CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas anunciaron el miércoles la detención de un hombre que, según afirman, participó en la planificación y la orden del asesinato de un alcalde popular a principios de este mes en el estado occidental de Michoacán.
El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, declaró en conferencia de prensa que los investigadores encontraron al sospechoso a través de mensajes hallados en los celulares de dos hombres que fueron asesinados días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y que la célula criminal que dirigía estaba vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El fiscal del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que el sospechoso, identificado solo como Jorge Armando N. en cumplimiento de las normas mexicanas de privacidad, fue arrestado el martes por la tarde.
Manzo fue asesinado a tiros la noche del 1 de noviembre, frente a decenas de personas reunidas para las festividades del Día de Muertos. El joven pistolero murió poco después del ataque.
García Harfuch declaró el miércoles que el sospechoso era uno de los líderes de una célula de una organización criminal . Los cuerpos de dos hombres que presuntamente habían tenido contacto con el tirador antes del asesinato fueron hallados a la vera de una carretera el 10 de noviembre, y sus teléfonos celulares fueron encontrados al día siguiente, añadió. El análisis de dichos teléfonos reveló mensajes sobre la planificación del ataque.
El asesinato del popular alcalde intensificó la presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum para que ajustara su estrategia de seguridad. Días después, anunció el Plan Michoacán , que, si bien contemplaba un elevado gasto en programas sociales, también incluía el despliegue de 10.000 soldados por todo el estado para controlar a las diversas organizaciones criminales que operaban allí.
SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de El Salvador que proteja a tres salvadoreños deportados por Estados Unidos en una decisión publicada el martes que decía que habían estado detenidos sin la posibilidad de comunicarse con sus abogados o familiares desde su llegada.
El gobierno salvadoreño dijo en el caso que William Alexander Martínez Ruano, de 21 años, y José Osmín Santos Robles, de 41 años, estaban detenidos en una prisión en Santa Ana y el tercero, Brandon Bladimir Sigarán Cruz, de 22 años, quien según el gobierno era un miembro activo de la pandilla Mara Salvatrucha, había estado detenido en la nueva prisión para pandillas del país desde marzo
Este ha sido un problema generalizado para las casi 90.000 personas arrestadas bajo los poderes de emergencia otorgados al presidente Nayib Bukele en marzo de 2022 para combatir a las poderosas pandillas callejeras del país
Familiares y un abogado presentaron peticiones de habeas corpus en El Salvador en nombre de los hombres, y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, una organización no gubernamental, solicitó las medidas de protección a la comisión de derechos humanos.
La comisión, que es un brazo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo que decidió conceder la solicitud debido a un “grave riesgo para sus derechos a la vida y al bienestar personal”. La comisión otorga dichas protecciones en casos para prevenir daños irreparables.
El Salvador respondió a la comisión sobre la situación de los hombres, pero la comisión dijo que el gobierno no negó que los hombres estuvieran incomunicados a pesar de una solicitud específica de que proporcionara información sobre la posibilidad de visitas con sus familiares y abogados. Se supone que el país debe seguir las instrucciones de la comisión e informar, pero El Salvador no dio ninguna indicación de estar dispuesto a ceder ante las demandas.
La comisión señaló que había otorgado medidas de protección en septiembre a dos abogados salvadoreños, Ruth López y Enrique Anaya , críticos del gobierno que fueron arrestados y detenidos sin contacto.
El abogado Jayme Magaña del movimiento Alas para la Libertad, quien no representa a ninguno de los arrestados, dijo que las personas detenidas en El Salvador bajo el estado de emergencia en curso generalmente no tienen contacto con sus familiares ni con sus abogados. “Es algo que (la comisión) ha estado diciendo desde el inicio del estado de emergencia”, que comenzó en marzo de 2022, dijo.
El gobierno de El Salvador le dijo a la comisión que debería evitar ser utilizado por personas con antecedentes penales
A principios de este año, la administración Trump envió a más de 250 venezolanos acusados de pertenecer al grupo Tren de Aragua a ser encarcelados en El Salvador. En julio, fueron liberados y enviados a Venezuela a cambio de la liberación de 10 estadounidenses detenidos por Venezuela.
SANTIAGO, Chile (AP) — Los chilenos se enfrentan quizás a la elección más difícil en la historia de la joven democracia de su país cuando voten el próximo mes en una segunda vuelta presidencial que enfrenta al ultraderechista José Antonio Kast contra la comunista Jeannette Jara .
Ninguno de los candidatos superó el umbral del 50% para ganar, pero Kast llega a la segunda vuelta electoral en la mejor posición para tener éxito después de que un 70% sin precedentes de los votantes respaldara a una serie de partidos de derecha en las elecciones del domingo.
El abogado ultraconservador Kast, quien promete deportar a los aproximadamente 300.000 inmigrantes indocumentados de Chile y habla con nostalgia de la brutal dictadura chilena , dijo el domingo a sus seguidores que su contienda del 14 de diciembre contra Jara era una elección entre “dos modelos de sociedad”: caos y orden, estancamiento y progreso, izquierda y derecha.
Esa elección es quizás la más personal y compleja para los 1,5 millones de inmigrantes de Chile; en particular, para los cientos de miles de venezolanos que escaparon del represivo gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro para hacer de este estrecho pedazo de país su hogar.
De huir del socialismo al miedo a la deportación
Muchos de esos inmigrantes, al no tener una residencia de cinco años o más, no son elegibles para votar en las elecciones chilenas.
Pero el enfrentamiento entre Kast, que ha basado su campaña en los temores al crimen organizado y en un aumento del sentimiento antiinmigrante, y Jara, cuyo Partido Comunista apoya las autocracias socialistas en Cuba y Venezuela, ya ha dividido a los casi 900.000 inmigrantes en Chile con derecho a voto.
“El comunismo destruyó mi país, y lo último que quiero es que mi otro hogar caiga en ese mismo sistema”, dijo Edwin Bejar, de 61 años, quien huyó de la persecución política en Venezuela hacia Chile hace siete años y planea votar nuevamente por Kast el próximo mes.
Pero a otros en Santiago, la capital de Chile, les ha resultado desconcertante esa postura, acusando a los partidarios venezolanos de Kast de dar la espalda a sus compatriotas.
Kast ha denigrado repetidamente a los venezolanos, calificándolos de criminales, y se ha comprometido no solo a deportar a los inmigrantes indocumentados, sino también a despojarlos de sus beneficios sociales, mantenerlos en centros de detención y obligarlos a pagar sus propios vuelos de deportación.
“Estarías votando para enviar a tus amigos al mismo peligro del que tú huiste”, dijo Miguel García, quien llegó aquí desde Maracaibo, Venezuela, hace 11 años.
García dijo que votaría por Jara el mes que viene.
“Que sea comunista no significa que sea Maduro”, dijo. “Chile tiene instituciones y leyes, es una democracia. No es lo mismo”.
Chile aún atormentado por su pasado
Las tensiones que desgarran a la comunidad inmigrante de Chile reflejan un dilema más amplio que atormenta a este país con un pasado autocrático propio.
Si Jara, exministra de Trabajo en el gobierno de izquierda del presidente Gabriel Boric , logra una victoria el próximo mes —lo que la mayoría de los analistas políticos coinciden en que requeriría un milagro—, representaría al gobierno más izquierdista desde la desafortunada presidencia de Salvador Allende , elegido en 1970.
“En el imaginario colectivo de Chile, el comunismo todavía significa destrucción, ausencia de propiedad privada y hostilidad hacia la religión, aunque eso no es en absoluto lo que propone Jara”, dijo Isabel Castillo, politóloga de la Universidad de Chile.
“Se ha hablado demasiado de ello, pero aún así resuena entre ciertos votantes.”
Tan solo tres años después de llegar al poder, Allende fue derrocado en un sangriento golpe militar respaldado por Estados Unidos por el general Augusto Pinochet , quien gobernó como dictador de derecha durante los siguientes 17 años.
Durante ese período, 3.065 personas fueron torturadas , asesinadas o desaparecidas. Chile también adquirió fama mundial como un ejemplo de éxito económico en materia de desregulación y privatización.
La seguridad es la principal prioridad.
La simpatía de Kast por Pinochet , entre otros aspectos polémicos de su candidatura —incluido el pasado nazi de su padre y su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y al aborto, incluso en casos de violación—, fue objeto de escrutinio durante sus dos anteriores candidaturas presidenciales fallidas.
Pero en esta ocasión, los temores populares sobre la inmigración ilegal y la violencia de las pandillas eclipsan todas las demás preocupaciones.
En los últimos cinco años, bandas transnacionales como el Tren de Aragua de Venezuela aprovecharon el aumento de la inmigración para cruzar sigilosamente las fronteras del norte de Chile, lo que provocó una ola de crímenes que sacudió al país, considerado durante mucho tiempo uno de los más seguros de América Latina.
Admirador del presidente estadounidense Donald Trump y del presidente autoritario de El Salvador, Nayib Bukele , Kast promete instalar un gobierno de emergencia para imponer la ley y el orden como respuesta.
Durante su campaña electoral de este mes, instó a los inmigrantes sin estatus legal a marcharse antes de que él se convirtiera en presidente, diciendo: “Vendan lo que tengan. Cojan el dinero en efectivo y váyanse”.
Ese discurso “me rompió el corazón”, dijo María Fernanda Paredes, ecuatoriana con residencia en Chile. Recordó haber llegado a casa esa noche al departamento que comparte con sus dos hijas, quienes no tienen estatus legal, y encontrar una pila de sus pertenencias apiladas en cajas junto a la puerta.
“No sé qué haremos si gana”, dijo.
Incluso Jara, cuya plataforma se centra en ampliar la red de seguridad social de Chile, afirma que será implacable contra el crimen: expulsará a los narcotraficantes condenados, construirá nuevas cárceles y reforzará la vigilancia de la frontera.
Pero pocos chilenos ven al ex organizador sindical, con su sonrisa afable y sus planes para bajar las tarifas eléctricas, como su próximo líder.
“Cada vez más, la gente busca una especie de Bukele; ya no les importa tanto la democracia”, afirmó Simón Escoffier, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. “Solo quieren a alguien que resuelva sus problemas. Ahí es donde la extrema derecha ha tenido mucho más éxito”.
La región tiende a la derecha
Los importantes avances de los partidos de derecha en las elecciones presidenciales y legislativas de Chile parecieron extender un cambio en toda América Latina, a medida que las bandas criminales se reorganizan para sembrar el terror mucho más allá de sus territorios de origen y el descontento popular con la economía se mantiene latente.
Es un giro radical respecto a hace cuatro años, cuando los políticos idealistas de izquierda de la región —como el chileno Boric— llegaron al poder tras la pandemia con promesas de un cambio social radical.
Las elecciones celebradas en los dos últimos años en Ecuador , El Salvador y Panamá han prolongado las presidencias de derecha.
En Bolivia, los votantes inquietos e indignados por la crisis monetaria castigaron al partido Movimiento al Socialismo y eligieron por primera vez en casi 20 años a un candidato de oposición conservador .
En Argentina, el presidente libertario Javier Milei se ha convertido en una especie de ícono global del movimiento MAGA desde que su elección en 2023 revirtió años de populismo de izquierda en el país. Ha reforzado su amistad con Trump, quien prometió 40 mil millones de dólares en apoyo a su gobierno antes de las cruciales elecciones de medio término .
Ahora Kast quiere ser el siguiente. Celebró la victoria electoral de Trump el año pasado, calificándola de “un nuevo triunfo para la libertad y el sentido común”.
ISABEL DEBRE escribe sobre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para The Associated Press, con sede en Buenos Aires. Antes de trasladarse a Sudamérica en 2024, cubrió Oriente Medio desde Jerusalén, El Cairo y Dubái.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum descartó el martes una posible intervención militar de Estados Unidos en el territorio mexicano para detener a narcotraficantes y ratificó que habrá colaboración en materia de seguridad con Washington, pero “sin subordinación”.
Así reaccionó Sheinbaum a las afirmaciones que realizó la víspera el presidente Donald Trump, quien se mostró dispuesto a lanzar un ataque a México para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
“Nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero”, dijo la mandataria en su conferencia matutina al ser interrogada sobre los comentarios de Trump, quien volvió a criticar la actuación de su vecino y principal socio comercial para enfrentar a los poderosos cárteles mexicanos.
Sheinbaum recordó que en las diferentes oportunidades que ha conversado con Trump le ha ofrecido apoyo para combatir a los grupos delictivos en México, pero que ella siempre se ha negado a cualquier intervención. “Hay colaboración y coordinación, pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención”, agregó.
“¿Querría ataques en México para detener las drogas? Por mí está bien, lo que sea necesario para detener las drogas”, expresó Trump en la Oficina Oval al reconocer que “estaría orgulloso” de hacer esas acciones porque “salvaríamos millones de vidas”.
En septiembre México y Estados Unidos acordaron estrechar la colaboración en materia de seguridad durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a la capital mexicana. En esa oportunidad se anunció la conformación de un “grupo de alto nivel” para dar seguimiento a la coordinación bilateral para el combate al narcotráfico, el tráfico ilegal de migrantes y armas y el robo de combustible.
Rubio se ha mostrado más conciliador frente a México y ha descartado una intervención militar estadounidense en el territorio mexicano. La embajada de Estados Unidos en México difundió el lunes en su cuenta de X un video en el que retomó unos comentarios del secretario de Estado en los que afirmó que “no vamos a tomar acción unilateral, ni entrar y enviar fuerzas estadounidenses a México”.
Los reclamos del gobernante estadounidense han dominado durante este año las relaciones entre México y Estados Unidos, que mantienen un intercambio comercial que se sitúa en torno a los 840.000 millones de dólares anuales.
En relación con el incidente que se suscitó el lunes tras la localización de seis letreros de Estados Unidos de restricciones de ingreso a una playa del estado mexicano de Tamaulipas, próxima a la frontera con Texas, Sheinbaum dijo que los avisos fueron colocados por una empresa contratada por el gobierno estadounidense, pero no ofreció detalles.
La Cancillería y la Secretaría de Marina de México informaron el lunes que los seis letreros de advertencia, escritos en inglés y español, fueron retirados de la Playa Bagdad, ubicada en el municipio Matamoros del estado de Tamaulipas como medida preventiva. La instalación de los avisos generó “dudas respecto a su procedencia y su ubicación en el territorio nacional”, señaló el gobierno mexicano en un comunicado.
La mandataria explicó que la confusión sobre la delimitación de la frontera entre los dos países en la playa Bagdad surgió por el cambio del cauce del Río Bravo tras la acumulación de sedimentos y agregó que de acuerdo con el tratado bilateral “tiene que delimitarse claramente cuál es el límite territorial”.
Sobre el caso, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo el martes que contratistas colocaron los avisos que marcaban en el sur de Texas el Área de Defensa Nacional III (NDA, por sus siglas en inglés) en la desembocadura del Río Bravo, y que “los cambios en la profundidad del agua y la topografía alteraron la percepción de la ubicación de la frontera internacional”.
Las autoridades estadounidenses indicaron que los contratistas seguirán marcando el NDA y coordinándose con los organismos pertinentes para “evitar confusiones” en el futuro.
Los históricos lazos entre los dos vecinos se han tensado ante los aranceles que impuso Trump a sectores clave como la industria automotriz y la producción de acero, aluminio y cobre.
A finales de octubre Sheinbaum y Trump acordaron mantener por unas semanas más las negociaciones en materia comercial mientras sigue vigente la tarifa del 25% para los productos mexicanos no cubiertos por el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En los últimos meses Washington impuso un arancel de 50% al acero, el aluminio y el cobre, de 25% a los camiones de carga, y una tarifa de 17% al tomate mexicano.
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La policía guatemalteca derribó una estructura metálica de dos niveles que fabricaron pandilleros para vivir cómodamente dentro de una prisión ubicada a las afueras de la capital del país, semanas después de la sonada fuga de más de una decena de pandilleros que obligó al gobierno a realizar cambios en la cúpula de seguridad.
Las autoridades penitenciarias indicaron el lunes que en un anexo del Centro de Restauración Constitucional, conocida como “Pavoncito”, una prisión destinada a pandilleros de la Mara Salvatrucha, que en febrero pasado fue designada como grupo terrorista por Estados Unidos, fue levantada esa estructura no autorizada. El hallazgo se dio durante una operación de requisa en las celdas para buscar armas y drogas.
La estructura con base de metal, tenía techo de zinc, paredes de tablaroca y aislamiento térmico para aislar el frío.
Dentro de la prisión y bajo la mirada de policías pandilleros aún tenían las manos pintadas de color blanco, el mismo color del que las paredes de la estructura. Según autoridades hace algunos meses se habían derribado otras construcciones pero los pandilleros volvieron a levantarlas.
El director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, dijo a The Associated Press que unos 1.200 policías participaron de la requisa.
Señaló que los miembros de la Mara Salvatrucha tienen recursos económicos para hacer esas construcciones tras destacar que la pandilla lleva años extorsionando. Agregó que también controla actualmente el mercado del narcomenudeo en algunas zonas de la capital.
“Construyeron apartamentos privados, era construcción prefabricada de alta calidad, en medio de las paredes pusieron de esa espuma que usan las casas en Estados Unidos para aislarse del frío y del calor”, dijo Custodio Boteo. Añadió que aún siguen la requisa para establecer la identidad de los más de mil reos en el lugar y asegurarse que no haya suplantación de identidad.
En un comunicado la dirección general del Sistema Penitenciario dijo que tras el hallazgo se presentaron denuncias para que se realice una investigación y se dé con los responsables.
El 12 de octubre pasado se conoció que 20 peligrosos pandilleros del Barrio 18, también designado como organización terrorista, se fugaron de una prisión contigua a la allanada el lunes.
Pandilleros de las dos agrupaciones mantienen una pugna entre sí que ha dejado a decenas de muertos en el país centroamericano.
En julio, el ataque a una funeraria donde se velaba a un pandillero dejó siete muertos y más de diez heridos. Tras el incidente, el entonces ministro de gobernación Francisco Jiménez, ordenó la reclusión en una prisión de máxima seguridad de diez líderes pandilleros del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Los traslados generaron motines y supuestamente la fuga de los reos poco después.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas anunciaron el miércoles la detención de un hombre que, según afirman, participó en la planificación y la orden del asesinato de un alcalde popular a principios de este mes en el estado occidental de Michoacán.
