BOGOTÁ, Colombia (AP) — El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó el martes a las fuerzas de seguridad de su nación que dejen de compartir información de inteligencia con Estados Unidos hasta que el gobierno de Trump cese sus ataques contra presuntos narcotraficantes en el Caribe, en un contexto de deterioro de las relaciones entre las naciones que alguna vez fueron socios cercanos en la lucha contra el narcotráfico.

En un mensaje publicado en X, Petro escribió que las fuerzas armadas colombianas deben poner fin de inmediato a “las comunicaciones y otros acuerdos con las agencias de seguridad estadounidenses” hasta que Estados Unidos cese sus ataques contra lanchas rápidas sospechosas de transportar drogas, que los críticos han comparado con ejecuciones extrajudiciales.

Petro escribió que “la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos de los pueblos caribeños”. No quedó claro de inmediato qué tipo de información dejará de compartir Colombia con Estados Unidos. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las últimas declaraciones de Petro.

Al menos 75 personas han muerto en ataques del ejército estadounidense en aguas internacionales desde agosto, según cifras proporcionadas por el gobierno de Trump. Los ataques comenzaron en el sur del Caribe, cerca de las costas de Venezuela, pero recientemente se han trasladado al Pacífico oriental, donde Estados Unidos ha atacado embarcaciones frente a las costas de México.

Petro ha pedido que se investigue al presidente estadounidense Donald Trump por crímenes de guerra a raíz de los ataques, que han afectado a ciudadanos de Venezuela, Ecuador, Colombia y Trinidad y Tobago.

El líder izquierdista ha criticado durante mucho tiempo la política antidrogas de Estados Unidos y ha acusado al gobierno de Trump de perseguir a los campesinos que cultivan coca, ingrediente básico de la cocaína, en lugar de centrarse en los grandes narcotraficantes y blanqueadores de dinero. El domingo, Petro afirmó haberse reunido con la familia de un pescador colombiano que, según se informa, murió en uno de los operativos.

“Puede que llevara pescado, o puede que llevara cocaína, pero no había sido condenado a muerte”, dijo Petro durante una cumbre entre líderes latinoamericanos y de la Unión Europea celebrada en Colombia el domingo. “No había necesidad de asesinarlo”.

La administración Trump ha acusado a Petro de ser blando con los narcotraficantes y ha criticado la decisión del presidente colombiano de eximir de la extradición a Estados Unidos a los líderes rebeldes colombianos involucrados en el narcotráfico.

En octubre, el gobierno impuso sanciones financieras a Petro y a miembros de su familia por acusaciones de participación en el narcotráfico mundial.

Petro “ha permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado tras la imposición de las sanciones el 24 de octubre. “El presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”.

La creciente tensión entre Estados Unidos y Colombia se produce en un contexto de aumento de la presencia naval estadounidense en el sur del Caribe, con el despliegue de ocho buques de guerra, un submarino, aviones de combate e infantería de marina en la región. Se espera que el portaaviones USS Gerald Ford llegue al Caribe este mes.

El gobierno de Venezuela ha descrito el despliegue naval como una amenaza a su soberanía, y funcionarios de ese país afirman que el ejército estadounidense se está preparando para lanzar ataques contra el asediado gobierno de Nicolás Maduro.

El gobierno de Trump ha dicho que su despliegue tiene como objetivo frenar a los narcotraficantes, aunque Trump también ha insinuado que podría haber ataques selectivos dentro de Venezuela, cuyo líder ha sido descrito por funcionarios en Washington como el jefe de un cartel de la droga.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, anunció el martes que personal militar, miembros de una milicia civil, policías y organizadores del partido gobernante serían movilizados para un ejercicio de entrenamiento destinado a proteger el espacio aéreo del país. Realizó sus declaraciones, transmitidas por la televisión estatal, junto a un sistema de misiles tierra-aire en una base militar en Caracas, la capital. Sin embargo, no se observaron actividades de entrenamiento en otras partes de la ciudad.

(Foto AP/Ivan Valencia)

QUITO, Ecuador (AP) — Cuatro reclusos murieron y más de 30 resultaron heridos el domingo durante un motín en una prisión de Ecuador, informaron funcionarios penitenciarios del país sudamericano.

El motín se originó por la “reorganización de los internos” a una nueva prisión de máxima seguridad que pronto comenzará a operar en una provincia diferente, según un comunicado del organismo de control penitenciario de Ecuador.

Un agente de policía resultó herido antes de que las autoridades recuperaran el control de las instalaciones en la ciudad costera de Machala, al suroeste de Ecuador. El estado de salud del herido no se conoció de inmediato el domingo.

La violencia se produjo menos de dos meses después de que 14 reclusos murieran en el mismo centro penitenciario en lo que las autoridades describieron como una disputa entre bandas.

Las cárceles de Ecuador se han convertido en unas de las más peligrosas de América Latina, ya que el hacinamiento, la corrupción y la débil vigilancia estatal han permitido la proliferación de bandas vinculadas a narcotraficantes de Colombia y México. Muchos presos están fuertemente armados con armas introducidas de contrabando desde el exterior y continúan organizando actividades delictivas desde prisión.

Más de 500 personas han muerto en disturbios carcelarios desde 2021. El año pasado, 150 guardias penitenciarios fueron tomados como rehenes durante una serie de disturbios coordinados en varias cárceles.

( Via AP)

KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — El número de muertos por el naufragio de un barco que transportaba migrantes rohingya de Myanmar ascendió a 27 el martes, después de que los rescatistas en Tailandia y Malasia recuperaran más cuerpos en el mar.

La Agencia de Seguridad Marítima de Malasia informó que los rescatistas encontraron a otro sobreviviente y recuperaron ocho cuerpos más el martes frente a la costa norte de la isla de Langkawi, cerca de la frontera con Tailandia. Con estos hallazgos, el total de fallecidos asciende a 20: siete hombres, nueve mujeres y cuatro niños, además de 14 sobrevivientes.

Según informes de la prensa tailandesa, funcionarios locales de la provincia sureña de Satun informaron del hallazgo, el martes por la tarde, de otro cuerpo, presuntamente de un refugiado musulmán rohinyá. La Fundación de Rescate Romsai, con sede en la misma provincia, había anunciado previamente el hallazgo de seis cuerpos en aguas tailandesas entre el domingo y el lunes.

Las autoridades malasias han dicho que, según los relatos de los supervivientes, se estima que había 70 personas a bordo del barco que zozobró.

Según las autoridades, un barco de mayor tamaño con unas 300 personas a bordo zarpó de la ciudad de Buthidaung, en el estado de Rakhine, Myanmar. Se cree que los pasajeros se dividieron en tres embarcaciones más pequeñas al acercarse el barco a Malasia. Una de las embarcaciones habría naufragado cerca de la isla de Tarutao, en el sur de Tailandia, el jueves.

Se desconocen la hora y el lugar exacto del incidente. También se desconoce el paradero de las otras dos embarcaciones, según informaron las autoridades.

En una declaración conjunta, la agencia de la ONU para los refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones manifestaron su preocupación por la magnitud de la posible pérdida de vidas. Solicitaron mayores recursos y un mayor esfuerzo regional e internacional para mejorar la capacidad de búsqueda y rescate y el acceso seguro al asilo, con el fin de evitar tragedias similares.

En lo que va del año, 5.300 refugiados rohinyás —que han sufrido persecución durante décadas en Myanmar— se han embarcado en peligrosas travesías marítimas desde Bangladesh y Myanmar, y se reportan más de 600 desaparecidos o fallecidos, según informaron fuentes oficiales. El deterioro de las condiciones en los campos de refugiados de Bangladesh y la intensificación del conflicto en Myanmar, desencadenado por la toma del poder por los militares en 2021, están obligando a más personas, especialmente mujeres y niños, a arriesgar sus vidas en el mar, añadieron.

Malasia es un destino popular para los rohingya que buscan entrar ilegalmente debido a su población mayoritariamente malaya musulmana.

Malasia ha acogido a rohingyas en el pasado por razones humanitarias, pero ha intentado limitar su número por temor a una llegada masiva en barco. En enero, las autoridades malasias rechazaron dos embarcaciones con casi 300 personas a bordo, presuntamente refugiados rohingyas.

Hay alrededor de 117.670 rohingya registrados en la agencia de refugiados de la ONU en Malasia, lo que representa aproximadamente el 59% de la población total de refugiados en el país.

(Fundación de Rescate Romsai de Satun via AP)

LA PAZ, Bolivia (AP) — El político conservador Rodrigo Paz juró el cargo como nuevo presidente de Bolivia el sábado, inaugurando una nueva era para la nación andina después de casi 20 años de gobierno de partido único.

Paz prestó juramento ante legisladores y líderes extranjeros, alzando su mano derecha ante una Biblia y una cruz.

“Dios, patria y familia, lo juro”, dijo antes de recibir la banda y las medallas presidenciales.

La investidura de Paz, de 58 años, ha generado gran expectación entre los bolivianos, cansados ​​de la grave escasez de combustible y los elevados precios de los alimentos que caracterizan la peor crisis económica del país en 40 años. Para sorpresa de muchos, derrotó a su rival, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga , de una derecha mucho más prominente, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia el mes pasado.

Paz hereda una economía en ruinas tras 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) , fundado por el carismático expresidente Evo Morales. El partido vivió su época dorada durante el auge de las materias primas a principios de la década de 2000, pero las exportaciones de gas natural se han estancado y su modelo económico estatista, basado en generosos subsidios y un tipo de cambio fijo, ha colapsado.

Ante la escasez de dólares estadounidenses y la crónica falta de combustible, la mayoría de los votantes eligió a Paz para sacarlos de la crisis económica. Propuso reformas importantes, pero a un ritmo más gradual que Quiroga, quien abogaba por un rescate del Fondo Monetario Internacional y un programa de choque fiscal.

“El país que heredamos está devastado… endeudado moral y materialmente, con interminables filas para conseguir combustible y mercados vacíos”, dijo Paz en su primer discurso como presidente. “Bolivia se reincorpora al mundo, nunca más aislada. Nunca más será rehén de una ideología; la ideología no da de comer”.

Los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; Uruguay, Yamandú Orsi; y Paraguay, Santiago Peña asistió a la inauguración en la capital de Bolivia, La Paz.

Tras su victoria del 20 de octubre, Paz se distanció del bloque ALBA —del que Bolivia forma parte junto con Cuba, Nicaragua y Venezuela— y se acercó a Estados Unidos, de donde su país se había distanciado tras la expulsión del embajador estadounidense en 2008, durante la administración de Morales.

Paz también entabló conversaciones con instituciones financieras internacionales sobre un posible programa de asistencia económica. Además, el nuevo presidente alcanzó un acuerdo inicial con la Corporación Andina de Fomento para un préstamo de 3.100 millones de dólares destinado a impulsar la recuperación económica durante los próximos años.

«Tras dos décadas de gobierno de izquierda, puede contar con la buena voluntad de los inversores extranjeros y la comunidad internacional», afirmó Michael Shifter, del Diálogo Interamericano, un centro de estudios internacional con sede en Washington. «Su tarea no será fácil. Si actúa con demasiada lentitud o sus políticas se estancan y no logran sacar a Bolivia de su crisis económica, Paz corre el riesgo de perder capital político».

Paz también anunció después de las elecciones que su gobierno cooperará con todas las organizaciones internacionales en materia de seguridad, incluida la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, a la que Morales expulsó de Bolivia a finales de 2008.

Paz ahora tendrá que trabajar en la construcción de una alianza sólida con los bloques políticos, ya que su Partido Demócrata Cristiano controla solo el 39% de los 166 escaños de la Asamblea Legislativa.

“No nos han entregado un trono, sino una tarea”, dijo Paz. “Este es el momento de la verdadera democracia y del respeto a la ley; nadie está por encima de la ley. Superaremos ese pasado vergonzoso y lamentable”.

(Luis Gandarillas/Pool Photo via AP)

Por  Carlos Valdez