Estrecho OrmuzDUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán tomará de inmediato medidas para reabrir el estrecho de Ormuz una vez que se firme un acuerdo provisional con Estados Unidos para poner fin a la guerra y se le permita vender su petróleo sin restricciones, según copias filtradas de un acuerdo interino que, según funcionarios, coincide en líneas generales con el documento.
El acuerdo, que está previsto que se firme formalmente en una ceremonia en Suiza el viernes, establece que Estados Unidos conseguiría al menos 300.000 millones de dólares para reconstruir Irán después de la guerra y trabajaría para poner fin a todas las sanciones estadounidenses y de Naciones Unidas impuestas a Teherán si se alcanza un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní.
El acuerdo de Estados Unidos para permitir de inmediato que Irán venda su petróleo libremente y la oferta de levantar eventualmente todas las sanciones representan concesiones importantes que superan los términos del acuerdo nuclear de Irán de 2015 con las potencias mundiales, del cual el presidente estadounidense Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos en su primer mandato, al declararlo el “peor acuerdo de la historia”. Este nuevo pacto probablemente atraerá duras críticas en Washington —y parece ser un gran revés para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien emprendió la guerra con Trump el 28 de febrero.
El acuerdo exige el fin inmediato de todos los combates en Líbano entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán. Esa es una de las partes más delicadas del acuerdo porque Israel ha sostenido que seguirá defendiéndose y ocupando vastas franjas de Líbano. Irán ha dicho que, en virtud del acuerdo, Israel debe retirarse, aunque las versiones filtradas no mencionan ninguna retirada.
Ambas partes iniciarán 60 días de negociaciones sobre un acuerdo final que el gobierno de Trump insiste en que impedirá que Irán desarrolle alguna vez un arma nuclear. Las ofertas de Estados Unidos parecen orientadas a incentivar a Irán a cerrar un acuerdo.
Pero, mientras tanto, Irán parece estar obteniendo beneficios por adelantado mientras hace pocas concesiones. Gran parte del acuerdo restablecería el statu quo anterior a la guerra, incluido el fin de las hostilidades y la reapertura del estrecho, que es un paso crucial para el petróleo y el gas natural del mundo y cuyo cierre creó una crisis energética histórica.
Otras concesiones a Irán —algunas de ellas extraordinarias, como el dinero para la reconstrucción, el levantamiento total de sanciones y la liberación de activos congelados— parecen depender del avance de nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
Una persona informada sobre el memorando de entendimiento después de que se firmó y otra que vio una copia antes dijeron que coincidía en gran medida con el texto de lo publicado por la cadena Al Arabiya, de propiedad saudí, que reportó detalles del acuerdo el martes. Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones.
Otros dos funcionarios en Oriente Medio, que hablaron bajo condición de anonimato por la misma razón, también señalaron que las versiones publicadas por Al Arabiya y Bloomberg coincidían en términos generales con el acuerdo final.
La Casa Blanca y otros funcionarios estadounidenses no han publicado los términos y no respondieron de inmediato a las preguntas. Irán tampoco ha publicado una versión oficial del acuerdo. La agencia semioficial iraní Tasnim, cercana a su Guardia Revolucionaria, un importante cuerpo paramilitar, afirmó el miércoles que a la versión de Bloomberg le faltaban fragmentos, sin ofrecer un recuento completo.
El acuerdo aliviaría a la economía global
El acuerdo supone una gran victoria para la economía mundial: la reapertura del estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que antes de la guerra pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados. Desde que comenzó el conflicto, los ataques iraníes contra el transporte marítimo y la amenaza a los buques cerraron de hecho el estrecho.
El cierre del estrecho elevó los precios de la energía en todo el mundo y encareció muchos productos básicos, incluida la comida. Irán dejó salir a algunos buques que pagaron peajes, algo nunca hecho antes en el estrecho, que se encuentra en aguas territoriales de Irán y Omán y desde hace tiempo se ha considerado una vía marítima internacional. Posteriormente, Estados Unidos brindó apoyo militar para sacar a otros petroleros, pero el tráfico por el estrecho no se acercó a los niveles previos a la guerra.
El acuerdo exige que Estados Unidos levante un bloqueo impuesto a los puertos iraníes y que el estrecho vuelva a sus niveles de tráfico anteriores a la guerra en 30 días, al tiempo que reconoce que aún puede haber minas iraníes en sus aguas que deben ser destruidas.
El acuerdo ofrece importantes concesiones a Irán
Aunque el acuerdo dice que el eventual levantamiento de sanciones a Irán dependerá de negociaciones futuras, Estados Unidos emitirá de inmediato exenciones para las ventas de petróleo iraní.
Conceder exenciones petroleras directamente al inicio de las conversaciones de 60 días priva a Estados Unidos de un importante punto de presión sobre Irán. En los años previos al acuerdo nuclear de 2015, el petróleo iraní enfrentaba sanciones internacionales que limitaban sus ventas. Sólo al concluir el acuerdo general en 2015 se levantaron esas sanciones.
El acuerdo interino también abre la puerta a poner fin a todas las sanciones que Irán enfrenta por parte de Estados Unidos y en la ONU —aunque indica que el calendario para ello se definirá más adelante—. Aun así, eso va mucho más allá del acuerdo de 2015, que solo levantó algunas sanciones a cambio de que Irán redujera drásticamente su enriquecimiento y sus reservas de uranio.
El acuerdo también proporcionaría a Irán al menos 300.000 millones de dólares para reconstruir tras una intensa campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel: una cifra extraordinaria y otro gran beneficio para Irán. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha dicho que las naciones árabes del Golfo aportarían esa cantidad como inversiones en Irán.
El acuerdo deja mucho más por resolver en negociaciones futuras
El acuerdo interino fija una ventana de 60 días, que puede ampliarse, para negociar la limitación del programa nuclear de Irán, tema que se ha tratado en múltiples rondas de conversaciones durante el segundo gobierno de Trump sin éxito. Irán sostiene que su programa nuclear es pacífico, aunque tiene suficiente uranio altamente enriquecido como para construir múltiples bombas atómicas, si decidiera hacerlo, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.
En el acuerdo interino, Irán reitera que nunca producirá armas nucleares, una promesa que también hizo en el acuerdo nuclear de 2015. Durante mucho tiempo, diplomáticos iraníes han señalado declaraciones del fallecido ayatolá Alí Jamenei en las que decía que Irán no construiría una bomba atómica. Sigue sin estar claro si su hijo, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, seguirá esa línea o no.
Trump ha citado objetivos cambiantes para la guerra, incluido en ocasiones prometer que pondría fin a los programas nuclear y de misiles de Irán y a su apoyo a Hezbollah y otros grupos aliados en la región. También sugirió que podría conducir al derrocamiento del gobierno iraní.
El acuerdo interino no alcanza ninguno de esos objetivos. Las negociaciones también expusieron una fractura entre Netanyahu y Trump, el aliado más cercano e importante del líder israelí, justo cuando Netanyahu busca la reelección. Netanyahu ha recibido fuertes críticas internas por el acuerdo en ciernes, pero le resultará difícil enfrentarse a Trump, dada la gran dependencia de Israel de Estados Unidos para el apoyo diplomático y militar.
Miller y Price informaron desde Washington, y Magdy desde El Cairo.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
JON GAMBRELL is the news director for the Gulf and Iran for The Associated Press. He has reported from each of the Gulf Cooperation Council countries, Iran and other locations across the world since joining the AP in 2006.
ZEKE MILLER manages coverage of the White House, Congress, national security and politics in the AP’s Washington bureau.
MICHELLE L. PRICE covers the White House. She previously covered the 2024 presidential campaign and politics, government and other news in New York, Nevada, Utah and Arizona. She is based in Washington.
SAMY MAGDY is a Middle East reporter for The Associated Press, based in Cairo. He focuses on conflict, migration and human rights abuses.
(AP Foto/Vahid Salemi)
Reaccion ultraderechaBOGOTÁ (AP) — Al inicio de esta década, América Latina se precipitaba hacia la izquierda. Los progresistas, aprovechando la indignación pública por las arraigadas desigualdades agravadas por la pandemia, llegaron al poder en muchas de las principales economías de la región, entre ellas Brasil, Chile, Colombia y Perú.
Sin embargo, ahora se está gestando una reacción política contraria. Aunque las tasas de homicidios han disminuido en términos generales en toda América Latina en comparación con hace una década, los repuntes registrados en algunos países y el incremento regional de otros delitos, especialmente la extorsión, han creado las condiciones para que populistas conservadores sumen votos con la promesa de tácticas de mano dura contra la delincuencia y la inmigración.
Los discursos electorales que presentan a los migrantes como delincuentes y promueven estrategias de seguridad de mano dura popularizadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, han conseguido el respaldo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para candidatos conservadores y han movilizado a sus desencantados votantes, pese a la preocupación de que ese tipo de tácticas puedan alentar abusos de derechos humanos o amenazar la democracia.
“Tenemos una derecha emergente que colabora mucho en toda la región y con Estados Unidos a través del movimiento MAGA, que también ha usado la delincuencia como grito de guerra para la movilización política”, explicó Enrique Roig, vicepresidente de la organización sin fines de lucro Human Rights First y exfuncionario del Departamento de Estado estadounidense. “Es más fácil vender la idea de encerrar a la gente que abordar las razones por las que, principalmente, los hombres jóvenes se unen a las pandillas en países como El Salvador”.
Promesas de mano dura influyen en el voto
Aunque la política populista ha arrojado buenos resultados en todo el espectro ideológico, solo la derecha ha ofrecido soluciones de seguridad a corto plazo que harán que los votantes “se sientan más seguros en seis meses”, aunque tengan que “sacrificar la democracia y los derechos humanos”, señaló Adam Isacson, director de supervisión de defensa en la organización Washington Office on Latin America.
Las propuestas de la izquierda, como programas comunitarios para la prevención de la violencia, la mejora de la formación policial y reformas judiciales y penitenciarias, tardan más en dar frutos, explicó.
“Es absolutamente lo que se debería hacer, pero la paciencia de la gente se agota”, comentó Isacson acerca de las propuestas a largo plazo. “Entonces aparecen los Bukele del mundo diciendo ‘¿Quieres sentirte mejor? Nosotros nos encargamos’”.
En Colombia, donde amplias zonas del campo se han visto sumidas de nuevo en el conflicto, el empresario proTrump Abelardo de la Espriella lidera las encuentras antes del balotaje del domingo, mientras sigue el ejemplo de Bukele.
En Perú, donde la extorsión se ha multiplicado por cinco en los últimos cinco años, Keiko Fujimori se metió en el balotaje presidencial del 7 de junio con una campaña de ley y orden, prometiendo desplegar a militares en las cárceles y las fronteras, mientras se apoya en el legado autoritario de su difunto y desacreditado padre, el expresidente Alberto Fujimori.
Los costarricenses, consternados por niveles récord de asesinatos vinculados a las drogas, eligieron en febrero a la populista conservadora Laura Fernández por su plataforma de mano dura contra la delincuencia. El empresario hondureño Nasry Asfura arrasó en los comicios de diciembre tras recibir el respaldo de Trump como socio en la lucha contra los “narco-comunistas”.
El crimen organizado se expande y alimenta más violencia
América Latina y el Caribe registraron el año pasado una caída de más del 5% en su tasa promedio combinada de homicidios en comparación con 2024, con una media que rondó los 17,6 por cada 100.000 personas, según InSight Crime, un centro de estudios especializado en el crimen organizado en América.
Pero hay algunas excepciones clave. Los asesinatos relacionados con el narcotráfico han aumentado en Perú y Colombia —los principales productores de cocaína del mundo—, así como en el vecino Ecuador, cuyos grandes puertos son considerados por los traficantes como una puerta de entrada a los mercados europeos.
El año pasado, las autoridades contabilizaron 2.400 homicidios en Perú y 14.780 en Colombia, cifras récord en ambas naciones desde al menos 2020. En Ecuador, los asesinatos aumentaron un notable 31% interanual, hasta los 9.216.
A las pandillas se les atribuye gran parte de la violencia que empezó a dispararse en Ecuador durante la pandemia del COVID-19, cuando cárteles de México, Colombia y los Balcanes ampliaron sus operaciones y contrataron a población local, desatando una lucha letal por las rutas del narcotráfico. Sus disputas territoriales incluyen las cárceles, donde cientos de reclusos han sido asesinados desde 2021.
Las autoridades ecuatorianas también registraron más de 16.100 casos de extorsión el año pasado, frente a los 23.000 de 2024, aunque los expertos dicen que es un delito poco denunciado.
Populistas aprovechan la oportunidad
Hace cuatro años, los votantes chilenos rechazaron al legislador ultraconservador José Antonio Kast en favor del expresidente Gabriel Boric, un joven tatuado que dirigió protestas estudiantiles y que buscaba abordar las desigualdades sociales endémicas de Chile. El año pasado, sin embargo, los temores ante el aumento de la delincuencia, y su frecuente asociación en la prensa con la creciente población de migrantes venezolanos del país, beneficiaron a Kast, devolviéndolo al poder.
A medida que organizaciones criminales venezolanas como la banda Tren de Aragua aprovechaban la ola de migración masiva de su país para infiltrarse en redes de trata de personas tras la pandemia, Chile, que durante mucho tiempo uno de los países más seguros de América Latina, fue testigo de una explosión sin precedentes de robos de autos, secuestros y tiroteos.
La tasa de homicidios aumentó un 30%, hasta un pico de 6,7 por cada 100.000 personas entre 2021 y 2022, según el Ministerio del Interior chileno. Desde entonces ha bajado, pero se ha mantenido por encima de los niveles previos a 2021. Otros delitos violentos siguen en aumento, como los secuestros, que han crecido casi un 180% en los últimos cuatro años.
Inspirándose en Bukele, cuyas megacárceles en El Salvador recorrió durante la campaña, Kast derrotó con holgura a su rival comunista en diciembre con promesas de construir un enorme muro fronterizo, endurecer las condiciones carcelarias para miembros de pandillas y deportar a cientos de miles de migrantes sin permisos legales. A cambio de sus promesas de seguridad, los votantes restaron importancia a su oposición al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, así como a su defensa de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet.
En Perú, pese al polémico legado del condenado Alberto Fujimori, la candidatura de su hija ha aprovechado el repunte de la violencia cuatro años después de perder los comicios frente al maestro Pedro Castillo.
Con el lema “Perú con orden”, Keiko Fujimori fue la más votada en la primera vuelta de abril. Los resultados del balotaje del 7 de junio todavía la muestran en un empate técnico con el heredero político del encarcelado Castillo, el nacionalista Roberto Sánchez.
Los expertos señalan que el apetito de la ciudadanía por las tácticas duras —históricamente asociadas con las dictaduras de derechas del siglo XX en la región— ha crecido a la par de la disminución de su confianza en las instituciones estatales y de su ambivalencia cada vez mayor respecto de la democracia.
“El razonamiento suele ser: ‘La democracia no ha podido mantenerme a mí y a mi familia a salvo, así que quizá la democracia sea parte del problema’”, sostuvo Eduardo Moncada, director del Institute of Latin American Studies de la Universidad de Columbia.
Eso plantea un gran desafío para la izquierda latinoamericana, que en muchos países ha gestionado economías estancadas, ha lidiado con escándalos de corrupción y no ha cumplido sus promesas de reformas sociales en los últimos años.
Incluso progresistas como Jeannette Jara en Chile y Sánchez en Perú se han adaptado a la corriente política. El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, calificó el modelo de Bukele como un ejemplo digno de un estudio más profundo. El gobierno guatemalteco de centroizquierda declaró este año un estado de emergencia para reprimir la violencia de las pandillas y acogió con satisfacción la ayuda del gobierno de Trump para luchar contra los narcotraficantes.
Las promesas de campaña chocan con la realidad
Las ambiciones conservadoras de los políticos elegidos recientemente, sin embargo, han chocado con las exigencias prácticas de gobernar democracias complejas y con escasez de recursos como Ecuador y Chile. No se parecen en nada al pequeño El Salvador, donde el partido de Bukele tiene una supermayoría legislativa.
Las promesas del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su campaña de 2023 incluían encerrar a líderes de pandillas en barcazas y construir megacárceles. Tras asumir el cargo, abandonó la propuesta de prisiones flotantes, y su gobierno tardó hasta noviembre en abrir la primera megacárcel.
“Construir megacárceles no ha sido tan fácil ni tan directo porque el país está en muy mal estado financiero y porque el presidente Daniel Noboa todavía se ve a sí mismo como un demócrata”, manifestó Beatriz García Nice, analista de políticas del centro de estudios Stimson Center de Washington.
Casi tres meses después del inicio del mandato de Kast, las encuestas indican que una población escéptica no ve diferencias entre su ofensiva de seguridad y la de su predecesor izquierdista. Su gobierno ha organizado solo dos vuelos de deportación después de prometer detener y expulsar de inmediato a los más de 300.000 inmigrantes sin estatus legal en Chile. Un tono distinto, más tímido, se ha colado en sus discursos. El mes pasado, fue criticado por calificar la promesa de deportación masiva como “una metáfora”.
Incluso durante la presentación de nuevas medidas de seguridad en un discurso del 1 de junio —incluyendo la prohibición de que quienes sean condenados por atacar a la policía reciban beneficios sociales— intentó moderar las expectativas desmesuradas de sus seguidores.
“Gobernar, como muchos de ustedes saben, significa asumir la responsabilidad de la realidad, especialmente cuando es difícil”. afirmó. “Estoy avanzando paso a paso porque esto no es algo que ocurra de la noche a la mañana”.
DeBre informó desde Buenos Aires.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
POR  REGINA GARCÍA CANO e ISABEL DEBRE
(AP Foto/Mark Schiefelbein, archivo)
Helicopteros chocanRÍO DE JANEIRO (AP) — Dos helicópteros colisionaron el domingo por la mañana sobre Río de Janeiro y se estrellaron en la zona oeste de la ciudad, causando la muerte de las seis personas a bordo, según informaron los bomberos.
El Cuerpo de Bomberos Militares de Río de Janeiro informó que uno de los helicópteros se estrelló en el estacionamiento de un concesionario de automóviles, donde estaban estacionados varios vehículos eléctricos, provocando un incendio que posteriormente fue extinguido.
Las autoridades informaron que se ha iniciado una investigación para determinar la causa de la colisión.
La policía informó que el cantante y comediante estadounidense Oliver Tree figuraba en la lista de pasajeros entregada a las autoridades de aviación, pero aún no han podido identificar los cuerpos de las personas fallecidas en el accidente.
Tree actuó en Buenos Aires, Argentina, el 4 de junio, y el sábado publicó un vídeo en su Instagram donde se le ve jugando al fútbol en un barrio brasileño.
El canal argentino de streaming Blender informó que el creador de contenido Gaspar Prim Díaz, también conocido como Gaspi, se encontraba en uno de los helicópteros.
Gaspi tenía más de 2,8 millones de seguidores en YouTube y tenía 23 años.
“Gracias por tu arte, tu magia y tu sensibilidad, todos te echaremos de menos”, dijo Blender en su cuenta de X.
Fernandes de Freitas, un trabajador de reparación de neumáticos, dijo que vio uno de los helicópteros en llamas tras la colisión en el aire y que se percató de que uno de los pasajeros saltó de la otra aeronave antes de que esta se estrellara contra el suelo.
“Fue aterrador, absolutamente espantoso”, dijo De Freitas.
Ramiro Barreiro contribuyó desde Buenos Aires.
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Por  DIARLEI RODRIGÜES
Foto AP/Bruna Prado)
Colombia eleccionesBOGOTÁ, Colombia (AP) — El mayor grupo rebelde que aún opera en Colombia anunció el lunes un alto el fuego unilateral, mientras el país se encamina hacia unas elecciones presidenciales altamente polarizadas el próximo fin de semana.
En un comunicado publicado en su cuenta X, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó que ha ordenado a sus combatientes cesar los ataques contra las fuerzas armadas del país del 20 al 23 de junio. Las elecciones presidenciales de Colombia se celebrarán el domingo 21 de junio.
El ELN afirmó que respeta el “derecho de los ciudadanos a votar libremente” y añadió que no pretende “amenazar a ninguno de los candidatos ni impedir que la gente vote”.
Los rebeldes también advirtieron contra la injerencia extranjera en las elecciones.
“No podemos aceptar ninguna injerencia de líderes de otros países en decisiones políticas que solo deberían concierne a los colombianos”, decía el comunicado.
Las elecciones presidenciales de Colombia enfrentan al senador Iván Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro, contra Abelardo de la Espriella, un abogado conservador que recibió el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump a principios de este mes. De la Espriella ha prometido adoptar una postura más confrontativa hacia los grupos rebeldes que aún operan en el país, cancelando las conversaciones de paz iniciadas bajo el mandato de Petro.
Los críticos afirman que, en los últimos cuatro años, los grupos rebeldes en Colombia han utilizado los altos el fuego para reagruparse, rearmarse y reforzar su control sobre las comunidades rurales, donde extorsionan a los negocios y amenazan a cualquiera que se interponga en el camino de las empresas ilegales.
El gobierno de Petro inició conversaciones de paz con el ELN en 2023, pero las negociaciones se cancelaron en 2025 después de que los rebeldes lanzaran una serie de ataques en el noreste de Colombia que obligaron a más de 56.000 personas a huir de sus hogares.
Sin embargo, la administración Petro continúa negociando con otros grupos conocidos por controlar rutas de narcotráfico y lucrarse con la minería ilegal, incluido el Clan del Golfo.
La semana pasada, la campaña de De la Espriella instó a la fiscalía colombiana a investigar si grupos rebeldes habían coaccionado a los votantes de 109 municipios remotos para que votaran por Cepeda. El candidato del partido gobernante obtuvo más del 70% de los votos en esos municipios durante la primera vuelta electoral del 31 de mayo. Cepeda ha negado la participación de grupos rebeldes en su campaña.
En la primera ronda de votación, en la que participaron 14 candidatos, Cepeda obtuvo el 40,9% del total de votos, mientras que De la Espriella consiguió el 43,7%.
Según el Ministerio de Defensa de Colombia, el ELN cuenta con más de 6.000 combatientes en Colombia y Venezuela, donde el grupo obtiene beneficios de la minería ilegal de oro y del narcotráfico.
El grupo fue fundado en la década de 1960 por líderes sindicales e intelectuales preocupados por la justicia social e inspirados por la Revolución Cubana. En las últimas décadas, el ELN se ha dado a conocer por llevar a cabo actividades delictivas en las zonas donde opera, incluyendo extorsión y ataques a infraestructuras petroleras. Petro describe a sus líderes como “narcotraficantes disfrazados de guerrilleros”.
Por  MANUEL RUEDA
(Foto AP)
Puerto Rico aguaSAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Miles de puertorriqueños están lidiando con una escasez de agua tan grave que el gobernador del territorio estadounidense ha activado la Guardia Nacional y los servicios de emergencia reciben llamadas todos los días.
Las autoridades no han determinado públicamente la causa, y la escasez afecta principalmente a algunas zonas de las ciudades más pobladas de la isla, incluida la capital, San Juan . La empresa de servicios públicos de la isla extrae agua de ríos, embalses y acuíferos subterráneos que en el pasado proporcionaban un suministro suficiente para los 3,2 millones de habitantes de la isla.
Los residentes se ven obligados a comprar agua potable, gastar dinero en lavanderías y subir pesados ​​cubos por varios tramos de escaleras para lavar los platos, usar el inodoro y ducharse. Los ancianos y las personas con discapacidad son quienes más sufren, y los líderes comunitarios señalan que algunos han tenido que ser hospitalizados debido a la persistente escasez de agua.
Jorge Figueroa, líder comunitario de varios barrios empobrecidos de San Juan, estaba junto a su coche una mañana reciente respondiendo a las preguntas de los vecinos que se preguntaban cuándo pasaría el próximo camión cisterna.
“Están jugando con la salud y la vida de las personas”, dijo Figueroa.
La escasez es generalizada.
Algunos clientes de San Juan comenzaron a reportar un servicio intermitente hace más de un año, y el gobernador reconoció que la infraestructura ha carecido de inversión y mantenimiento durante décadas.
Los cortes de agua se han agravado tanto que el alcalde Miguel Romero demandó a la Autoridad de Aguas y Alcantarillado de Puerto Rico a finales de mayo.
Personas como Jeannette Mercado Rodríguez han pasado hasta dos semanas sin agua debido al abrasador verano que azota Puerto Rico, y los meteorólogos ya están emitiendo alertas por calor.
“Esto es realmente agotador; es exasperante”, dijo.
Esta mujer de 52 años es una de las afortunadas: un camión cisterna está estacionado cerca de su complejo de viviendas públicas, Las Margaritas. Aun así, tiene que subir cinco baldes y diez botellas de dos litros (medio galón) a su apartamento del tercer piso todos los días. Recientemente se lesionó el hombro al hacerlo.
“A veces no podemos soportarlo”, dijo Mercado, confesando que se ha derrumbado y llorado. “Aquí hay personas mayores, personas postradas en cama”.
Casi 40.000 clientes sufrieron cortes de agua el primer fin de semana de junio. Esto llevó a la gobernadora Jenniffer González a activar la Guardia Nacional, que comenzó a distribuir agua mediante cuatro camiones cisterna con una capacidad de 2.000 galones (7.570 litros) cada uno.
La Compañía de Turismo de Puerto Rico trajo camiones cisterna adicionales con una capacidad de 12.800 galones (48.453 litros) para ayudar a abastecer a los hoteles y alojamientos de alquiler a corto plazo.
La necesidad de agua es tan grande que incluso el Departamento de Agricultura de Puerto Rico desinfectó dos grandes camiones que transportan leche y los utilizó para distribuir agua potable.
A pesar de estas medidas, el agua sigue escaseando para muchos en San Juan y sus alrededores. Al menos un camión cisterna estacionado en una comunidad empobrecida permaneció vacío durante un par de días, y los residentes lo recibieron con vítores, calificando a los trabajadores municipales de "héroes". Otros residentes también se quejan de que el gobierno no les informa cuándo pasará un camión cisterna, y quienes están trabajando se quedan sin agua.
“Esto ha sido un desastre”, dijo Luz Laborde, presidenta de una asociación de vecinos en Santurce, una comunidad obrera de San Juan. “Esto es inhumano… Está destruyendo el estado emocional de la gente”.
Los puertorriqueños exigen agua
Una mañana reciente, decenas de puertorriqueños de todas las edades se congregaron en una sala de audiencias, ansiosos por escuchar el veredicto sobre la demanda que el alcalde de San Juan presentó contra la compañía de agua y alcantarillado de la isla, ya que preguntaban cuándo se restablecería el suministro de agua.
“Estamos agotados”, dijo Marcia Soler París, una líder comunitaria de 61 años. “No deberíamos estar viviendo así. No nos lo merecemos”.
Cada día al amanecer, los teléfonos suenan mientras la gente de San Juan y otros lugares informan si tienen agua, si apenas un chorrito o si no tienen agua en absoluto.
Soler llama a la oficina de gestión de emergencias cada dos días para solicitar un camión cisterna para ella y sus vecinos. Vive con su hija, que tiene tres hijos varones de 13, 10 y 4 años, y juegan al fútbol todos los días. Como muchos otros, no tienen una cisterna.
“No sé lo que es ver un chorro de agua”, dijo Soler, quien recientemente gastó 40 dólares en una lavandería y se vio obligada a comprar vasos y platos de plástico para su familia.
Los costes adicionales están poniendo a prueba los presupuestos de muchos habitantes de la isla, que cuenta con 3,2 millones de personas y donde más del 40% vive por debajo del umbral de la pobreza.
Soler comentó que algunos de sus vecinos están postrados en cama y que sus cuidadores se ven obligados a usar toallas y toallitas húmedas para limpiarlos. Otra vecina es ciega, por lo que le llevan agua hasta su apartamento.
Durante años, los cortes de luz crónicos han sido una gran frustración para muchos puertorriqueños. Los problemas con el agua también encabezan ahora la lista de preocupaciones.
En Villa Kennedy, un complejo de viviendas públicas cercano, Elizabeth Sánchez, de 79 años, explicó cómo se lesionó la cintura cargando cubos de agua. Su esposo ya no puede ayudarla porque se lesionó la espalda por la misma razón.
“Lo que estamos viviendo es horrible”, dijo mientras rompía a llorar.
Un juez ordena a expertos que investiguen los problemas relacionados con el agua.
En febrero de 2025, el gobernador de Puerto Rico nombró a Luis González Delgado como presidente ejecutivo de la Autoridad de Aguas y Alcantarillado de la isla.
Meses después, el exdirector regional Roberto Martínez Toledo fue reemplazado. Sin embargo, Martínez fue nombrado recientemente miembro de un nuevo comité, ordenado por un juez, para colaborar con la agencia en la investigación y solución de la escasez crónica de agua.
El alcalde de San Juan, que pertenece al partido del gobernador, dijo que si Martínez no hubiera sido destituido de su cargo, "no estaríamos aquí hablando de este tema".
El nuevo director de la agencia de agua y alcantarillado culpó a Martínez de algunos de los problemas.
“(La crisis) se podría haber evitado si Roberto Martínez hubiera contestado el teléfono el primer día que lo llamé”, dijo González a los periodistas esta semana, y agregó que está dispuesto a trabajar con él.
Algunos puertorriqueños exigen la renuncia de González y claman por el regreso de Martínez a su antiguo cargo, mientras que un número creciente culpa al gobernador por la situación. El miércoles por la noche, el gobernador anunció que se han iniciado todos los proyectos destinados a reparar la infraestructura hídrica con una inversión de 217 millones de dólares.
Quienes no tienen agua dicen que todavía les están cobrando por ella.
“Eso es otra indignación”, dijo Laborde, el líder comunitario. “Siempre se pierde”.
Por  DÁNICA COTO
(Foto AP/DÁNICA COTO)

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