CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, en medio de una crisis, ha dado marcha atrás en su decisión de regresar a su cargo, cediendo ante la extraordinaria reacción de su propio partido gobernante por las acusaciones de fiscales estadounidenses de que conspiró con un poderoso cártel para introducir drogas de contrabando en Estados Unidos.
Se esperaba que los legisladores estatales aprobaran el domingo la solicitud del gobernador Rubén Rocha Moya de una licencia indefinida, aproximadamente un día y medio después de que anunciara su regreso alegando que los fiscales mexicanos lo habían absuelto de los cargos de narcotráfico presentados en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de abril.
El rápido cambio de rumbo demostró la autoridad que ejerce la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sobre su partido Morena, mientras camina sobre la cuerda floja entre apaciguar al presidente estadounidense Donald Trump , quien dice que los cárteles controlan México y ha ofrecido repetidamente ayuda militar estadounidense para combatirlos, y su movimiento progresista, profundamente receloso de la intervención estadounidense .
Tras casi cuatro meses de licencia, Rocha Moya anunció el viernes su regreso al cargo, alegando que la Procuraduría General de la República no había encontrado “ninguna evidencia que respalde nuestra participación en conducta delictiva alguna”. Declaró que volvía “como gobernador de Sinaloa con la frente en alto”.
Ese desafío duró apenas un día, ya que su regreso desató un torrente de críticas por parte de gobernadores, senadores y otras figuras prominentes de Morena, incluido Sheinbaum .
«Ningún interés personal puede anteponerse a los intereses del pueblo y de la nación», escribió el sábado en una aparente reprimenda a Rocha Moya, sin mencionarlo por su nombre. «México merece servidores públicos que comprendan que los cargos son temporales, pero la responsabilidad con la nación es eterna».
Morena afirmó que su dirección nacional desconocía el regreso de Rocha Moya, calificándolo de "decisión personal". El bloque senatorial del partido instó a respetar la investigación en curso, mientras que los gobernadores de Morena declararon en un comunicado conjunto que "los proyectos políticos personales o de grupo no tienen cabida" cuando están en juego los intereses del país.
Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, instó públicamente a Rocha Moya, su antiguo aliado, a reconsiderar su postura y permanecer de baja.
La respuesta coordinada dejó a Rocha Moya aislado. El sábado anunció que había solicitado a la legislatura estatal que le permitiera apartarse indefinidamente. «Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación son lo primero», escribió.
Rocha Moya había estado de baja desde principios de mayo, días después de que los fiscales federales de Nueva York hicieran pública una acusación explosiva que lo acusaba a él y a otros nueve funcionarios mexicanos, actuales y antiguos, de proteger a miembros del cártel de Sinaloa a cambio de sobornos mientras traficaban fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.
La acusación formal representó la acción pública más significativa del gobierno de Trump contra lo que denomina corrupción oficial que permite a los cárteles mexicanos operar, avivando nuevas tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Sheinbaum negó haber protegido a Rocha Moya, pero rechazó la solicitud de Washington de arrestar y extraditar a los acusados sin pruebas creíbles, insistiendo en que cualquier proceso judicial se lleve a cabo en México.
Rocha Moya, de 77 años, un firme aliado del mentor de Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador , negó haber cometido irregularidad alguna y calificó las acusaciones como un ataque con motivaciones políticas. Inicialmente se apartó del cargo para poder cooperar con la investigación mexicana sin ampararse en la inmunidad constitucional inherente a su puesto. Si tomarse una licencia lo privó de dicha protección —y si su reciente solicitud de apartarse indefinidamente volvería a hacerlo— sigue siendo objeto de debate entre los expertos legales mexicanos.
Tras la acusación formal, el alcalde de Culiacán, capital de Sinaloa, y el fiscal general adjunto del estado también renunciaron a sus cargos, mientras que dos ex altos funcionarios estatales se entregaron a las autoridades estadounidenses.
Sinaloa lleva casi dos años sumida en un sangriento conflicto entre facciones rivales del cártel que lleva el nombre del estado.
LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente boliviano Rodrigo Paz cierra una semana compleja con varios reveses y acosado en múltiples frentes, poniendo a prueba su capacidad y debilitando aún más su ya frágil posición política.
El viernes, destituyó a su ministro de Economía después de que recibiera la desaprobación de la Asamblea Legislativa, mientras que un juez en la región oriental de Santa Cruz envió a prisión preventiva por 180 días a un asesor del mandatario por el presunto intento de feminicidio a su expareja.
Su principal aliado en el Congreso se alejó, fracturando el apoyo a su agenda mientras lucha por sacar a Bolivia de casi dos décadas de gobierno socialista de partido único. Un repentino aumento en el precio del combustible amenazó con reavivar el descontento popular.
“No son tiempos fáciles para el país”, admitió Paz el jueves. Pero tras un vertiginoso ascenso al poder el año pasado, Paz ha pasado sus nueve meses en el cargo acostumbrándose a las dificultades. Sin embargo, los analistas afirman que los últimos reveses podrían representar su mayor desafío hasta la fecha.
Aquí un breve resumen de los contratiempos sufridos por el gobierno esta semana:
Destitución de ministro de Economía
El viernes, mediante un decreto, Paz destituyó a su ministro de Economía, José Gabriel Espinoza —artífice de la reforma de libre mercado de su gobierno— días después de que el Congreso votara a favor de su salida y en medio de una denuncia por supuestamente declarar por un valor menor la compra de un auto de lujo.
Los legisladores aprovecharon el escándalo en torno a la compra del auto de lujo por parte de Espinoza y su ausencia en una audiencia parlamentaria sobre economía para canalizar su creciente frustración por la persistente inflación en Bolivia y la escasez persistente de combustible y divisas.
La fiscalía abrió una investigación penal por las acusaciones de que Espinoza falsificó documentos y ocultó sus ingresos en relación con la compra de un Audi Q4 por 5.000 dólares, un precio muy inferior al del mercado. Espinoza atribuyó la discrepancia a un error administrativo y negó haber cometido irregularidad alguna.
El gobierno de Paz criticó en un principio la votación del Congreso por considerarla inconstitucional e insistió en que Espinoza permanecería en el cargo. Sin embargo, pronto rectificó, evidenciando su debilidad en el Congreso después de que Samuel Doria Medina, el líder del partido de centroderecha Unidad Nacional, un aliado legislativo clave, se alejó de él la semana pasada debido a su dependencia de los decretos presidenciales.
La destitución de Espinoza deja al plan de rescate económico de Paz sin su principal estratega, justo cuando necesita que el Congreso apruebe un acuerdo de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, desbloqueé un préstamo de 200 millones de dólares del Banco Mundial y apruebe la legislación para introducir dólares en Bolivia, en medio del creciente descontento por las consecuencias de su ajuste fiscal.
Paz nombró en su lugar de forma interina a Óscar Mario Justiniano, quien ocupa la cartera de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua.
Tras recortar drásticamente los generosos subsidios a los combustibles que mantenía desde hacía tiempo el año pasado, elevando los precios para los bolivianos de a pie, esta semana aumentó el precio del diése l para compras al por mayor en un 84%, lo que enfureció a los agricultores y provocó llamados a una huelga general.
“Ha logrado algunas victorias con el acuerdo con el FMI, al menos en principio, y con otros préstamos multilaterales”, dijo Casey Cagley, asesor sénior de Red Telescope Global, una firma de asesoría estratégica con sede en Seattle, que estudia Bolivia. “Pero eso no se ha traducido en ayuda para la asequibilidad ni en ninguna reforma significativa”.
“A medida que estos problemas se acumulan, se aisla cada vez más”,agregó el experto. “La deserción de aliados del gobierno y la salida de miembros del gabinete le dificultarán cada vez más afrontar este tipo de crisis en el futuro”.
Asesor argentino detenido
El martes, en un suceso que generó alto revuelo, la policía detuvo al consultor político argentino Fernando Cerimedo, con estrecho vínculo con el presidente Paz. La fiscalía lo acusó de estar presuntamente implicado en un ataque a tiros contra su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller, registrado en la ciudad oriental de Santa Cruz la noche anterior.
Desde su cama de hospital, Beller, de 33 años, lo acusó de orquestar el ataque para silenciarla porque ella conocía la supuesta corrupción dentro del gobierno de Paz.
Cerimedo, quien ha dirigido la estrategia digital de líderes conservadores en toda Latinoamérica, incluyendo al presidente argentino Javier Milei y al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, negó su participación en el ataque.
Un informe médico que Beller compartió con The Associated Press documentaba heridas en el pecho, el brazo, el cuello y los hombros, incluyendo una fractura que requirió cirugía, y señalaba que tenía entre cuatro y seis semanas de embarazo.
Posteriormente, Beller publicó fotos de cajones repletos de dinero en efectivo que, según ella, pertenecían a Cerimedo, y el caso se convirtió en un escándalo aún mayor sobre el influyente, aunque extraoficial, papel de Cerimedo y las acusaciones de enriquecimiento ilícito.
“El caso Cerimedo y Beller se ha convertido en un punto de inflexión para este gobierno”, dijo la analista política Verónica Rocha. “Su alcance y el nivel de indignación que ha generado lo diferencian de las crisis anteriores”.
Ante esta situación, Rocha consideró que el mandatario debe dar un cambio de rumbo y rendir un informe transparente a la sociedad para recuperar la confianza ciudadana.
QUITO (AP) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el jueves a 15 personas por su participación en una red que presuntamente envió miles de kilogramos de cocaína cada mes desde Ecuador hacia Estados Unidos.
El anuncio se produce mientras Estados Unidos ha intensificado los ataques contra pescadores en el Caribe y el Pacífico, matando a más de 200, como parte de las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en América Latina.
“Operando bajo la apariencia de negocios pesqueros legítimos, una flota de embarcaciones con base en Ecuador cerca de Manta, Ecuador, transfiere en secreto cocaína a pequeñas lanchas rápidas... que se desplazan hacia el norte a través del océano Pacífico oriental, rumbo a Estados Unidos”, según dijo el Departamento del Tesoro.
Las personas sancionadas supuestamente forman parte de Los Choneros y Los Lobos, dos bandas ecuatorianas designadas previamente por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras. Luego, las drogas son introducidas de contrabando en Estados Unidos a través de México por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.
Ecuador ha tenido dificultades para contener la violencia vinculada a las drogas, ya que cárteles rivales se asocian con bandas locales y luchan por el control de rutas y puertos costeros utilizados para traficar cocaína. El país se ubica entre Colombia y Perú, los principales países productores de cocaína en el mundo.
El año pasado, Ecuador registró su tasa de homicidios más alta en décadas, con 50 por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio del Interior.
Durante la presidencia de Daniel Noboa, Ecuador se ha convertido en un socio cercano de Estados Unidos en operaciones antidrogas en la región.
Dos buques de guerra de Estados Unidos con lanchas interceptoras y helicópteros patrullarán las aguas territoriales de Ecuador para apoyar la lucha contra el narcotráfico, anunció el jueves el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo.
El anuncio se hizo en su cuenta de Instagram tras una reunión el día anterior con el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur del ejército de Estados Unidos, en la ciudad portuaria de Manta. No precisó cuándo comenzarían los patrullajes.
The Associated Press solicitó al Comando Sur de Estados Unidos detalles sobre la colaboración, pero no obtuvo una respuesta inmediata.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
CAP-HAITÍN, Haití (AP) — Estados Unidos deportó el jueves a más de 160 personas a Haití por primera vez desde que la administración Trump ganó una batalla legal para poner fin al Estatus de Protección Temporal para unos 350.000 haitianos.
El avión aterrizó en la ciudad de Cap-Haïtien, al norte de Haití , porque el principal aeropuerto internacional de Puerto Príncipe se considera demasiado peligroso. El gobierno estadounidense mantiene una prohibición de vuelos comerciales estadounidenses a la capital de Haití hasta principios de septiembre debido a la violencia de pandillas .
Los deportados vestían de blanco y muchos se cubrían el rostro por seguridad mientras los periodistas filmaban su llegada. Casi todos se negaron a hablar, algunos por temor a ser blanco de las bandas que controlan aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe y extensas zonas aledañas.
Entre los deportados se encontraban beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y haitianos que habían cumplido condenas de prisión, según declaró Jean Négot Bonheur Delva, director general de la Oficina Nacional de Migración de Haití.
«No es el Estado haitiano quien pide que los devuelvan», dijo. «Nuestra misión es acoger a los migrantes que regresan forzosamente. … Los recibimos con el objetivo de acompañarlos a sus hogares».
Haitianos deportados buscan un hogar
Delva señaló que algunos de los deportados no habían nacido en Haití, aunque eran de ascendencia haitiana.
Dijo que varios deportados planeaban viajar a la región sur de Haití, un viaje peligroso porque las pandillas controlan las principales rutas que conducen a esa zona y son conocidas por abrir fuego indiscriminadamente contra los vehículos que pasan por allí.
Otros se dirigen a la región occidental de Haití, dijo.
“Hay un migrante que no sabe nada de Haití porque dijo que venía de la República Dominicana; allí fue donde nació”, dijo Delva.
Dijo que el gobierno intentaría reunirlo con cualquier familiar que pudiera tener en Haití o en la República Dominicana, donde viven su madre y su padre.
El jueves, los funcionarios de inmigración de Haití ofrecieron a los deportados un máximo de 65 dólares y algo de beber y comer.
“Aquellos que no puedan llegar a sus hogares hoy, los alojaremos en espacios seguros y al día siguiente el proceso continuará hasta que todos los migrantes regresen a sus hogares como les corresponde”, dijo Delva.
Delva no especificó cuántos de los 161 deportados eran beneficiarios del TPS que habían estado viviendo y trabajando legalmente en los EE. UU. desde 2010.
A finales de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la finalización del programa TPS, lo que afectó a cerca de un millón de personas procedentes de más de una docena de países.
Los casos volvieron a los tribunales inferiores, pero a finales de julio, el gobierno no había prorrogado los permisos de trabajo para los haitianos.
El 5 de agosto, un juez federal en Washington, DC, levantó la orden que impedía las deportaciones de haitianos con Estatus de Protección Temporal, lo cual era en la práctica una formalidad tras el fallo de la Corte Suprema en junio.
Activistas advierten que Haití es demasiado peligroso para los deportados.
Activistas han advertido que Haití es actualmente demasiado peligroso y no cuenta con los recursos suficientes para ayudar a quienes son deportados a un país de casi 12 millones de personas, de las cuales más de la mitad necesitan asistencia humanitaria debido al aumento de la violencia de las pandillas y al agravamiento de la pobreza, el hambre y la violencia.
La violencia de las pandillas ya ha desplazado a un número récord de 1,5 millones de personas en Haití, donde, según estadísticas de la ONU, entre enero y junio se registraron más de 3.100 muertos y otros 1.189 heridos.
Un deportado habló brevemente con Associated Press a su llegada a Cap-Haïtien. Se identificó como Jean Diane Louis y dijo que abandonó Haití cuando tenía 5 años. Afirmó que su familia vive en la ciudad de Nueva York y que fue condenado a 19 años de prisión por un delito no especificado que, según él, no cometió.
“Entonces vino el ICE y me llevó sin interrogarme”, dijo Louis. “Simplemente me enviaron aquí”.
Ante la persistencia de la violencia de las pandillas, los migrantes haitianos en Estados Unidos siguen siendo arrestados y deportados.
El jueves, las autoridades estadounidenses arrestaron a un popular pastor haitiano en una gasolinera de Springfield, Ohio, según informó Springfield G92, un grupo religioso que apoya a los inmigrantes haitianos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos arrestó a un segundo hombre haitiano que lo acompañaba.
El pastor Gilbert Joubert Adrien estaba detenido por las autoridades de inmigración en Ohio, según informó Marjory Wentworth, portavoz de Springfield G92. Añadió que el ICE ha tenido una fuerte presencia en Springfield en los últimos días. Springfield es una ciudad de aproximadamente 60.000 habitantes que acaparó la atención cuando el presidente estadounidense Donald Trump afirmó falsamente durante su campaña de 2024 que los residentes haitianos de la ciudad comían perros.
El grupo haitiano de apoyo a los refugiados y repatriados ha denunciado las deportaciones.
“Haití no está preparado para recibir a esta cantidad de migrantes que estaban en el programa TPS”, dijo en un comunicado el jueves.
El grupo señaló que más de 140.000 haitianos han sido deportados de países vecinos, incluida la República Dominicana, tan solo en la primera mitad del año.
“Observamos que no existen medidas gubernamentales para ayudar adecuadamente a estos migrantes”, declaró el grupo.
Añadió que muchos de los deportados “han visto sus sueños desvanecerse; los lazos que habían forjado en sus comunidades se han roto. Muchos están sufriendo la separación de sus familias”.
Según el Monitor de Vuelos de ICE de Human Rights First, que rastrea los datos de vuelos, Estados Unidos ha realizado aproximadamente un vuelo de deportación a Haití desde diciembre de 2023. Desde diciembre de 2025, los vuelos han partido de Alexandria, Luisiana , un centro de operaciones para los vuelos de deportación de ICE, con escala en Miami de camino al Aeropuerto Internacional de Cap-Haïtien.
SAO PAULO (AP) — En la carrera mundial por asegurar tierras raras, fundamentales para todo, desde teléfonos móviles hasta tecnologías verdes, Brasil está emergiendo como una alternativa al dominio de China , particularmente para Estados Unidos y Australia, según un análisis de permisos mineros realizado por Associated Press y Reporter Brasil.
Eso podría impulsar la economía de la nación más grande y poblada de América Latina, que ocupa el segundo lugar después de China en reservas de tierras raras.
El capital extranjero está llegando en masa. Casi la mitad de las 2727 solicitudes de exploración de tierras raras presentadas en Brasil (el 42%) fueron realizadas por filiales de empresas mineras extranjeras o empresas con participación extranjera. Once de las 20 empresas con mayor número de solicitudes cuentan con el respaldo de inversión extranjera, principalmente de Australia, Estados Unidos y Canadá.
El análisis revisó todos los registros de la Agencia Nacional de Minería hasta junio. Las solicitudes de exploración de tierras raras se han disparado, con más del 86 % presentadas en los últimos tres años, incluidas 268 en el primer semestre de 2026, según los datos públicos de la agencia.
Pero la minería, que en algunos casos podría realizarse cerca de reservas en la selva amazónica, también conlleva importantes riesgos ambientales. Las comunidades indígenas están empezando a dar la voz de alarma. Esto también plantea interrogantes sobre las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, socios comerciales desde hace mucho tiempo, y entre Brasil y China, cuyas relaciones se han estrechado en los últimos años.
“Las tierras raras de Brasil son importantes no solo por el enorme tamaño de los yacimientos”, dijo Robert Muggah, cofundador del Instituto Igarape, un centro de estudios brasileño, “sino porque se encuentran en la intersección del nacionalismo de los recursos, la demanda de la transición energética, la diversificación de la cadena de suministro occidental y la competencia con el dominio de China en el sector de las tierras raras”.
Este artículo es una colaboración entre Reporter Brasil y The Associated Press.
Las tierras raras son esenciales en las tecnologías digitales y de defensa, y se utilizan en electrónica, imanes y baterías. También se emplean en turbinas eólicas y motores de vehículos eléctricos, fundamentales para la transición energética hacia fuentes de energía alternativas como el petróleo, el gas y el carbón, causantes del calentamiento global. La Agencia Internacional de Energía estimó en 2022 que la demanda de tierras raras podría triplicarse, como mínimo, para 2040.
El análisis de AP-Reporter Brasil identificó una oleada de inversión estadounidense después de que China restringiera el año pasado las exportaciones de tierras raras en respuesta a los aranceles estadounidenses. Esto ejerció una enorme presión sobre las empresas estadounidenses, y muchos expertos creen que llevó al presidente Donald Trump de vuelta a la mesa de negociaciones con Pekín.
La nueva inversión estadounidense ha incluido la compra de Serra Verde, el único productor comercial de tierras raras de Brasil, por parte de una empresa en la que el gobierno estadounidense tiene participación. El análisis también se basó en los registros de propiedad corporativa recopilados a través de Cruzagrafos, una plataforma desarrollada por la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación.
La minería futura conllevará riesgos ambientales.
El proceso desde la obtención de un permiso de exploración hasta la producción comercial puede durar entre cinco y diez años, y requiere que las empresas presenten estudios técnicos y planes de exploración a la Agencia Nacional de Minería y a los organismos reguladores ambientales. Los proyectos que afecten a territorios indígenas también deben someterse a consulta con las comunidades.
Pero la creciente demanda ha impulsado esfuerzos para agilizar las aprobaciones. El Ministerio de Minas y Energía de Brasil, bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, ha analizado la simplificación de los trámites de licencias ambientales para proyectos mineros estratégicos. El senador Flávio Bolsonaro, uno de los principales candidatos que se enfrentarán a Lula en las elecciones de octubre, también ha propuesto una tramitación más rápida de los permisos mineros.
“La minería siempre deja huella”, afirmó Gilvan Magalhães, presidente de la asociación de vecinos de Familia Magalhaes, una pequeña comunidad afrobrasileña del estado de Goiás, en el centro de Brasil. Su territorio, habitado por unas 30 familias, se superpone con las concesiones mineras de la empresa canadiense Aclara Resources, que el año pasado obtuvo 5 millones de dólares en financiación para el desarrollo de proyectos de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (IFDC).
En un comunicado, Aclara afirmó que su proyecto inicialmente se superponía con el territorio de la comunidad, pero que “no se realizarán actividades mineras allí”. Sin embargo, los residentes temen que las operaciones, que podrían comenzar ya en 2028, afecten a los manantiales locales y a la fauna silvestre.
Las empresas australianas y estadounidenses lideran las solicitudes de minería.
Australia, Estados Unidos y Canadá ofrecen mecanismos de inversión que reducen el riesgo en un sector donde pocos proyectos se convierten en minas rentables, afirmó Julio Nery, director de asuntos mineros del Instituto Brasileño de Minería.
De cada 1000 yacimientos potenciales de tierras raras, solo unos 100 justifican la perforación y la exploración. «Y de esos 100, solo se obtienen dos proyectos viables. La tasa de éxito no es muy alta», afirmó Nery.
Las empresas australianas han asumido un papel protagónico en Brasil, con 695 solicitudes de explotación minera. Casi un tercio fueron presentadas por Borborema Recursos Minerais, filial de la empresa brasileña Rare Earths Pty Ltd., con sede en Sídney.
«Reconocemos que el sector de los minerales críticos está bastante concentrado en este momento», declaró Sophie Davies, embajadora de Australia en Brasil, a la agencia AP en una entrevista sin mencionar específicamente a China. «El desafío radica en dónde y cómo se negocian los mercados y cómo se producen los minerales».
Las empresas estadounidenses ocuparon el segundo lugar con 347 solicitudes.
Alpha Minerals Brazil, controlada por Rare Earth Americas Inc., con sede en Texas, representó 181. Originalmente constituida en las Islas Caimán, la empresa se trasladó a los EE. UU. en 2025 y afirma que su misión es convertirse en la principal nueva fuente de suministro de tierras raras para Estados Unidos.
Entre las demás empresas que han presentado solicitudes de salida a bolsa se encuentran Mineracao Apollo, controlada en parte por Atlas Lithium, con sede en Nevada, y Aclara, que recientemente inauguró una planta piloto de procesamiento en Luisiana, donde planea convertir materiales de tierras raras en metales y aleaciones.
El gobierno estadounidense ofreció hasta 1.600 millones de dólares en ayuda.
En febrero, Serra Verde, la única empresa productora de tierras raras en Brasil, obtuvo un paquete de financiación de 565 millones de dólares de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (IDFC). En abril, USA Rare Earth anunció un acuerdo para adquirir Serra Verde por aproximadamente 2.800 millones de dólares, tres meses después de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunciara planes para brindar hasta 1.600 millones de dólares en apoyo a USA Rare Earth. El departamento recibe más de 16 millones de acciones en la operación, que se concretó en junio.
Serra Verde es el único productor fuera de Asia con capacidad para suministrar los cuatro elementos magnéticos de tierras raras —neodimio, praseodimio, disprosio y terbio— esenciales para las industrias automotriz, médica, de energías renovables, electrónica, robótica, defensa y aeroespacial.
“El sector occidental de las tierras raras se encuentra en un punto de inflexión crítico, ya que los gobiernos y las industrias estratégicas buscan con urgencia fuentes fiables de tierras raras esenciales, en particular de las escasas tierras raras pesadas”, declaró Thras Moraitis, director ejecutivo de Serra Verde Group, en un comunicado durante la adquisición.
Leonardo Durans, director del Ministerio de Comercio de Brasil encargado de la política sobre tierras raras, afirmó que el país no tomará partido en la disputa entre Estados Unidos y China.
China muestra interés, pero los proyectos van atrasados.
El análisis de AP-Reporter Brasil reveló que, hasta junio, las empresas chinas no habían presentado solicitudes de explotación minera de tierras raras en Brasil, pero sí han mostrado interés.
Mineracao Taboca, el mayor productor de estaño de Brasil, fue adquirido el año pasado por la empresa estatal China Nonferrous Metal Mining Group, que opera una mina de casiterita en la selva amazónica y ha anunciado planes para estudiar el potencial de tierras raras en la zona.
Asimismo, el año pasado, Shenghe Resources Holding firmó un memorando de entendimiento con las empresas brasileñas WEG Minerao y Fenrir do Brasil para explorar oportunidades en el sector de las tierras raras. Fenrir cuenta con un proyecto minero en Minas Gerais, un estado del sureste del país, centrado en la exploración de elementos como las tierras raras.
Se cree que las reservas de tierras raras de China duplican las de Brasil. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, China posee unas 44 millones de toneladas métricas, mientras que Brasil cuenta con unas 21 millones de toneladas métricas, según su Servicio Geológico.
“El desafío actual radica en que China domina el procesamiento y la refinación”, declaró el legislador brasileño Zé Silva, autor de un proyecto de ley pendiente que establecería una política federal sobre minerales críticos y tierras raras, definiría prioridades de inversión y crearía un consejo nacional para monitorear la influencia extranjera significativa en el sector. “Según nuestra propuesta, las empresas son bienvenidas a invertir, pero deben transferir tecnología a Brasil, incluyendo la capacidad de procesamiento”.
El lunes, el presidente de Brasil afirmó que el Senado seguiría adelante con el proyecto de ley propuesto para mantener los empleos relacionados con la minería en el país y defender los intereses nacionales.
“No permitiremos que nadie de fuera venga aquí a explotar nuestros recursos minerales, porque queremos que su procesamiento y transformación se realicen aquí”, dijo Lula.
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GABRIELA SÁ PESSOA cubre la selva amazónica brasileña para Associated Press. Reside en São Paulo, Brasil.
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