BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció el lunes que se postulará a una banca de la legislatura de la provincia de Buenos Aires en las elecciones de septiembre para frenar a la derecha “cruel y esotérica” que encabeza el presidente Javier Milei.
“Voy a ser candidata en la tercera sección electoral” del territorio bonaerense, declaró la también exvicepresidenta Fernández de Kirchner, de 72 años, en entrevista con el canal C5N. “No es un problema de la legislatura bonaerense, es un problema de sentido común. ¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre?”.
Buenos Aires, gobernada por el peronista Axel Kicillof, es el principal distrito electoral del país. En septiembre se votará para renovar la legislatura local —diputados y senadores provinciales—, un mes antes de las elecciones nacionales de medio mandato que darán forma a un nuevo Congreso.
El anuncio de Fernández de Kirchner –-presidenta de 2007 a 2015, y luego vicepresidenta entre 2019 y 2023— ocurre luego del triunfo del partido gobernante La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la capital argentina, y en medio de las negociaciones de Milei con referentes de otros partidos de la centro-derecha para conformar un frente electoral en la provincia de Buenos Aires con el fin de derrotar al peronismo en octubre.
Al preguntársele si su decisión de postularse a un cargo provincial no representa un retroceso en su carrera política, Fernández de Kirchner respondió: “tenés que ir al lugar donde más servís en el momento en que es oportuno, apostar a que el proyecto colectivo vaya para adelante”.
“La patria está en peligro”, remarcó la titular del partido peronista. Y apuntó a “una derecha anti-Estado, muy cruel y un tanto esotérica”.
La Libertad Avanza es actualmente la tercera fuerza en el Congreso, y se ha visto obligada a negociar con otros partidos para hacer avanzar sus proyectos. Con la desaceleración de la inflación como principal bandera, Milei apuesta a tener un buen desempeño en los comicios nacionales de octubre para que su partido tome más fuerza en el Parlamento y poder avanzar en reformas promercado más profundas.
Fernández de Kirchner fue sentenciada en 2022 a seis años de prisión por corrupción en la obra pública durante su presidencia e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Pese a ello, puede ser candidata porque la sentencia no está firme hasta que la Corte Suprema no se pronuncie.
Si la Corte Suprema confirma la condena, la exmandataria irá presa.
“Lo he dicho siempre, muerta o presa. No es una cosa que pueda detenerte las decisiones que vos tenés que tomar, en absoluto”, comentó la dirigente al respecto.
La tercera sección electoral por la que competirá Fernández de Kirchner incluye a una veintena de los distritos más populosos del cordón urbano que rodea a la capital, los cuales están gobernados en su mayor parte por alcaldes peronistas.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El partido gobernante en México, Morena, se encamina a controlar por completo la Suprema Corte, según los resultados preliminares de las elecciones judiciales celebradas el domingo que, en el caso del alto tribunal, ya llevaban contados más del 85% de los votos el lunes por la noche.
La mayoría de los nueve jueces que encabezan los resultados tiene fuertes vínculos o afinidad ideológica con el oficialismo con lo que, de confirmarse los resultados, se cerraría una etapa de relativo equilibrio entre los magistrados que hizo que el alto tribunal fuera visto como motor de muchos avances en derechos.
Tendrá que pasar al menos una semana hasta que se cuenten todos los votos de los 2.600 cargos que estaban en juego en estos inéditos —y polémicos— comicios que, aunque sólo tuvieron un 13% de participación, reconfigurarán por completo la judicatura del país, ahora definida por el voto popular en lugar de por los méritos y experiencia de sus integrantes.
Los académicos temen que este cambio, promovido por el oficialismo, socave los equilibrios y contrapesos entre los tres poderes del Estado, básicos en toda democracia, sin solucionar los principales problemas de corrupción y acceso a la justicia que tiene el país. La razón: que todo apunta a que Morena, el partido de la presidenta y con mayoría absoluta parlamentaria, podría hacerse también con el control indirecto del Poder Judicial.
Estamos observando una tendencia de poder prácticamente absoluto de parte de un grupo”, alertó Georgina de la Fuente, politóloga de Strategia Electoral, una consultoría de gobierno y temas electorales.
La mandataria, Claudia Sheinbaum, niega cualquier atisbo de autoritarismo. Consideró un éxito las votaciones —pese a la baja participación— y no ha tenido problema en asegurar que “México es el país más democrático del mundo”.
Un abogado indígena, el más votado
El candidato a la Suprema Corte más votado, pese a todo pronóstico, es un abogado indígena hasta ahora desconocido, Hugo Aguilar, que incluso podría convertirse en su presidente. Le siguen tres magistradas nombradas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) que fueron las únicas en el cargo que quisieron participar en el nuevo sistema para reelegirse.
El resto de los actuales jueces, incluidos dos nominados por el expresidente, renunciaron a finales de año en protesta por la reforma judicial, ceses que se harán efectivos en septiembre, cuando asuma la nueva Corte.
La renuncia casi en bloque fue una muestra más de la enorme controversia que provocó la reforma, que suscitó fuertes protestas en las calles, paros laborales, preocupaciones financieras e incluso las críticas de países socios como Estados Unidos y Canadá que veían peligrar la seguridad jurídica de sus empresas.
El sistema que había hasta ahora para seleccionar a la Suprema Corte hacía que los ministros fueran elegidos en administraciones diferentes, lo que garantizaba cierta pluralidad de opiniones.
De hecho, en los últimos años, este tribunal fue elogiado por avanzar en derechos como la despenalización el aborto o la marihuana y por frenar leyes inconstitucionales, como algunas relativas a temas energéticos o de militarización del país propuestas por López Obrador, lo que enfureció al exmandatario y fue uno de los motivos de su apuesta por reformar radicalmente toda la judicatura, a la que consideraba muy corrupta.
La nueva Corte tendrá 9 miembros en lugar de los 11 actuales, con mandatos de 12 años en lugar de 15, no controlará su presupuesto y verá limitado su poder para tomar decisiones con efectos generales.
Las previsibles caras del alto tribunal
Con más del 85% de los votos contados, estos serían los candidatos que se convertirían en ministros:
- HUGO AGUILAR ORTIZ: Abogado indígena mixteca originario de Oaxaca, ha defendido durante décadas temas indígenas y agrarios y participó en recientes reformas constitucionales aprobadas por todos los partidos. Desde que llegó López Obrador al poder trabaja para una entidad oficial de derechos indígenas que ha apoyado controvertidos megaproyectos. Aspira a emular a Benito Juárez que, antes de ser el primer presidente indígena de México, lideró la Suprema Corte a mediados del siglo XIX.
- LENIA BATRES: Es la magistrada de mayor perfil político. Fue diputada por el PRD — el partido del que surgió Morena— y posteriormente tuvo varios puestos en gobiernos sucesivos de la Ciudad de México desde que el alcalde era Andrés Manuel López Obrador hasta que la capital estuvo gobernada por la hoy presidenta. Fue propuesta por López Obrador para la Corte en diciembre de 2023, cuando el exministro Arturo Zaldívar se retiró para unirse al proyecto político de Sheinbaum.
- YASMIN ESQUIVEL: Fue el primer nombramiento de la administración de López Obrador, en 2019. Especialista en temas de género, durante su campaña apostó por modernizar el sistema de justicia. Fue el centro de una fuerte polémica desde finales de 2022 cuando fue acusada de copiar su tesis. Ella siempre lo negó pero la UNAM confirmó que existió plagio.
- LORETTA ORTIZ: También fue diputada federal por Morena de 2012 a 2015. Posteriormente desempeñó diversos cargos jurídicos en distintas instituciones desde la Secretaría de Relaciones Exteriores al Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Consejo de la Judicatura Federal. En 2018 dejó su militancia en el partido. Es ministra de la Corte desde diciembre de 2021.
- MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ: La abogada fue asesora jurídica de López Obrador, primero como alcalde capitalino y luego como presidente. Tiene una larga trayectoria como servidora pública y trabajó en derecho laboral y en temas indígenas.
- GIOVANNI FIGUEROA MEJÍA: Abogado del estado de Nayarit, en el Pacífico, con un doctorado en Derecho Constitucional. Ha trabajado en temas de derechos humanos y actualmente es académico en la Universidad Iberoamericana. Aunque no tiene una afiliación partidista clara, apoyó la reforma judicial impulsada por Morena y ha dicho que algunos de sus trabajos fueron citados para justificarla.
- IRVING ESPINOSA BETANZO: Actual magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de México, trabajó anteriormente como asesor parlamentario de Morena. Durante su campaña habló de la necesidad de elimina el nepotismo y la corrupción —principales argumentos del oficialismo— y de impulsar los derechos humanos.
- ARISTIDES RODRIGO GUERRERO GARCIA: Este profesor de la UNAM durante más de una década se hizo viral como el “ministro chicharrón” por un video en el que salía preparando este popular platillo mexicano. Dirigió en 2021 el Instituto de Transparencia de Ciudad de México y también trabajó en el tribunal electoral capitalino.
- SARA IRENE HERRERÍAS: Es una penalista vinculada a la fiscalía federal desde 2009, entidad que solo abandonó por cortos periodos para ocupar puestos en la procuraduría especial de atención a víctimas y en Gobernación, siempre en temas derechos humanos. Actualmente es la fiscal especializada en este rubro. Ha participado en delicadas investigaciones sobre delitos contra migrantes y, tangencialmente, en el caso de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en 2014.
MARÍA VERZA has focused on immigration, violence and human rights stories in Mexico and Central America for more than a decade
MEGAN JANETSKY Janetsky covers migration, conflict, human rights and politics in Mexico and Central America for The AP based in Mexico City. Previously, she covered Cuba and the Caribbean for The AP and worked as freelance journalist in Colombia, reporting across South America.
SAN SALVADOR (AP) — El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, restó importancia el domingo a las críticas a sus medidas y afirmó que “me tiene sin cuidado que me llamen dictador”, al presentar ante el Congreso su informe de labores del primer año de gobierno de su segundo mandato.
“Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Prefiero que me llamen dictador pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Que se queden ellos discutiendo su semántica y nosotros vamos a seguir enfocados en resultados”, afirmó.
También criticó a organizaciones civiles y los reportes de la prensa nacional e internacional que lo han acusado de violaciones de los derechos humanos desde el Estado, capturas arbitrarias y persecución de activistas.
“Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Yo me pongo a pensar ¿cómo vamos a combatir la corrupción si toda la oposición tiene inmunidad?”, argumentó.
Durante una sesión solemne del Congreso celebrada en el Teatro Nacional, a la que asistieron miembros del cuerpo diplomático, el mandatario reiteró la defensa de su estrategia contra las pandillas y rechazó las críticas de “fuerzas externas”.
“Las fuerzas externas que ejercen su poder encubierto sobre países como El Salvador no están interesadas en el bienestar de nuestro pueblo, su objetivo es generar inestabilidad porque la inestabilidad mantiene a nuestras naciones dependientes de ellos, los países del tercer mundo están destinados a seguir siendo del tercer mundo”, afirmó.
El mandatario defendió el régimen de excepción decretado por el Congreso en marzo de 2022, que suspende varios derechos constitucionales. Aunque la popularidad de Bukele ya era dominante por el desgaste de sus oponentes, esta se consolidó con la introducción del régimen de excepción, una bandera de su estrategia de seguridad y disminución de la violencia.
Nueve de cada 10 salvadoreños aprueba el régimen de excepción. En sus tres años de implementación han sido detenidos más de 86.400 supuestos miembros de pandillas y personas supuestamente ligadas a estos grupos criminales.
Sin embargo, en ese periodo las organizaciones defensoras de los derechos humanos han registrado casi 6.900 denuncias de abusos a los derechos humanos en las cárceles, que van desde golpes, maltrato y crueldad hasta abuso sexual.
Socorro Jurídico Humanitario ha documentado la muerte de 416 personas en custodia de las autoridades, entre ellas 25 mujeres y cuatro bebés que se enfermaron en los penales. El organismo añadió que el 94% de los fallecidos no tenían perfil de pandilleros.
El mandatario sostuvo que en los últimos días, medios importantes como periódicos de Estados Unidos y del mundo han publicado cientos de notas apara atacar a su gobierno. “Es demasiado obvio que son coordinados”, aseveró.
Bukele también defendió la recién aprobada Ley de Agentes Extranjeros que aplicará un impuesto del 30% a las donaciones que reciban las organizaciones civiles, una normativa que sus críticos afirman que es una “herramienta de control, de censura, característica de gobiernos autoritarios”.
Afirmó que es una ley “para asegurarnos de que los fondos que vienen del extranjero, y que dicen ser para proyectos sociales, realmente se usen para eso: para ayudar a la gente”.
“No estamos prohibiéndoles que se metan en política, no estamos prohibiéndoles que traigan sus agendas, simplemente estamos pidiéndoles que se anoten y que paguen impuestos”, manifestó,
Aclaró que quienes quieran llegar a El Salvador a “ayudar de verdad a nuestra gente”, mantendrán el privilegio de no pagar impuestos.
Bukele, de 43 años, fue reelegido por un segundo período consecutivo con el 85% de los votos, en un país donde es altamente popular por su combate frontal a las poderosas pandillas, que convirtieron alguna vez a El Salvador en una nación marcada por el crimen. El gobierno afirma que ahora San Salvador es una de las ciudades más seguras de Latinoamérica.
Pese a que la Constitución lo prohíbe, Bukele logró presentarse a la reelección después de que la Corte Suprema de Justicia —repleta de jueces seleccionados por los aliados del mandatario en el Congreso— dictaminó en 2021 que él podía buscar su segundo mandato.
Varios sectores políticos y sociales de El Salvador han expresado, empero, su falta de reconocimiento a la legitimidad del segundo periodo de Bukele, argumentando que contradice disposiciones constitucionales.
LA PAZ, Bolivia (AP) — Unos 20 seguidores del expresidente boliviano Evo Morales fueron detenidos el jueves, tras los choques choques con la policía que dejaron tres agentes heridos en el cuarto día de protestas por su inhabilitación para las elecciones presidenciales de agosto.
El jefe policial encargado de la seguridad en el Tribunal Supremo Electoral, Roger Montaño, informó de los tres uniformados lesionados y de las 20 detenciones.
Los partidarios de Morales llegaron en una marcha a las cercanías del Tribunal Supremo Electoral e intentaron pasar sobre el resguardo policial. Lanzaron piedras, petardos y pequeños pedazos de carga de dinamita, aseguró Montaño.
Otro grupo de manifestantes instaló un punto de bloqueo en una carretera al sur de Bolivia.
Entre los detenidos están varios dirigentes cocaleros del Chapare, al centro del país, el feudo político de Morales en que se refugió desde octubre del año pasado octubre al abrirse una investigación en su contra por un caso de presunto abuso a una menor de edad cuando era presidente.
Morales y sus afines han presionado con varias jornadas de protesta en las últimas semanas para que el expresidente pueda participar en las elecciones del 17 de agosto como candidato.
Morales (2006-2019) quedó fuera de los próximos comicios —pese a que llevaba meses en pugna con el presidente Luis Arce para ser el candidato del oficialismo— por un fallo constitucional que ratificó que no puede ir a una nueva reelección. Aún así, insiste en postularse por diferentes vías, incluida la de buscar otras siglas políticas.
Pero el partido político pequeño con el que quiso postular fue cancelado y Morales no logró registrar su candidatura en el tribunal electoral.
El propio Órgano Electoral señaló que el plazo de inscripción de candidaturas cerró el 19 de mayo y que es irreversible. Morales anunció entonces que va a continuar con sus protestas a pesar de que no tiene opciones para lograr ser habilitado como candidato.
El gobierno de Arce ha acusado a Morales de buscar una convulsión. “Hay gente que quiere generar un caos perfectamente organizado, que quiere poner en riesgo las elecciones”, dijo recientemente. Morales, por su parte, culpa a Arce de realizar un complot judicial para sacarlo de la carrera electoral.
CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Una mujer sudafricana fue sentenciada a cadena perpetua el jueves por vender a su hija de 6 años.
Kelly Smith fue sentenciada por un juez junto con otras dos personas, su novio y otro hombre, quienes también recibieron cadena perpetua. Los tres fueron condenados a principios de este mes por secuestro y trata de personas.
La hija de Smith, Joshlin, desapareció en febrero de 2024 cuando tenía 6 años, lo que desencadenó una búsqueda a nivel nacional por parte de la policía sudafricana. Aún no ha sido encontrada.
Smith, su novio Jacquen Appollis y su amigo Steveno van Rhyn fueron condenados a cadena perpetua por tráfico de personas y a 10 años cada uno por secuestro.
El juez Nathan Erasmus leyó sus sentencias en un polideportivo de la ciudad de Saldanha Bay, en la costa oeste de Estados Unidos. El juicio se trasladó al polideportivo para que la comunidad local pudiera asistir.
Smith, cuyo nombre completo es Racquel Chantel Smith, fue inicialmente una figura de compasión cuando su hija desapareció. Miembros de la comunidad la apoyaron y se ofrecieron como voluntarios para ayudar a la policía a buscar a Joshlin en las dunas de arena cerca de su barrio marginal de chabolas, cerca de la bahía de Saldanha, a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de Ciudad del Cabo.
Una fotografía de Joshlin sonriendo y con el cabello atado en coletas fue transmitida por estaciones de noticias de toda Sudáfrica durante su búsqueda.
Smith dijo que había dejado a Joshlin con Appollis el día que desapareció, pero el caso dio un giro impactante cuando Smith fue arrestado.
Una mujer testificó durante el juicio que Smith le había dicho que ella y los dos hombres habían vendido a Joshlin por alrededor de 1.000 dólares a un curandero tradicional que quería a la niña para obtener partes de su cuerpo.
El veredicto del juez no llegó a ninguna conclusión sobre a quién fue vendida la niña ni qué le ocurrió exactamente, pero dijo que había sido vendida para esclavitud o prácticas similares a la esclavitud.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció el lunes que se postulará a una banca de la legislatura de la provincia de Buenos Aires en las elecciones de septiembre para frenar a la derecha “cruel y esotérica” que encabeza el presidente Javier Milei.
