SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — El miércoles concluyó en El Salvador un juicio masivo de tres meses contra cientos de presuntos miembros de la pandilla MS-13 , donde los fiscales presentaron sus alegatos finales y solicitaron las penas máximas.
Los procesos judiciales contra 485 miembros de la banda criminal internacional Mara Salvatrucha, o MS-13, por cargos que incluyen homicidio, extorsión, narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas, han suscitado críticas por parte de grupos de derechos humanos, que afirman que infringen los derechos de los acusados en el marco del estado de emergencia que rige en el país latinoamericano .
El estado de emergencia, decretado en marzo de 2022, suspendió algunos derechos constitucionales y, desde entonces, decenas de miles de salvadoreños han sido detenidos.
“Primero, la policía arrestó a miles de personas sin investigación. Ahora, los tribunales están dictando condenas masivas a cientos de personas sin pruebas creíbles ni ninguna posibilidad real de defensa”, dijo Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch.
“Esto no es justicia; es dar una apariencia de legalidad a las detenciones de personas inocentes que nunca debieron haber ocurrido.”
Según la Fiscalía, los miembros de la banda están siendo juzgados por su participación en un total de 14.420 delitos, incluidos 444 homicidios, cometidos entre 2012 y 2022. La fiscalía ha solicitado la pena máxima para cada delito, que podría ascender a cadena perpetua para algunos y a 9 millones de dólares en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
La fiscalía argumentó que la MS-13, designada como organización terrorista extranjera por Estados Unidos , utilizó a unos 1.200 niños en sus actividades delictivas, explotó a 638 mujeres y formó 32 grupos, dos de los cuales operaban desde fuera de El Salvador.
Durante las audiencias, los fiscales reprodujeron grabaciones de audio de llamadas atribuidas a líderes de pandillas en las que supuestamente ordenaban asesinatos y otros delitos.
El juicio se llevó a cabo virtualmente y los acusados comparecieron ante la cámara desde su centro de detención: el Centro de Confinamiento por Terrorismo, o CECOT , una megaprisión construida por el gobierno del presidente Nayib Bukele . En estas instalaciones, donde están prohibidas las visitas, la recreación y la educación, también se han alojado cientos de migrantes deportados de Estados Unidos.
Se desconoce cuándo se espera el veredicto.
El Salvador ha hecho posible esta forma de juicios colectivos gracias a una reforma de su código penal de julio de 2023 , que permite agrupar a los detenidos durante el estado de emergencia según sus pandillas o territorios.
Según las autoridades, desde que se impuso el estado de emergencia, más de 92.480 personas acusadas de pertenecer a bandas criminales o de tener vínculos con ellas han sido encarceladas.
Bukele ha declarado que 8.000 personas inocentes han sido liberadas. Por su parte, las organizaciones de derechos humanos afirman haber registrado más de 6.000 denuncias de violaciones de derechos humanos y detenciones arbitrarias, y haber documentado la muerte de al menos 547 personas bajo custodia.
A pesar de las críticas, el estado de emergencia sigue siendo popular en El Salvador , donde muchos residentes se han cansado de años de violencia y elogian a Bukele por su enfoque para mejorar la seguridad.
Este es el segundo juicio masivo contra pandilleros en el país. En noviembre pasado, 45 miembros de la pandilla Barrio 18 fueron declarados culpables de diversos delitos, entre ellos extorsión y homicidio. Uno de los líderes de la pandilla fue sentenciado a 397 años de prisión.
Entre los líderes de la MS-13 actualmente procesados se encuentran Dionisio Arístides Umanzor Osorio, conocido por su alias “El Sirra de Teclas”, así como Borromeo Henríquez Solórzano, alias “Diablito de Hollywood”, Carlos Tiberio Ramírez Valladares o “Snayder” y César Antonio López Larios, alias “Greñas”.
La reportera de Associated Press, Anna-Catherine Brigida, informó desde la Ciudad de México.
DAMASCO (AP) — Las autoridades sirias frustraron un intento de contrabando de armas que venían desde Irak e iban para el grupo libanés Hezbollah, informó el jueves la prensa estatal.
El camión que fue incautado transportaba armas avanzadas y cohetes, declaró un funcionario no identificado del Ministerio del Interior, citado por la agencia estatal de noticias SANA. Una investigación preliminar concluyó que su destino previsto era Hezbollah, grupo chií libanés respaldado por Irán y que desde principios de marzo está en guerra con Israel.
El nuevo liderazgo en Siria, que derrocó al dictador Bashar Assad en 2024, ha intensificado la represión contra el contrabando de armas y drogas ilícitas a lo largo de sus fronteras, especialmente con Irak y Líbano, que durante décadas han servido como rutas estratégicas para abastecer a Hezbollah y a otros grupos respaldados por Irán.
El presidente estadounidense Donald Trump ha insistido en que Siria emprenda acciones contra Hezbollah, mientras el mandatario sirio Ahmad al-Sharaa evita que su país sea arrastrado a un conflicto regional más amplio.
Hezbollah no comentó sobre las acusaciones.
El primer ministro iraquí Ali al-Zaidi viajó a Washington a principios de esta semana para reunirse con Trump, quien ha estado presionando a Bagdad para que desarme a las milicias respaldadas por Teherán.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
RÍO DE JANEIRO (AP) — Cuando un policía brasileño mató al hijo de 19 años de Ana Paula Oliveira en una favela de Río de Janeiro en 2014, la madre de dos hijos no pensó que sobreviviría al dolor.
Según Oliveira, fundar un grupo con otras madres afligidas —asistir juntas a audiencias judiciales, protestas y actos conmemorativos, y brindarse apoyo psicológico esencial entre sí— le salvó la vida.
“Sin duda alguna, si hubiera estado sola no habría llegado hasta aquí, doce años después”, dijo en un acto reciente en la antigua escuela de su hijo, conmemorando el aniversario de su muerte. “Nos necesitamos los unos a los otros para llorar juntos, para sonreír juntos y para luchar juntos”.
Oliveira y otras madres brasileñas recurren al activismo para asegurar que sus hijos sean recordados como algo más que una estadística. Ahora, exigen una política nacional de apoyo a los familiares de las víctimas de la violencia estatal y buscan financiación pública para sus actividades.
Según el Instituto Crossfire, una organización sin ánimo de lucro, 460 personas murieron durante las operaciones policiales en Río de Janeiro el año pasado, la cifra más alta desde 2016 y un aumento del 52% con respecto al año anterior.
Al igual que las Madres de Plaza de Mayo , una organización de derechos humanos creada por mujeres cuyos hijos fueron secuestrados por la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, Oliveira y su grupo llaman la atención sobre el dolor generado por los asesinatos policiales y buscan que la justicia rinda cuentas, a veces con éxito.
El año pasado viajaron a la capital, Brasilia, y se reunieron con los poderes judicial, legislativo y ejecutivo para presentar su proyecto, desarrollado con el apoyo de Raave, una red de organizaciones que apoyan a las personas afectadas por los asesinatos policiales en Río de Janeiro.
“Raave está negociando con el gobierno federal para implementar un proyecto piloto… desarrollado por las madres, para que podamos brindar atención y garantizar los derechos de esta población”, dijo Guilherme Pimental, coordinador de Raave.
Convertir el dolor en lucha
Al igual que en otros países latinoamericanos, como Perú y Colombia , la delincuencia es un tema clave para los votantes en las elecciones brasileñas de octubre.
Los partidarios y aliados del aspirante a la presidencia, el senador Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro , argumentan que se debe brindar todo el apoyo a la policía en su lucha contra las bandas fuertemente armadas en las favelas, o comunidades urbanas extensas y empobrecidas.
Pero las madres afligidas y las organizaciones sin ánimo de lucro sostienen que la policía brasileña utiliza con demasiada frecuencia una fuerza excesiva, que en ocasiones acaba con la vida de las víctimas.
Según relató su madre, Johnatha, hijo de Oliveira, recibió un disparo por la espalda cuando transitaba por una calle de la favela de Manguinhos, en Río de Janeiro, tras visitar a su abuela. Posteriormente falleció a causa de las heridas.
“Los agentes de policía alegan que le dispararon para dispersar a una multitud que protestaba”, declaró Oliveira, quien busca que el agente que efectuó el disparo sea condenado por homicidio intencional. En 2024, un jurado lo declaró culpable de homicidio involuntario sin intención de matar. La fiscalía apeló con éxito, pero aún no se ha fijado una nueva fecha para el segundo juicio.
Al igual que Oliveira, Monica Cunha también transformó su dolor en activismo. Después de que su hijo de 20 años fuera asesinado por la policía en 2006, se convirtió en concejala y este mes lanzará su precandidatura para postularse como legisladora estatal en las próximas elecciones de octubre.
“Lucho por la memoria, la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de que no se repita, no solo por mí, sino para que ninguna otra familia tenga que sufrir este dolor”, dijo Cunha en una publicación de Instagram en el 18.º aniversario de la muerte de su hijo. “El racismo que mata a nuestros hijos y seres queridos no es un problema aislado y debe ser enfrentado a través de políticas estatales. Seguiré adelante, transformando el dolor en lucha”.
Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública , una destacada organización sin fines de lucro, la policía brasileña ha matado a más de 6.000 personas cada año desde 2018. La mayor parte de las víctimas tienen entre 18 y 24 años, y el 82% de las víctimas de violencia policial letal son negras, según indicó la organización en su publicación anual de 2025 sobre la violencia en Brasil .
Las tácticas antigangas en las favelas de Río volvieron a ser objeto de escrutinio el año pasado, cuando la policía abatió a 117 presuntos pandilleros en la redada más letal jamás realizada en el estado, dirigida contra miembros del grupo criminal Comando Rojo en dos favelas. Cinco policías también perdieron la vida. Según la policía, en esa operación se arrestó a 113 personas, se incautaron 118 armas y se confiscaron más de una tonelada de drogas.
El entonces gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado de Bolsonaro, defendió la operación, que según él iba dirigida contra “ narcoterroristas ”, un término que recuerda al del presidente estadounidense Donald Trump. El mes pasado, la administración Trump clasificó al Comando Rojo, así como a su rival, el Primer Comando Capital, como organizaciones terroristas extranjeras .
'Necesitamos soluciones'
Los hijos de Nadia dos Santos, Cleyton y Cleyverson, fueron asesinados por la policía: el primero en 2015, a los 18 años, y el segundo, a los 17, en 2022. La policía también mató al hijo de su hermana, Glaucia dos Santos, Fabricio, en 2014, cuando tenía 17 años. Un monumento en honor a los tres jóvenes cubre la pared frontal de la casa familiar en el complejo de favelas de Chapadão, en Río de Janeiro.
Las hermanas fundaron grupos de apoyo y comenzaron la larga labor de investigar las circunstancias de la muerte de cada niño, buscando que se rindieran cuentas a través de los tribunales.
En 2023, los policías implicados en la muerte de Fabricio fueron condenados a nueve años de prisión, una decisión que fue celebrada por otras madres y les dio esperanza, según declaró Glaucia dos Santos.
“Queremos que otros sigan con vida, así que tenemos que mantenernos en pie” a pesar del inmenso dolor, dijo Glaucia dos Santos.
Su hermana Nadia dijo que las madres necesitan una política pública nacional sobre restitución, y que ella fue a Brasilia a exigirla.
“El Estado debería tener la obligación de indemnizarnos a las madres que perdemos a nuestros hijos a causa de la violencia estatal. … Luchamos, trabajamos, pero enfermamos. Necesitamos soluciones”, afirmó.
Oliveira sugirió que la reparación podría consistir en colocar los nombres de las víctimas en lugares públicos y dar su nombre a instalaciones como escuelas, hospitales y guarderías.
“También existen otras formas de reparación, como la creación de otras políticas públicas de no repetición que ayuden a prevenir nuevos casos. … Hay muchas cosas que deben hacerse, muchas reparaciones, para que esta barbarie no continúe”, afirmó.
La periodista de Associated Press, Diarlei Rodrigues, contribuyó a este reportaje.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México solicitó formalmente a los fiscales generales estatales de Estados Unidos que investiguen penalmente los casos de migrantes que han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o durante redadas, informó el martes el gobierno mexicano.
La solicitud surge tras la muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo , quien fue asesinado a tiros por un agente del ICE en Houston. Desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, 17 migrantes mexicanos han fallecido durante operativos de control migratorio: 14 bajo custodia del ICE y tres en operaciones de la agencia.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México había anunciado previamente que presentaría la solicitud , la cual se formalizó el martes, según informó la propia secretaría. Añadió que también se enviará una solicitud similar al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Estados Unidos no está legalmente obligado a atender las solicitudes.
Asimismo, el gobierno mexicano ha anunciado que ha comenzado a enviar cartas a los centros de detención estadounidenses donde han fallecido migrantes mexicanos, exigiéndoles que “cesen de inmediato las acciones u omisiones que provocaron estas muertes, como impedir el acceso a atención médica rápida y eficaz, así como la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios”.
El primer centro en recibir la carta fue Adelanto, en California, donde murieron cuatro migrantes mexicanos .
Según el ministerio, estas cartas constituyen un primer paso hacia la eventual presentación de demandas civiles contra las empresas que gestionan los centros de detención para poner fin a las violaciones de los derechos humanos.
La semana pasada, el canciller mexicano Roberto Velasco dijo que su país acudiría directamente a las autoridades estadounidenses para solicitar investigaciones penales en casos de mexicanos muertos bajo custodia del ICE o en operaciones de control migratorio.
Salgado Araujo, quien no tenía antecedentes penales y había vivido en Estados Unidos durante 35 años, fue asesinado a tiros el martes pasado mientras conducía a su equipo de construcción a una obra en Houston. Su muerte provocó protestas en Houston y exigencias de una investigación independiente por parte de los demócratas y la familia de Salgado Araujo.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el ICE, dijo que Araujo, de 52 años, había embestido un vehículo del ICE y que un agente federal disparó un arma en defensa propia.
Velasco también envió una carta a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solicitando que las autoridades estadounidenses recaben información sobre las muertes de los migrantes mexicanos bajo custodia del ICE y analicen la “compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
El ministro de Asuntos Exteriores también pidió a Türk que solicitara la opinión del Consejo de Derechos Humanos, un organismo intergubernamental de la ONU que promueve los derechos humanos, sobre los casos en cuestión y que ofreciera recomendaciones.
Estos acontecimientos marcan una escalada en la respuesta de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a la represión migratoria de Trump. A principios de este año, Sheinbaum ordenó a las misiones diplomáticas de México en Estados Unidos que se comunicaran periódicamente con los detenidos por el ICE, e incluso su gobierno presentó una queja ante Türk.
Después de que la casa de su abuela en Caracas sobreviviera por poco a los devastadores terremotos consecutivos del mes pasado , Alessandra Izaguirre estaba desesperada por ayudar a Venezuela.
“Ver a mi abuela y a todas estas personas afectadas me hizo sentir que tenía que hacer algo, aunque fuera desde Estados Unidos”, dijo la joven de 18 años, que ha pasado las últimas semanas preparando comida para voluntarios en la sede de la organización sin fines de lucro Global Empowerment Mission en Doral, Florida .
Izaguirre es una de las miles de personas que han participado en una iniciativa humanitaria de base excepcionalmente grande, con sede en GEM, que cuenta con el apoyo de donaciones de todo Estados Unidos y otros países, y que sigue activa casi tres semanas después de la catástrofe.
Cientos de voluntarios siguen acudiendo cada día a los almacenes de GEM en Doral, donde aproximadamente la mitad de la población es de ascendencia venezolana . Allí clasifican los suministros donados, seleccionados para cubrir las necesidades más recientes, y los preparan para su transporte a Caracas en vuelos diarios.
El sistema de GEM, facilitado por el Departamento de Estado de EE. UU., ha brindado a los miembros de la diáspora venezolana y a otros una vía para apoyar la crisis actual, y un mecanismo confiable para enviar ayuda en medio de la preocupación generalizada por el robo y la corrupción por parte de los funcionarios venezolanos.
“Lo que podamos hacer llegar al público venezolano es lo que cuenta”, dijo Izaguirre.
Este esfuerzo también pone de relieve el sorprendente cambio de dinámica entre Estados Unidos y Venezuela desde que el presidente Donald Trump ordenó la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en una redada al amanecer del 3 de enero . Con personal militar nuevamente sobre el terreno, Estados Unidos ha asumido un papel de respuesta que habría sido inimaginable antes de enero, cuando Trump dijo que Estados Unidos "gobernaría" el país y tomó el control de sus exportaciones de petróleo .
“Esto es algo completamente distinto”, dijo Michael Capponi, fundador y presidente de GEM, a quien se le negó la entrada a Venezuela cuando intentaba entregar ayuda durante el régimen de Maduro, quien durante mucho tiempo rechazó la ayuda humanitaria, equiparándola a una intervención extranjera. “Aterrizamos en un avión privado, soldados estadounidenses descargan la ayuda, la transportamos en un camión que pagamos y la llevamos a un almacén que controlamos por completo. No pasa por las manos del gobierno venezolano”.
GEM activó rápidamente una cadena de suministro
Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la región con 39 segundos de diferencia el 24 de junio, causando la muerte de al menos 4.500 personas y dejando a miles más desaparecidas . Destruyeron y dañaron más de 850 edificios, dejando a 17.000 personas desplazadas y devastando infraestructuras críticas que proporcionan electricidad, agua potable y saneamiento.
La sede de GEM se convirtió casi de inmediato en un punto de recogida de donaciones. Algunos donantes se mostraron inicialmente escépticos ante la posibilidad de que la ayuda llegara a quienes la necesitaban sin ser robada o malversada por un gobierno notoriamente corrupto , explicó Capponi. Tras la primera distribución exitosa de ayuda por parte de GEM, el movimiento creció más de lo que había visto en décadas de respuesta global.
Empresas como Goya, Walmart y Amazon aportan suministros, mientras que equipos deportivos profesionales donan fondos. Sin embargo, gran parte de la ayuda aún se reúne gracias a las contribuciones de miles de particulares.
“Van a Walmart con su tarjeta de crédito, compran 15 latas de comida y las llevan en una bolsa”, dijo Capponi. “Puede que no parezca mucho, pero cuando se trata de 2000 personas... es una ayuda enorme”.
En ocasiones, las filas para entregar ayuda en GEM han sido tan largas que la policía ha tenido que intervenir para controlar el tráfico. Los suministros llegan de toda Norteamérica: dos hermanos transportaron mercancías en un camión de mudanzas desde Canadá. Otro grupo llegó desde México. También han llegado camiones desde Nevada, Texas y California.
Hasta 1000 voluntarios, distribuidos en tres almacenes, clasifican y empaquetan los suministros. Llenan palés con artículos esenciales como pañales y preparan paquetes individuales con alimentos y artículos de higiene suficientes para dos personas durante unos cinco días. También incluyen mensajes de ánimo: «Te queremos, Venezuela», se lee en uno de ellos.
GEM tiene como objetivo entregar al menos 100.000 paquetes de ayuda al mes durante los próximos tres a seis meses, al tiempo que atiende necesidades futuras, como la vivienda a largo plazo.
Según Billy Richardson, director de logística de EE. UU., algunos voluntarios se toman vacaciones para trabajar en los almacenes. Otros llegan después del trabajo. «Casi tenemos que echarlos al final del día», comentó Richardson.
Mariela Vila se presentó porque recuerda lo afectada que quedó cuando el huracán María azotó su tierra natal, Puerto Rico, en 2017. "La comunidad latina en general se unió para ayudar a Puerto Rico, y eso me hizo sentir muy bien", dijo Vila, de 25 años, quien ha trabajado jornadas completas en GEM desde que comenzó la iniciativa. "Por eso sentí la necesidad de ayudar a Venezuela".
Estados Unidos asume un papel complejo
Hasta el momento, se han distribuido casi un millón de libras (454 000 kilogramos) de suministros desde la sede de GEM hasta sus almacenes recientemente arrendados en Caracas. GEM colabora con organizaciones sin fines de lucro locales y miembros de la comunidad de confianza para organizar distribuciones en las zonas más afectadas, a menudo dos veces al día.
Pero es el Departamento de Estado de EE. UU. quien facilita los envíos al gobierno venezolano, lo que permite a GEM operar en el país, incluso con la ayuda del ejército estadounidense. El sábado, infantes de marina estadounidenses desembarcaron una lancha anfibia en una playa venezolana y descargaron paquetes de GEM que luego fueron entregados a 2000 personas que hacían fila para recibir ayuda.
Las alianzas con GEM y otras organizaciones sin fines de lucro permiten a Estados Unidos aprovechar la logística y los mecanismos de donación existentes, según declaró un portavoz del Departamento de Estado a The Associated Press, añadiendo que la iniciativa con GEM saca partido de "la diáspora venezolano-estadounidense y de socios privados que desean donar".
Otros grupos humanitarios con sede en Estados Unidos declararon a la agencia Associated Press que también han podido operar sin interferencia de las autoridades venezolanas. Algunos dependen de la colaboración con organizaciones locales sin fines de lucro ya establecidas.
A pesar de la presencia estadounidense, algunos todavía cuestionan si la administración Trump está haciendo lo suficiente para ayudar a Venezuela, especialmente teniendo en cuenta que controla miles de millones de dólares en ingresos petroleros.
“Existen muchas dudas sobre la transparencia en el uso de ese fondo, en un momento en que los venezolanos realmente necesitan que ese dinero se utilice para la protección de los venezolanos”, dijo Laura Cristina Dib, directora del programa para Venezuela de la organización de derechos humanos Washington Office on Latin America.
John M. Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, declaró a los periodistas la semana pasada que el gobierno interino ha cumplido "plenamente con nuestras solicitudes para impulsar esta respuesta humanitaria masiva" y que los ingresos procedentes de la producción petrolera venezolana, actualmente controlada por el Tesoro estadounidense, se están destinando a las labores de socorro.
Al ser consultado sobre más detalles, el portavoz del Departamento de Estado dijo: "El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro están apoyando las operaciones presupuestarias del gobierno interino venezolano, mejorando la liquidez de Venezuela y el acceso al capital durante la recuperación", y agregó que Estados Unidos ha contribuido con más de 386 millones de dólares a la respuesta al terremoto, independientemente de los ingresos petroleros.
La recuperación de Venezuela apenas comienza.
La semana pasada, en la ciudad costera de Maiquetía, Yoniel Reyes estaba sentado dentro de una tienda de campaña, examinando el contenido de un paquete de GEM que acababa de recibir durante una distribución de ayuda, empaquetado y sellado a 2.100 kilómetros de distancia, en Doral. Había comidas instantáneas, botellas de agua, alimentos enlatados, polvo de rehidratación y kits de higiene.
“Jamás imaginé que recibiría ayuda de Estados Unidos”, dijo Reyes. “Los venezolanos estamos agradecidos, muy agradecidos”.
El videoperiodista de Associated Press Juan Pablo Arraez contribuyó a este informe desde Maiquetía, Venezuela.
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GABRIELA AOUN ANGUEIRA investiga el papel de la filantropía en la resiliencia y la recuperación ante desastres. Reside en San Diego, California.
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SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — El miércoles concluyó en El Salvador un juicio masivo de tres meses contra cientos de presuntos miembros de la pandilla MS-13 , donde los fiscales presentaron sus alegatos finales y solicitaron las penas máximas.
