traemos apostillados se considera que las personas que dignamente representamos son ciudadanos migrantes, dentro de ellos, hasta un cantante. Son personas que han migrado de su país Venezuela, no tienen ningún antecedente criminal”, afirmó el abogado Ortega.

Aseguró que los venezolanos trasladados a la cárcel de máxima seguridad salvadoreña no pertenecen a la banda criminal del Tren de Aragua, que fueron detenidos en Estados Unidos por su condición migratoria irregular y que no poseen antecedentes penales.

El domingo 16 de marzo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, informó que llegaron al país los primeros 238 presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua y que, de inmediato, fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad.

El país centroamericano y el gobierno de Trump alcanzaron el mes pasado un acuerdo para albergar a migrantes detenidos en Estados Unidos. El ejecutivo estadounidense sostuvo que El Salvador podría incluso recibir a ciudadanos estadounidenses, aunque Estados Unidos no puede deportar a sus nacionales a otro país.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y Bukele discutieron los detalles del acuerdo que contempla un costo de aproximadamente 20.000 dólares para albergar a cada prisionero durante el año. Un documento del Departamento de Estado también sugiere que podría reservar 15 millones de dólares para enviar a El Salvador para custodiar a miembros adicionales de la pandilla.

El acuerdo con Estados Unidos incluyó la entregó de 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) buscados por la justicia salvadoreña, incluyendo a dos cabecillas. Uno de ellos fue señalado como “miembro de la estructura más alta de la organización criminal”.

El presidente Trump afirmó el viernes que los venezolanos deportados y encarcelados en El Salvador fueron sometidos a un proceso “muy riguroso” para verificar que forman parte del grupo criminal Tren de Aragua.

(Oficina de prensa de la presidencia de El Salvador vía AP)

POR  ASSOCIATED PRESS

LIMA (AP) — La presidenta peruana Dina Boluarte juramentó el lunes a su séptimo ministro del Interior luego que su antecesor renunció después que el Congreso lo censuró el viernes y lo obligó a renunciar por su falta de planes para enfrentar una ola de asesinatos y extorsiones que afectan al país sudamericano.

El cargo de ministro del Interior ha sido la cartera más inestable en el gobierno de más de dos años de Boluarte. El séptimo ministro del Interior, el general retirado de la policía Julio Díaz Zulueta, era viceministro del renunciante Juan José Santiváñez, un abogado de policías que dimitió tras más de diez meses en el cargo.

Boluarte dijo el sábado que pondría como reemplazo del renunciante a otro “ciudadano valiente” para que enfrente al crimen organizado, a la delincuencia común y trabaje con la policía.

El gobierno de Boluarte es impopular, según las encuestas. Los analistas dicen que está profundamente debilitado por investigaciones fiscales contra la mandataria por una variedad de delitos que incluyen asesinato, corrupción y enriquecimiento ilícito.

El Congreso censuró el viernes al entonces ministro del Interior Santiváñez. La ley obliga a un ministro censurado a renunciar en las siguientes 72 horas. La decisión obedece al mal manejo que, según los legisladores, Santiváñez dio a la reciente ola delincuencial que azota al país.

Los congresistas encontraron un modo de mostrar su descontento con el gobierno de la presidenta Boluarte, luego que el 16 de marzo un cantante de cumbia fuera asesinado cuando desconocidos en motocicletas dispararon al bus en el que se trasladaba.

Tanto el Congreso como el gobierno reaccionaron ante el asesinato. El Congreso con la censura y el gobierno ordenó un estado de emergencia por 30 días en Lima que comenzó el 18 de marzo y se tradujo en la incursión de militares en las calles y el recorte de varios derechos constitucionales.

Las extorsiones se han extendido por todo Perú, incluida la capital, en la cual se producen asesinatos diarios, sobre todo en la periferia donde vive la mayoría de la población, pero hay menos presencia de policías y guardias privados.

Las cifras de asesinatos y extorsiones en Perú se han disparado desde 2017, según datos oficiales. En ese año los homicidios sumaron 674 y en 2024 llegaron a 2.057. En tanto, las denuncias por extorsiones en 2017 fueron de 5.225, mientras en 2024 alcanzaron 22.835.

(Foto AP/Martín Mejía)

CARACAS, Venezuela (AP) — Venezuela aceptará nuevamente vuelos de repatriación desde Estados Unidos con sus ciudadanos deportados luego de llegar a un acuerdo con ese país, dijo el sábado un funcionario venezolano en las redes sociales.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, suspendió los vuelos el 8 de marzo, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara el retiro de la licencia a Chevron para exportar petróleo venezolano.

“Hemos acordado con el gobierno de Estados Unidos reanudar la repatriación de los migrantes venezolanos con un primer vuelo mañana domingo”, dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea de Venezuela y principal negociador de Maduro con Estados Unidos.

Venezuela aceptó el acuerdo para garantizar “el retorno de nuestros compatriotas a su nación con la salvaguarda de sus Derechos Humanos”, dijo Rodríguez.

En su declaración, Rodríguez se refirió a la deportación por parte del gobierno de Donald Trump de unos 250 venezolanos a una cárcel de alta seguridad en El Salvador.

“Migrar no es un delito y no descansaremos hasta lograr el retorno de todos aquellos que lo requieren y hasta rescatar a nuestros hermanos secuestrados en El Salvador”, afirmó Rodríguez.

Maduro ratificó la medida durante un evento público más tarde ese mismo día. "Estamos reanudando los vuelos para rescatar y liberar a los migrantes de las cárceles estadounidenses", declaró Maduro.

El líder venezolano también dijo que responsabiliza al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el bienestar de los venezolanos deportados a ese país.

“Les garantizas la salud y, más temprano que tarde, hay que entregarlos y liberarlos, porque están secuestrados”, dijo Maduro.

Trump alegó que los deportados eran miembros de la pandilla Tren de Aragua. El 15 de marzo, calificó al Tren de Aragua de fuerza invasora al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros , una autoridad poco utilizada de 1798 que permite al presidente deportar a cualquier extranjero en tiempos de guerra. Un juez federal emitió una orden que prohibía temporalmente las deportaciones, pero los vuelos ya estaban en vuelo cuando se dictó la sentencia.

El Tren de Aragua, designado por el Departamento de Estado de EE. UU. como organización terrorista extranjera, se originó en una prisión del país sudamericano. Sus miembros acompañaron el éxodo de millones de venezolanos, la gran mayoría de los cuales buscaban mejores condiciones de vida tras el desplome económico de su país en la década pasada.

La administración de Trump no ha aportado pruebas de que los deportados sean miembros del Tren de Aragua ni de que hayan cometido algún delito en Estados Unidos.

El gobierno de Maduro ha rechazado en su mayoría el ingreso de inmigrantes deportados desde Estados Unidos. Esas deportaciones han aumentado drásticamente desde que Trump asumió el cargo el 20 de enero.

En las últimas semanas, unas 350 personas fueron deportadas a Venezuela, incluidas unas 180 que pasaron hasta 16 días en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, en Cuba.

La administración Trump dijo que los venezolanos enviados a Guantánamo son miembros del Tren de Aragua, pero ofreció poca evidencia para respaldarlo.

(Foto AP/Cristian Hernandez, Archivo)