InterrupcionesTALLIN, Estonia (AP) — Una alegre melodía de un bloguero que lamenta en tono burlón su mala conexión a internet en la ciudad de Rostov del Don, en el sur de Rusia, ha recibido más de medio millón de visitas en Instagram en dos semanas.
"¿Cómo decir que eres de Rostov sin decir una palabra? ¡Que te den una sola señal de celular!", rapea Pavel Osipyan mientras camina por la ciudad, con el celular en la mano. "Tenemos internet hasta las 12, y últimamente no hay conexión. No hay necesidad de enojarse, simplemente acostúmbrense ya".
Las quejas de Osipyan (no poder pagar electrónicamente las compras o tener que usar mapas de papel mientras conduce) no se limitan a Rostov del Don, que limita con Ucrania y, como sede del Distrito Militar Sur de Rusia, es frecuentemente atacado por drones.
En los últimos dos meses, los cortes de internet en celulares, que según las autoridades son necesarios para frustrar los drones ucranianos , han afectado a docenas de regiones rusas, desde las cercanas a los combates hasta zonas de Siberia e incluso el Lejano Oriente. También se han reportado algunos cortes de wifi.
Los rusos contactados por The Associated Press hablaron sobre pagos con tarjeta que no se procesan, aplicaciones de taxis y viajes compartidos que no funcionan correctamente y cajeros automáticos que a veces fallan.
Los expertos destacan el carácter sin precedentes de las medidas y advierten de consecuencias de gran alcance en un país donde el Kremlin ya ha restringido significativamente la libertad en línea .
Estos cierres en nombre de la seguridad los legitiman ante el público y abren la puerta para que las autoridades abusen de las restricciones, dijo Anastasiya Zhyrmont, gerente de políticas para Europa del Este y Asia Central en el grupo de derechos digitales Access Now.
Una señal a las autoridades regionales
Los expertos dicen que la tendencia comenzó en mayo, cuando Rusia celebró el 80 aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y dignatarios extranjeros acudieron en masa a Moscú para un gran desfile militar.
La capital sufrió graves interrupciones en la conexión a internet de los teléfonos móviles durante días, y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que se trataba de restricciones deliberadas debido a los frecuentes ataques con drones ucranianos. Al preguntársele cuánto durarían, respondió: «Se harán según sea necesario».
Rusia ha restringido la conectividad de los teléfonos inteligentes en el pasado, con casos aislados durante protestas, así como en regiones fronterizas con Ucrania.
Sin embargo, los cierres en la capital enviaron una señal a las autoridades de todo el vasto país de que es una herramienta útil, dijo el abogado Sarkis Darbinyan, fundador del grupo ruso de libertad en Internet Roskomsvoboda.
La “Operación Telaraña” de Ucrania a principios de junio, en la que drones lanzados desde contenedores en camiones atacaron aeródromos en el interior de Rusia, hizo que los funcionarios estuvieran aún más ansiosos por tomar medidas, dijo Darbinyan.
“Están realmente asustados de que ahora puedan aparecer drones, como un muñeco sorpresa, en cualquier región de Rusia”, dijo a AP.
A mediados de julio, los cierres deliberados se extendieron a la mayor parte del país, según Na Svyazi (que en ruso significa “estar conectado”), un grupo activista que rastrea la disponibilidad de Internet.
El jueves, el grupo informó que 61 de las más de 80 regiones de Rusia sufrieron cortes de internet móvil. En 42 regiones, se reportaron cortes en la red de banda ancha.
El ejército ruso informó del derribo de 122 drones ucranianos en una docena de regiones durante la noche del miércoles al jueves. Añadió que 73 drones fueron derribados la madrugada del viernes.
Algunos funcionarios regionales confirmaron que el internet móvil fue restringido por razones de seguridad. El gobernador de Nizhni Nóvgorod, Gleb Nikitin, declaró este mes que la medida se mantendrá en vigor en la región al este de Moscú mientras persista la amenaza.
Cuando se le preguntó el jueves si tales cierres masivos estaban justificados, Peskov dijo que "todo lo que tiene que ver con garantizar la seguridad de los ciudadanos, todo está justificado y todo es una prioridad".
Interrupciones impredecibles
Los rusos de las regiones afectadas dicen que los cortes pueden durar horas o días; los patrones también son difíciles de discernir, ya que el servicio funciona en una parte de la ciudad pero desaparece en otra parte.
En Voronezh, cerca de Ucrania y frecuentemente atacada por drones, una residente comentó que se sentía como en una cueva a principios de julio, sin internet ni wifi en su casa. La mujer, que habló con AP bajo condición de anonimato por motivos de seguridad, dijo que solo pudo conectarse en el trabajo al día siguiente.
El internet celular en la ciudad suroccidental de Samara "se corta en los momentos más impredecibles", dijo Natalia, quien también habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad. El wifi de su casa también se ha ralentizado recientemente, casi paralizado alrededor de las 23:00, y permanece así durante varias horas, añadió.
La conectividad ha mejorado recientemente en la ciudad siberiana de Omsk, según Viktor Shkurenko, propietario de tiendas minoristas y otros negocios allí. Sin embargo, el servicio de internet móvil estuvo interrumpido en su oficina durante una semana entera. Algunas de sus tiendas más pequeñas, que dependen de la red móvil, sufrieron interrupciones, pero nada grave, añadió.
"No siento ninguna molestia excesiva", dijo Grigori Khromov de Nizhni Nóvgorod, la quinta ciudad más grande de Rusia, donde se reportaron cierres regulares y generalizados. "Tengo un trabajo de oficina y trabajo en casa o en la oficina, y tengo internet por cable o wifi".
En las zonas rurales, pueblos pequeños y aldeas, donde a menudo el internet del celular es la única manera de conectarse, la situación era más difícil de evaluar.
Las farmacias en estas zonas han tenido dificultades, según informaron medios rusos y la Asociación de Farmacias Independientes confirmó a AP. Viktoria Presnyakova, directora de la asociación, declaró que las recetas deben registrarse en un software especial, pero que esto resulta imposible sin conexión a internet durante semanas.
Un usuario de redes sociales de la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, se quejó en la página del gobernador Vyacheslav Gladkov de que, sin internet móvil ni un sistema de alarma operativo, los habitantes de la aldea tienen que golpear una barandilla para advertir a sus vecinos de un ataque. Las autoridades prometieron estudiar la posibilidad de mejorar la conectividad en la zona.
Las autoridades de otros lugares también anunciaron medidas para minimizar las interrupciones mediante la apertura de puntos de conexión wifi. Según Izvestia, un periódico respaldado por el Kremlin que citó fuentes gubernamentales no identificadas, también planean establecer una agencia para coordinar los cortes. Peskov afirmó desconocer el plan.
Los esfuerzos de Rusia por controlar Internet
Los drones rusos y ucranianos utilizan redes de internet de teléfonos celulares para operar, por lo que los cortes son una forma en que las autoridades intentan contrarrestar los ataques, dijo Kateryna Stepanenko, analista de Rusia en el Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en Washington.
Pero también forma parte del esfuerzo a largo plazo del Kremlin por controlar internet. Las autoridades han censurado activamente el contenido en línea durante la última década, bloqueando miles de sitios web de medios independientes, grupos de oposición y organizaciones de derechos humanos.
Después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, el gobierno bloqueó las principales redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, así como la plataforma de mensajería cifrada Signal y algunas otras aplicaciones de mensajería.
El acceso a YouTube, muy popular en Rusia, se vio interrumpido el año pasado en lo que los expertos calificaron de limitación deliberada por parte de las autoridades. El Kremlin culpó a Google, propietario de YouTube, por no mantener adecuadamente su hardware en Rusia.
Los organismos estatales de control de Internet bloquean rutinariamente los servicios de redes privadas virtuales que ayudan a eludir las restricciones, y hay planes para introducir una aplicación de mensajería nacional, que se espera que reemplace a las extranjeras.
Junto con los cierres, estos son parte de una campaña más grande “para establecer el control sobre Internet, algo que el Kremlin no había logrado hacer 20 años antes al mismo nivel que China”, dijo Stepanenko de ISW.
Zhyrmont, de Access Now, dice que es “muy preocupante” que los rusos se hayan acostumbrado a vivir con crecientes restricciones de Internet, incluidos cierres.
“Esta no debería ser la realidad moderna”, dijo.
DASHA LITVINOVA es corresponsal de Associated Press y cubre Rusia, Bielorrusia, Asia Central y el Cáucaso. Forma parte del equipo que cubre la guerra entre Rusia y Ucrania. Ha cubierto Rusia y la región durante más de una década.
(Foto AP/Dmitri Lovetsky)
Grupo BukeleCIUDAD DE MÉXICO (AP) — La principal organización de derechos humanos de El Salvador, Cristosal, anunció el jueves que abandonará el país debido al creciente acoso y amenazas legales por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele .
La organización ha sido uno de los críticos más visibles de Bukele, documentando abusos en la guerra del hombre fuerte contra las pandillas del país y la detención de cientos de deportados venezolanos en un acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump.
El gobierno de Bukele ha atacado a sus oponentes durante mucho tiempo, pero el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, dijo que las cosas llegaron a un punto de inflexión en los últimos meses a medida que Bukele se ha fortalecido gracias a su alianza con Trump.
“El claro ataque contra nuestra organización nos ha obligado a elegir entre el exilio o la cárcel”, declaró Bullock en una entrevista con Associated Press. “El gobierno de Bukele ha desatado una ola de represión en los últimos meses... Ha habido un éxodo de líderes de la sociedad civil, profesionales e incluso empresarios”.
El gobierno de El Salvador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Cristosal ha estado trabajando en El Salvador desde el año 2000, cuando fue fundada por obispos evangélicos con el fin de abordar las preocupaciones sobre derechos humanos y democracia tras la brutal guerra civil del país.
El jueves, la organización de derechos humanos anunció que había desalojado sus oficinas y trasladado a 20 empleados del país centroamericano a las vecinas Guatemala y Honduras. Cristosal, discretamente, desalojó al personal y a sus familias antes de anunciar públicamente su partida por temor a ser blanco de ataques del gobierno de Bukele.
La decisión se produjo después de que su principal abogada anticorrupción, Ruth López, fuera encarcelada en junio por cargos de enriquecimiento, lo que la organización niega.
El equipo legal de Cristosal ha apoyado cientos de casos que alegan que el gobierno detuvo arbitrariamente a personas inocentes en su ofensiva contra las pandillas, y ha detenido ilegalmente a venezolanos deportados de Estados Unidos. López dirigió muchas de esas investigaciones. En una comparecencia ante el tribunal en junio, compareció esposada y escoltada por la policía.
"No me van a silenciar, quiero un juicio público", gritó. "Soy una presa política".
La organización afirmó que durante años los empleados han sido seguidos por agentes de policía, sus teléfonos han sido intervenidos con programas espía como Pegasus y han sido objeto de ataques legales y campañas de difamación.
Pero la comparecencia de López ante el tribunal fue el momento en que, según Bullock, supo que tendrían que abandonar el país.
Al mismo tiempo, el gobierno ha arrestado a más críticos , mientras que otros han huido discretamente del país. A finales de mayo, el Congreso de El Salvador aprobó una ley de "agentes extranjeros" , impulsada por el presidente populista. Esta ley se asemeja a la legislación implementada por los gobiernos de Nicaragua, Venezuela, Rusia, Bielorrusia y China para silenciar y criminalizar la disidencia presionando a organizaciones que dependen de financiación extranjera.
Bullock dijo que la ley facilitaría al gobierno criminalizar al personal y paralizar económicamente a la organización.
La huida de Cristosal del país supone un nuevo revés para el sistema de pesos y contrapesos en un país donde Bukele prácticamente ha consolidado el control del gobierno. Bullock afirmó que no poder seguir trabajando en el país dificultará considerablemente que la organización continúe con su labor legal, en particular apoyando a las personas detenidas con escaso acceso al debido proceso.
MEGAN JANETSKY Janetsky cubre migración, conflictos, derechos humanos y política en México y Centroamérica para AP, con sede en la Ciudad de México. Anteriormente, cubrió Cuba y el Caribe para AP y trabajó como periodista independiente en Colombia, informando sobre toda Sudamérica.
(Foto AP/Moisés Castillo)
Turismo masivoCIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno de la Ciudad de México anunció el miércoles un plan preliminar para enfrentar la gentrificación, una semana después de una feroz protesta contra el aumento de los precios de la vivienda que algunos vinculan con el turismo masivo y un aumento en el número de extranjeros a menudo llamados "nómadas digitales" que viven temporalmente en la capital.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que el plan incluirá una regulación para que los arrendadores no puedan aumentar las rentas por encima de la inflación. Las autoridades también compartirán una lista de propuestas de "renta razonable".
Brugada dijo que su gobierno abrirá una discusión con los habitantes de la capital de México sobre su plan, pero que la idea es trabajar en un proyecto de ley que incluya medidas para promover la renta asequible.
La protesta de principios de julio se vio impulsada por las deficiencias del gobierno y la activa promoción para atraer a nómadas digitales que, a menudo, trabajan de forma remota para empresas extranjeras desde la Ciudad de México, según expertos. Cientos de personas marcharon en barrios turísticos, pero la manifestación se tornó violenta cuando un pequeño grupo comenzó a destrozar escaparates y a acosar a extranjeros.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que la protesta estuvo marcada por la xenofobia .
“Las manifestaciones xenófobas que se vieron en esa protesta deben ser condenadas. Nadie debería poder decir '¡Fuera de nuestro país!', ni siquiera ante un problema legítimo como la gentrificación”, dijo Sheinbaum en aquel entonces.
Muchos mexicanos se han quejado de que los precios los han dejado fuera de sus barrios, en parte debido a una medida tomada por Sheinbaum en 2022, cuando era jefa de gobierno de Ciudad de México y firmó un acuerdo con Airbnb y la UNESCO para impulsar el turismo y atraer a nómadas digitales a pesar de la preocupación por el impacto que podrían tener los alquileres a corto plazo.
Durante la protesta, algunas personas marcharon con carteles que decían “Gringo: deja de robarnos nuestra casa” y “¡Regulaciones de vivienda ya!”.
Algunos grupos anti-gentrificación han convocado una nueva protesta para este fin de semana.
(Foto AP/Aurea Del Rosario)
Deporta inmigrantesCIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Estados Unidos envió a cinco inmigrantes que dice fueron condenados por delitos graves a la nación africana de Eswatini , informó el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, una expansión del programa de deportación a terceros países en gran medida secreto del gobierno de Trump .
Estados Unidos ya ha deportado a ocho hombres a otro país africano, Sudán del Sur, después de que la Corte Suprema levantara las restricciones para enviar personas a países con los que no tienen vínculos. El gobierno de Sudán del Sur se ha negado a revelar el paradero de estos hombres, también descritos como delincuentes violentos, tras haberlos detenido hace casi dos semanas.
En una publicación nocturna del martes X, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, informó que cinco hombres —ciudadanos de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos— habían sido deportados a Esuatini. Añadió que todos eran delincuentes convictos e "individuos tan singularmente bárbaros que sus países de origen se negaron a aceptarlos".
Los hombres “estaban aterrorizando a las comunidades estadounidenses” pero ahora estaban “fuera de suelo estadounidense”, agregó McLaughlin.
McLaughlin afirmó que habían sido condenados por delitos como asesinato y violación infantil, y que uno de ellos era miembro declarado de una pandilla. Sus publicaciones en redes sociales incluían fotos policiales de los hombres y lo que, según ella, eran sus antecedentes penales y sentencias. No se mencionaron sus nombres.
El gobierno de Eswatini dijo el miércoles que los hombres, a los que se refirió como “prisioneros” y “reclusos”, estaban detenidos en unidades aisladas en instalaciones correccionales no identificadas en Eswatini, pero se consideraba que estaban en tránsito y finalmente serían enviados de regreso a sus países de origen.
En una serie de publicaciones en X, el gobierno de Esuatini afirmó que colaboraría con Estados Unidos y la agencia de migración de la ONU para facilitar su regreso a casa y garantizar que se sigan las garantías procesales y el respeto a los derechos humanos como parte de su repatriación. El gobierno no especificó un plazo para ello.
Cuatro de los cinco países de origen de los hombres se han resistido históricamente a aceptar a algunos ciudadanos deportados de Estados Unidos. Este problema ha sido recurrente para el Departamento de Seguridad Nacional incluso antes de la administración Trump. Algunos países se niegan a aceptar a sus ciudadanos, mientras que otros no aceptan a personas que hayan cometido delitos en Estados Unidos.
Las expulsiones desde terceros países suscitan preocupación
Trina Realmuto es abogada de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración y una de las abogadas que litiga un caso clave que impugna los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional para expulsar a personas a terceros países sin previo aviso ni darles la oportunidad de plantear sus preocupaciones sobre persecución o tortura. Los terceros países son aquellos que no figuran específicamente en la orden final de expulsión emitida por un juez de inmigración y, por lo general, no son el país de origen de la persona deportada.
Realmuto dijo que parte del objetivo de la administración con vuelos como el de Eswatini es enviar el mensaje de que las personas podrían ser castigadas enviándolas a "países lejanos".
Es inquietante que no sepamos qué se hizo para que Esuatini aceptara a estas personas. Desconocemos si hubo garantías diplomáticas y, de ser así, qué dijeron. Desconocemos si se les notificó a estas personas —dijo Realmuto—. Todo se hace en secreto.
Un memorando del 9 de julio al personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos establece la política de la agencia que rige cuándo y cómo el ICE puede enviar a alguien con una orden final de deportación a un “tercer país”.
Si Estados Unidos ha recibido garantías que el Departamento de Estado considera creíbles del tercer país de que las personas que Estados Unidos envía allí no serán torturadas, ICE puede enviarlas sin ningún procedimiento adicional.
Si Estados Unidos no ha recibido esas garantías, el ICE puede enviar a la persona allí, pero primero debe notificarle, en un idioma que comprenda, su destino. El tiempo entre la notificación y la deportación suele ser de 24 horas, pero puede ser tan corto como seis.
El ICE no tiene que preguntarles si temen ser enviados allí. Si la persona expresa sus propias preocupaciones, un oficial de asilo la entrevista y debe demostrar que es muy probable que sea perseguida o torturada allí.
"Es un estándar imposible de cumplir, especialmente si la persona no conoce el país", dijo Realmuto.
Eswatini es una monarquía absoluta
Esuatini, anteriormente llamada Suazilandia, es un país de aproximadamente 1,2 millones de habitantes ubicado entre Sudáfrica y Mozambique. Es una de las últimas monarquías absolutas que quedan en el mundo y la última de África. El rey Mswati III gobierna por decreto desde 1986. Los partidos políticos están prácticamente prohibidos y los grupos prodemocráticos llevan años afirmando que Mswati III ha reprimido la disidencia política , a veces con violencia.
En 2021, estallaron protestas prodemocracia en Esuatini , donde decenas de personas fueron asesinadas, presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad. Las autoridades de Esuatini han sido acusadas de perpetrar asesinatos políticos de activistas prodemocracia y de encarcelar a otros.
Al igual que en el caso de Sudán del Sur, grupos de derechos humanos criticaron la decisión de la administración Trump de enviar a los deportados a Eswatini, dado su historial.
Amy Fischer, directora de derechos de refugiados y migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos, dijo que el propio informe de derechos humanos de 2023 del Departamento de Estado de Estados Unidos encontró relatos creíbles de asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad en Eswatini, impunidad por los abusos y duras condiciones carcelarias.
“Como resultado, cualquier persona que regresa a este país corre el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos”, dijo. “La crueldad es el punto”.
Estados Unidos busca más acuerdos
La administración Trump ha declarado que busca más acuerdos con países africanos para recibir deportados de Estados Unidos. Los líderes de algunos de los cinco países de África Occidental que se reunieron la semana pasada con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca afirmaron que se abordó el tema de la migración y la posibilidad de que sus países acepten deportados de Estados Unidos.
Algunas naciones se han opuesto. Nigeria , que no participó en la cumbre de la Casa Blanca, afirmó haber rechazado la presión de Estados Unidos para aceptar deportados ciudadanos de otros países.
El ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda declaró a The Associated Press el mes pasado que se estaban llevando a cabo conversaciones con Estados Unidos sobre un posible acuerdo para acoger a los migrantes deportados. Un plan del gobierno británico, anunciado en 2022, para deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo rechazados fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo del Reino Unido el año pasado.
Estados Unidos también ha enviado a cientos de venezolanos y otras personas a Costa Rica, El Salvador y Panamá.
'No es un vertedero'
Los ocho hombres deportados por Estados Unidos a Sudán del Sur, un país devastado por la guerra, a donde llegaron a principios de este mes, habían pasado previamente semanas en una base militar estadounidense en la cercana Yibuti, situada en la frontera noreste de Etiopía, mientras se resolvía el caso sobre la legalidad de su envío allí.
El gobierno de Sudán del Sur no ha revelado detalles de su acuerdo con Estados Unidos para recibir a los deportados, ni ha dicho qué ocurrirá con ellos. Un destacado líder de la sociedad civil de Sudán del Sur afirmó que Sudán del Sur no es un vertedero de criminales.
Los analistas dicen que algunos países africanos podrían estar dispuestos a recibir deportados de terceros países a cambio de términos más favorables por parte de Estados Unidos en las negociaciones sobre aranceles, ayuda extranjera e inversión y restricciones a las visas de viaje.
El gobierno de Esuatini afirmó que su acuerdo con Estados Unidos no representaba ninguna amenaza para la seguridad del pueblo esuatiniano. «Este ejercicio es el resultado de meses de sólidos diálogos de alto nivel entre el gobierno estadounidense y Esuatini», declaró.
Gumede reportó desde Johannesburgo. Santana reportó desde Washington. Más noticias de AP sobre la administración Trump: https://apnews.com/hub/donald-trump .
Michelle Gumede es reportera de noticias de texto para The Associated Press y reside en Johannesburgo. Cubre una amplia gama de temas, como salud, cambio climático y política en Sudáfrica.
REBECCA SANTANA cubre el Departamento de Seguridad Nacional para The Associated Press. Tiene amplia experiencia reportando en lugares como Rusia, Irak, Afganistán y Pakistán.
(Foto AP/Jason DeCrow, archivo)
Mendigos CubaLA HABANA (AP) — Un ministro cubano que generó críticas tras decir que en Cuba no hay mendigos, sólo personas disfrazadas de ellos, renunció el martes.
La Presidencia de Cuba informó en una publicación en X que la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, “reconoció sus errores y presentó su renuncia”.
Feitó hizo estas declaraciones el lunes ante diputados de una comisión de la Asamblea Nacional. Los comentarios se viralizaron, provocando peticiones de destitución de Feitó y una ola de críticas en un país que atraviesa una difícil situación económica en los últimos años.
Incluso el presidente cubano Miguel Díaz-Canel fue crítico. Sin mencionarla por su nombre, pero refiriéndose a la reunión de la comisión de la Asamblea Nacional donde Feitó participó, Díaz-Canel dijo en su cuenta X: «La falta de sensibilidad al abordar la vulnerabilidad es altamente cuestionable. La revolución no puede dejar a nadie atrás; ese es nuestro lema, nuestra responsabilidad militante».
La crisis económica en Cuba ha incrementado la vulnerabilidad social y ha propiciado escenas inusuales para la isla, como personas —sobre todo ancianos— pidiendo limosna o hurgando en la basura, o algunos limpiando parabrisas en las esquinas.
“Hemos visto personas, aparentemente mendigos, pero al ver sus manos, al ver la ropa que llevan, se ven disfrazados de mendigos, no son mendigos”, declaró Feitó ante la comisión de la Asamblea Nacional. “En Cuba no hay mendigos”.
Agregó que la gente que limpia parabrisas usa el dinero para “beber alcohol”.
Feitó también arremetió contra quienes hurgan en los basureros, diciendo que están recuperando materiales “para revenderlos y no pagar impuestos”.
Hasta hace unos años, a pesar de la pobreza, no había señales de mendicidad ni de indigencia en la isla gracias a unas prestaciones que ahora se han reducido considerablemente.
La pensión de un jubilado ronda los 2.000 pesos cubanos al mes, unos 5 dólares en el mercado informal, y es casi lo mismo que un cartón de huevos. Para quienes no reciben remesas de familiares en el extranjero, significa pasar hambre.
El autónomo Enrique Guillén cree que el ministro se equivoca y que hay gente que no ve clara la situación y espera que el Gobierno tome medidas.
“Son personas mayores que dependen de una pensión inexistente. Ni siquiera pueden comprar un cartón de huevos. Es la realidad que vivimos en Cuba”, dijo Guillén.
Las autoridades de la isla informaron este lunes que el producto interno bruto de Cuba cayó un 1,1% en 2024, acumulando un descenso del 11% en los últimos cinco años.
Por  ANDREA RODRÍGUEZ
(Foto AP/Jorge Luis Baños)

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