
El explosivo fallo de la Corte Suprema dejó a Fernández, la carismática pero profundamente divisiva ex líder de Argentina, sujeta a arresto y provocó que sus partidarios salieran a las calles de Buenos Aires, la capital de Argentina, y bloquearan las principales autopistas en protesta.
El tribunal solicitó al Ministerio de Seguridad de Argentina la creación de un centro de detención para Fernández, de 72 años. Su abogado defensor, Carlos Beraldi, declaró a C5N, un canal de televisión de Buenos Aires, que había solicitado que se le permitiera a Fernández cumplir su condena en arresto domiciliario dada su edad.
El fallo prohíbe a Fernández presentarse a las elecciones legislativas de Buenos Aires de este otoño, pocos días después de haber lanzado su campaña.
Fernández, quien dominó la política argentina durante dos décadas y forjó el principal movimiento populista de izquierda del país conocido como kirchnerismo, después de que ella y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, rechazaran las acusaciones por considerarlas motivadas políticamente.
Durante los ocho años de mandato de Fernández (2007-2015), Argentina amplió los pagos en efectivo a los pobres e impulsó importantes programas de asistencia social. Sin embargo, sus gobiernos financiaron el gasto público descontrolado mediante la emisión de moneda, lo que le dio a Argentina mala fama por sus enormes déficits presupuestarios y su inflación desmesurada.
Los críticos atribuyeron los años de volatilidad económica de Argentina a las políticas de Fernández, y la indignación por las sucesivas crisis económicas y la inflada burocracia del país ayudaron a catapultar al presidente libertario radical Javier Milei a la presidencia a fines de 2023.
El fallo asestó un duro golpe a la oposición de Milei durante un año crucial de elecciones intermedias. Él celebró el fallo escribiendo en redes sociales: «Justicia. Punto».
Fernández se vio envuelta en múltiples escándalos de corrupción durante su mandato. Fue condenada en 2022 por este caso de corrupción, centrado en 51 contratos públicos de obras públicas adjudicados a empresas vinculadas a Lázaro Báez, magnate de la construcción convicto y amigo de la pareja presidencial, a precios un 20 % superiores a la tarifa estándar, en un esquema que le costó al estado decenas de millones de dólares.
El alto tribunal rechazó en marzo la solicitud de Fernández de que el tribunal revisara su condena de prisión. En una resolución obtenida por The Associated Press, el tribunal declaró que la pena de prisión "no hace más que proteger nuestro sistema republicano y democrático".
Los gobiernos de Kirchner llevaron a cabo “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses del gobierno y resultó en el desfalco de aproximadamente 70 millones de dólares al tipo de cambio actual, señala la resolución.
Partidarios de Fernández y su movimiento político bloquearon las principales vías de acceso a Buenos Aires e irrumpieron en las oficinas de Canal 13 y Todos Noticias, las dos principales cadenas de cable argentinas consideradas críticas con la expresidenta, destrozando televisores, vandalizando vehículos y rompiendo cristales. No se reportaron heridos.
Fernández rechazó la decisión y calificó a los jueces de la corte de “títeres” de quienes ejercen el poder económico en el país.
“Son tres marionetas que responden a quienes gobiernan muy por encima de ellos”, dijo a sus simpatizantes en un discurso conmovedor frente a la sede de su partido. “No es la oposición. Es el poder económico concentrado del gobierno argentino”.
Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Fernández, se comprometió a “llevar este caso ante todos los organismos internacionales de derechos humanos”.
Fernández ha cuestionado la imparcialidad de los jueces. Afirma que su defensa no tuvo acceso a gran parte de las pruebas y que estas se obtuvieron sin respetar los plazos legales.
Fernández enfrenta una serie de otros juicios próximos por cargos de corrupción.
El periodista de Associated Press Sergio Farella contribuyó a este informe.
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ALMUDENA CALATRAVA escribe en español sobre Argentina para The Associated Press, con sede en Buenos Aires.
Por ALMUDENA CALATRAVA y DÉBORA REY
(Foto AP/Rodrigo Abd)