CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo designó a dos abogadas como magistradas a la Corte de Constitucionalidad, con lo que queda integrado el alto tribunal para los próximos cinco años.
En un mensaje a la nación el miércoles por la noche, el mandatario dijo que eligió, en consejo de ministros, a las abogadas Gladys Annabellla Morfin, exprocuradora general de la nación, y a la abogada maya kaqchikel María Magdalena Jocholá, académica y con experiencia en temas de pueblos indígenas, para integrar la Corte.
Morfín, de 75 años, será la próxima presidenta de la CC, que se preside por un año y por orden de edad, desde el mayor hasta el menor. Cuenta con 10 magistrados, de los cuales cinco son titulares y otros cinco suplentes.
La Corte de Constitucionalidad es una de las cinco instancias del país que renuevan dirección este año. Otras que renuevan son la Fiscalía General; el Tribunal Supremo Electoral —que cuenta con cinco jueces titulares y cinco suplentes—; el jefe de la Contraloría General de Cuentas, y el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
La CC es el tribunal de última instancia en el país y sus decisiones son inapelables. No está sujeta a un mecanismo de control.
Según la Constitución, los candidatos a integrar la CC deben ser representantes del presidente, de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso, de la USAC y ser electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Casi el total de los magistrados actuales aspira a reelegirse.
Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo fueron electos por el Colegio de Abogados como magistrada titular y suplente, mientras que la USAC designó como magistrada titular a Julia Marisol Rivera, y a José Luis Aguirre para que sea suplente.
La designación por parte del Congreso del magistrado titular Roberto Molina Barreto y su suplente Luis Rosales Marroquín, así como la de la Corte Suprema de Justicia con la titular Dina Ochoa y la suplente Claudia Paniagua, fueron duramente criticadas debido a que esos funcionarios elegidos han emitido fallos que han beneficiado a narcotraficantes, pandilleros y militares acusados de cometer crímenes de lesa humanidad y de corrupción.
En las elecciones del Congreso, algunos diputados denunciaron que el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, John Barrett, pidió a congresistas apoyar a Molina Barreto, lo que hizo que Arévalo consultara a Washington sobre esa situación.
La actual CC ha sido cuestionada por varios de sus fallos, entre ellos uno de abril de 2024 en el que confirmó la libertad del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), declarado culpable de corrupción en dos procesos distintos, uno de ellos por defraudación aduanera, el cual le costó la presidencia.
La corte también avaló las acciones del juez Fredy Orellana —sancionado por Estados Unidos— cuando canceló al Movimiento Semilla, el partido político que llevó a la presidencia a Arévalo en 2023, a pesar de que la Ley Electoral sólo le otorga esa facultad al TSE.
LA HABANA (AP) — “Juro por la vida de mis seres queridos que rechazaré durante 24 horas el consumo de los tóxicos que me esclavizan”, corearon al unísono varias decenas de jóvenes tomados de las manos días atrás en el Hospital Psiquiátrico de La Habana.
El consumo de drogas, un flagelo cotidiano en las grandes ciudades del mundo, era casi desconocido en Cuba hasta comienzos de esta década. Pero la crisis económica y la introducción de sustancias sintéticas al país —baratas y difíciles de detectar— produjo un giro dramático.
Tanto en La Habana como en las ciudades principales de la isla ya no es inusual ver jóvenes en los parques durmiendo, caminando con dificultad, a veces inconscientes o paralizados.
Según las autoridades, la droga más consumida es el “químico” —cannabinoides sintéticos mezclados con otras sustancias—, que cuesta unos 250 pesos cubanos la dosis (unos 50 centavos de dólar), menos que una bolsa de pan o una lata de refresco. También se la conoce como “papelito” porque es esparcida en hojas que luego se recortan en pequeñas piezas o dosis que se fuman en cigarrillos.
“Tiene muy fácil acceso. Es muy barato. Su costo es muy, muy poco y está en todos los lugares”, dijo a The Associated Press David Morales, de 25 años, quien se recupera tras haber pasado por centros de salud estatales y hacer terapias de rehabilitación en la iglesia bautista evangélica Alcance Victoria Cuba.
La magnitud del problema
El aumento del consumo fue advertido por el Ministerio de Salud y varias dependencias estatales que ya venían trabajando en el problema y que en julio del año pasado crearon un Observatorio de Drogas para reforzar el combate al narcotráfico.
“Sí, se ha producido un incremento”, reconoció en una entrevista con AP la doctora Tania Adriana Peón Valdés, jefa de Salud Mental y Adicciones de la Dirección General de Salud de La Habana. “Ha habido una mayor disponibilidad (de sustancias) y por tanto se ha incrementado el consumo”.
Aunque no se sabe la cantidad de consumidores que hay en la capital, la doctora ofreció como ejemplo del aumento las cifras de personas que han buscado ayuda o fueron registradas al ingresar a alguna guardia hospitalaria: en 2024 fueron 467, en 2025 la cifra subió a 886.
La isla tiene una política de tolerancia cero con las drogas y el narcotráfico se castiga hasta con la cadena perpetua.
Cuba no es un país productor o acopiador de drogas, según las autoridades, pero no escapa al consumo de estas sustancias.
Esporádicamente se reportan decomisos de bultos de cocaína que fueron abandonados por los traficantes en persecuciones y que llegan a la costa, llamados “recalos”. La droga también ingresa de contrabando entre mercancías importadas por la isla y, en menor medida, se han detectado plantaciones domésticas de marihuana.
“La principal afectación que hoy tiene Cuba está relacionada con las nuevas drogas psicoactivas o cannabinoides sintéticos que se generan principalmente desde los Estados Unidos”, aseguró a AP el coronel del Ministerio del Interior, Juan Carlos Poey Guerra.
Agregó que en el último año los laboratorios policiales detectaron 46 nuevas fórmulas sintéticas. Entre las sustancias mezcladas con los cannabinoides se encontró el anticonvulsivante carbamazepina, formol y fentanilo, entre otras. A su vez, entre 2024 y 2025 se frustraron 72 intentos de ingresar drogas al país desde 11 orígenes.
Desde 2016 existe un convenio de cooperación en materia de drogas con Estados Unidos firmado durante el histórico acercamiento de las administraciones de los expresidentes Raúl Castro y Barack Obama.
Sin embargo, este y otros acuerdos quedaron paralizados tras el primer mandato de Donald Trump, que redujo al mínimo los contactos con la isla y endureció las sanciones contra la nación caribeña.
El rol del Estado
Dado que la salud en Cuba es gratuita y estatal, los consultorios de familia de los barrios suelen ser los primeros en detectar los casos de consumo y tratan de canalizarlos. Pero si la condición de los pacientes es compleja, las autoridades sanitarias los derivan a internaciones más prolongadas.
La AP recorrió un pabellón del Hospital Psiquiátrico de La Habana con 40 plazas para varones y pudo hablar con los pacientes de entre 20 y 30 años que deben permanecer hasta 90 días allí para desintoxicarse y comenzar la rehabilitación.
Separado en cubículos con dos camas cada uno, adornados con fotos de familia de los jóvenes, el pabellón tiene además una pequeña área de lectura, un comedor y un área de recreación. Los propios pacientes —ataviados con camisetas blancas en las que se leía: “Contra las drogas se gana”— se encargan cada día del aseo.
“Estaba súper deprimido. Me veía en condiciones desagradables, por la calle, ya no podía más”, contó Daniel Fulleda Rodríguez, de 23 años, quien llegó al hospital a comienzos de enero y ahora siente que hay un futuro para él. “Tengo planes de casarme antes de que se acabe el año y empezar una familia. Hacer mi propio negocio”, agregó entusiasmado.
En el pabellón trabaja Gabriel Rodríguez Vela, de 30 años, quien antes de ser consejero —su puesto actual— fue un paciente. “Estoy dando lo que un día me dieron a mí, que es un mensaje de esperanza”.
Con la ayuda de la fe
Hasta hace algunos años el Estado -fuertemente centralizado- se encargaba del tratamiento de los consumidores de drogas, pero la magnitud del desafío abrió espacio a otros actores.
“Hay barrios que están infectados… He visto a los jóvenes consumiendo delante de mí. He visto a la gente comprando delante de mí”, dijo el pastor Abel Pérez Hernández de la iglesia Alcance Victoria Cuba. “Yo como pastor no estoy llamado a quedarme sentado”.
El templo atendió el año pasado a unos 50 jóvenes y a sus familias. Actualmente más de una docena asisten a sus sesiones de rehabilitación.
“En mi juventud hablar de droga era una cosa extraordinaria... El problema ha crecido tan rápido y en tan poco tiempo que, en cierta medida, ha rebasado las capacidades del país de enfrentar la problemática”, dijo Alejandro Morales, un ingeniero oceanógrafo de 57 años que acompaña a su hijo David a las reuniones en la iglesia.
En la misma sala estaba Vilma Arias Fernández, de 64 años, junto a su hija de 36 para recibir ayuda. Su otro hijo, de 26, también consumidor, se niega a dejar las drogas.
“Hay que orar mucho”, dijo la mujer. “No puede ser porque son jóvenes maravillosos... Mi hija una maestra maravillosa y mi hijo varón es graduado en mecánica automotriz. Yo misma no sé ni cómo cayeron en esto”, agregó.
SAN SALVADOR (AP) — Un grupo de juristas internacionales presentó el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un prolongado régimen de excepción impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.
El informe, presentado en el 195to periodo de sesiones de la CIDH en Guatemala, sostiene que existen bases razonables para creer que en el marco de ese régimen, vigente desde marzo del 2022, “se están cometiendo crímenes de lesa humanidad: encarcelamiento arbitrario, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violación sexual y persecución”.
Aseguran que durante ese estado de excepción se han reportado 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025 y 403 muertes en cárceles, incluidos cuatro niños, hasta agosto de ese año.
Hay “responsabilidad internacional” no solo del Estado salvadoreño sino “de las personas físicas de manera individual, de acuerdo con los principios del derecho penal internacional”, asegura el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).
The Associated Press consultó a la oficina de prensa de Casa Presidencial sobre el informe pero indicó que no había comentarios. Sin embargo, el gobierno salvadoreño ha negado antes las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, como torturas, capturas arbitrarias y decesos de detenidos bajo custodia estatal, en el marco de la emergencia para combatir a las pandillas.
El vicepresidente Felix Ulloa dijo recientemente que “es una leyenda” que los muertos en las cárceles se deban al régimen de excepción, en tanto que el gobierno resalta lo que considera un descenso histórico en los números de homicidios en la nación centroamericana, considerada en otrora una de las más violentas del mundo.
De acuerdo con el informe el GIPES analizó actos que incluyen encarcelamiento, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violación y violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos.
“Se documentó tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes: golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada, violencia psicológica, falta de acceso a alimentos, agua, salud y ventilación”, señala el documento. Los actos fueron “generalizados” y “sistemáticos”, agrega.
También señaló que el gobierno se concentró en neutralizar a los actores del espacio cívico con campañas sistemáticas desde las más altas autoridades calificando a periodistas y organizaciones de derechos humanos como “enemigos del progreso del pueblo” o “traidores”.
“Se desplegaron herramientas de vigilancia física y digital y se criminalizó el escrutinio ciudadano”, agregan.
El grupo instó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a “crear una misión internacional de determinación de hechos sobre violaciones de derechos humanos para asegurar la rendición de cuentas y justicia para las víctimas”.
También recomendó a las autoridades salvadoreñas establecer una comisión independiente de revisión de casos de personas detenidas, con apoyo internacional, a fin de atender la crisis carcelaria, poner fin al régimen de excepción y revertir las reformas penales que consideran violan el derecho internacional.
Después de que en tan sólo un día de 2022 las pandillas asesinaron a 62 personas en todo El Salvador, el Congreso aprobó a fines de marzo de ese año el régimen de excepción a solicitud de Bukele para combatir a las pandillas, las cuales según las autoridades operaban en el 90% del territorio e impartían su propia justicia, extorsionaban y asesinaban a los que no pagaban, según las autoridades.
El estado de excepción suspende derechos fundamentales, incluido el de ser informado de los motivos de la detención y el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y la detención sin audiencia se prolonga de 72 horas a 15 días.
Desde que entró en vigor la medida, las autoridades dicen haber capturado 91.300 acusados de pertenecer supuestamente a las pandillas o tener vínculos con estos grupos criminales. Bukele ha dicho que 8.000 personas que eran inocentes han sido liberadas.
BUENOS AIRES (AP) — El ultraliberal presidente argentino Javier Milei hizo una encendida defensa el martes en Nueva York de su política de apertura de importaciones en respuesta a los reclamos de sectores industriales de su país que dicen encontrarse en un momento de extrema fragilidad por la competencia externa.
Durante la inauguración de la “Argentina Week” (Semana argentina) con la que el gobierno buscar atraer inversiones al país sudamericano, Milei defendió la apertura comercial implementada durante su gestión argumentando que beneficia a millones de argentinos en detrimento de intereses corporativos particulares.
“¿De qué apertura indiscriminada me hablan? Cuando hablan de apertura indiscriminada... que están reclamando por cazar en el zoológico”, cuestionó el mandatario.
Milei dijo sentirse capaz de soportar “operaciones, presiones, difamaciones” en contra del modelo neoliberal que implementó desde su llegada el poder a fines de 2023.
Ataques al empresariado argentino
El mandatario señaló que sectores empresariales de su país distorsionan los precios relativos de sus productos y sostuvo que, gracias a sus políticas de desregulación del mercado, los argentinos“van a poder ahorrar y gastar” como mejor prefieran. “Los empleos que se destruyen en un sector se van a crear en otro sector, que además está en condiciones de competir internacionalmente”, argumentó.
El mandatario viene apuntando desde hace días contra los críticos al masivo ingreso de productos del exterior en el marco de un programa económico que busca ampliar la oferta y reducir la inflación. Esta política ha contribuido a que unas 20.000 empresas hayan sufrido una caída de su actividad, obligándolas a cerrar sus puertas, según cálculos privados.
La Unión Industrial Argentina (UIA) —una amplia asociación empresaria que representa a distintos sectores industriales— pidió recientemente “respeto a quienes producen” un comunicado en el que, aunque resaltó los avances logrados por Milei en materia de estabilidad macroeconómica, repasó la “crítica” situación de fábricas con alta presión fiscal y dificultades para financiarse.
La UIA recordó que la industria argentina aporta 27% de la recaudación fiscal nacional, además de generar de manera directa 19% del empleo formal y advirtió que la transición hacia un nuevo esquema económico implica “un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato”.
Según ha señalado la entidad en sus redes sociales, “en dos años la industria perdió casi 65.00 puestos (de trabajo) en un contexto de competencia internacional fuertemente distorsionada”.
Los poderosos sindicatos argentinos también han cuestionado este modelo al considerar que destruye la industria nacional.
Directivos, centro de las críticas
En su discurso ante potenciales inversores, Milei volvió a apuntar —como hizo 10 días atrás durante la apertura de sesiones del Congreso— contra los directivos Paolo Rocca, del Grupo Techint —siderurgia, ingeniería y construcción— y Javier Madanes Quintanilla, de la fábrica de neumáticos FATE y Aluar —dedicada al aluminio— a los que calificó de “prebendarios” en alusión a que habrían logrado favores de la clase política tradicional, como la fijación de precios abusivos en sus productos. No hubo hasta el momento respuestas públicas de ambos a estas últimas declaraciones.
Fate, la única empresa productora de neumáticos de Argentina, anunció en febrero su cierre definitivo y el despido de unos 900 trabajadores debido a “los cambios en las condiciones de mercado”. Milei sostuvo que su dueño “extorsionó al gobierno” advirtiendo que si no se mantenían “las barreras comerciales” despediría a los empleados.
La UIA dijo entonces que la industria del neumático es uno de los casos más evidentes de “prácticas comerciales desleales”, especialmente provenientes de Asia.
La visita de Milei a Nueva York incluyó la víspera una disertación en la Universidad Yeshiva de Nueva York, donde defendió su política económica y se alineó de nuevo con Estados Unidos e Israel.
ALMUDENA CALATRAVA writes in Spanish about Argentina for The Associated Press, based in Buenos Aires
SAN JOSÉ, Costa Rica (AP) — Drones operados por fuerzas de seguridad haitianas y contratistas privados han matado al menos a 1.243 personas y herido a otras 738, señaló Human Rights Watch el martes.
De los muertos, 17 eran niños y 43 adultos, a quienes no se les atribuye pertenecer a ningún grupo criminal. De los heridos, se cree que al menos 49 eran civiles, según la organización de derechos humanos. Los asesinatos ocurrieron entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026.
La operación con drones más letal mató a 57 personas, señaló.
“Las autoridades haitianas deben controlar urgentemente a las fuerzas de seguridad y a los contratistas privados que trabajan para ellas antes de que mueran más niños”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, en un comunicado.
Un portavoz de la Policía Nacional de Haití no respondió a una solicitud de comentarios.
La organización sin fines de lucro dijo que el número de ataques con drones armados en la capital de Haití, Puerto Príncipe, que está controlada en un 90% por pandillas , ha "aumentado significativamente" en los últimos meses, con 57 reportados entre noviembre y fines de enero, casi el doble de los 29 ataques reportados entre agosto y octubre del año pasado.
Human Rights Watch dijo que sus investigadores analizaron siete videos subidos a las redes sociales o compartidos directamente con el grupo que muestran drones cuadricópteros armados en acción y geolocalizaron cuatro de ellos en Puerto Príncipe.
“Los videos muestran el uso repetido de drones equipados con explosivos para atacar vehículos y personas, algunos de ellos armados, pero ninguno que parezca estar involucrado en actos violentos o representar una amenaza inminente para la vida”, dijo el grupo
Human Rights Watch afirmó que no encontró un uso generalizado de drones entre grupos criminales.
Uno de los ataques destacados en el informe ocurrió el 20 de septiembre de 2025 en el barrio Simon Pele, una comunidad extremadamente empobrecida controlada por una pandilla del mismo nombre.
El ataque con drones mató a nueve personas, incluidos tres niños, e hirió al menos a otras ocho mientras el líder de la banda Simon Pele se preparaba para distribuir regalos a los niños de la zona.
Human Rights Watch citó a un residente anónimo que recordó cómo la explosión le arrancó ambos pies a un bebé.
Entre los muertos había una niña de 6 años, cuya madre, no identificada, dijo: “En los espacios donde están las pandillas, hay gente inocente, gente que cría a sus hijos, que sigue caminos normales”.
Las familias de los muertos dijeron que el grupo criminal organizó y controló el acceso a sus funerales, según Human Rights Watch.
“Algunos residentes dijeron que sólo se permitió asistir al funeral a las personas que aceptaron dinero o apoyo del grupo criminal”, afirmó el grupo de derechos humanos en su informe.
El 1 de enero de este año, una mujer no identificada dijo que vio un dron caer y explotar sobre un camión que transportaba a su prima, matándola.
“Muchos de estos ataques parecen ser intentos de atacar y matar a personas en circunstancias que constituyen ejecuciones extrajudiciales ilegales”, afirmó Human Rights Watch.
“Las autoridades también deben garantizar la transparencia y la rendición de cuentas por cualquier muerte ilegal resultante de una operación de seguridad, y realizar investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes para revelar, en la mayor medida posible, el número y la identidad de las víctimas, y brindar una reparación adecuada cuando se hayan producido violaciones”, agregó el grupo de derechos humanos.
Volker Turk, el alto responsable de derechos humanos de la ONU, ha dicho que el uso de fuerza letal contra las pandillas en Haití fue innecesario, desproporcionado y probablemente una violación del derecho internacional.
El año pasado, el gobierno de Haití creó un nuevo grupo de trabajo que ha operado al margen de la supervisión de la Policía Nacional de Haití y ha empleado drones explosivos. Este grupo está integrado por ciertas unidades policiales y contratistas privados.
A mediados de 2025, Vectus Global, la empresa de seguridad del ex SEAL de la Marina estadounidense Erik Prince , esperaba desplegar cerca de 200 personas de varios países en Haití como parte de un acuerdo de un año para sofocar la violencia de pandillas allí.
La policía haitiana también colabora con una misión respaldada por la ONU y dirigida por la policía keniana, que sigue careciendo de fondos y personal suficientes . Se espera que pronto se transforme en una fuerza de represión de pandillas en los próximos meses.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo designó a dos abogadas como magistradas a la Corte de Constitucionalidad, con lo que queda integrado el alto tribunal para los próximos cinco años.
