BOGOTÁ (AP) — Cuando fervorosas seguidoras se acercaron a Abelardo de la Espriella para pedirle una fotografía, él les agradeció por ponerle “una raya a El Tigre”, el animal que adoptó como apodo y que se ha convertido en el símbolo de su campaña a la presidencia de Colombia.

La ferocidad de ese felino es la que promete utilizar para combatir a los grupos armados ilegales y los narcotraficantes que azotan al país.

“Al narcoterrorismo, a quienes he sentenciado y los he declarado objetivo militar, los voy a acabar como unas cucarachas, como unas ratas. Voy a hacer caer sobre ellos la ira de Dios como nunca antes se ha visto”, aseguró De la Espriella en entrevista con The Associated Press en la recta final de la campaña.

De estilo frontal, De la Espriella decidió que su primera aspiración electoral fuera por el cargo más importante del país. Asegura que su campaña se financió con el dinero que ha acumulado en su carrera de abogado y luego como empresario con marcas propias de vino, ron y ropa y se describe como un candidato independiente.

De la Espriella, de 47 años, se hizo un nombre como abogado defendiendo clientes de alto perfil como el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y también polémicos como Alex Saab, un aliado cercano del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro que enfrenta problemas con la justicia estadounidense y a quien dejó de representar hace aproximadamente siete años.

Férreo opositor

De la Espriella asegura que Colombia está en sus “horas más oscuras” bajo el mandato de Gustavo Petro, el primer presidente de tendencia izquierdista en la historia del país.

Su postura crítica al gobierno le ha valido la simpatía de sectores opositores como la reserva militar y los uribistas —la corriente del expresidente Uribe— que ven en su figura la representación de los valores conservadores que defienden.

“Representa devolvernos la seguridad a nosotros y rescatarnos de las garras del comunismo que nos tiene azotados, devolver a las aulas a Dios, devolver la seguridad de que los niños no vuelvan a ser adoctrinados”, dijo a AP Lucila Poveda, una de sus seguidoras.

De la Espriella recogió miles de firmas de ciudadanos que apoyaron su candidatura por el movimiento Defensores de la Patria y rechazó el apoyo explícito de los partidos tradicionales.

Simpatía por Bukele, Trump y Milei

De la Espriella dijo a AP que es ciudadano estadounidense y miembro del Partido Republicano. En marzo se reunió en Miami con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y la representante republicana María Elvira Salazar.

“Hablamos de la cooperación internacional, de la necesidad de estrechar los vínculos y de resolver todo tan pronto se vaya este nefasto gobierno de Petro”, detalló el candidato, quien asegura que no va a permitir que salga más cocaína de Colombia y que quiere fumigar con herbicidas biológicos los plantíos de hoja de coca.

Petro ha tenido una relación tensa con el gobierno estadounidense desde la vuelta al poder de Donald Trump por diferencias en temas de migración, seguridad regional y lucha antinarcóticos, la cual mejoró luego de un encuentro en la Casa Blanca en febrero.

De la Espriella aseguró que adhiere a la política antidrogas de Trump, incluyendo los bombardeos a embarcaciones que presuntamente trafican drogas.

“Lancha que salga cargada de droga voy a dar la orden de que la hundan con la gente que vaya adentro”, sentenció De la Espriella.

Además, es vocal en su simpatía por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei, de quienes dice tomaría algunas de sus políticas como referencia.

“Me gusta mucho el tema de las cárceles y la seguridad del presidente Bukele, haciendo la salvedad que son dos países muy distintos, con conflictos y situaciones muy diferentes”, explicó De la Espriella. “Me gustan del presidente Milei algunos de sus manejos económicos, ha reducido sustancialmente la inflación”, agregó.

Sin embargo, dice que será un “líder original” y no una copia de otros políticos.

De la Espriella nació en Bogotá en 1978, pero se crió en la costa Caribe. Es hijo de María Eugenia Otero Aldana y del abogado Abelardo de la Espriella Juris, simpatizante del uribismo. Se casó con la empresaria Ana Lucía Pineda, con quien tiene cuatro hijos.

El candidato se precia de tener una vida lujosa y sosegada en Italia, donde vivía hasta antes de ser candidato, que cambió por “servirle a la patria” y que le ha costado vivir rodeado de escoltas y vestir chalecos antibalas por amenazas contra su vida denunciadas en la campaña.

POR  ASTRID SUÁREZ

(AP Foto/Fernando Vergara)

LA PAZ, Bolivia (AP) — Hace menos de seis meses, la toma de posesión del presidente centrista Rodrigo Paz parecía anunciar una nueva realidad para los bolivianos, que se recuperaban de la peor crisis económica en una generación y estaban hartos de dos décadas de liderazgo socialista casi ininterrumpido.

Las largas filas en las gasolineras desaparecieron cuando Paz, defensor de los intereses empresariales, aseguró las importaciones de combustible. La moneda boliviana, crónicamente depreciada, se disparó en el mercado negro mientras los mercados bursátiles se desplomaban ante su plan para reducir el déficit presupuestario. Tras años de aislamiento diplomático , los bolivianos se enorgullecieron de las decenas de delegaciones internacionales que celebraron la toma de posesión de Paz, quien restableció las tensas relaciones con Estados Unidos y las potencias regionales.

Ahora, ese optimismo se ha transformado en temor ante las violentas protestas que sacuden al gobierno del aliado de la administración Trump. Manifestantes armados con dinamita han bloqueado las principales ciudades , provocando escasez de alimentos, combustible y suministros médicos. Los bolivianos indígenas y rurales que apoyaron las promesas de campaña de Paz de transformar el statu quo y proteger el bienestar social le han pedido que renuncie.

Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre las protestas que sacuden Bolivia , mientras Paz amenazaba el miércoles con declarar el estado de emergencia, lo que podría allanar el camino para una dura represión de seguridad.

«Si no quieren dialogar... entonces no hay otra opción», dijo refiriéndose a los manifestantes en un discurso a la nación el miércoles, al tiempo que insistió en que prefería negociar. «Tenemos muertes a causa de los bloqueos. Alguien tiene que responder por ello».

Los manifestantes se sienten abandonados por el gobierno de Paz.

Los antiguos partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que dominó Bolivia durante mucho tiempo y que ayudó a Paz a llegar al poder , han expresado cada vez más su preocupación por el hecho de que su gobierno no los represente.

Poco después de asumir el cargo, Paz llegó a acuerdos con los partidos de derecha en el Congreso. Marginó al vicepresidente populista, considerado por muchos como el responsable de su éxito electoral.

No nombró a ningún miembro de la mayoría indígena de Bolivia para puestos de alto nivel. Apoyó un proyecto de ley de reforma agraria para impulsar la agroindustria, que según los agricultores indígenas los ponía en riesgo de desalojo. Eliminó los subsidios a los combustibles, lo que provocó un aumento de precios de casi el 90%. Los automovilistas se quejaron de que la gasolina estaba contaminada y dañaba sus autos.

Para mitigar el impacto del aumento de precios derivado de la guerra con Irán, Paz ofreció transferencias de efectivo a familias vulnerables. Aumentó el salario mínimo un 20 %. Derogó la controvertida ley de tierras. Sin embargo, también rechazó las demandas de nuevos aumentos salariales, lo que enfureció al sindicato nacional.

“No es que de un día para otro le pidieran que renunciara”, dijo Mirian Huarina, una de las líderes de las protestas. “Tuvo tiempo para ofrecer una solución a estos problemas y a las demandas de los diferentes sectores sociales”.

Los bloqueos de carreteras han derrocado gobiernos en el pasado.

Debido a una peculiaridad geográfica, las barreras erigidas a lo largo de las laderas que descienden hacia La Paz, la capital de Bolivia, pueden aislar por completo a más de 1,6 millones de habitantes de la ciudad y sus alrededores, lo que representa más del 13% de la población del país.

Los movimientos indígenas han empleado durante mucho tiempo la estrategia del asedio, popularizada durante una rebelión de finales del siglo XVIII contra el colonialismo español.

En 2003 y 2005, manifestantes que bloquearon La Paz en protesta por las intenciones extranjeras sobre las reservas de gas natural de su país derrocaron a dos gobiernos prooccidentales consecutivos, allanando el camino para el ascenso del expresidente Evo Morales , fundador del MAS.

Mientras los bloqueos viales que paralizan La Paz entran en su cuarta semana, miles de camiones cargados con alimentos y otros artículos de primera necesidad, como oxígeno para hospitales, permanecen varados en las carreteras. La carne de res, los huevos y la fruta han desaparecido de los estantes de los supermercados. El pollo subsidiado está siendo transportado a La Paz por vía aérea en aviones militares. El gobierno afirma que al menos cuatro personas han muerto por falta de atención médica; los hospitales siguen funcionando, pero el personal está racionando los suministros y concentrándose en los casos críticos.

Los comerciantes y los trabajadores del transporte que se oponen a las protestas están aumentando la presión sobre Paz para que reabra las carreteras a cualquier precio. Golpeando cacerolas vacías mientras marchaban por el centro el martes, coreaban: “¡Queremos soluciones! ¡No podemos más!”.

Aumenta la presión sobre Paz para que tome medidas enérgicas.

Aunque las fuerzas de seguridad han utilizado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y han arrestado a más de 120 personas, Paz se ha resistido hasta ahora a las peticiones de desplegar mayor fuerza para romper los bloqueos. Consciente de que las muertes de manifestantes a manos de la policía solo pueden exacerbar las tensiones, Paz ha insistido en que el diálogo es la mejor salida a la crisis.

Paz ha ofrecido bonificaciones a los maestros, ha llegado a acuerdos con algunos mineros que protestan y convocó un consejo el miércoles para incluir a los sectores sociales subrepresentados en la toma de decisiones económicas. Redujo su propio salario a la mitad, destituyó a su impopular ministro de Trabajo y nombró para el cargo a un abogado perteneciente a la mayoría indígena del país.

Aumentan las peticiones para que Paz imponga el estado de emergencia, lo que pondría a las fuerzas armadas a cargo de restablecer el orden público durante 60 días. Tras la aprobación el martes por la noche de una ley por parte del Congreso que levanta las restricciones al papel del ejército en la represión de los disturbios civiles, Paz ahora tiene la autoridad constitucional para invocar este poder. Él lo ha descrito como una opción de último recurso.

El expresidente Morales observa desde bambalinas.

Morales, el exlíder sindical que se convirtió en el primer presidente indígena de Bolivia en 2006 y gobernó durante 14 años, un periodo sin precedentes, está pidiendo elecciones anticipadas.

“A Paz solo le quedan dos caminos: una decisión suicida como la militarización o... unas elecciones en los próximos 90 días”, escribió en X.

Desde hace casi dos años, Morales se esconde en la región boliviana de Chapare, zona productora de coca, evadiendo una orden de arresto por cargos de trata de personas relacionados con haber mantenido relaciones sexuales con una niña de 15 años. Él rechaza las acusaciones, calificándolas de políticamente motivadas.

Algunos de los sindicatos y grupos indígenas que se manifiestan contra Paz están aliados con Morales, cuyos intentos de aferrarse al poder más tiempo del que permitía la constitución alienaron a gran parte de su otrora vasta base de apoyo y condujeron a su tensa destitución en 2019 .

Los leales a Morales, manifestantes acérrimos de los sindicatos de cultivadores de coca, se unieron al movimiento de protesta la semana pasada para exigir la renuncia de Paz.

El gobierno de Paz ha acusado a Morales de financiar las manifestaciones, algo que él niega.

Las reacciones globales revelan fisuras políticas.

Los gobiernos aliados de Trump que recientemente llegaron al poder en toda América Latina —desde Argentina y Chile hasta Honduras y Costa Rica— han prometido su apoyo a Paz y han denunciado las protestas como desestabilizadoras.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro —uno de los pocos líderes de izquierda que aún se mantienen en el poder en la región— defendió las protestas como una “lucha por la dignidad latinoamericana”. Bolivia expulsó al embajador colombiano en respuesta.

Estados Unidos ha adoptado una postura inflexible, calificando las manifestaciones como un intento de golpe de Estado.

“No permitiremos que los criminales y los narcotraficantes derroquen a los líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”, declaró la semana pasada el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

La embajada de Estados Unidos en La Paz anunció que permanecería cerrada el miércoles y el jueves debido a los disturbios.

DeBre informó desde Buenos Aires, Argentina.

ISABEL DEBRE escribe sobre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para Associated Press, con sede en Buenos Aires. Antes de mudarse a Sudamérica en 2024, cubrió Oriente Medio informando desde Jerusalén, El Cairo y Dubái.

Por  ISABEL DEBRE y PAOLA FLORES

(Foto AP/Juan Karita)

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, negó el jueves la existencia de un acuerdo con Estados Unidos para llevar a cabo operaciones contra el narcotráfico en territorio guatemalteco.

Estas declaraciones se producen después de que The New York Times informara de que la nación centroamericana acordó llevar a cabo ataques conjuntos.

Este caso es el más reciente de una serie de tensiones entre la administración Trump y los gobiernos latinoamericanos que buscan lograr un equilibrio entre la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y el mantenimiento de la soberanía.

“No existe ningún acuerdo. Se trata de una solicitud que se enmarca dentro de los acuerdos vigentes en varios países”, declaró Arévalo en una rueda de prensa.

“Lo que estamos firmando son tipos de colaboración que ya se venían dando en el pasado. Llevamos a cabo interceptaciones marítimas en las que Estados Unidos ha colaborado con capacitación, desarrollo de capacidades y equipamiento”, dijo Arévalo.

Afirmó que las acciones del gobierno están en conformidad con la ley guatemalteca y la Constitución.

“El único organismo que puede autorizar operaciones con soldados en territorio guatemalteco es el Congreso de la República. El gobierno guatemalteco no solicita esta cooperación ni tiene planes de hacerlo”, declaró el presidente.

Al ser preguntado sobre el supuesto acuerdo, el secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, dijo que no podía "especular sobre operaciones futuras ni hablar de asuntos de seguridad operativa", pero enfatizó que el Departamento de Guerra trabaja con socios en la región para combatir el narcotráfico y otras amenazas transnacionales.

El gobierno guatemalteco también publicó un comunicado de prensa y dos cartas en las que su ministro de Defensa analiza las operaciones militares conjuntas en virtud de acuerdos preexistentes con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

La muerte en abril de dos agentes de la CIA en el norte de México, tras una operación para destruir un laboratorio de drogas, puso de manifiesto la presencia de agentes estadounidenses en Latinoamérica y suscitó interrogantes sobre la creciente implicación de Estados Unidos en la región. En los días posteriores, las autoridades mexicanas ofrecieron versiones contradictorias sobre la cantidad de información que el país poseía respecto a la participación de los agentes de la CIA.

El gobierno mexicano reconoce la presencia de agencias estadounidenses en territorio mexicano, pero afirma que no pueden participar en operaciones sobre el terreno.

Ben Finley, desde Washington D.C., contribuyó a este informe.

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(Foto AP/Moises Castillo, archivo)

BOGOTÁ, Colombia (AP) — Colombia elegirá un nuevo presidente y vicepresidente el 31 de mayo en una votación que se ha planteado como un referéndum sobre las políticas del presidente saliente, Gustavo Petro .

Petro, de 66 años y exmiembro del grupo guerrillero colombiano M-19, que luchó por la justicia social en las décadas de 1970 y 1980, ha emprendido controvertidas negociaciones de paz con los grupos rebeldes que aún existen en el país, al tiempo que impulsa reformas sociales y económicas que incluyen una revisión completa de las leyes laborales de la nación.

También se ha desmarcado de los anteriores líderes colombianos en su enfoque de las relaciones exteriores al desafiar a Estados Unidos en áreas como la política antidrogas y la inmigración, al tiempo que mantiene cierta cooperación con la administración Trump en estos asuntos.

El destino de estas políticas pende de un hilo mientras los votantes acuden a las urnas, poniendo a prueba la afirmación de Petro de que "el pueblo decidirá si la revolución es derrotada o si avanza".

Esto es lo que debes saber sobre las elecciones presidenciales de Colombia.

De un grupo de 14 candidatos, tres emergen.

Habrá 14 candidatos en la papeleta, pero la elección se ha convertido básicamente en una carrera entre tres aspirantes.

La Constitución colombiana impide que Petro se presente a la reelección. Su partido, el Pacto Histórico, estará representado por Iván Cepeda, de 63 años, senador durante tres legislaturas y conocido por defender a las víctimas de crímenes de Estado durante el conflicto que azotó Colombia hace décadas.

Uno de los principales rivales de Cepeda es Abelardo de la Espriella, de 47 años, un abogado extravagante apodado "El Tigre", que se presenta como independiente y se ha posicionado como un ajeno al sistema. Afirma que se postula a la presidencia sin el apoyo de ninguno de los principales partidos políticos del país.

Entre los clientes de alto perfil de De la Espriella se incluyen empresarios acusados ​​de lavado de dinero, una trabajadora sexual que denunció la conducta ilegal de agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos y una sobreviviente de un ataque con ácido cuyo caso inspiró una legislación que penaliza severamente este tipo de ataques, que generalmente se perpetran contra mujeres.

Otra candidata con considerable apoyo es Paloma Valencia, de 48 años, senadora del Centro Democrático, partido liderado por el influyente expresidente Álvaro Uribe . La campaña de Valencia cuenta con el respaldo de la mayoría de los partidos tradicionales del país y de economistas preocupados por el creciente nivel de deuda bajo la administración de Petro, quienes desean que Colombia retome políticas más ortodoxas.

Si ningún candidato obtiene el 50% de los votos, se celebrará una segunda vuelta el 21 de junio entre los dos candidatos más votados.

Conflicto en torno a la idea de reescribir la constitución.

Cepeda ha prometido reforzar las reformas económicas impulsadas por Petro, que incluyen importantes aumentos del salario mínimo nacional, entre ellos un incremento del 23% este año, y mayores impuestos sobre el patrimonio y los ingresos empresariales.

El senador también ha dicho que continuará impulsando las negociaciones de paz con los grupos rebeldes que aún quedan en el país, al tiempo que fomenta el desarrollo del campo colombiano mediante la concesión de préstamos a pequeños agricultores a través de un banco estatal.

Cepeda ha declarado que buscará un “acuerdo nacional” para impulsar las reformas. Sin embargo, también ha afirmado que, de no alcanzarse un acuerdo, convocará una asamblea constituyente, un mecanismo mediante el cual Colombia podría reescribir su constitución. Los críticos argumentan que esto representaría una amenaza para la democracia colombiana al socavar la independencia del Congreso y del poder judicial.

Valencia y De la Espriella se oponen firmemente a la reforma constitucional del país. Estos candidatos también han declarado que suspenderán las conversaciones de paz con los grupos rebeldes y los enfrentarán con mayor contundencia.

Ambos también han prometido reducir los impuestos a las empresas y facilitar las inversiones en petróleo y gas que fueron bloqueadas durante la administración de Petro.

De la Espriella ha prometido reducir el gasto estatal hasta en un 40% durante los próximos cuatro años y desmantelar varias agencias gubernamentales, incluido el Ministerio de Igualdad, una agencia creada bajo el mandato de Petro para combatir la discriminación de las minorías étnicas y promover la inclusión económica de los grupos desfavorecidos.

El electorado incluye 1,2 millones de personas en el extranjero.

Hay más de 41,2 millones de votantes registrados, incluyendo 1,2 millones de personas que viven en el extranjero. Esto la convierte en la tercera elección presidencial más grande de América Latina, después de Brasil y México . El voto no es obligatorio.

Más de la mitad de los colombianos inscritos para votar en el extranjero residen en tres países: Estados Unidos, España y Venezuela. En las últimas elecciones presidenciales de 2022, el 59% de los colombianos inscritos en el extranjero emitieron su voto, según la Oficina Nacional de Registro Electoral.

En 2022, 21,3 millones de votantes emitieron su voto en la primera ronda de las elecciones presidenciales, y 22,6 millones de personas participaron en la segunda vuelta, según la Oficina del Registro Nacional.

Situación de seguridad en Colombia

Un acuerdo de paz alcanzado en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) condujo a la desmovilización de más de 13.000 combatientes.

Sin embargo, varios grupos criminales no participaron en el acuerdo y algunos excomandantes de las FARC también regresaron al conflicto tras haberse retirado durante algunos años. Desde la firma del acuerdo de paz, algunos grupos minoritarios se han enfrentado por zonas rurales que antes estaban bajo control de las FARC.

La administración Petro ha intentado entablar conversaciones de paz con estos grupos y les ha concedido varios ceses del fuego como incentivo para que continúen las negociaciones.

Pero los críticos afirman que estos grupos rebeldes han utilizado las conversaciones de paz para reagruparse, rearmarse y reforzar su control sobre las comunidades donde extorsionan a las empresas y se lucran con economías ilegales, como el tráfico de cocaína.

Según la Cruz Roja, el impacto humanitario del conflicto armado en Colombia alcanzó el año pasado su peor nivel en una década, con una cifra de desplazados que se duplicó en 2025, llegando a 225.000 personas. La Cruz Roja también señaló que en 2025 hubo 965 personas muertas o heridas por artefactos explosivos, incluyendo minas terrestres y drones, un 33% más que el año anterior.

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Por  MANUEL RUEDA

(Foto AP/Ivan Valencia)