CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cientos de personas han muerto en el año transcurrido desde que el ejército de Estados Unidos comenzó a bombardear embarcaciones a las que acusó de transportar drogas frente a las costas caribeñas y del Pacífico de América Latina. Ahora, el gobierno de Trump afirma que busca extender esa campaña letal a tierra, al impulsar acuerdos que pondrían soldados estadounidenses sobre el terreno en países aliados de toda la región.

El secretario de Defensa del presidente Donald Trump, Pete Hegseth, anunció la semana pasada durante una visita a Panamá que Colombia, Guatemala y Honduras habían aceptado permitir que Estados Unidos lleve a cabo operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en su territorio, después de Ecuador, que en marzo inició misiones similares con Estados Unidos. Guatemala, sin embargo, ha negado haber alcanzado un acuerdo de ese tipo.

Será “como lo que vieron con los ataques contra las lanchas del narcotráfico”, afirmó Hegseth durante un ejercicio militar en la selva de Panamá. “El mismo efecto en tierra. Y por eso estamos trabajando con Ecuador. Estamos trabajando con Colombia. Estamos trabajando con socios para llevar la lucha a las (organizaciones designadas como terroristas) en tierra”.

La ampliación marca una nueva fase en la campaña del gobierno de Trump para presionar a gobiernos de toda América Latina a alinearse con sus prioridades de seguridad y afirmar lo que denomina “dominancia estadounidense sobre el hemisferio occidental”.

Los votantes de toda la región respaldan cada vez más a líderes alineados con Trump, lo que le da a Washington socios más dispuestos. Pero críticos advierten que la expansión de la campaña militar de Estados Unidos eleva el riesgo de víctimas civiles y de una reacción contra Estados Unidos que podría perdurar más allá del gobierno republicano.

“Lo que está ocurriendo es un intento de legitimar un mayor uso del ejército de Estados Unidos en la región”, señaló Michael Shifter, experto en América Latina del centro de estudios Inter-American Dialogue. “Proyecta poder, demuestra superioridad militar y permite que Washington imponga su agenda. Esto no es cooperación; es, obviamente, una relación muy asimétrica”.

Escalada de ataques unilaterales contra embarcaciones a operaciones terrestres conjuntas

El ejército de Estados Unidos ha operado en América Latina durante generaciones, suministrando a aliados armas, inteligencia y entrenamiento para combatir el narcotráfico, mientras deja un legado problemático de apoyo a golpes militares y dictaduras.

Pero desde que Trump regresó al poder en enero de 2025, Washington ha adoptado su enfoque más intervencionista hacia la región en décadas.

Su gobierno ha designado a 20 grupos criminales latinoamericanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, envió fuerzas de Estados Unidos a Venezuela para capturar a su presidente e involucró a agentes de la CIA en operativos contra laboratorios de droga en México. Ha matado a más de 200 personas en más de 60 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, ofreciendo poca evidencia de que los objetivos fueran “narcoterroristas” y generando dudas sobre la legalidad de los ataques.

Pero las operaciones de combate continuadas de Estados Unidos junto a fuerzas locales serían “nuevas y diferentes”, indicó William LeoGrande, especialista en América Latina de American University, al poner a prueba sensibilidades arraigadas sobre la soberanía nacional y la presencia de tropas de Estados Unidos.

Hegseth dio pocos detalles sobre cómo serían las operaciones conjuntas con Colombia, Guatemala y Honduras. Pero en Colombia, donde Abelardo de la Espriella —respaldado por Trump— asumió el cargo este mes, planteó la posibilidad de que fuerzas estadounidenses se sumen a ataques contra grupos armados, incluido el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, el último gran grupo guerrillero de Colombia. Hegseth dijo que de la Espriella había solicitado una mayor participación militar de Estados Unidos.

“En cualquier lugar donde trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, son un objetivo igual que ISIS o Al Qaeda”, sostuvo Hegseth, al equiparar a los narcotraficantes con grupos extremistas islámicos que dominaron durante décadas las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos.

De la Espriella prometió el sábado, tras un ataque con dron del ELN contra tropas, que los rebeldes pagarían un alto precio.

Preocupaciones por la presencia militar de EEUU

Ecuador se ha convertido en el caso más claro de participación militar directa de Estados Unidos, al lanzar redadas conjuntas con Washington pese a que los votantes rechazaron abrumadoramente las bases militares extranjeras en un referendo de noviembre de 2025. Una investigación de The New York Times halló que un ataque contra un supuesto laboratorio de drogas en marzo destruyó, en cambio, una finca ganadera.

El impulso para extender acuerdos de ese tipo ha ganado más tracción entre los aliados ideológicos de Trump en la región: líderes conservadores elegidos en los últimos meses con promesas de ofensivas agresivas contra el crimen.

Guatemala destaca como una excepción. Su gobierno progresista ha trabajado estrechamente con Washington en materia de seguridad pese a diferencias políticas. Pero el presidente, Bernardo Arévalo, ha negado haber acordado operaciones antidrogas conjuntas, al afirmar que serían ilegales sin aprobación del Congreso.

Honduras, Colombia y Ecuador no respondieron a solicitudes de comentarios sobre las declaraciones de Hegseth.

Un caso llamativo fuera de la nueva alianza antidrogas de Estados Unidos es México, un importante origen y punto de tránsito del fentanilo y otras drogas que ingresan a Estados Unidos. La presidenta progresista Claudia Sheinbaum ha cooperado estrechamente con Washington en seguridad, pero ha resistido la creciente presión para que el ejército de Estados Unidos tenga un papel en la lucha contra los cárteles en territorio mexicano.

“En última instancia, Estados Unidos tendrá que definir qué significa ‘operaciones conjuntas’ en cada uno de estos países. Puede descubrir bastante rápido que esto es algo con lo que la mayoría de los gobiernos —incluso gobiernos de derecha— se sienten bastante incómodos”, expresó Adam Isacson, analista de defensa de la Washington Office on Latin America.

“Sólo pueden ceder soberanía hasta cierto punto”

Observadores cuestionan si un enfoque más militarizado produciría mejoras de seguridad duraderas. Shifter dijo que la campaña podría servir en parte como una demostración de fuerza, apoyándose en la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, mientras el gobierno de Trump busca compensar reveses de política exterior en otros frentes, incluido Oriente Medio.

Otros advierten que la estrategia conlleva el riesgo de víctimas civiles, particularmente en Colombia, donde grupos armados operan entre poblaciones civiles y a menudo funcionan como autoridades de facto en zonas fuera del alcance del Estado. En lugar de hacer retroceder a esos grupos, los ataques militares tienen más probabilidades de obligarlos a adaptarse, afirmó Jeremy McDermott, codirector de la organización investigativa InSight Crime, con sede en Colombia.

“Estados Unidos bombardea un campamento del ELN en Colombia o en Venezuela, ¿qué es lo primero que va a hacer el ELN? Van a desmantelar todos sus campamentos y se van a mover a las aldeas y a los pueblos”, explicó.

A largo plazo, dicen expertos, una participación militar más profunda de Estados Unidos podría poner a prueba hasta dónde están dispuestos a llegar los votantes al priorizar la seguridad sobre la soberanía, lo que potencialmente limitaría incluso a los aliados más cercanos de Trump.

“Todos estos presidentes, sin importar cuán de derecha sean, enfrentan presión para hacer algo sobre la seguridad y para dar una señal de que persiguen a los ‘malos’ que hacen que la gente se sienta insegura. Hay un amplio acuerdo en eso”, comentó Isacson. “Pero también saben que sólo pueden ceder soberanía hasta cierto punto antes de que la opinión pública empiece a volverse en su contra”.

DeBre informó desde Buenos Aires, Argentina. Los periodistas de The Associated Press Sonia Pérez D. en Ciudad de Guatemala, Guatemala; Marlon González en Tegucigalpa, Honduras; y Astrid Suárez en Bogotá, Colombia, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

MEGAN JANETSKY covers migration, conflict, human rights and politics in Mexico and Central America for The AP based in Mexico City. Previously, she covered Cuba and the Caribbean for The AP and worked as freelance journalist in Colombia, reporting across South America.

ISABEL DEBRE writes about Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay and Uruguay for The Associated Press, based in Buenos Aires. Before moving to South America in 2024, she covered the Middle East reporting from Jerusalem, Cairo and Dubai.

(AP Foto/Matias Delacroix)

BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Por segunda vez en dos meses, la tierra tembló en Sudamérica. Una vez más, las familias inundaron las redes sociales con súplicas de ayuda para encontrar a sus seres queridos desaparecidos bajo los escombros de los edificios. Una vez más, gobiernos de diferentes ideologías políticas y continentes prometieron ayuda .

Pero en muchos sentidos, el contraste entre el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes y los dos temblores consecutivos que azotaron Venezuela el 24 de junio no podría haber sido más marcado.

En Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez esperó casi cuatro horas antes de dirigirse a la nación. En Colombia, el recién investido presidente Abelardo de la Espriella anunció un puesto de mando de emergencia para supervisar las labores de rescate apenas una hora después del terremoto. Durante semanas, los civiles venezolanos removieron los escombros a mano. Horas después del terremoto en Colombia, los equipos de rescate buscaban sobrevivientes con grúas y excavadoras.

En Venezuela, Rodríguez recurrió a rescatistas de todo el mundo para cubrir las deficiencias críticas en la respuesta del Estado. Colombia, por su parte, ha rechazado hasta el momento la ayuda de equipos extranjeros, salvo los procedentes de Estados Unidos, alegando que cuenta con suficiente personal y solicitando en su lugar suministros humanitarios.

Este contraste pone de manifiesto las diferencias entre las naciones vecinas —sus sistemas políticos, sus recursos y la solidez de sus instituciones— y demuestra cómo estos factores pueden adquirir una importancia crucial en situaciones de catástrofe.

“Las diferencias entre un régimen autoritario y un sistema democrático se aprecian claramente en las instituciones y en su capacidad de respuesta ante una emergencia”, afirmó Ronal Rodríguez, especialista en Venezuela de la Universidad del Rosario de Colombia. “Las crisis también representan oportunidades políticas”.

En Colombia, un recién llegado a la política toma las riendas.

De la Espriella, un conservador exabogado penalista sin experiencia política previa, juró el cargo de presidente en Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, menos de 72 horas antes de que el terremoto derribara edificios allí y en las remotas provincias del país, precisamente las regiones a las que se había comprometido a dar prioridad durante la campaña electoral.

Incluso antes del terremoto, el novato en política estaba lidiando con una transición tensa tras su predecesor, Gustavo Petro , el primer presidente de izquierda de Colombia, quien en un principio se negó a reconocer la ajustada victoria de De la Espriella y alegó fraude electoral.

Su disputa descarriló el proceso formal de traspaso de poder de Colombia, dejando agencias clave, incluida la agencia nacional de gestión de desastres, en manos de funcionarios. De la Espriella fue atacada como candidata.

Pero los trabajadores humanitarios afirman que la respuesta del gobierno ante el terremoto ha trascendido esas tensiones, reflejando la resiliencia de la democracia colombiana.

“Todas las instituciones han funcionado”, afirmó María José Torres Macho, la máxima representante de las Naciones Unidas en Colombia. “Nuestra capacidad para trabajar con ellas no se ha visto afectada por el cambio de gobierno”.

Apenas una hora después del terremoto, de la Espriella publicó un video en el que afirmaba que asumiría personalmente el liderazgo de la respuesta ante el desastre. «No están solos», les dijo a los colombianos de la región cafetalera más afectada del país.

Horas después, se encontraba en Bogotá, coordinando con funcionarios gubernamentales y agencias de ayuda humanitaria. En 36 horas, había recorrido las zonas afectadas por el desastre en las ciudades occidentales de Quibdó, Cali y Pereira, y había enviado ministros a otras regiones.

“Existe todo un sistema que permite que, incluso cuando se cambia a la persona que está al mando, la institución siga funcionando”, afirmó Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, un grupo venezolano de ayuda a migrantes con sede en Colombia.

Sin embargo, la respuesta de Colombia no ha estado exenta de polémica. El rechazo de De la Espriella a los equipos de rescate de todo el mundo ha suscitado dudas sobre su gestión de la ayuda exterior, y el embajador de China se quejó en redes sociales de que ni siquiera sabía qué funcionario colombiano era el responsable de coordinar la asistencia internacional.

El terreno accidentado, la infraestructura deficiente y las interrupciones en las comunicaciones han ralentizado la recopilación de informes sobre víctimas en las zonas más afectadas. La cifra nacional del gobierno, que asciende a al menos 265 muertos y 500 desaparecidos, está muy por debajo de los recuentos de las autoridades locales, mientras que una base de datos independiente registra a más de 4100 personas desaparecidas.

En Venezuela, un veterano político es objeto de críticas.

A pesar de que Rodríguez llevaba casi dos décadas en los niveles más altos del gobierno venezolano, le costaba proyectar autoridad en la respuesta al desastre.

Horas antes de que Rodríguez interviniera en los medios para declarar el estado de emergencia nacional, su ministro del Interior, Diosdado Cabello , llamó a la televisión estatal para informar sobre los daños, una señal de sus luchas de poder dentro del partido gobernante.

Más tarde, cuando Rodríguez dio a conocer el balance inicial de víctimas del gobierno, informó de tan solo 32 muertos, una cifra que no incluía el epicentro de La Guaira , lugar de la mayor destrucción. Muchas de las víctimas de La Guaira vivían en complejos de viviendas construidos por el gobierno a bajo costo durante el auge petrolero de principios de la década de 2000, como parte del vasto programa de vivienda subsidiada del autodenominado partido socialista, que se convirtió en un pilar de su sistema de clientelismo político.

Rodríguez permaneció en Caracas durante todo un día antes de visitar La Guaira y evaluar los daños. El gobierno actualizó diariamente la cifra de muertos durante la semana siguiente, sin ofrecer datos sobre los desaparecidos, lo que avivó la preocupación por un posible subregistro masivo, ya que los civiles luchaban por recuperar los cuerpos sin maquinaria pesada.

Ahora, más de seis semanas después de los terremotos, una base de datos ampliamente citada, administrada por la oposición, reporta 29.000 personas desaparecidas. Los funcionarios del gobierno actualizan la cifra de muertos una vez por semana; hasta el lunes, ascendía a 6.301.

Años de represión política profundizaron la desconfianza de los venezolanos hacia la respuesta oficial al terremoto.

“Para los ciudadanos era muy difícil acceder a información importante sobre la emergencia, ponerse a salvo y saber dónde buscar ayuda”, dijo Gabriel Bastidas, periodista de la oposición venezolana radicado en Argentina que dirige Monitoreamos.com, un sitio web de noticias crítico con el movimiento político gobernante de Venezuela que se encuentra entre las decenas de medios de comunicación bloqueados en el país.

Un estado más fuerte entra en acción.

Pero incluso si la respuesta de Venezuela hubiera sido perfecta, las consecuencias podrían haber sido muy diferentes a las de Colombia: los dos terremotos sacudieron la densamente poblada La Guaira al anochecer, lo que complicó el reconocimiento del terreno, mientras que el de Colombia afectó principalmente a zonas rurales durante el día.

Los expertos advierten que, tras un desastre de esta magnitud, a menudo se necesitan semanas para tener una visión completa de la situación. Colombia lleva apenas unos días respondiendo a la emergencia, y miles de personas siguen desaparecidas.

Sin embargo, muchos venezolanos se maravillan de cómo el gobierno colombiano ha recurrido a recursos que años de crisis económica y migración masiva bajo el mandato del expresidente Nicolás Maduro habían agotado en su país.

“Desde el principio, vimos a los medios de comunicación transmitiendo en directo desde los lugares de la catástrofe; alcaldes, gobernadores, secretarios de salud y funcionarios de emergencias brindando detalles sobre los muertos y desaparecidos”, dijo Bastidas.

Juan Mogollon, un venezolano de 28 años residente en Orlando, Florida, se enteró el lunes por la mañana, a través de un noticiero televisivo, de que su primo de 16 años, José Juan Vivas, y los abuelos del joven estaban atrapados entre los escombros de su edificio de apartamentos en Cali. Vivas, residente permanente de Estados Unidos, vivía allí con sus abuelos, quienes se establecieron en Colombia tras abandonar Venezuela.

Tras ver cómo la gente en su país suplicaba por rescatistas y equipos después de los terremotos de junio en Venezuela, Mogollón temía lo peor. Sin embargo, según relató, pocas horas después, las imágenes del lugar del derrumbe mostraron excavadoras, grúas y otra maquinaria pesada, junto con bomberos que llegaron en avión desde Bogotá. Las fuerzas de seguridad desplegaron perros y drones equipados con cámaras térmicas para identificar a las víctimas en las ciudades afectadas.

“Están preparados, tienen el equipo, tienen los protocolos, saben qué hacer”, dijo Mogollón mientras esperaba ansiosamente noticias de sus familiares. “Eso es lo mínimo que deberíamos esperar como ciudadanos en cualquier país, ¿saben? Esa es la diferencia entre mi país y Colombia en este momento”.

Aun así, no fue suficiente. Más tarde, el jueves, al final del plazo de 72 horas en el que se espera razonablemente que la mayoría de las personas atrapadas entre los escombros sobrevivan, se enteró de que los rescatistas habían recuperado sus cuerpos.

La periodista de Associated Press, Astrid Suárez, en Bogotá, Colombia, contribuyó a este informe.

ISABEL DEBRE escribe sobre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para Associated Press, con sede en Buenos Aires. Antes de mudarse a Sudamérica en 2024, cubrió Oriente Medio informando desde Jerusalén, El Cairo y Dubái.

(Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, activó el jueves un plan para reforzar la seguridad en la frontera con Brasil con el fin de luchar contra el crimen organizado cuyos delitos han aumentado en la nación andina en medio de una guerra entre cárteles brasileños que se disputan las rutas del narcotráfico.

Paz lanzó la medida desde la región de Guayaramerín, al norte de Bolivia y vecina de Brasil, donde la Policía boliviana realizó patrullajes terrestres, mientras que la Fuerza Naval lo hizo en lanchas a lo largo del río que comparten ambas naciones. También se efectuaban operativos en otras tres regiones bolivianas —Beni, Pando y Santa Cruz— las cuales comparten una frontera de 3.400 kilómetros con Brasil.

“¿Quién quiere venir a hacer turismo si tiene riesgo de que el día de mañana tendrá un conflicto de inseguridad?”, preguntó Paz en su discurso. “¿Quién quiere invertir en una ciudad donde no hay seguridad?”, acotó.

 

Esto ocurre días después de que se registró en otra localidad de la frontera una balacera que no dejó heridos, pero sí cuatro aprehendidos, dos de ellos eran miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) y se encontraban en medio de una pelea por rutas de narcotráfico con su rival, el Comando Vermelho (CV). Ambas bandas delincuenciales son consideradas terroristas por Estados Unidos.

Los expertos aseguran que estas rutas estaban operadas por el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en Bolivia y entregado en marzo a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

En medio de la disputa por las rutas de la droga —que en su gran mayoría van desde Bolivia hacia Brasil—, se ha incrementado en las últimas semanas los delitos en la frontera que han dejando al menos a 15 personas asesinadas, entre ellas un oficial de policía boliviano.

El plan “es para sentar presencia de Estado”, dijo el comandante de la policía, Mirko Sokol. Bolivia es considerado el tercer productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú.

El operativo es coordinado con Brasil con el objetivo de evitar que los delincuentes escapen por la frontera entre ambos países. En el acto Paz estuvo acompañado por varias autoridades brasileñas del estado de Rondonia.

“Como alcalde de Guajará-Mirim, reafirmo mi compromiso con una frontera más segura e integrada, preparada para nuevas oportunidades”, escribió en su cuenta de Facebook Fábio Netinho, alcalde de dicha ciudad fronteriza con Bolivia.

Paz indicó en el evento que en los casi 20 años de gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) se relajaron los controles en la frontera, lo que según el mandatario facilitó la expansión del crimen organizado. El ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, reconoció recientemente el aumento de delitos como asaltos y asesinatos en esa zona limítrofe.

POR  The Asssociated Press

(Foto AP/Juan Karita)

GAUR, Nepal (AP) — La respiración de la joven madre se había vuelto entrecortada. Dentro de su casa de barro en la zona rural de Nepal, se encorvaba de dolor, con la barriga de embarazada golpeando contra ella, y sus piernas hinchadas apenas podían sostenerla.

Kabita Mukhiya se encontraba en medio de una emergencia, pero no lo sabía. Durante semanas, había sufrido en casa porque no había nadie que le dijera que acudiera de inmediato a un hospital. Los cooperantes que antes visitaban regularmente su aldea para ayudar a las mujeres embarazadas habían dejado de venir, después de que los recortes a la ayuda exterior por parte de Estados Unidos clausuraran un programa destinado a salvar la vida de madres y bebés.

Kabita era analfabeta y pobre, y no sabía qué le estaba pasando a su cuerpo. Desesperada, finalmente recurrió a su tía en busca de ayuda, quien la llevó al hospital, donde ambas mujeres lloraron mientras los médicos les decían cosas que ninguna de las dos entendía.

Por eso, Kabita, confundida y postrada en su cama de hospital, recurrió a algo que sí podía comprender: la oración.

—Por favor, salva al bebé —le suplicó a Dios entre lágrimas—. Por favor, sálvame a mí.

Entonces, en medio del caos, llegaron las palabras que Kabita finalmente comprendió, pero que no pudo soportar: Era demasiado tarde. Su bebé había muerto.

Y su propia vida pendía ahora de un hilo.

Este reportaje fue financiado por una beca del Centro Pulitzer. Associated Press es responsable de todo el contenido.

Poco a poco, el mundo avanza hacia un hito sombrío: debido a los recortes globales a la ayuda exterior, la Fundación Gates ha pronosticado que 2025 será el primer año de este siglo en el que aumentarán las muertes infantiles.

Para muchos expertos, la salud de un país se mide por la salud de sus más pequeños: los niños menores de 5 años. Y aunque los datos mundiales sobre mortalidad infantil para 2025 no estarán disponibles hasta dentro de varios meses, los funcionarios de salud ya se están preparando para un aumento repentino de muertes entre los más jóvenes y vulnerables del mundo.

La decisión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de disolver la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que alguna vez fue la mayor donante humanitaria del mundo, desmanteló la atención materna y neonatal, diezmó los programas de nutrición para millones de mujeres embarazadas y niños, y dejó a decenas de centros de maternidad sin equipos, medicamentos ni personal. Los recortes estadounidenses, seguidos por los recortes de ayuda exterior de otros países, obligaron al 60% de las organizaciones de mujeres a reducir sus servicios, según la Organización Mundial de la Salud.

El gobierno estadounidense ha insistido repetidamente en que nadie —y, en particular, ningún niño— ha muerto a causa de sus recortes presupuestarios. Sin embargo, la agencia AP ha documentado la muerte de mujeres y niños desde Myanmar hasta Nigeria .

Mientras tanto, un estudio publicado en la revista The Lancet afirma que los recortes en Estados Unidos podrían provocar más de 14 millones de muertes, incluyendo más de 4,5 millones de niños menores de 5 años, para el año 2030.

“Es desgarrador ver lo que está sucediendo. Se están echando a perder décadas de progreso”, afirma Rajat Khosla, director ejecutivo de la Alianza de la OMS para la Salud Materna, Neonatal e Infantil.

En un comunicado enviado a Associated Press, el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que la administración Trump había revitalizado sus programas de asistencia para centrarse en la eficiencia, la eficacia y la colaboración. El departamento también señaló que Estados Unidos invierte más en salud y asistencia humanitaria que cualquier otro país, y que continúa apoyando programas en Nepal destinados a mejorar la salud materno-infantil.

“El resto del mundo debe contribuir más y compartir la carga”, dijo el departamento.

En Nepal, los recortes en los programas de nutrición y atención a la salud reproductiva ya han aumentado las complicaciones y las muertes durante el embarazo, según trabajadores sanitarios, funcionarios gubernamentales, cooperantes y familias entrevistadas por la AP.

“El número de muertes de madres, madres jóvenes, durante el parto ha aumentado considerablemente”, afirma Mona Sherpa, directora nacional de la organización humanitaria CARE Nepal, que perdió más de la mitad de su financiación debido a los recortes estadounidenses. “Lo que se preveía para un año se está produciendo en tan solo cuatro o seis meses”.

Los programas de salud materno-infantil son quizás el ejemplo más claro de ayuda exterior que demuestra cómo intervenciones pequeñas y relativamente económicas pueden generar un gran beneficio. Paquetes de pasta de cacahuete fortificada, que cuestan menos de un dólar cada uno, pueden salvar a un niño desnutrido de la muerte en cuestión de semanas. Kits de parto higiénicos, que cuestan unos pocos dólares, reducen drásticamente el riesgo de que madres y recién nacidos mueran por infecciones.

En Nepal, un programa de cinco años y 35 millones de dólares, cancelado por los recortes estadounidenses, benefició a más de 100 000 mujeres y niñas en sus primeros tres años. El programa equipó centros de maternidad y capacitó a enfermeras, parteras y trabajadoras comunitarias, conocidas como voluntarias de salud comunitaria. Estas trabajadoras visitaban regularmente los hogares de las mujeres embarazadas, les explicaban las señales de alerta de posibles complicaciones y las animaban a asistir a sus citas prenatales, a menudo acompañándolas.

Cuando se canceló el programa, muchas mujeres embarazadas se vieron obligadas a desenvolverse en un sistema médico en el que les resultaba difícil confiar o comprender, afirma Sherpa.

Las consecuencias se hacen sentir en las polvorientas y abrasadas aldeas del distrito de Rautahat, en Nepal, hogar de la familia de Kabita y una de las zonas más pobres y con menor índice de alfabetización del país. En un centro de maternidad del municipio de Dewahi Gonahi, en Rautahat, el número de mujeres que acuden a controles prenatales se ha reducido a la mitad desde los recortes presupuestarios, según Kishori Shah, el responsable del centro. Debido a esto, las mujeres no detectan las complicaciones con la suficiente rapidez, lo que provoca situaciones de emergencia.

“Las complicaciones habrían disminuido si el programa de USAID siguiera en funcionamiento”, afirma.

En la aldea de Prempur Gonahi, solo transcurrieron 10 meses —un poco más que un embarazo típico— para que los recién nacidos volvieran a morir tras los recortes estadounidenses, según afirma el responsable, Sadho Baitha.

Antes de que el programa de CARE se pusiera en marcha en Rautahat en diciembre de 2022, Baitha afirma que la aldea registraba un promedio de 10 a 15 muertes neonatales al año. Según los registros, para 2024 no se había registrado ninguna. Pero desde la cancelación del programa, los recién nacidos han comenzado a morir de nuevo; el primero ocurrió en diciembre, y otros cuatro le siguieron en marzo.

Sin embargo, muchas muertes vinculadas a los recortes presupuestarios permanecerán invisibles, en parte porque los propios recortes dejaron sin trabajo a decenas de personas que recopilaban datos de mortalidad. En algunos lugares, sencillamente ya no queda nadie para contabilizar a los fallecidos.

Este es el caso de Dewahi Gonahi, donde los servicios de registro y notificación de mortalidad se han derrumbado, afirma Shatrudhan Singh, director ejecutivo de Campaign Nepal, socio de CARE. Por eso, explica, los registros gubernamentales muestran solo dos muertes infantiles en el municipio desde los recortes presupuestarios, a pesar de que su grupo tiene conocimiento de ocho.

“Tiene que haber algo más”, dice. “Simplemente no podemos identificarlo”.

Las historias de pérdida se esconden en los hogares abarrotados de los seres queridos que quedaron atrás y en los ojos vacíos de los niños que ahora no tienen madre.

Desde la penumbra de su hogar, Phula Devi intenta expresar su dolor con una voz tan entrecortada y apenas audible. Jamás ha hablado de su pena con nadie, ni siquiera con su marido.

Como la mayoría de las mujeres de este pueblo, a pocos kilómetros del de Kabita, Phula nunca fue a la escuela. No sabía casi nada sobre el embarazo; ni siquiera sabe su edad, solo que aún no tiene 20 años.

Phula es el tipo de mujer a la que los trabajadores sociales decían haber contactado. Sin embargo, una mañana de enero, un curandero informal de la aldea fue a su casa y le dijo que el latido cardíaco del feto era lento. Le indicó que fuera al hospital y luego se marchó.

Phula no entendía. Y estaba a merced de sus familiares, que esperaron hasta esa noche para llevarla al hospital.

Allí, los médicos le recomendaron una cesárea. Pero Phula no sabía qué significaba eso. Aterrorizada, dio a luz por sí sola. El bebé nació silencioso e inmóvil, declarado muerto y se lo llevaron rápidamente antes de que Phula pudiera sostenerlo, ponerle nombre o siquiera ver su rostro.

Según los registros hospitalarios, el parto se había retrasado, lo que constituye un factor de riesgo de muerte fetal. La enfermera Guddi Rahami, que recuerda el caso de Phula, afirma que las familias sin educación de la región suelen oponerse a las cesáreas porque creen que la operación es de alguna manera mala.

Desde el interior de su casa a oscuras, Phula oculta su rostro surcado de lágrimas tras una bufanda.

“Pienso en mi bebé todo el tiempo”, murmura.

Ella habría hecho cualquier cosa por salvarlo, dice. Si tan solo hubiera sabido cómo.

Bajando por un sinuoso sendero de tierra salpicado de cabras balando, aparece a la vista la casa de dos habitaciones de Kabita. Afuera, las mujeres caminan penosamente con saris de todos los colores que se ciñen a sus frágiles cuerpos, abrasados ​​por el sol implacable.

Este se convirtió en el hogar de Kabita a los 14 años, cuando se casó con su esposo tras una vida marcada por la pérdida. Su madre falleció cuando ella era pequeña, y su padre pronto la abandonó para mudarse a la India con su nueva esposa. Sus tres hermanos lo seguirían más tarde.

Su foto de boda la muestra como la niña que aún era al casarse: delgada, con ojos marrones muy separados, mejillas suaves y una sonrisa tímida. Le costó conectar con su suegra, con quien compartía casa, pero se ganó el cariño de su tía y vecina, Shraddha Mukhiya. Shraddha disfrutaba de la inocencia de Kabita y se divertía con su charla constante, a veces sin sentido. Llegó a considerarla como su propia hija.

Kabita quedó embarazada rápidamente de su propia hija, Sonam. Su segunda hija, Anushka, nació un año después, y su hijo, Yubraj, un año más tarde.

Su marido, el único sostén de la familia, rara vez estaba en casa, obligado a buscar trabajos de construcción por todo Nepal e India que les reportaban a la familia unas 12.000 rupias nepalíes (80 dólares) al mes. Era suficiente para comprar arroz, lentejas y verduras, pero poco más.

A pesar de las dificultades, Kabita, de 20 años, se llenó de alegría al saber que estaba embarazada de su cuarto hijo; ella y su suegra anhelaban tener otro varón. Reunió el dinero suficiente para comprarle ropa al bebé, a quien pensaba llamar Shivraj, y soñaba con que algún día él recibiera la educación que ella nunca tuvo.

Cuando estaba embarazada de Yubraj, recibió un suplemento nutricional en polvo financiado por Estados Unidos que complementaba su dieta limitada. Pero para cuando quedó embarazada el año pasado, los recortes presupuestarios habían eliminado los suplementos nutricionales y la comida para mujeres embarazadas que ofrecía el centro de maternidad local, según Punam Mahato, una enfermera que atendió a Kabita.

Los programas de nutrición financiados por Estados Unidos fueron cruciales para la región, especialmente para los niños, según afirman los trabajadores de la salud. La prevalencia de emaciación —una forma de malnutrición potencialmente mortal— entre los niños menores de 5 años en la provincia de Kabita era del 7,4 % antes de los recortes de financiación estadounidense, según una encuesta realizada por el gobierno y la agencia de la ONU para la infancia. Esa cifra aumentó al 12,3 % después de los recortes, según un estudio nacional sobre malnutrición realizado en mayo por el gobierno y la organización humanitaria Helen Keller Intl, cuyo programa de nutrición se vio interrumpido por los recortes estadounidenses.

A medida que avanzaba su embarazo, el vientre de Kabita se hinchaba mientras que el resto de su cuerpo permanecía demacrado. A veces, solo lograba comer dos pequeñas porciones al día. Además, las reuniones del grupo de madres a las que asistía durante su embarazo de Yubraj habían cesado.

Se saltó la cita recomendada del primer trimestre y acudió a su primera consulta en el centro de maternidad a las 16 semanas. Mahato, su enfermera, notó que estaba pálida. Le sugirió a Kabita que se hiciera un análisis de sangre para comprobar su nivel de hemoglobina, que puede bajar drásticamente durante el embarazo debido a deficiencias nutricionales.

Pero Kabita nunca se hizo la prueba y parecía no comprender su necesidad; jamás se la mencionó a su suegra. A las 24 semanas, Mahato se preocupó por la palidez de Kabita y le recomendó de nuevo un análisis de sangre. Una vez más, Kabita se negó, probablemente porque no comprendía su importancia, según cuenta Mahato.

Rajkumari Patel, voluntaria de salud comunitaria que trabajaba en el programa de CARE, ahora cancelado, dijo que habrían actuado como mediadores para explicarle a Kabita por qué la prueba era crucial.

En cambio, Kabita regresó a casa. La atormentaban dolores de estómago cada vez más intensos. Su cuerpo se hinchó.

Sufrió durante semanas. En diciembre, cuando tenía 28 semanas de embarazo, Kabita estaba tan débil que no podía caminar. Su esposo trabajaba en la India, así que recurrió a Shraddha, su tía, en busca de ayuda. La anciana la llevó al hospital.

Los médicos le extrajeron sangre a Kabita para comprobar sus niveles de hemoglobina y luego les entregaron los resultados a las mujeres. Pero Kabita y Shraddha no sabían qué significaban. Tampoco comprendían la avalancha de actividades, pruebas y explicaciones médicas que siguieron.

Finalmente lo comprendieron cuando no se detectó ningún latido. Una prueba lo confirmó: el bebé de Kabita había muerto.

Todo estaba sucediendo muy rápido.

El hospital no estaba equipado para extraer los restos del bebé del útero de Kabita. El personal les instó a ir a otro hospital. Pero sin dinero y sin ser conscientes del peligro que corría Kabita, las afligidas mujeres regresaron a casa.

Al día siguiente, la visión de Kabita estaba distorsionada. Le dolía muchísimo la cabeza. Estaba delirando.

Desesperada, Shraddha la llevó a otro hospital con tarifas más bajas. Los médicos determinaron que había sufrido una convulsión por preeclampsia, una afección en la que la presión arterial peligrosamente alta puede ser mortal si no se trata, explica el paramédico Hridaya Narayan Mahato, quien no tiene parentesco con la enfermera de Kabita.

Los médicos le administraron oxígeno mientras el personal se apresuraba a preparar la UCI.

Los niveles de hemoglobina de Kabita eran críticamente bajos, lo que le provocaba falta de oxígeno y un gran esfuerzo cardíaco. Yacía boca arriba, temblando y jadeando. Shraddha la observaba impotente a los pies de la cama. «Estarás bien», le dijo a su sobrina entre lágrimas.

Y entonces observó cómo Kabita exhalaba su último aliento.

Falleció antes de que pudieran ingresarla en la UCI.

A poca distancia de la casa de Kabita, Patel, la trabajadora de salud comunitaria, está sentada frente a su vivienda, con la voz cargada de frustración. Muertes como la de Kabita, dice, son precisamente lo que ella y sus colegas habían sido entrenados para prevenir.

Patel conocía a todas las mujeres embarazadas de su pueblo y las visitaba en sus casas. Dice que habría hecho lo mismo por Kabita.

“Le habría preguntado: ‘¿El bebé se mueve? ¿Cuándo fue la última vez que lo sentiste?’ Le habría revisado las manos y la cara para ver si tenía hinchazón. Le habría examinado los ojos en busca de signos de anemia”, dice. “Estos son los síntomas que habría notado en Kabita y habría dicho: ‘Esta mujer necesita un hospital hoy, no mañana’. Quizás podríamos haberle salvado la vida”.

Kabita falleció por complicaciones derivadas de la eclampsia, en la que la anemia grave contribuyó significativamente, según Mahato, el paramédico del hospital. Ambas afecciones suelen detectarse y controlarse mediante la atención prenatal regular, afirma.

La pérdida de Kabita y su bebé abrumó tanto a Shraddha que no pudo contárselo al marido de Kabita. Él seguía trabajando en la India y desconocía la situación hasta que los vecinos lo llamaron. Su viaje en autobús de regreso a casa fue tan largo que no llegó al pueblo hasta tres días después del funeral de Kabita.

En los meses transcurridos desde entonces, se ha negado a trabajar con frecuencia, quedándose en la oscuridad llorando durante días. Solo habla de Kabita, nunca de la bebé. Shraddha y su madre, Lachhiya Devi, le recuerdan que todos pasarán hambre si no regresa al trabajo. Y así lo hace.

Shraddha y Lachhiya, ambas sexagenarias, se preocupan por cuánto tiempo podrán cuidar de los pequeños de Kabita. Desde la cama que comparte con sus nietos, Lachhiya acaricia la pierna de Anushka, de cuatro años, que duerme a su lado bajo el calor del mediodía.

“¿Cómo voy a alimentarlos? Soy vieja”, dice Lachhiya, con sus brazaletes apenas sujetos a sus brazos huesudos. “Puedes ver lo desesperada que estoy intentando salir adelante”.

Su hogar ahora está en silencio, sin la alegre charla de Kabita ni los llantos del bebé que nunca regresó a casa. Los últimos recuerdos de la vida de Kabita —su sari verde brillante, el tapiz rosa y amarillo que tejió— están guardados en una caja que algún día se entregará a sus hijos.

Shraddha sigue atormentada por lo que desconocía.

“Aquí no tenemos a nadie que nos ayude, que nos hable de estas cosas. Si hubiera alguien, le preguntaríamos y seguiríamos sus consejos”, dice. “Eso le habría salvado la vida”.

Ella mira a los hijos de Kabita y siente nostalgia por su madre, que apenas había salido de la niñez.

“Era demasiado joven para morir.”

La periodista Tulsi Rauniyar contribuyó a este reportaje.

KRISTEN GELINEAU es una reportera de investigación internacional de Associated Press, con sede en Sídney. Cubre temas de derechos humanos en toda la región de Asia-Pacífico.

(Fotos AP/Bram Janssen)