BOGOTÁ, Colombia (AP) — Un caudillo colombiano, cuya extradición a Estados Unidos se había retrasado durante varios meses mientras era designado negociador de paz por el gobierno anterior del país, fue trasladado en avión a California y puesto bajo custodia de agentes federales.

Geovany Andrés Rojas enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos. Durante años, fue portavoz y líder de Comandos de la Frontera, un grupo rebelde conocido por el tráfico de cocaína en Putumayo, una provincia colombiana fronteriza con Ecuador y Perú.

Rojas, también conocido como "la araña", había sido protegido de la extradición por el expresidente colombiano Gustavo Petro, quien le había pedido que participara en conversaciones de paz con el gobierno colombiano.

Pero un nuevo gobierno, encabezado por el presidente conservador Abelardo de la Espriella, levantó la prohibición de extradición de Rojas, lo que indica un cambio en la estrategia de seguridad del país.

“No se construye la paz protegiendo a narcoterroristas como este bandido”, dijo De la Espriella el viernes, después de supervisar personalmente el traslado de Rojas a Estados Unidos. “Les pido a las autoridades estadounidenses… que no pueda negociar acuerdos que dejen sus crímenes impunes”.

Rojas fue arrestado en Bogotá en febrero de 2025, y la Corte Suprema de Colombia aprobó su extradición a Estados Unidos en octubre. Sin embargo, Petro la suspendió, argumentando que necesitaba a Rojas para participar en las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y varios grupos rebeldes, incluidos los Comandos de la Frontera.

De la Espriella, elegido en junio, ha suspendido las conversaciones con grupos rebeldes y ha adoptado una mano dura contra el crimen. Recientemente, militarizó una ciudad en el norte de Colombia , donde un cártel de la droga intentó imponer un toque de queda de tres días. El líder conservador recibió el respaldo del presidente Donald Trump durante su campaña y ha declarado que colaborará estrechamente con Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

En los últimos años, el gobierno colombiano ha tenido dificultades para contener la violencia en las zonas rurales, debido a que bandas de narcotraficantes y grupos rebeldes se disputan el territorio abandonado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras el acuerdo de paz que firmaron con el gobierno en 2016.

Más de 14.000 combatientes depusieron las armas como resultado del acuerdo que puso fin a cinco décadas de guerra de guerrillas. Sin embargo, el acuerdo de paz también dejó un vacío de poder en regiones con escasa presencia estatal, donde abundan actividades ilegales como el narcotráfico. Varios grupos disidentes se disputan ahora el control de las rutas del narcotráfico, las minas ilegales y las redes de extorsión en estas zonas.

Comandos de la Frontera surgió en 2017 y está liderado en parte por excombatientes de las FARC que no se sumaron al acuerdo de paz de 2016. El grupo formó una alianza con la Segunda Marquetalia, organización fundada en 2019 por el excomandante de las FARC, Luciano Marín. Sin embargo, la alianza se disolvió hace dos años, lo que obligó a Comandos de la Frontera a entablar negociaciones por separado con el gobierno colombiano.

(Foto AP/Santiago Saldarriaga)