ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — El gobernador de Florida, Ron DeSantis, enfrenta un dilema de financiamiento para el centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, construido en los Everglades de Florida.

La semana pasada, un panel de un tribunal de apelaciones bloqueó temporalmente una decisión de un tribunal inferior que ordenaba a la administración del gobernador cerrar las operaciones en las instalaciones.

Pero el fallo plantea un dilema: el estado puede rechazar el reembolso federal de cientos de millones de dólares gastados para construir y operar las instalaciones, o tomar el dinero y enfrentar una revisión ambiental, lo que correría el riesgo de detener las operaciones del centro.

Esto se debe a que la mayoría del panel de apelación, compuesto por tres jueces, decidió por el momento que la instalación no tiene que someterse al estudio de impacto ambiental exigido por el gobierno federal, normalmente necesario para construir en humedales sensibles. ¿Por qué? Porque Florida aún no ha recibido fondos federales para el proyecto, a pesar de que las autoridades lo han prometido.

Si Florida acepta los fondos federales, el estado podría verse obligado a realizar el análisis ambiental, según escribieron los jueces en su fallo por 2 votos a 1. La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, declaró en redes sociales este verano que la instalación se financiaría en gran medida con el programa de refugios y servicios de FEMA.

La ley deja en claro que “la ausencia de financiamiento federal hace que una acción sea 'no federal'” y no esté sujeta a una revisión ambiental, dijo la mayoría del panel de apelaciones.

La decisión suspendió una medida cautelar de la jueza federal de distrito Kathleen Williams, que ordenaba al centro de detención cerrar sus operaciones a finales de octubre mientras el caso se tramitaba en los tribunales. La suspensión está vigente a la espera de la apelación.

“En este caso, no se han invertido fondos federales en la construcción ni en el uso de las instalaciones”, declaró el panel de apelaciones. “Por lo tanto, las actividades de detención financiadas y operadas por Florida que se llevan a cabo en el sitio tampoco constituyen un 'gran proyecto federal'”.

Cuando se le preguntó el martes si la decisión del panel de apelaciones afectaría la solicitud de fondos federales del estado, la oficina del gobernador no ofreció una respuesta directa. En cambio, la secretaria de prensa, Molly Best, envió videos de DeSantis hablando sobre "Alligator Alcatraz" en redes sociales y en una entrevista con el presentador de FOX, Sean Hannity. DeSantis no mencionó la financiación en ninguno de los videos.

A finales de junio, la administración de DeSantis se apresuró a construir las instalaciones en una pista de aterrizaje aislada rodeada de humedales para apoyar los esfuerzos del presidente Donald Trump por deportar a las personas que viven sin permiso en Estados Unidos. Trump visitó las instalaciones en julio y sugirió que podrían servir de modelo para futuros centros de detención en todo el país, mientras su administración impulsa la expansión de la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones. Desde entonces, otros estados han anunciado planes para abrir sus propios centros de detención migratoria.

La demanda ambiental es una de tres demandas federales que impugnan las operaciones del centro de detención de los Everglades. Un segundo centro de detención migratoria de Florida abrió la semana pasada en una prisión cerrada del norte de Florida.

“Los contribuyentes de Florida no deberían pagar los servicios federales de inmigración”, declaró Paul Schwiep, abogado de Amigos de los Everglades, uno de los grupos ambientalistas que demandaron a Florida y al gobierno de Estados Unidos. “El juez Williams creyó al gobernador cuando afirmó que el gobierno federal financiaría las obras, y creyó a la secretaria Noem cuando ella afirmó lo mismo. Mientras tanto, la mayoría en la apelación básicamente declaró que no podemos creer a los políticos cuando hacen tales declaraciones”.

Elise Bennett, abogada principal del Centro para la Diversidad Biológica, otro grupo ambientalista demandante en la demanda, dijo que veía otra posibilidad en el fallo que permitiría a la administración DeSantis y al DHS "tener todo lo que tienen y comerlo también".

La mayoría de la apelación está señalando que una agencia federal puede retener el reembolso hasta que se complete un proyecto, "y para cuando formaliza ese pago, el daño ya está hecho y el análisis tiene poco o ningún valor", dijo Bennett.

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MIKE SCHNEIDER cubre el censo, la demografía y Florida para The Associated Press. Autor del libro de 2023, "Mickey and the Teamsters".

(Foto AP/Rebecca Blackwell)