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Presidente interinoCARACAS, Venezuela (AP) — La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el jueves una ley que abre el sector petrolero del país a la privatización, revirtiendo un principio del autoproclamado movimiento socialista que ha gobernado el país durante más de dos décadas.
La reforma será sin duda la política emblemática de su gobierno, ya que posiciona al sector petrolero —motor de Venezuela— para atraer la inversión extranjera necesaria para revitalizar una industria que lleva mucho tiempo paralizada. Rodríguez promulgó la medida menos de un mes después del descarado secuestro del entonces presidente Nicolás Maduro en un ataque militar estadounidense en Caracas, la capital de Venezuela.
Rodríguez, frente a trabajadores petroleros y simpatizantes del partido gobernante, firmó el proyecto de ley menos de dos horas después de su aprobación por la Asamblea Nacional. Simultáneamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó oficialmente a flexibilizar las severas sanciones económicas impuestas al petróleo venezolano por la primera administración Trump y amplió la capacidad de las empresas energéticas estadounidenses para operar en el país sudamericano.
El jueves, Rodríguez también conversó con el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, quienes un día antes explicaron a los senadores estadounidenses en una audiencia cómo el gobierno planea gestionar la venta de decenas de millones de barriles de petróleo de Venezuela y supervisar el flujo de fondos. Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo.
Las medidas de ambos gobiernos están allanando el camino para otro cambio geopolítico y económico radical en Venezuela.
“Hablamos del futuro. Hablamos del país que les daremos a nuestros hijos”, dijo Rodríguez sobre la reforma.
Rodríguez propuso los cambios a principios de este mes, después de que Trump dijera que su administración tomaría el control de las exportaciones petroleras de Venezuela y revitalizaría la industria en crisis atrayendo inversión extranjera .
Las empresas privadas controlarán la producción petrolera
La legislación promete dar a las empresas privadas control sobre la producción y venta de petróleo, poniendo fin al monopolio de la estatal Petróleos de Venezuela SA sobre esas actividades, así como sobre los precios.
Una empresa privada asumirá la gestión integral de las actividades a su propio costo, cuenta y riesgo, tras demostrar su capacidad financiera y técnica mediante un plan de negocios aprobado por el Ministerio de Petróleo, según la ley. La legislación establece que la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos en los que una empresa realizará actividades seguirá siendo del Estado.
La nueva ley también permite el arbitraje independiente de disputas, eliminando la obligación de que los desacuerdos se resuelvan únicamente en los tribunales venezolanos, controlados por el partido gobernante. Los inversionistas extranjeros consideran crucial la participación de árbitros independientes para prevenir futuras expropiaciones.
El gobierno de Rodríguez espera que los cambios sirvan de garantía para las principales petroleras estadounidenses que hasta ahora han dudado en regresar al volátil país. Algunas de estas compañías perdieron inversiones cuando el partido gobernante promulgó la ley vigente hace dos décadas para favorecer a la petrolera estatal venezolana, PDVSA.
Además, la ley revisada modifica los impuestos a la extracción, estableciendo un límite de regalías del 30% y permitiendo al poder ejecutivo fijar porcentajes para cada proyecto en función de las necesidades de inversión de capital, la competitividad y otros factores.
Posibles mejoras económicas
El diputado oficialista Orlando Camacho, presidente de la comisión de petróleo de la asamblea, dijo que la reforma “cambiará la economía del país”.
Mientras tanto, el diputado opositor Antonio Ecarri instó a la asamblea a incorporar disposiciones de transparencia y rendición de cuentas a la ley, incluyendo la creación de un sitio web para hacer pública la financiación y otra información. Señaló que la actual falta de supervisión ha propiciado una corrupción sistémica y argumentó que estas disposiciones también pueden considerarse garantías judiciales.
Esas garantías se encuentran entre los cambios clave que buscan los inversores extranjeros al considerar ingresar al mercado venezolano.
“Dejemos que la luz brille en la industria petrolera”, dijo Ecarri.
Trabajadores petroleros vestidos con monos rojos y cascos celebraron la aprobación del proyecto de ley, ondeando una bandera venezolana dentro del palacio legislativo y luego uniéndose a los legisladores en una manifestación con simpatizantes del partido gobernante.
Un cambio de políticas
La ley fue modificada por última vez hace dos décadas, cuando el mentor y predecesor de Maduro , el fallecido Hugo Chávez, hizo del fuerte control estatal sobre la industria petrolera un pilar de su revolución de inspiración socialista.
Chávez, elegido en 1998, amplió los servicios sociales, incluyendo la vivienda y la educación, gracias a la bonanza petrolera del país, que generó ingresos estimados en unos 981.000 millones de dólares entre 1999 y 2011, gracias al alza de los precios del crudo. Sus reformas a la ley de la industria petrolera en 2006 exigieron que PDVSA fuera el principal accionista en todos los grandes proyectos petroleros.
Al romper los contratos que firmaron empresas extranjeras en la década de 1990, Chávez nacionalizó enormes activos de empresas estadounidenses y occidentales que se negaron a cumplir, como ExxonMobil y ConocoPhillips. Estas aún esperan recibir miles de millones de dólares en laudos arbitrales.
Desde aquellos días de derroche de gastos estatales, la suerte de PDVSA cambió , junto con la del país, a medida que la caída de los precios del petróleo, la corrupción y la mala gestión erosionaron las ganancias y perjudicaron la producción, primero con Chávez y luego con Maduro. Para 2013, la economía se sumió en la grave crisis económica que ha obligado a más de 7,7 millones de venezolanos a migrar.
Las sanciones impuestas por sucesivas administraciones estadounidenses paralizaron aún más la industria petrolera.
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Foto AP/Ariana Cubillos)
Por  REGINA GARCIA CANO

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Colombia Ecuador 2QUITO (AP) — Ecuador y Colombia dialogaron el jueves en Panamá luego de las tensiones comerciales y de la imposición mutua de aranceles tras el reproche del mandatario Daniel Noboa de que el gobierno colombiano no custodia su frontera permeada por el crimen organizado y el narcotráfico.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador indicó en redes sociales que “existe un diálogo entre Cancilleres de los dos países” y precisó que el gobierno del presidente Noboa “ha planteado una posición y Colombia debe responder a ello”. No ofreció detalles de los pedidos y tampoco se conoce si hubo una respuesta inmediata del lado colombiano.
La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld y su similar colombiana Rosa Yolanda Villavicencio están en Ciudad de Panamá asistiendo al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, al que también llegaron los mandatarios de ambos países, pero no se conoce que ellos hayan mantenido algún encuentro. Noboa regresó inesperadamente a Quito la noche del miércoles, pero no se conoce el motivo.
Desde la semana pasada ambos países se impusieron medidas arancelarias recíprocas, luego de que Noboa reprochó a Colombia la falta de reciprocidad en el cuidado de las fronteras binacionales —donde operan grupos criminales ligados al narcotráfico —, además mencionó un déficit de la balanza comercial de unos 850 millones de dólares con Colombia.
Ecuador inició la disputa aumentando un 30% los aranceles a productos colombianos y ese país respondió con un arancel similar a decenas de productos ecuatorianos, tras lo cual el gobierno de ese país dijo que dejaría de vender energía eléctrica y de inmediato su par en Quito anunció la decisión de subir el 900% al valor del transporte de crudo colombiano a través de un oleoducto ecuatoriano.
“El momento en que Colombia cumpla su rol, de asegurar su frontera, esto se termina”, manifestó John Reimberg, ministro del Interior, tras reunirse el jueves con Noboa. Añadió que “nosotros no producimos droga, el problema viene del vecino país” por lo cual “no podemos estar en una guerra solos”.
Sin embargo, Pedro Sánchez, ministro de Defensa colombiano aseveró más temprano en entrevista con el canal Ecuavisa que al menos 11.000 miembros de las fuerzas militares de su país están desplegados en la zona fronteriza apoyados con helicópteros, drones, aeronaves de inteligencia, “articulados también con los Estados Unidos”.
Si las naciones “no encontramos una estrategia común, los criminales son los que están ganando”, aseveró el ministro colombiano.
La extensa y porosa frontera de más de 600 kilómetros entre Ecuador y Colombia ha sido usada por años por grupos armados ilegales vinculados con el tráfico de drogas, la minería ilegal, el contrabando y la trata de personas.
(Foto AP/Matias Delacroix)
POR  ASSOCIATED PRESS

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Presidente PeruLIMA (AP) — Cientos de peruanos marcharon el miércoles por las calles de Lima para protestar contra la supuesta corrupción del gobierno del presidente interino José Jerí y por las demoras en el acceso a la justicia para los familiares de medio centenar de muertos durante las manifestaciones de 2022 y 2023.
Con letreros que decían “nunca más por estos mafiosos” o “50 muertos nunca mueren”, los manifestantes llevaban retratos de los fallecidos por una importante avenida de la capital, en medio de filas de autobuses de transporte público detenidos. No es la primera protesta contra Jerí. Otra marcha el 16 de octubre dejó un civil muerto a manos de un policía y más de 100 heridos, incuidos civiles, agentes y 10 periodistas alcanzados por perdigones o golpeados.
Gladys Ccuno —comerciante de 50 años nacida en la ciudad de Cusco— levantaba una Wiphala, una bandera indígena con los colores del arco iris.
“Jerí es uno más de la mafia, en el Congreso ha blindado a (la expresidenta) Dina Boluarte”, dijo a The Associated Press. Añadió que deseaba que Jerí sea destituido, pero no tenía confianza en que su sucesor sea una persona decente. “No se puede creer en la izquierda ni la derecha”, lamentó.
El gobierno de Jerí está en crisis luego que el 11 de enero la prensa reveló imágenes donde se observa al mandatario en reuniones con un empresario chino, Yang Zhihua, quien en 2023 ganó una licitación para erigir una hidroeléctrica, cuya construcción no ha empezado. Dichas reuniones se efectuaron sin dar aviso previo.
El presidente ha admitido que en las citas también estuvo Ji Wu Xiaodong —empresario, periodista y traductor chino—, quien ingresó al palacio presidencial pese a enfrentar arresto domiciliario por estar bajo investigación por su vinculación a una organización criminal de tráfico de madera en la Amazonía.
Jerí se ha defendido, diciendo que se reunió con Yang porque quería comer comida china, así como comprar caramelos y cuadros en la tienda del empresario. Pero en el Parlamento se han presentado siete pedidos para destituirlo, una solicitud que recién podrá ser atendida en marzo cuando los legisladores se reúnan.
El fiscal general Tomás Gálvez abrió una investigación contra Jerí por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses. Más temprano, dijo al diario local El Comercio que no realizará allanamientos ni levantará el secreto de las comunicaciones de Jerí hasta el 29 de julio, cuando culmine su gobierno.
En la protesta se encontraban los familiares de las 50 personas muertas en choques con la policía durante las manifestaciones de 2022 y 2023 contra la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), la antecesora de Jerí. Los familiares, incluidos niños y ancianos, llegaron desde los Andes y la Amazonía para protestar por la disolución de un equipo fiscal que investigaba de forma coordinada el medio centenar de muertes.
Gustavo Illanes llevaba colgado del cuello un retrato de su hijo Giovanni Illanes, fallecido a los 20 años el 9 de enero de 2023 en la ciudad de Juliaca, cerca de Bolivia.
“Este que llevo en mi pecho es mi hijo. Iba a ser un ingeniero de sistemas, pero la policía me lo mató de dos balazos”, lamentó el hombre, que se identificó como maestro de escuela y dijo que había caminado más de 100 kilómetros (62 millas) desde la ciudad sureña de Cañete.
Aquejado por una fuerte inestabilidad política, Perú suma siete presidentes desde 2016. Jerí era líder del Parlamento cuando, por sucesión presidencial, llegó al poder el 10 de octubre en reemplazo de Boluarte.
(AP Foto/Martín Mejía)
POR  FRANKLIN BRICEÑO

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Ministro gobernacionCIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Villeda, quien tiene a su cargo implementar un reciente e stado de sitio impuesto por el gobierno para frenar la violencia de las pandillas, advirtió que ninguna estrategia de seguridad dará resultados si no se toma el control de las sobrepobladas cárceles del país, en manos de los grupos criminales.
En una entrevista con The Associated Press en su oficina en Ciudad de Guatemala, Villeda aseguró que en los últimos días ha bajado el número de homicidios en la capital del país luego de la medida de emergencia decretada por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Sin embargo, admitió que la violencia pandillera, que dejó recientemente a diez policías muertos, no se detendrá si no se pone fin al descontrol en las prisiones, entre otros problemas, como la corrupción.
“Ninguna estrategia de seguridad en las calles puede subsistir si antes no tomamos el control de los centros penales... que han estado bajo las las órdenes y control de estos grupos criminales”, destacó Villeda, al tiempo en que mencionó que la Dirección General Sistema Penitenciario es la institución que menos ingresos recibe del presupuesto del país.
De acuerdo con datos oficiales, en Guatemala hay 25 centros penitenciarios con capacidad para albergar a 6.000 reos, pero estos recintos están copados con 23.700 internos, una sobrepoblación del 340%.
Por otro lado, Villeda detalló que unos 6.000 presos cumplieron sentencia pero que no salen de la cárcel por tener multas que no han pagado; otros 3.000 aún no salen por trabas administrativas, por lo que el ministro dijo que se busca que el Congreso modifique algunas leyes para agilizar esas salidas y aliviar la sobrepoblación carcelaria.
Auténticos call centers
Refirió que una muestra del descontrol en el sistema carcelario se vio en la última requisa realizada la semana pasada en una prisión de la capital guatemalteca. “Hemos encontrado auténticos call centers. En Pavón encontramos en una requisa 27 teléfonos y en Puerto Barrios (otra prisión al norte del país) encontramos 117 teléfonos”. Además, también se han incautado animales, armas, licores, radios de transmisión y antenas satelitales.
La guardia penitenciaria también tiene problemas, sin jerarquías y con bajos salarios, que “los hace permeables a la corrupción”, afirmó el ministro. “Están cuidando personas que no solo son muy peligrosas, sino (que) tienen mucho poder económico también para poder corromper”.
Otra de las dificultades, según Villeda, es que algunos jueces permiten el ingreso a prisiones de enseres solicitados por los reos como camas, refrigeradoras, microondas, acciones criticadas por la población.
El ministro explicó que esos ingresos se hacen por recomendación de entidades como la Comisión Nacional contra la Tortura, la Procuraduría de los Derechos Humanos y por órdenes judiciales para uso común en las prisiones, sobre todo de reos enfermos que necesitan refrigerar medicamentos.
El control, recuento e identificación de los internos también ha sido un problema. Autoridades pasadas dijeron que incluso hubo suplantación de reos en prisión, lo que Villeda descartó hasta el momento con el censo biométrico (con huella dactilar, fotografía y datos personales) que realizan y del cual tiene contabilizado más del 90% de la población reclusa. Agregó que en el caso de pandilleros el censo ya está concluido.
“Nos pasó algo curioso, en el Centro Preventivo de la zona 18, encontramos a uno más (una persona) que no estaba registrado. Creemos que en una visita se quedó”, dijo el ministro.
Las pandillas no son una novedad en Guatemala
Asesinatos violentos, especialmente a mujeres y rivales, extorsiones y sicariato han sido la práctica de dos grupos de pandilleros identificados que habitan en el país: el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.
A principios de 2025, Estados Unidos declaró a la Mara Salvatrucha como organización terrorista e hizo lo propio con el Barrio 18 en septiembre del mismo año.
En julio del año pasado, 10 de los líderes de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad bajo aislamiento, sin privilegios y vigilados las 24 horas luego de la matanza de siete personas en un funeral.
En respuesta los reos provocaron motines y en octubre 20 presos se escaparon de una prisión, de los cuales cinco fueron recapturados. La fuga provocó el cambio de la cúpula de seguridad y la solicitud del presidente Arévalo al Congreso para cambiar leyes y endurecer las penas a los pandilleros, lo que el Congreso aprobó el mismo mes.
El año comenzó con la toma de tres prisiones por parte de un grupo de pandilleros —una de ellas de máxima seguridad donde están confinados los cabecillas de Barrio 18 y Mara Salvatrucha— y tomaron a más de 40 rehenes.
Las autoridades se negaron a negociar con los pandilleros que buscaban beneficios y ser trasladados a otras prisiones, y la fuerza pública retomó el control de las cárceles y liberó a los rehenes. En respuesta, horas después por lo menos cinco ataques orquestados con armas de fuego dejaron diez policías muertos y ocho heridos, en lo que fue el ataque más sangriento a la fuerza de seguridad pública desde su creación en 1997.
“Empezaron a matar policías a mansalva, al estilo de lo que hizo el cartel de Medellín en Colombia en los años 90”, comparó el ministro.
Villeda aseguró que el número de homicidios había bajado “notablemente”, en siete días, del 19 al 27 de enero fueron 40 homicidios, 29 menos que en las mismas fechas en 2026, luego de la implemantación del estado de sitio. Agregó que hasta el martes se habían detenido a 1.115 personas, entre ellas a 29 pandilleros del Barrio 18, vinculados supuestamente a los recientes ataques a policías.
Pandillas evolucionan
“Pasan de ser grupos criminales que utilizan la violencia como mecanismo para obtener un lucro injusto y luego van evolucionando en el sentido de ir creando negocios legítimos, donde no solo puedan lavar el dinero, sino que también puedan justificar, digamos, el origen de su fortuna ilícita”, dijo el ministro en la entrevista.
Desde redes de abogados, cámaras de vigilancia a la población y autoridades y algunos vínculos políticos, los pandilleros subsisten con la población. Por ello dice Villeda, la lucha contra las pandillas no se detendrá.
“Con el presidente (Arévalo) hemos llegado a la conclusión de que esta batalla hay que pelearla porque enfrentamos el problema hoy o perdemos el país. Es así de sencillo”, sentenció.
POR  SONIA PÉREZ D
(Foto AP/Moises Castillo)

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Estado sitioCIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Más de 1.000 personas han sido detenidas en Guatemala por distintos delitos desde que hace una semana entró en vigor el estado de sitio impuesto por el presidente Bernardo Arévalo tras un violento ataque de pandilleros a la fuerza pública.
“Las acciones que estamos emprendiendo son fundamentales para desarticular estructuras criminales que durante años fueron intocables porque participaban en las redes de corrupción, impunidad y protección política que les permitían aterrorizar a la población para enriquecerse”, dijo el martes Arévalo en una conferencia de prensa.
También anunció que durante las últimas 48 horas se incautaron casi tres toneladas de cocaína en la revisión de contenedores que ingresaron al país a través de un puerto en el sueño departamento de Escuintla y que la droga tendría un valor aproximado de 28,5 millones de dólares.
El ministro de Gobernación Marco Villeda, que participó junto al presidente en la conferencia, dijo que han sido detenidas 1.115 personas por delitos en flagrancia u órdenes de captura pendientes y se han incautado 105 armas de fuego.
“Del total de las personas capturadas se han aprehendido a 39 miembros del Barrio 18 y cinco de la Mara Salvatrucha, haciendo un total de 44 pandilleros”, agregó. En tanto, por el ataque a los agentes de policía “se han aprehendido 26 miembros del Barrio 18 que tienen relación directa”, explicó Villeda.
A su vez se desmanteló una red de vídeo vigilancia instalada en la zona 18, centro de operaciones del Barrio 18, que servía para vigilar a la población y a las autoridades.
El ministro dijo que las medidas implementadas en el marco del estado de sitio están “yendo directo (a pandilleros) sin tocar a ningún inocente” y que están “desmantelando redes de presos que se coordinan con redes en la calle, aislando a cabecillas, cortando comunicaciones y rompiendo su vínculo operativo con estructuras narco políticas y criminales”.
Arévalo decretó un estado de sitio por 30 días que fue ratificado por el Congreso y que restringe algunos derechos constitucionales —las personas no están obligadas a acatar órdenes ilegales, de reunión y manifestación y la detención legal— dando a la policía facultades para poder detener, registrar e identificar a las personas.
A principios de 2025 Estados Unidos declaró a la Mara Salvatrucha como organización terrorista, he hizo lo propio con el Barrio 18 en septiembre del mismo año. Ambas pandillas tienen presencia en varios países de Centroamérica.
En julio del año pasado 10 de los líderes de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad bajo aislamiento, sin privilegios y vigilados las 24 horas luego de la matanza de siete personas en un funeral.
En respuesta los reos provocaron motines y en octubre 20 presos se escaparon de una prisión, de los cuales cinco han sido recapturados. La fuga provocó el cambio de la cúpula de seguridad y la solicitud de presidente Arévalo al Congreso para cambiar leyes y endurecer las penas a los pandilleros, lo que el Congreso aprobó el mismo mes.
El sábado 17 de enero reos volvieron a tomar, en forma orquestada, tres prisiones y retuvieron a más de 40 guardias como rehenes. Las autoridades se negaron a negociar con los pandilleros, que buscaban beneficios y ser trasladados a otras prisiones, y la fuerza pública retomó el control de las cárceles y liberó a los rehenes.
En respuesta, por lo menos cinco ataques orquestados con armas de fuego dejaron 10 policías muertos y ocho heridos, el ataque más sangriento a la fuerza de seguridad pública desde su creación en 1997.
Según el Observatorio de la Violencia de la organización no gubernamental Diálogos, en 2024 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Guatemala alcanzó 15,8, mientras en 2025 llegó a 17,2.
POR  SONIA PÉREZ D.
(AP Foto/Moises Castillo)
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