BOGOTÁ, Colombia (AP) — Un líder clave de las facciones disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) , que operaban en una zona inestable del suroeste del país, murió el domingo durante una operación militar, informó el presidente Abelardo de la Espriella.
El presidente afirmó que la muerte de un hombre conocido como “Felipe” o “Arcadio” fue un “duro golpe” para la facción disidente liderada por un hombre que se hace llamar “Iván Mordisco”.
De La Espriella publicó un video en X que presumiblemente muestra a una persona en una bolsa para cadáveres cerca de un arma y municiones incautadas por las autoridades durante la operación.
“Estamos acorralando a Mordisco y sus redes”, advirtió el presidente, quien anunció que las operaciones ofensivas contra los grupos armados ilegales continuarían. “Cualquier criminal que no se entregue terminará en una bolsa para cadáveres”.
Según declaró, “Felipe” fue responsable de múltiples ataques contra estaciones de policía en Valle del Cauca, utilizando explosivos lanzados desde drones. Dirigía una unidad dentro de la facción Jaime Martínez, parte de los grupos disidentes de las extintas FARC que se negaron a participar en las negociaciones de paz del gobierno en 2016.
Según de la Espriella, el líder también participó en la colocación de bombonas de gas cargadas de explosivos en carreteras del Valle del Cauca, en el ataque a una unidad militar, en la quema de vehículos, en la extorsión y en la comisión de otros actos delictivos.
Esta no es la primera vez que De la Espriella anuncia el asesinato de un líder de un grupo armado ilegal desde que asumió el cargo recientemente.
El presidente ha prometido adoptar una postura firme contra estos grupos —lo que supone un cambio respecto a la política de su predecesor, Gustavo Petro— y ha instado a "Iván Mordisco" y a otros líderes a entregarse a las autoridades y afrontar las consecuencias.
El viernes, De La Espriella también anunció la captura de Emilio José Cordero Sierra, conocido como “Fantasma”, acusado de coordinar el intercambio de cocaína por armamento militar con grupos disidentes de las FARC . Estados Unidos lo busca para su extradición por cargos relacionados con terrorismo, conspiración para cometer un delito y narcotráfico.
En los últimos días, el presidente también dio luz verde a la extradición a Estados Unidos de cinco sospechosos cuya entrega había sido suspendida como parte del proceso de paz promovido por la administración anterior, un proceso que De La Espriella concluyó formalmente mediante resoluciones emitidas el viernes.
QUITO, Ecuador (AP) — El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno fue sentenciado el viernes a 5 años de prisión luego de que un tribunal lo declarara culpable de aceptar sobornos de una empresa china a cambio de ayudarla a obtener un contrato para construir una central hidroeléctrica.
Moreno, quien estuvo presente durante la lectura del veredicto, tiene 73 años y padece una discapacidad física que le impide caminar. Cumplirá la condena bajo arresto domiciliario.
Moreno fue condenado como participante directo en el esquema de sobornos durante su mandato como vicepresidente bajo el gobierno de Rafael Correa . Su esposa e hija, dos hermanos y un cuñado fueron condenados como cómplices. La esposa y la hija recibieron sentencias de 30 meses cada una. A todos se les ordenó devolver el triple de lo que recibieron ilícitamente en un plazo de 90 días.
Moreno es el tercer expresidente ecuatoriano en ser condenado por corrupción, aunque ya había sido juzgado por delitos antes de llegar a la presidencia.
Correa fue condenado en 2020 a ocho años de prisión por un caso de soborno relacionado con la constructora brasileña Odebrecht , pero permanece en Bélgica, donde reside desde hace años. El expresidente Jamil Mahuad también fue condenado en 2014 a ocho años por malversación de fondos públicos. Otro expresidente, Abdalá Bucaram, está a la espera de sentencia tras ser declarado culpable de crimen organizado.
Los fiscales afirmaron que entre 2008 y 2018 operó una red de corrupción que recaudaba sobornos equivalentes al 4% del valor del proyecto ejecutado por Sinohydro. Indicaron que el dinero se distribuyó mediante transacciones nacionales e internacionales a funcionarios públicos y otros beneficiarios, entre ellos Moreno.
Sinohydro comenzó la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con un coste aproximado de 2.000 millones de dólares, en 2010 y la entregó a Ecuador en 2016. Desde entonces, el proyecto ha sido objeto de críticas por defectos estructurales.
Moreno, empresario del sector turístico, alcanzó notoriedad nacional en 2007 al convertirse en vicepresidente bajo el mandato de Correa, quien gobernó Ecuador durante una década. Moreno ocupó el cargo hasta 2013, cuando Jorge Glas lo sucedió.
En 2017, Moreno ganó la presidencia como candidato del movimiento correísta fundado en torno a Correa, con Glas como su compañero de fórmula. Glas posteriormente dejó el cargo y actualmente cumple una condena de prisión por corrupción.
PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — La Policía Nacional de Haití enfrentó el jueves crecientes críticas por el hecho de que las autoridades no impidieran un reciente ataque de pandillas en el que murieron 47 personas y más de 50 fueron secuestradas.
El portavoz de la policía, Garry Desrosiers, respondió solo a un puñado de preguntas de los periodistas en una conferencia de prensa el jueves, pocos días después de que bandas criminales atacaran Kenscoff, una comunidad agrícola que alguna vez fue pacífica y que se encuentra enclavada en las colinas cerca de Puerto Príncipe .
Al preguntársele qué planea hacer la policía con respecto a los secuestrados, Desrosiers dijo que no podía responder a esa pregunta públicamente.
“No podemos hablar de ningún plan”, dijo.
Un líder de una banda criminal ha amenazado con ejecutar a todos los rehenes si muere algún miembro de la banda mientras la policía trabaja para asegurar Kenscoff.
Desrosiers expresó sus condolencias a todos los afectados por el violento ataque perpetrado a última hora del domingo.
Un nuevo estallido de violencia deja a los haitianos sin hogar.
Según la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, más de 2600 personas fueron desplazadas, y la ira y la frustración van en aumento. Desrosiers afirmó que la policía está trabajando para ayudarlas a regresar a sus hogares, pero no ofreció detalles.
Un periodista preguntó si se había recabado información de inteligencia antes del ataque, a lo que Desrosiers respondió que las autoridades habían estado trabajando en la recopilación de información.
Añadió que la policía está al tanto de que un líder de una pandilla amenaza con atacar Tabarre, un barrio de Puerto Príncipe donde se encuentra la embajada de Estados Unidos.
“No estoy en posición de darles información detallada”, dijo Desrosiers.
Vladimir Paraison, jefe de la Policía Nacional de Haití, no estuvo presente en la rueda de prensa. Recientemente defendió las medidas de seguridad en Kenscoff y afirmó que se estaba llevando a cabo una investigación para esclarecer los hechos del ataque, ya sea por complicidad o negligencia.
Según la organización sin ánimo de lucro Armed Conflict Location & Event Data, entre enero y agosto de este año, las operaciones de seguridad habían logrado reducir la violencia en Kenscoff en un 66% antes del ataque del domingo.
Estados Unidos deporta a más personas a Haití ante el recrudecimiento de la violencia.
Mientras Haití se recupera del ataque, Estados Unidos deportó el jueves a decenas de personas más a ese país asolado por la crisis.
Entre los deportados se encontraba un boxeador profesional, que afirmó haber nacido en las Bahamas.
“No sé nada de Haití”, dijo Jay Dabelus. “No nací aquí”.
Dabelus declaró que abandonó las Bahamas cuando tenía unos 6 años y que había vivido durante más de 20 años en Estados Unidos antes de ser detenido.
Mientras hablaba, observaba su entorno en el norte de Haití.
“Aquí se está bien, pero estoy intentando seguir adelante”, dijo. “No tengo recursos, ni familiares, ni gente que me ayude”.
El vuelo del jueves aterrizó en la ciudad de Cap-Haïtien, al norte de Haití, porque el principal aeropuerto internacional de la capital, Puerto Príncipe, se considera demasiado peligroso.
Según Kerlande Desauguste, funcionaria de la Oficina Nacional de Migración de Haití, a bordo del vuelo viajaban más de 50 personas, entre ellas dos niños pequeños.
“Nos preocupa profundamente la seguridad de los haitianos en Haití y de aquellos que regresan a un país donde el gobierno no puede garantizar su protección en la actualidad”, dijo Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, un grupo humanitario con sede en Estados Unidos.
El jueves tuvo lugar el segundo vuelo de deportación desde que finalizó el Estatus de Protección Temporal para unos 350.000 haitianos en Estados Unidos.
El primero llegó el 20 de agosto con más de 160 personas a bordo , entre ellas beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Al igual que los deportados anteriores, los que llegaron el jueves se cubrieron el rostro por seguridad.
La violencia de las pandillas ha desplazado a una cifra récord de casi 1,5 millones de personas en Haití, donde se reportaron más de 3.050 muertes entre enero y junio, según estadísticas de la ONU.
Se estima que hombres armados controlan el 70% de Puerto Príncipe y extensas zonas de la región central de Haití y más allá, mientras que la pobreza y el hambre se agravan a medida que persiste la violencia de las pandillas.
La reportera de Associated Press Dánica Coto en San Juan, Puerto Rico, contribuyó.
LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente boliviano Rodrigo Paz negó el miércoles que un reconocido estratega argentino, implicado presuntamente en un caso de femicidio que generó revuelo en el país andino, tenga algún vínculo laboral con el gobierno o haya actuado en representación de su administración o de su familia.
En un mensaje grabado difundido al país, el gobernante admitió que Fernando Cerimedo, ex asesor del presidente argentino Javier Milei, trabajó en su campaña por la segunda vuelta que ganó y al inicio de su gobierno como “estratega de orden internacional”, pero que su presencia o la constancia en Bolivia “no era la que necesitábamos para poder trabajar y tener un sólido formato de trabajo. Por eso nunca hubo un contrato” o relación directa.
“Jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al gobierno o a mi familia”, aseguró Paz, quien enfrentó críticas y pedidos para que explicase la relación del asesor argentino con su administración, en medio de una fuerte crisis económica en el país.
Un juez envió el viernes a Cerimedo a prisión preventiva por 180 días en Santa Cruz por el caso de presunto feminicidio en grado de tentativa contra su expareja Nadia Beller, quien fue atacada a tiros por personas vestidas de repartidores afuera de un hotel en esa región oriental boliviana. La mujer sobrevivió al ataque y culpó a Cerimedo, al tiempo en que denunció presuntos casos de corrupción en los que implicó al estratega y a la familia de Paz.
La Fiscalía boliviana abrió investigaciones adicionales por un posible caso de enriquecimiento ilícito contra el argentino al encontrar más de 40.000 dólares en moneda local y tarjetas de presentación.
Tras defender a su familia, el presidente señaló en su mensaje que “no puede ser que generando escándalos quieran dañar nuestra forma de convivencia y de comportamiento; por eso soy el primero en defender en nuestra democracia la transparencia de los procesos de investigación no sobre escándalos sino sobre pruebas”.
Beller es una abogada que militó en el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que gobernó Bolivia durante casi 20 años, aunque posteriormente algunos sectores la relacionaron con la oposición regional en Santa Cruz. Ella ha sido declarada recién testigo protegida después que fue convocada a ampliar sus declaraciones en el caso por supuesto enriquecimiento ilícito contra el estratega argentino.
BOGOTÁ, Colombia (AP) — Un tribunal peruano condenó el lunes por la noche a cuatro hombres por asesinato por encargo y los sentenció a penas de entre 15 y 35 años de prisión por el asesinato en 2023 del defensor indígena de la selva amazónica Quinto Inuma Alvarado , en un caso muy seguido que se considera una prueba de rendición de cuentas por la violencia contra los indígenas y defensores del medio ambiente en la Amazonía.
Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz fueron condenados a 35 años de prisión cada uno. Segundo Juan Villalobos Guevara, un operador maderero a quien la fiscalía acusó de ordenar el asesinato de Inuma, fue condenado a 28 años y cuatro meses. Jerly Saboya Saboya, quien fue declarado culpable como cómplice, fue condenado a 15 años.
Inuma, un líder kichwa de 50 años, fue asesinado a tiros el 29 de noviembre de 2023 mientras regresaba en bote a su comunidad, Santa Rosillo de Yanayacu, en la región amazónica norte de Perú , en San Martín. Regresaba de una reunión nacional de defensores del medio ambiente y la tierra. Una mujer que viajaba con él también resultó herida de bala.
El fallo se produjo casi 1.000 días después del asesinato de Inuma. Tom Younger, coordinador del programa en Perú del Programa de Pueblos del Bosque, calificó las sentencias como un “paso decisivo hacia la justicia” y afirmó que demostraban que la impunidad por los asesinatos de defensores indígenas “no es inevitable”.
Según la fiscalía, Inuma fue atacado por sus esfuerzos para detener la tala ilegal en las tierras de su comunidad. Acusaron a Villalobos, a quien Inuma había denunciado por la tala ilegal, de ordenar el asesinato, y a los demás hombres de planificar y ejecutar el ataque.
Cristina Gavancho, abogada del Instituto de Defensa Legal con sede en Lima, que ha acompañado a organizaciones indígenas y a las familias de las víctimas desde el asesinato de Inuma, calificó el fallo de "sentencia ejemplar" y dijo que las largas penas de prisión podrían sentar un precedente importante para otros casos que involucren a defensores ambientales en Perú.
Gavancho afirmó que se trataba del primer caso en Perú relacionado con el asesinato de un defensor indígena que resultaba en sentencias tan severas.
Inuma había advertido repetidamente a las autoridades sobre las amenazas.
El juicio comenzó el 20 de enero y se prolongó durante casi ocho meses. En marzo, los jueces viajaron desde Lima a la ciudad amazónica de Tarapoto para tres días de audiencias, donde escucharon el testimonio de los familiares de Inuma, otros testigos y un sobreviviente del ataque.
Inuma llevaba años denunciando la tala ilegal, el narcotráfico y la invasión del territorio de su comunidad. Entre 2016 y 2023, miembros de Santa Rosillo de Yanayacu presentaron 13 denuncias ante la fiscalía por delitos ambientales y narcotráfico, según el Instituto de Defensa Legal.
El Ministerio de Justicia de Perú clasificó a Inuma como persona de alto riesgo en 2021 y ordenó protección policial para él y su hermano. Las autoridades locales también le otorgaron medidas de protección contra grupos que se dedicaban a la tala ilegal. Sin embargo, la policía reconoció posteriormente que no pudo realizar patrullajes preventivos en el remoto territorio debido a la falta de fondos para embarcaciones y a la difícil geografía, según documentos citados por el Instituto de Defensa Legal.
Kevin Arnol Inuma, el hijo de 30 años del líder asesinado, dijo que su familia recibió el veredicto con una mezcla de alegría y tristeza después de esperar casi tres años para que se hiciera justicia.
“Antes, el Estado no respondía, así que no tenían miedo de matar”, declaró a la Associated Press en una llamada telefónica justo después del veredicto. “Ahora esto sienta un precedente para los pueblos indígenas, un precedente para los defensores del medio ambiente”.
La familia afirma que los riesgos persisten a pesar de las condenas.
El tribunal también ordenó el pago de 750.000 soles (unos 223.500 dólares) como indemnización para los herederos legales de Inuma y 250.000 soles (unos 74.500 dólares) para Axeldina Barbarán Tapullima, quien resultó herida en el ataque. Los pagos solo se harán efectivos si la sentencia, que es apelable, se vuelve firme, indicó Gavancho. Los acusados tienen cinco días a partir de la recepción del fallo escrito completo del tribunal para interponer un recurso de apelación.
Para Gavancho, el fallo fue significativo no solo por las penas de prisión, sino también por la indemnización que el tribunal reconoció para la familia de Inuma y la mujer que sobrevivió al ataque.
“Creo que este caso emblemático puede servir de precedente para otros casos que involucren a defensores del medio ambiente en Perú”, dijo Gavancho.
Pero Inuma afirmó que su familia aún no se siente segura y teme lo que podría suceder si los condenados fueran finalmente puestos en libertad.
Según contó, su padre había dedicado años a defender el territorio que las generaciones anteriores habían legado a la comunidad, y esa responsabilidad había pasado ahora a su familia y a otros.
Dijo que esperaba que otras familias de defensores asesinados no tuvieran que esperar tanto tiempo para que sus casos avanzaran en el sistema judicial peruano.
“Aunque ya no pueden devolvernos a nuestros familiares, queremos justicia para los demás defensores cuyos casos aún están en curso”, dijo. “Ahora mi padre puede descansar en paz porque se ha hecho justicia”.
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Esta noticia se publicó originalmente el 24 de agosto de 2026. El 26 de agosto de 2026 se actualizó para eliminar las referencias al asesinato, no relacionado con este caso, del líder indígena Américo Pascuala Tomisha, basándose en una declaración de la organización indígena ORAU. Dicha declaración fue posteriormente retractada y ORAU afirmó que Pascuala Tomisha no fue asesinado.
Steven Grattan escribe para Associated Press sobre la selva amazónica y la deforestación en América Latina. Reside en Bogotá, Colombia.
(Vicki Brown/Programa Pueblos del Bosque vía AP, Archivo)
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BOGOTÁ, Colombia (AP) — Un líder clave de las facciones disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) , que operaban en una zona inestable del suroeste del país, murió el domingo durante una operación militar, informó el presidente Abelardo de la Espriella.
