BOGOTÁ, Colombia (AP) — El presunto autor intelectual del tiroteo contra un senador y candidato presidencial conservador colombiano fue detenido el sábado, casi un mes después del ataque, informaron las autoridades policiales.

El anciano José Arteaga Hernández, alias “Chipi” o “Costeño”, fue arrestado en un barrio del noroeste de Bogotá, según informó a la prensa el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana. Las autoridades lo habían acusado previamente a él y a otros sospechosos de estar cerca del parque de Bogotá donde Miguel Uribe Turbay fue baleado a plena luz del día el 7 de junio.

Uribe estaba dando un discurso político en el parque cuando fue atacado por la espalda y herido en la cabeza, presuntamente por un menor que fue capturado mientras huía. Otras tres personas han sido detenidas por participar en la logística y ejecución del crimen. El móvil aún se investiga.

Uribe, quien en octubre anunció su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2026, permanece en cuidados intensivos y ha sido sometido a varias cirugías. Desde su escaño en el Senado, se había convertido en uno de los críticos más acérrimos del presidente Gustavo Petro.

El ataque ha sido ampliamente condenado en un país con un pasado oscuro en el que los cárteles de la droga y los grupos insurgentes asesinaron y secuestraron a políticos.

Los cargos contra Arteaga incluyen tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; y utilización de menores para cometer delitos. Interpol emitió una circular roja en su contra el viernes.

El sábado no quedó claro si Arteaga contaba con un abogado que pudiera hacer declaraciones en su nombre. Las autoridades indicaron que comparecería por primera vez ante el tribunal durante el fin de semana.

Triana dijo el mes pasado que Arteaga “ha estado involucrado en una vida delictiva durante más de 20 años, realizando trabajos forzados en todo tipo de delitos en Bogotá”.

(Foto AP/Fernando Vergara)

JAN YUNIS, Franja de Gaza (AP) — Para Rida Abu Hadayed, el verano añade una nueva capa de miseria a la lucha diaria por sobrevivir en una Franja de Gaza devastada por la guerra.

Con temperaturas que superan los 30 grados Celsius (86 grados Fahrenheit), el amanecer comienza con los llantos de los siete hijos de Hadayed, que se sofocan dentro de la estrecha tienda de nylon de la familia desplazada. En el exterior, la humedad es insoportable.

La única forma en que esta madre de 32 años puede aliviar a sus hijos es abanicándolos con una bandeja o trozos de papel, lo que encuentre. Si tiene agua, se la echa por encima, pero eso es un recurso cada vez más escaso.

“No hay electricidad. No hay nada”, afirmó con el rostro perlado de sudor. “No pueden dormir. Lloran todo el día hasta que se pone el sol”.

El calor en Gaza ha agravado las penurias de sus dos millones de habitantes. La escasez de agua, el deterioro de las redes de saneamiento y la reducción de los espacios habitables amenazan con provocar enfermedades que se propaguen por las comunidades, según advierten desde hace tiempo los grupos de ayuda humanitaria.

El abrasador verano coincide con la falta de agua potable para la mayoría de la población gazatí, gran parte de ella desplazada en comunidades de tiendas de campaña. Muchos palestinos en el sitiado enclave deben recorrer largas distancias a pie para recoger agua y racionar cada gota, lo que limita su capacidad para lavarse y mantenerse frescos.

“Estamos solo al comienzo del verano”, apuntó el esposo de Hadayed, Yousef. “Y nuestra situación es desesperada”.

Israel bloqueó la entrada de alimentos, combustible, medicinas y todos los demás suministros a la Franja durante casi tres meses. Comenzó a permitir una llegada limitada de ayuda en mayo, pero el combustible necesario para bombear agua de los pozos u operar las plantas desalinizadoras sigue sin entrar al territorio.

La escasez de combustible hace que solo funcionen el 40% de las instalaciones de producción de agua potable de Gaza, según un reporte reciente de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Y todas enfrentan un colapso inminente. Hasta el 93% de los hogares enfrentan escasez de agua, según el informe de junio.

Los Hadayed fueron desplazados después de que las órdenes de evacuación los obligaron a abandonar el este de Jan Yunis.

“Nuestras vidas en la tienda son miserables. Pasamos los días echándoles agua en la cabeza y en la piel”, afirmó Yousef Hadayed. “El agua en sí es escasa. Es muy difícil conseguirla”.

El portavoz de UNICEF dijo recientemente que si no se permite la entrada de combustible al enclave, los niños morirán de sed.

“Mis hijos y yo pasamos los días sudando”, señaló Reham Abu Hadayed, una pariente de 30 años de Rida Abu Hadayed que también tuvo que salir del este de Jan Yunis. Le preocupa la salud de sus cuatro hijos.

“No tengo suficiente dinero para comprarles medicinas”, dijo.

Para Mohammed al-Awini, de 23 años, el calor no es la peor parte. Son las moscas y los mosquitos que asaltan su tienda, especialmente por la noche.

Without adequate sewage networks, garbage piles up on streets, attracting insects and illness. The stench of decomposing trash wafts in the air.

“We are awake all night, dying from mosquito bites,” he said. “We are the most tired people in the world.”

Sin redes de saneamiento adecuadas, la basura se acumula en las calles atrayendo insectos y enfermedades. El hedor de la basura en descomposición flota en el aire.

“Estamos despiertos toda la noche, muriendo de picaduras de mosquitos”, dijo. “Somos las personas más exhaustas del mundo”.

Kullab informó desde Jerusalén.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

SAMYA KULLAB is an Associated Press reporter covering Ukraine since June 2023. Before that, she covered Iraq and the wider Middle East from her base in Baghdad since joining the AP in 2019.

POR  WAFAA SHURAFA and SAMYA KULLAB

(AP Foto/Abdel Kareem Hana)

NACIONES UNIDAS (AP) — Las pandillas de Haití han ganado “control casi total” de la capital y las autoridades no pueden detener la creciente violencia en la empobrecida nación caribeña, advirtieron el miércoles altos funcionarios de la ONU.

Se estima que el 90% de la capital, Puerto Príncipe, está ahora bajo control de grupos criminales que están expandiendo sus ataques no sólo a las áreas circundantes sino también a zonas anteriormente pacíficas, dijo Ghada Fathy Waly, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, al Consejo de Seguridad de la ONU.

“El sur de Haití, que hasta hace poco estaba aislado de la violencia, ha experimentado un fuerte aumento de incidentes relacionados con pandillas”, afirmó. “Y en el este, los grupos criminales están aprovechando las rutas terrestres, incluyendo cruces fronterizos clave como Belladere y Malpasse, donde se han reportado ataques contra policías y funcionarios de aduanas”.

Waly afirmó que la autoridad del estado para gobernar se está reduciendo rápidamente a medida que el control de las pandillas se expande con efectos en cascada. Los grupos criminales están aprovechando el vacío dejado por la ausencia o la limitada prestación de servicios públicos y están estableciendo "estructuras de gobierno paralelas". El control de las pandillas sobre las principales rutas comerciales ha paralizado el comercio legal, lo que ha provocado un aumento vertiginoso de los precios del combustible para cocinar y del arroz, el alimento básico de Haití, afirmó.

El subsecretario general de la ONU, Miroslav Jenca, dijo al consejo que “el continuo cerco de las pandillas a Puerto Príncipe” y su mayor presencia en la capital y más allá están “llevando la situación al borde del abismo”.

“Sin una mayor acción de la comunidad internacional, el colapso total de la presencia estatal en la capital podría convertirse en un escenario muy real”, advirtió.

Las pandillas han cobrado mayor poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 y se estimaba que controlaban el 85% de la capital. Haití no ha tenido presidente desde el asesinato.

Una misión respaldada por la ONU y liderada por la policía keniana llegó a Haití el año pasado para ayudar a sofocar la violencia de pandillas, pero la misión sigue careciendo de personal y fondos suficientes, con solo alrededor del 40% de los 2.500 efectivos previstos inicialmente. La propuesta del Secretario General de la ONU, António Guterres, en febrero de que la ONU proporcione drones, combustible , transporte terrestre y aéreo y otro apoyo no letal a la misión liderada por Kenia ha quedado estancada en el Consejo.

En respuesta a las pandillas, Waly de la UNODC dijo que ha habido un rápido crecimiento en el número y las actividades de las empresas de seguridad privada y los grupos de autodefensa vigilantes, algunos tratando de proteger a sus comunidades mientras que otros actúan ilegalmente y se confabulan con las pandillas.

“En los últimos tres meses”, dijo Jenca, “según se informa, estos grupos mataron al menos a 100 hombres y una mujer sospechosos de asociación o colaboración con pandillas”.

Dijo que en los últimos tres meses también se ha visto un aumento en la violencia sexual por parte de pandillas y que la misión política de la ONU en Haití ha documentado 364 incidentes de violencia sexual que involucraron a 378 sobrevivientes sólo entre marzo y abril.

Un nuevo informe elaborado por expertos de la ONU que abarca el período comprendido entre octubre y febrero del año pasado señaló que las pandillas han explotado la agitación política y la respuesta desorganizada a la crisis de seguridad de Haití, señalando ambiciones políticas en competencia y acusaciones de corrupción dentro de los órganos de gobierno de transición de Haití que han obstaculizado la acción.

“Si bien la expansión del control territorial brinda a las pandillas fuentes adicionales de ingresos y poder de negociación”, dijeron los expertos, “estos ataques también están respaldados por individuos que intentan desestabilizar la transición política para sus propios fines políticos”.

Un resultado importante es que se ha logrado muy poco progreso hacia el restablecimiento de la seguridad pública o la implementación de la hoja de ruta para organizar elecciones nacionales para febrero de 2026, dijeron en el informe al Consejo de Seguridad los expertos que monitorean el embargo de armas a Haití y las sanciones contra los principales líderes de pandillas.

Con una fuerza policial nacional débil que enfrenta fuertes tensiones en su liderazgo, un ejército que necesita reconstrucción y la capacidad limitada de la fuerza multinacional, los expertos advirtieron que las pandillas continuarán “teniendo la ventaja a menos que se brinde un apoyo internacional más fuerte”.

En cuanto a los grupos de vigilantes, dijeron los expertos, “a menudo incluyen a agentes de policía locales, algunos de los cuales participan activamente en violaciones de derechos humanos”.

La Policía Nacional de Haití también ha llevado a cabo “un número preocupante de ejecuciones extrajudiciales… con presuntos pandilleros a menudo ejecutados sumariamente”, dijeron los expertos, señalando 281 ejecuciones sumarias por unidades policiales especializadas en 2024, incluidas 22 mujeres y 8 niños.

A pesar del embargo de armas de la ONU a Haití, las pandillas continúan obteniendo armas más poderosas no sólo de los mercados civiles regionales sino también de los arsenales policiales en Haití y la vecina República Dominicana, dijeron los expertos.

(Foto AP/Odelyn Joseph)

Por  Edith M. Lederer

QUITO, Ecuador (AP) — El exvicepresidente de Ecuador que fue detenido el año pasado durante una redada policial muy criticada en la embajada de México en el país sudamericano fue sentenciado el lunes a 13 años de prisión.

Jorge Glas había sido acusado de malversar fondos públicos destinados a la reconstrucción de dos provincias afectadas por un terremoto en 2016. El sismo devastó comunidades y mató a cientos de personas.

Glas asumió como vicepresidente en 2013, durante la presidencia de Rafael Correa, y fue destituido de ese cargo en enero de 2018, cuando fue imputado en un caso de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.

La jueza Mercedes Caicedo afirmó que los fondos para la reconstrucción tras el terremoto fueron destinados a “edificios inútiles, inservibles e innecesarios” desconociendo la ley y, sobre todo, “con total irrespeto a las víctimas”.

El tribunal también le prohibió a Glas ocupar cualquier cargo público y le impuso una multa de 28.800 dólares.

Glas ya se encuentra en una prisión de máxima seguridad cumpliendo condena por otros dos casos de corrupción. Fue detenido en abril de 2024 cuando la policía irrumpió en la embajada de México en Quito, la capital de Ecuador, horas después de que se le concediera asilo.

El asalto a la embajada provocó indignación entre los líderes mundiales, que criticaron al presidente ecuatoriano Daniel Noboa .

Las instalaciones diplomáticas se consideran suelo extranjero e “inviolables” según la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y los organismos encargados de hacer cumplir la ley del país anfitrión no pueden entrar sin el permiso del embajador.

El gobierno de Ecuador defendió la detención, argumentando que Glas era un prófugo buscado por casos de corrupción, no por razones políticas, y por lo tanto no era elegible para la protección diplomática de México.

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(Foto AP/Dolores Ochoa)