LA PAZ, Bolivia (AP) — Una semana después de un aumento del 84% en el precio del diésel para los grandes consumidores la escasez y las filas para cargar combustible continuaban el lunes en Bolivia en medio de un creciente malestar social contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz tras el escándalo que involucra a su exasesor argentino encarcelado por presunto intento de feminicidio.

Agricultores del oriente desafiaron el estado de excepción con protestas y anunciaron marchas con tractores para esta semana, según el dirigente del gremio Javier Núñez. “Estamos en plena cosecha de invierno y los perjuicios son enormes, no podemos esperar más las promesas del gobierno”, dijo.

Centenares de agricultores salieron el domingo a protestar con tractores en el oriente para exigir abastecimiento y la derogatoria del ajuste en el diésel.

“El aumento de precio no ha resuelto el problema. Sigue la escasez y el decreto sólo alentará el mercado ilegal de combustibles y el contrabando. La cosecha está demorada y los costos repercutirán en los precios”, acotó Klaus Frerking, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que agrupa a grandes y pequeños productores de granos.

El aumento del precio del diésel rige para la industria y los grandes consumidores. El incremento busca acercar el precio al costo de importación para aliviar la fuerte carga sobre las finanzas públicas. La escasez de dólares es la principal causa que impide importar combustibles para cubrir la demanda, admitieron las autoridades.

Paz no ha tenido apariciones públicas desde hace una semana cuando la novia de su exasesor personal Fernando Cerimedo sobrevivió a un ataque armado y acusó a Cerimedo de pretender acallarla implicando a su pareja en presuntos negociados con el gobierno.

Cerimedo permanecerá recluido en un penal de la región de Santa Cruz, en el oriente, por seis meses mientras avanzan las investigaciones y tiene otra causa abierta por supuesto enriquecimiento ilícito.

Paz salió debilitado de las duras protestas de 53 días entre mayo y junio y el escándalo ha golpeado más su imagen. El estado de excepción decretado para aplacar las manifestaciones vence el 17 de septiembre y muchos sectores ya iniciaron protestas que amenazan con recrudecer en los próximos días.

Cerimedo “tenía un rol indeterminado, un poder grande y tomaba decisiones que no eran apropiadas para un asesor extranjero”, dijo a The Associated Press el diplomático y exembajador de Bolivia en Estados Unidos, Jaime Aparicio.

Agregó que “nadie quiere que (Paz) se vaya del gobierno, creo que los bolivianos esperan un cambio de timón, un mea culpa a partir del cual pueda hacer los cambios que el país requiere. Es una última oportunidad que tiene el presidente para dar un giro radical”.

POR  CARLOS VALDEZ

(AP Foto/Juan Karita)

LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente boliviano Rodrigo Paz cierra una semana compleja con varios reveses y acosado en múltiples frentes, poniendo a prueba su capacidad y debilitando aún más su ya frágil posición política.

El viernes, destituyó a su ministro de Economía después de que recibiera la desaprobación de la Asamblea Legislativa, mientras que un juez en la región oriental de Santa Cruz envió a prisión preventiva por 180 días a un asesor del mandatario por el presunto intento de feminicidio a su expareja.

Su principal aliado en el Congreso se alejó, fracturando el apoyo a su agenda mientras lucha por sacar a Bolivia de casi dos décadas de gobierno socialista de partido único. Un repentino aumento en el precio del combustible amenazó con reavivar el descontento popular.

“No son tiempos fáciles para el país”, admitió Paz el jueves. Pero tras un vertiginoso ascenso al poder el año pasado, Paz ha pasado sus nueve meses en el cargo acostumbrándose a las dificultades. Sin embargo, los analistas afirman que los últimos reveses podrían representar su mayor desafío hasta la fecha.

Aquí un breve resumen de los contratiempos sufridos por el gobierno esta semana:

Destitución de ministro de Economía

El viernes, mediante un decreto, Paz destituyó a su ministro de Economía, José Gabriel Espinoza —artífice de la reforma de libre mercado de su gobierno— días después de que el Congreso votara a favor de su salida y en medio de una denuncia por supuestamente declarar por un valor menor la compra de un auto de lujo.

Los legisladores aprovecharon el escándalo en torno a la compra del auto de lujo por parte de Espinoza y su ausencia en una audiencia parlamentaria sobre economía para canalizar su creciente frustración por la persistente inflación en Bolivia y la escasez persistente de combustible y divisas.

La fiscalía abrió una investigación penal por las acusaciones de que Espinoza falsificó documentos y ocultó sus ingresos en relación con la compra de un Audi Q4 por 5.000 dólares, un precio muy inferior al del mercado. Espinoza atribuyó la discrepancia a un error administrativo y negó haber cometido irregularidad alguna.

El gobierno de Paz criticó en un principio la votación del Congreso por considerarla inconstitucional e insistió en que Espinoza permanecería en el cargo. Sin embargo, pronto rectificó, evidenciando su debilidad en el Congreso después de que Samuel Doria Medina, el líder del partido de centroderecha Unidad Nacional, un aliado legislativo clave, se alejó de él la semana pasada debido a su dependencia de los decretos presidenciales.

La destitución de Espinoza deja al plan de rescate económico de Paz sin su principal estratega, justo cuando necesita que el Congreso apruebe un acuerdo de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, desbloqueé un préstamo de 200 millones de dólares del Banco Mundial y apruebe la legislación para introducir dólares en Bolivia, en medio del creciente descontento por las consecuencias de su ajuste fiscal.

Paz nombró en su lugar de forma interina a Óscar Mario Justiniano, quien ocupa la cartera de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua.

Tras recortar drásticamente los generosos subsidios a los combustibles que mantenía desde hacía tiempo el año pasado, elevando los precios para los bolivianos de a pie, esta semana aumentó el precio del diése l para compras al por mayor en un 84%, lo que enfureció a los agricultores y provocó llamados a una huelga general.

“Ha logrado algunas victorias con el acuerdo con el FMI, al menos en principio, y con otros préstamos multilaterales”, dijo Casey Cagley, asesor sénior de Red Telescope Global, una firma de asesoría estratégica con sede en Seattle, que estudia Bolivia. “Pero eso no se ha traducido en ayuda para la asequibilidad ni en ninguna reforma significativa”.

“A medida que estos problemas se acumulan, se aisla cada vez más”,agregó el experto. “La deserción de aliados del gobierno y la salida de miembros del gabinete le dificultarán cada vez más afrontar este tipo de crisis en el futuro”.

Asesor argentino detenido

El martes, en un suceso que generó alto revuelo, la policía detuvo al consultor político argentino Fernando Cerimedo, con estrecho vínculo con el presidente Paz. La fiscalía lo acusó de estar presuntamente implicado en un ataque a tiros contra su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller, registrado en la ciudad oriental de Santa Cruz la noche anterior.

Desde su cama de hospital, Beller, de 33 años, lo acusó de orquestar el ataque para silenciarla porque ella conocía la supuesta corrupción dentro del gobierno de Paz.

Cerimedo, quien ha dirigido la estrategia digital de líderes conservadores en toda Latinoamérica, incluyendo al presidente argentino Javier Milei y al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, negó su participación en el ataque.

Un informe médico que Beller compartió con The Associated Press documentaba heridas en el pecho, el brazo, el cuello y los hombros, incluyendo una fractura que requirió cirugía, y señalaba que tenía entre cuatro y seis semanas de embarazo.

Posteriormente, Beller publicó fotos de cajones repletos de dinero en efectivo que, según ella, pertenecían a Cerimedo, y el caso se convirtió en un escándalo aún mayor sobre el influyente, aunque extraoficial, papel de Cerimedo y las acusaciones de enriquecimiento ilícito.

“El caso Cerimedo y Beller se ha convertido en un punto de inflexión para este gobierno”, dijo la analista política Verónica Rocha. “Su alcance y el nivel de indignación que ha generado lo diferencian de las crisis anteriores”.

Ante esta situación, Rocha consideró que el mandatario debe dar un cambio de rumbo y rendir un informe transparente a la sociedad para recuperar la confianza ciudadana.

DeBre reportó desde Buenos Aires, Argentina.

POR  PAOLA FLORES e ISABEL DEBRE

(Foto AP/Juan Karita, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, en medio de una crisis, ha dado marcha atrás en su decisión de regresar a su cargo, cediendo ante la extraordinaria reacción de su propio partido gobernante por las acusaciones de fiscales estadounidenses de que conspiró con un poderoso cártel para introducir drogas de contrabando en Estados Unidos.

Se esperaba que los legisladores estatales aprobaran el domingo la solicitud del gobernador Rubén Rocha Moya de una licencia indefinida, aproximadamente un día y medio después de que anunciara su regreso alegando que los fiscales mexicanos lo habían absuelto de los cargos de narcotráfico presentados en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de abril.

El rápido cambio de rumbo demostró la autoridad que ejerce la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sobre su partido Morena, mientras camina sobre la cuerda floja entre apaciguar al presidente estadounidense Donald Trump , quien dice que los cárteles controlan México y ha ofrecido repetidamente ayuda militar estadounidense para combatirlos, y su movimiento progresista, profundamente receloso de la intervención estadounidense .

Tras casi cuatro meses de licencia, Rocha Moya anunció el viernes su regreso al cargo, alegando que la Procuraduría General de la República no había encontrado “ninguna evidencia que respalde nuestra participación en conducta delictiva alguna”. Declaró que volvía “como gobernador de Sinaloa con la frente en alto”.

Ese desafío duró apenas un día, ya que su regreso desató un torrente de críticas por parte de gobernadores, senadores y otras figuras prominentes de Morena, incluido Sheinbaum .

«Ningún interés personal puede anteponerse a los intereses del pueblo y de la nación», escribió el sábado en una aparente reprimenda a Rocha Moya, sin mencionarlo por su nombre. «México merece servidores públicos que comprendan que los cargos son temporales, pero la responsabilidad con la nación es eterna».

Morena afirmó que su dirección nacional desconocía el regreso de Rocha Moya, calificándolo de "decisión personal". El bloque senatorial del partido instó a respetar la investigación en curso, mientras que los gobernadores de Morena declararon en un comunicado conjunto que "los proyectos políticos personales o de grupo no tienen cabida" cuando están en juego los intereses del país.

Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, instó públicamente a Rocha Moya, su antiguo aliado, a reconsiderar su postura y permanecer de baja.

La respuesta coordinada dejó a Rocha Moya aislado. El sábado anunció que había solicitado a la legislatura estatal que le permitiera apartarse indefinidamente. «Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación son lo primero», escribió.

Rocha Moya había estado de baja desde principios de mayo, días después de que los fiscales federales de Nueva York hicieran pública una acusación explosiva que lo acusaba a él y a otros nueve funcionarios mexicanos, actuales y antiguos, de proteger a miembros del cártel de Sinaloa a cambio de sobornos mientras traficaban fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.

La acusación formal representó la acción pública más significativa del gobierno de Trump contra lo que denomina corrupción oficial que permite a los cárteles mexicanos operar, avivando nuevas tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Sheinbaum negó haber protegido a Rocha Moya, pero rechazó la solicitud de Washington de arrestar y extraditar a los acusados ​​sin pruebas creíbles, insistiendo en que cualquier proceso judicial se lleve a cabo en México.

Rocha Moya, de 77 años, un firme aliado del mentor de Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador , negó haber cometido irregularidad alguna y calificó las acusaciones como un ataque con motivaciones políticas. Inicialmente se apartó del cargo para poder cooperar con la investigación mexicana sin ampararse en la inmunidad constitucional inherente a su puesto. Si tomarse una licencia lo privó de dicha protección —y si su reciente solicitud de apartarse indefinidamente volvería a hacerlo— sigue siendo objeto de debate entre los expertos legales mexicanos.

Tras la acusación formal, el alcalde de Culiacán, capital de Sinaloa, y el fiscal general adjunto del estado también renunciaron a sus cargos, mientras que dos ex altos funcionarios estatales se entregaron a las autoridades estadounidenses.

Sinaloa lleva casi dos años sumida en un sangriento conflicto entre facciones rivales del cártel que lleva el nombre del estado.

(Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

CAP-HAITÍN, Haití (AP) — Estados Unidos deportó el jueves a más de 160 personas a Haití por primera vez desde que la administración Trump ganó una batalla legal para poner fin al Estatus de Protección Temporal para unos 350.000 haitianos.

El avión aterrizó en la ciudad de Cap-Haïtien, al norte de Haití , porque el principal aeropuerto internacional de Puerto Príncipe se considera demasiado peligroso. El gobierno estadounidense mantiene una prohibición de vuelos comerciales estadounidenses a la capital de Haití hasta principios de septiembre debido a la violencia de pandillas .

Los deportados vestían de blanco y muchos se cubrían el rostro por seguridad mientras los periodistas filmaban su llegada. Casi todos se negaron a hablar, algunos por temor a ser blanco de las bandas que controlan aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe y extensas zonas aledañas.

Entre los deportados se encontraban beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y haitianos que habían cumplido condenas de prisión, según declaró Jean Négot Bonheur Delva, director general de la Oficina Nacional de Migración de Haití.

«No es el Estado haitiano quien pide que los devuelvan», dijo. «Nuestra misión es acoger a los migrantes que regresan forzosamente. … Los recibimos con el objetivo de acompañarlos a sus hogares».

Haitianos deportados buscan un hogar

Delva señaló que algunos de los deportados no habían nacido en Haití, aunque eran de ascendencia haitiana.

Dijo que varios deportados planeaban viajar a la región sur de Haití, un viaje peligroso porque las pandillas controlan las principales rutas que conducen a esa zona y son conocidas por abrir fuego indiscriminadamente contra los vehículos que pasan por allí.

Otros se dirigen a la región occidental de Haití, dijo.

“Hay un migrante que no sabe nada de Haití porque dijo que venía de la República Dominicana; allí fue donde nació”, dijo Delva.

Dijo que el gobierno intentaría reunirlo con cualquier familiar que pudiera tener en Haití o en la República Dominicana, donde viven su madre y su padre.

El jueves, los funcionarios de inmigración de Haití ofrecieron a los deportados un máximo de 65 dólares y algo de beber y comer.

“Aquellos que no puedan llegar a sus hogares hoy, los alojaremos en espacios seguros y al día siguiente el proceso continuará hasta que todos los migrantes regresen a sus hogares como les corresponde”, dijo Delva.

Delva no especificó cuántos de los 161 deportados eran beneficiarios del TPS que habían estado viviendo y trabajando legalmente en los EE. UU. desde 2010.

A finales de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la finalización del programa TPS, lo que afectó a cerca de un millón de personas procedentes de más de una docena de países.

Los casos volvieron a los tribunales inferiores, pero a finales de julio, el gobierno no había prorrogado los permisos de trabajo para los haitianos.

El 5 de agosto, un juez federal en Washington, DC, levantó la orden que impedía las deportaciones de haitianos con Estatus de Protección Temporal, lo cual era en la práctica una formalidad tras el fallo de la Corte Suprema en junio.

Activistas advierten que Haití es demasiado peligroso para los deportados.

Activistas han advertido que Haití es actualmente demasiado peligroso y no cuenta con los recursos suficientes para ayudar a quienes son deportados a un país de casi 12 millones de personas, de las cuales más de la mitad necesitan asistencia humanitaria debido al aumento de la violencia de las pandillas y al agravamiento de la pobreza, el hambre y la violencia.

La violencia de las pandillas ya ha desplazado a un número récord de 1,5 millones de personas en Haití, donde, según estadísticas de la ONU, entre enero y junio se registraron más de 3.100 muertos y otros 1.189 heridos.

Un deportado habló brevemente con Associated Press a su llegada a Cap-Haïtien. Se identificó como Jean Diane Louis y dijo que abandonó Haití cuando tenía 5 años. Afirmó que su familia vive en la ciudad de Nueva York y que fue condenado a 19 años de prisión por un delito no especificado que, según él, no cometió.

“Entonces vino el ICE y me llevó sin interrogarme”, dijo Louis. “Simplemente me enviaron aquí”.

Ante la persistencia de la violencia de las pandillas, los migrantes haitianos en Estados Unidos siguen siendo arrestados y deportados.

El jueves, las autoridades estadounidenses arrestaron a un popular pastor haitiano en una gasolinera de Springfield, Ohio, según informó Springfield G92, un grupo religioso que apoya a los inmigrantes haitianos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos arrestó a un segundo hombre haitiano que lo acompañaba.

El pastor Gilbert Joubert Adrien estaba detenido por las autoridades de inmigración en Ohio, según informó Marjory Wentworth, portavoz de Springfield G92. Añadió que el ICE ha tenido una fuerte presencia en Springfield en los últimos días. Springfield es una ciudad de aproximadamente 60.000 habitantes que acaparó la atención cuando el presidente estadounidense Donald Trump afirmó falsamente durante su campaña de 2024 que los residentes haitianos de la ciudad comían perros.

El grupo haitiano de apoyo a los refugiados y repatriados ha denunciado las deportaciones.

“Haití no está preparado para recibir a esta cantidad de migrantes que estaban en el programa TPS”, dijo en un comunicado el jueves.

El grupo señaló que más de 140.000 haitianos han sido deportados de países vecinos, incluida la República Dominicana, tan solo en la primera mitad del año.

“Observamos que no existen medidas gubernamentales para ayudar adecuadamente a estos migrantes”, declaró el grupo.

Añadió que muchos de los deportados “han visto sus sueños desvanecerse; los lazos que habían forjado en sus comunidades se han roto. Muchos están sufriendo la separación de sus familias”.

Según el Monitor de Vuelos de ICE de Human Rights First, que rastrea los datos de vuelos, Estados Unidos ha realizado aproximadamente un vuelo de deportación a Haití desde diciembre de 2023. Desde diciembre de 2025, los vuelos han partido de Alexandria, Luisiana , un centro de operaciones para los vuelos de deportación de ICE, con escala en Miami de camino al Aeropuerto Internacional de Cap-Haïtien.

Coto informó desde San Juan, Puerto Rico.

Por  GERARD MAXINEAU y DÁNICA COTO

(Foto AP/Odelyn Joseph)