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BOGOTÁ, Colombia (AP) — Un tribunal peruano condenó el lunes por la noche a cuatro hombres por asesinato por encargo y los sentenció a penas de entre 15 y 35 años de prisión por el asesinato en 2023 del defensor indígena de la selva amazónica Quinto Inuma Alvarado , en un caso muy seguido que se considera una prueba de rendición de cuentas por la violencia contra los indígenas y defensores del medio ambiente en la Amazonía.Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz fueron condenados a 35 años de prisión cada uno. Segundo Juan Villalobos Guevara, un operador maderero a quien la fiscalía acusó de ordenar el asesinato de Inuma, fue condenado a 28 años y cuatro meses. Jerly Saboya Saboya, quien fue declarado culpable como cómplice, fue condenado a 15 años.
Inuma, un líder kichwa de 50 años, fue asesinado a tiros el 29 de noviembre de 2023 mientras regresaba en bote a su comunidad, Santa Rosillo de Yanayacu, en la región amazónica norte de Perú , en San Martín. Regresaba de una reunión nacional de defensores del medio ambiente y la tierra. Una mujer que viajaba con él también resultó herida de bala.
El fallo se produjo casi 1.000 días después del asesinato de Inuma. Tom Younger, coordinador del programa en Perú del Programa de Pueblos del Bosque, calificó las sentencias como un “paso decisivo hacia la justicia” y afirmó que demostraban que la impunidad por los asesinatos de defensores indígenas “no es inevitable”.
Según la fiscalía, Inuma fue atacado por sus esfuerzos para detener la tala ilegal en las tierras de su comunidad. Acusaron a Villalobos, a quien Inuma había denunciado por la tala ilegal, de ordenar el asesinato, y a los demás hombres de planificar y ejecutar el ataque.
Cristina Gavancho, abogada del Instituto de Defensa Legal con sede en Lima, que ha acompañado a organizaciones indígenas y a las familias de las víctimas desde el asesinato de Inuma, calificó el fallo de "sentencia ejemplar" y dijo que las largas penas de prisión podrían sentar un precedente importante para otros casos que involucren a defensores ambientales en Perú.
Gavancho afirmó que se trataba del primer caso en Perú relacionado con el asesinato de un defensor indígena que resultaba en sentencias tan severas.
Inuma había advertido repetidamente a las autoridades sobre las amenazas.
El juicio comenzó el 20 de enero y se prolongó durante casi ocho meses. En marzo, los jueces viajaron desde Lima a la ciudad amazónica de Tarapoto para tres días de audiencias, donde escucharon el testimonio de los familiares de Inuma, otros testigos y un sobreviviente del ataque.
Inuma llevaba años denunciando la tala ilegal, el narcotráfico y la invasión del territorio de su comunidad. Entre 2016 y 2023, miembros de Santa Rosillo de Yanayacu presentaron 13 denuncias ante la fiscalía por delitos ambientales y narcotráfico, según el Instituto de Defensa Legal.
El Ministerio de Justicia de Perú clasificó a Inuma como persona de alto riesgo en 2021 y ordenó protección policial para él y su hermano. Las autoridades locales también le otorgaron medidas de protección contra grupos que se dedicaban a la tala ilegal. Sin embargo, la policía reconoció posteriormente que no pudo realizar patrullajes preventivos en el remoto territorio debido a la falta de fondos para embarcaciones y a la difícil geografía, según documentos citados por el Instituto de Defensa Legal.
Kevin Arnol Inuma, el hijo de 30 años del líder asesinado, dijo que su familia recibió el veredicto con una mezcla de alegría y tristeza después de esperar casi tres años para que se hiciera justicia.
“Antes, el Estado no respondía, así que no tenían miedo de matar”, declaró a la Associated Press en una llamada telefónica justo después del veredicto. “Ahora esto sienta un precedente para los pueblos indígenas, un precedente para los defensores del medio ambiente”.
La familia afirma que los riesgos persisten a pesar de las condenas.
El tribunal también ordenó el pago de 750.000 soles (unos 223.500 dólares) como indemnización para los herederos legales de Inuma y 250.000 soles (unos 74.500 dólares) para Axeldina Barbarán Tapullima, quien resultó herida en el ataque. Los pagos solo se harán efectivos si la sentencia, que es apelable, se vuelve firme, indicó Gavancho. Los acusados tienen cinco días a partir de la recepción del fallo escrito completo del tribunal para interponer un recurso de apelación.
Para Gavancho, el fallo fue significativo no solo por las penas de prisión, sino también por la indemnización que el tribunal reconoció para la familia de Inuma y la mujer que sobrevivió al ataque.
“Creo que este caso emblemático puede servir de precedente para otros casos que involucren a defensores del medio ambiente en Perú”, dijo Gavancho.
Pero Inuma afirmó que su familia aún no se siente segura y teme lo que podría suceder si los condenados fueran finalmente puestos en libertad.
Según contó, su padre había dedicado años a defender el territorio que las generaciones anteriores habían legado a la comunidad, y esa responsabilidad había pasado ahora a su familia y a otros.
Dijo que esperaba que otras familias de defensores asesinados no tuvieran que esperar tanto tiempo para que sus casos avanzaran en el sistema judicial peruano.
“Aunque ya no pueden devolvernos a nuestros familiares, queremos justicia para los demás defensores cuyos casos aún están en curso”, dijo. “Ahora mi padre puede descansar en paz porque se ha hecho justicia”.
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Esta noticia se publicó originalmente el 24 de agosto de 2026. El 26 de agosto de 2026 se actualizó para eliminar las referencias al asesinato, no relacionado con este caso, del líder indígena Américo Pascuala Tomisha, basándose en una declaración de la organización indígena ORAU. Dicha declaración fue posteriormente retractada y ORAU afirmó que Pascuala Tomisha no fue asesinado.
Steven Grattan escribe para Associated Press sobre la selva amazónica y la deforestación en América Latina. Reside en Bogotá, Colombia.
(Vicki Brown/Programa Pueblos del Bosque vía AP, Archivo)
