CABRICÁN, Guatemala (AP) — El cuerpo de María Florinda Ríos Pérez, la migrante guatemalteca que fue asesinada de un disparo en la cabeza cuando se confundió de casa en la que iba a trabajar en Indiana, Estados Unidos, llegó el domingo a Guatemala.
Vilma Pérez, madre de la víctima y otros familiares recibieron el cuerpo. La intención, dijo Pérez, es trasladar el cadáver el domingo por la noche desde la capital hasta su comunidad natal en el municipio de Cabricán, en Quetzaltenango, a unos 200 kilómetros al occidente de Ciudad de Guatemala.
En Cabricán las mujeres de la comunidad cocinaron para amigos y familiares que acudirán al velorio y el entierro. Sus restos serán velados en casa de sus padres, la cual fue adornada con flores de colores, telas blancas y carteles con la fotografía de la mujer y de su hijo de un año.
A unos kilómetros, el cementerio local ya tiene listo el mausoleo donde se enterrará el cuerpo.
Yeimy Paola Ríos Pérez, de 19 años y hermana de la fallecida, recordó a The Associated Press la última conversación que tuvo con su hermana.
“Lo último que hablé con ella fue días antes de que muriera, ella estaba muy contenta porque faltaba una semana para que cumpliera un año su hijo y estaba preparando todo para celebrar el cumpleaños del niño”.
Recordó que su hermana contrató a un coyote hace dos años para que la ayudara a cruzar la frontera, tomó a sus tres hijas y se fue. “Fue mucho trabajo ir con las niñas” recordó. “En ese entonces le dijeron que había oportunidad de que los padres pasaran con niños y ella cruzó”. Se fue a Indiana porque allí tenía a cinco hermanos y a su papá, explicó.
La mayoría de los residentes de Cabricán son indígenas de la etnia Mam que viven de la agricultura y las construcciones —en su mayoría de dos niveles— reflejan la influencia de la economía migrante. La casa donde vivía Ríos Pérez está ubicada en un pequeño valle rodeado de pinos y calles de terracería.
Según lo que les ha contado el esposo de su hermana, ese día se dirigían a limpiar una casa. Al llegar, él iba a abrir la puerta, pero ella le quitó las llaves y fue directo a la puerta. Él se quedó viendo unas flores y al escuchar el impacto volteó y vió caer a su esposa.
Un juez fijó el viernes una fianza de 25.000 dólares para Curt Andersen, el hombre de 62 años que está acusado por la muerte de la mujer.
La fiscalía acusa a Andersen de homicidio voluntario, por disparar sin previa advertencia a Ríos Pérez el pasado 5 de noviembre.
CARACAS, Venezuela (AP) — El gobierno de Estados Unidos se prepara para aumentar el lunes la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al designar al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Sin embargo, la entidad que el gobierno de Estados Unidos alega está liderada por Maduro no es un cartel per se.
La designación forma parte de una escalada del gobierno de Donald Trump para combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Cuando incrementó la campaña hace aproximadamente una semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó al Cártel de los Soles de ser “responsable de la violencia terrorista” en el hemisferio occidental.
La medida planeada para el lunes se produce mientras Trump estudia si tomar acción militar contra Venezuela, algo que Trump no ha descartado a pesar de mencionar la posibilidad de conversaciones con Maduro. Ataques terrestres u otras acciones serían una expansión importante de la operación iniciada hace varios meses, que ha incluido un gran despliegue militar en el Caribe y ataques a barcos acusados de traficar drogas, con más de 80 muertos.
Los venezolanos comenzaron a usar el término Cártel de los Soles en la década de 1990 para referirse a mandos militares de alto rango que se habían enriquecido con el tráfico de drogas. A medida que la corrupción se expandió a nivel nacional, primero bajo el fallecido presidente Hugo Chávez y luego bajo Maduro, su uso se amplió de manera vaga a policías y funcionarios gubernamentales, así como a actividades como la minería ilegal y el tráfico de combustible. Los “soles” en el nombre se refieren a las charreteras fijadas en los uniformes de los oficiales militares de alto rango.
El término general se empleó para describir una organización de tráfico de drogas liderada por Maduro en 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el primer mandato de Trump anunció la acusación contra el líder de Venezuela y su círculo íntimo por narcoterrorismo y otros cargos.
“No es un grupo”, afirmó Adam Isaacson, director de supervisión de defensa en la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. “No es como un grupo en el que la gente se identifique como miembros. No tienen reuniones regulares. No tienen una jerarquía”.
Trump ha expandido la etiqueta de terrorismo a los carteles
Hasta este año, la designación de organización terrorista extranjera había estado reservada para grupos como Estado Islámico o Al Qaeda que usan la violencia con fines políticos. El gobierno de Trump la aplicó en febrero a ocho organizaciones criminales latinoamericanas involucradas en el tráfico de drogas, el contrabando de migrantes y otras actividades.
La Casa Blanca culpa a esos grupos designados de operar los barcos que está atacando, pero rara vez identifica a las organizaciones y no ha proporcionado ninguna evidencia. Afirma que los ataques, que comenzaron frente a la costa de Venezuela y luego se expandieron al océano Pacífico oriental, pretenden detener el flujo de narcóticos hacia las ciudades estadounidenses.
Pero muchos, incluido el propio Maduro, ven los movimientos militares como un esfuerzo por terminar con el control de 26 años del partido gobernante en el poder.
Desde la llegada de buques y tropas militares estadounidenses al Caribe hace meses, la oposición política venezolana respaldada por Estados Unidos también ha reavivado su promesa perenne de remover a Maduro del cargo, alimentando las especulaciones sobre el propósito de lo que el gobierno de Trump ha llamado una operación antidrogas.
Trump, al igual que su predecesor, no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela.
Maduro está en su tercer mandato en el cargo después de que funcionarios leales al partido en el gobierno lo declararan ganador de las elecciones presidenciales del año pasado a pesar de la evidencia creíble de que la candidata de la oposición lo derrotó por un margen de más de dos a uno. Él y altos funcionarios han sido acusados repetidamente de violar los derechos humanos de opositores reales y percibidos del gobierno, incluso después de las elecciones de julio de 2024.
En un comunicado el lunes, el gobierno de Maduro negó categóricamente la existencia del cartel, describiendo la acusación del gobierno de Trump como una “ridícula patraña” destinada a “justificar una intervención ilegitima e ilegal contra Venezuela”.
Hegseth dice que la designación ofrece “nuevas opciones”
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo la semana pasada que la próxima designación del Cártel de los Soles proporcionará “un montón de nuevas opciones para Estados Unidos” para tratar con Maduro. Pero Hegseth, hablando en una entrevista con el medio de noticias conservador OAN, no proporcionó detalles sobre cuáles son esas opciones y se negó a decir si el ejército estadounidense planeaba atacar objetivos terrestres dentro de Venezuela.
“Así que nada está fuera de la mesa, pero nada está automáticamente sobre la mesa”, expresó.
Los funcionarios del gobierno de Trump han señalado que les resulta difícil ver una situación en la que mantener a Maduro en el poder podría ser un final aceptable. Pero mientras Trump considera una variedad de opciones militares y no militares, incluida la acción encubierta por parte de la CIA, para los próximos pasos, hay una fuerte creencia dentro del gobierno estadounidense de que el gobierno de Maduro “no es sostenible”, según un alto funcionario que no estaba autorizado a comentar públicamente sobre el asunto sensible.
El funcionario agregó que Trump ha estado escuchando atentamente a su equipo de inteligencia, que le ha informado que las conversaciones interceptadas dentro de Venezuela indican una creciente ansiedad de Maduro y otros altos funcionarios venezolanos a medida que continúan los ataques de Estados Unidos. Trump, dijo el funcionario, está “muy contento y satisfecho” por el momento con el impacto de los ataques.
Mientras tanto, las súplicas de Maduro y otros cercanos al líder venezolano para hablar directamente con el gobierno de Trump, transmitidas a través de varios intermediarios y canales, parecen ser más frenéticas, dijo el funcionario. Pero Trump no ha autorizado a ningún intermediario a hablar con Maduro en nombre del gobierno estadounidense.
La acusación alega una conspiración para “inundar” Estados Unidos con drogas
La acusación de 2020 acusó a Maduro; al ministro del Interior, Diosdado Cabello, y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, entre otros, de conspirar con rebeldes colombianos y miembros del ejército venezolano durante varios años “para inundar Estados Unidos con cocaína” y usar el tráfico de drogas como un “arma contra Estados Unidos”. Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo.
Antes de deponer las armas como parte de un acuerdo de paz de 2016, los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, usaban regularmente la región fronteriza porosa con Venezuela como refugio seguro y centro para envíos de cocaína con destino a Estados Unidos, a menudo con el apoyo o al menos el consentimiento de las fuerzas de seguridad venezolanas. Los disidentes continuaron el trabajo. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia también está involucrada en el comercio ilegal.
Maduro ha negado los cargos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos duplicó este año a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro.
Maduro ha insistido en que Estados Unidos está construyendo un relato falso de tráfico de drogas para intentar forzarlo a dejar el cargo. Él y otros funcionarios del gobierno han citado repetidamente un informe de las Naciones Unidas que, según ellos, muestra que los traficantes intentan mover solo el 5% de la cocaína producida en Colombia a través de Venezuela.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al Cártel de los Soles en julio, diciendo que Maduro y sus principales aliados habían doblado el poder del gobierno venezolano, el ejército y los servicios de inteligencia para ayudar al cartel en el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses también alegaron que el cartel de Maduro brindó apoyo material a la banda venezolana Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa, que estaban entre los grupos que Washington designó como organizaciones terroristas extranjeras en febrero.
El periodista de Associated Press Aamer Madhani en Washington contribuyó a este despacho.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
SAO PAULO (AP) — El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva nombró el jueves a Jorge Messias para la Corte Suprema del país.
Messias, actual Procurador General de Brasil, es el tercer nominado de Lula al Tribunal Supremo durante este mandato.
El nombramiento pasa ahora al Senado para su votación. De ser confirmado, Messias ocupará el puesto vacante dejado por el exmagistrado Luís Roberto Barroso, quien se jubiló en octubre, ocho años antes de su jubilación obligatoria.
“Hago esta recomendación con la confianza de que Messias continuará cumpliendo su papel de defensa de la Constitución y del Estado de Derecho en la Corte Suprema, como lo ha hecho a lo largo de su vida pública”, dijo Lula en Instagram.
Messias, de 45 años, trabajó en varias ramas del gobierno federal antes de ser nombrado procurador general en 2023. Es conocido por ser un aliado leal de Lula y de la expresidenta Dilma Rousseff, quien sucedió a Lula en 2011 y posteriormente fue destituida en un proceso de juicio político en 2016.
El juez André Mendonça, designado por el expresidente Jair Bolsonaro en 2021, felicitó la nominación de Messias.
“Es un candidato idóneo de la Procuraduría General y cumple con los requisitos constitucionales. Asimismo, felicito al presidente por su elección. Messias contará con todo mi apoyo en un diálogo republicano con los senadores”, declaró Mendonça.
El Tribunal Supremo de Brasil, integrado por 11 miembros, ha estado bajo una fuerte presión desde 2023, el mismo año en que los partidarios de Bolsonaro destrozaron su edificio en la capital, Brasilia, el 8 de enero.
El líder de extrema derecha fue poco después investigado y luego enjuiciado. En septiembre, con Barroso como presidente del Tribunal Supremo, un panel de la Corte Suprema de Brasil condenó a Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por conspirar para derrocarlo, lo que incluyó los disturbios dentro del edificio del tribunal.
KIEV, Ucrania (AP) — El presidente de Ucrania se enfrenta a una confluencia de crisis que ponen a prueba su capacidad para liderar una nación cada vez más cansada, casi cuatro años después de una devastadora invasión a gran escala por parte de Rusia.
Durante más de una semana, Volodymyr Zelenskyy ha luchado por contener las repercusiones de un escándalo de corrupción de 100 millones de dólares que involucra a altos funcionarios y otros asociados. La presión sobre Zelenskyy se ha intensificado a medida que Estados Unidos impulsa una propuesta elaborada junto con Rusia que exigiría importantes concesiones de Ucrania —y aparentemente pocas de Rusia— para poner fin a la guerra .
Todo esto se desarrolla mientras Rusia realiza avances lentos pero constantes a través de partes de la línea del frente de 1.000 kilómetros (620 millas) y bombardea sin cesar las centrales eléctricas de Ucrania, provocando graves cortes de electricidad a medida que se instala el clima más frío.
Aquí hay cinco cosas que debes saber sobre las crecientes presiones a las que se enfrenta Zelenskyy:
Enfrentarse a una rebelión
Zelenskyy se enfrenta a una rebelión de legisladores de su propio partido desde que los organismos anticorrupción del país revelaron que se habían malversado 100 millones de dólares del sector energético mediante sobornos pagados por contratistas.
Tras la publicación de los hallazgos de los investigadores, Zelenskyy destituyó a dos altos funcionarios e impuso sanciones a sus colaboradores más cercanos . Uno de sus socios implicados en la trama, Tymur Mindich, habría huido del país. Mindich es socio de una productora audiovisual de la que Zelenskyy era copropietario antes de asumir la presidencia.
Algunos legisladores y activistas ucranianos piden al presidente que destituya a su poderoso jefe de gabinete, Andrii Yermak.
Ni Zelenskyy ni Yermak han sido acusados de irregularidades por los investigadores. Sin embargo, dado que se cree ampliamente que Yermak decide nombramientos clave en el gobierno y tiene influencia en los asuntos políticos más importantes, los legisladores consideran que debería asumir la responsabilidad como una forma de ayudar a restaurar la confianza pública.
El partido Servidor del Pueblo, liderado por Zelenskyy, obtuvo más de dos tercios de los escaños parlamentarios en 2019. Sin embargo, algunos políticos advierten que una escisión en el partido o una serie de deserciones podrían llevar a Zelenskyy a perder su mayoría parlamentaria si no se separa de Yermak.
Muchos aliados políticos de Zelenskyy sienten que algo debe cambiar, aunque no hayan expresado públicamente sus preocupaciones, afirmó Mykola Davidiuk, analista político independiente. Una de las principales críticas al gobierno de Zelenskyy es la excesiva concentración de poder en manos de Yermak y sus asesores, explicó Davidiuk.
“El estilo de gestión de Zelenskyy no está funcionando”, dijo.
La forma en que Zelenskyy responda al escándalo de corrupción podría determinar si las consecuencias dañan la posición de Ucrania ante sus aliados, dijo Davidiuk.
El poder de Zelenskyy no corre peligro inminente.
La invasión rusa desencadenó la ley marcial en Ucrania, posponiendo indefinidamente las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Así pues, aunque el control de Zelenskyy sobre el parlamento se debilite y su popularidad se desplome, es muy improbable que sea destituido mientras la guerra siga en curso, a menos que renuncie voluntariamente.
El mandato presidencial en Ucrania suele ser de cinco años y, antes de la guerra, las próximas elecciones estaban previstas para la primavera de 2024.
La creciente oposición política a la que se enfrenta Zelenskyy podría dificultar la aprobación parlamentaria de cualquier posible acuerdo de paz que se esté negociando con Rusia. Además, si buscara la reelección tras la guerra, sus posibilidades podrían verse perjudicadas si Yermak sigue en el poder, según analistas políticos.
Un antiguo general es visto como un rival, pero niega tener aspiraciones políticas.
Ninguna figura electa de la oposición ucraniana representa una amenaza real para Zelensky. El expresidente ucraniano y actual diputado opositor, Petro Poroshenko, no ha logrado ampliar su apoyo más allá de su reducido núcleo de seguidores leales. Sus intentos de convocar una moción de censura contra el gobierno de Ucrania también fracasaron, al obtener menos de la mitad de los 150 votos necesarios.
Un posible rival podría ser el ex jefe del ejército ucraniano, Valerii Zaluzhnyi, quien supervisó varias contraofensivas exitosas en el primer año de la guerra y fue destituido por el presidente ucraniano a finales de 2023.
Zaluzhnyi ahora se desempeña como embajador de Ucrania en el Reino Unido.
Zaluzhnyi niega cualquier intención de entrar en política, pero las encuestas en Ucrania lo muestran como un rival teóricamente competitivo para Zelenskyy, lo que mantiene viva la especulación de que podría ser convencido para presentarse a las próximas elecciones.
Estados Unidos y Rusia diseñan un plan para poner fin a la guerra en Ucrania.
Estados Unidos y Rusia han elaborado un plan destinado a poner fin a la guerra en Ucrania que exige importantes concesiones por parte de Kiev, según un borrador obtenido por The Associated Press, incluyendo la aceptación de algunas demandas que el Kremlin ha planteado repetidamente desde su invasión a principios de 2022.
El plan exige que Ucrania ceda territorio a Rusia y que Kiev limite el tamaño de sus fuerzas armadas.
Como parte de la propuesta, Rusia obtendría el control efectivo de toda la región oriental de Donbás —un área que Moscú ha ambicionado durante mucho tiempo— a pesar de que Ucrania todavía controla parte de ella.
Zelenskyy ya había rechazado las mismas condiciones, calificándolas de inconstitucionales e injustas. Su oficina declaró el jueves que había recibido oficialmente el plan, pero no hizo comentarios sobre su contenido.
Las noticias sobre el plan surgieron justo cuando Zelenskyy se enfrentaba a un creciente descontento por el escándalo de corrupción. «El momento es muy perjudicial para Ucrania», afirmó Orysia Lutsevych, experta en Ucrania de Chatham House.
“Zelenskyy es vulnerable. Tanto Estados Unidos como Rusia vieron el escándalo interno y decidieron presionarlo aún más para que cediera ante el plan ruso”, declaró Lutsevych. Sin embargo, añadió que la estrategia podría no dar el resultado esperado, señalando que los aliados europeos están defendiendo a Ucrania y manifestándose en contra del plan.
Presión en el frente y en todo el país
En este contexto, el ejército ruso, mejor equipado, ha intensificado los ataques a lo largo de la línea del frente y contra las instalaciones energéticas en la retaguardia, lo que supone una mayor presión sobre Ucrania.
El ejército ruso continúa su avance constante en múltiples zonas. En la región nororiental de Járkov, las fuerzas rusas presionan las ciudades de Kupiansk y Lyman, que Ucrania recuperó de Rusia durante el primer año de la guerra. Sin embargo, los combates más encarnizados se libran en torno a la asediada ciudad ucraniana de Pokrovsk , un importante centro logístico en la región oriental de Donetsk.
Los ataques rusos contra las centrales eléctricas de Ucrania en noviembre han provocado algunos de los peores cortes de electricidad desde que comenzó la guerra.
(Oficina de Prensa de la Presidencia de Ucrania vía AP)
Un juez federal dijo el miércoles que planea avanzar rápidamente en una investigación por desacato contra la administración Trump por no haber impedido el paso de aviones que transportaban migrantes venezolanos a El Salvador en marzo.
El juez federal de distrito James Boasberg, en Washington, declaró que un fallo emitido el viernes por el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia le otorga la autoridad para proceder con la investigación, la cual determinará si existen pruebas suficientes para remitir el caso a la fiscalía. Solicitó a los abogados que, antes del lunes, identifiquen a los testigos y presenten planes sobre cómo llevar a cabo la investigación, e indicó que le gustaría iniciar las audiencias el 1 de diciembre.
El juez ya había advertido que podría solicitar el procesamiento de funcionarios de la administración.
El 15 de marzo, Boasberg ordenó que la aeronave que transportaba a los presuntos pandilleros regresara a Estados Unidos, pero en cambio aterrizaron en El Salvador, donde los migrantes fueron retenidos en una prisión tristemente célebre.
«Estoy autorizado a proceder tal como tenía previsto hacerlo en abril, hace siete meses», declaró el juez durante una audiencia el miércoles. Añadió posteriormente: «Desde luego, tengo la intención de averiguar qué sucedió aquel día».
Boasberg afirmó que la mejor manera de llevar a cabo la investigación por desacato era mediante el testimonio de testigos bajo juramento, pero también sugirió que el gobierno podría presentar declaraciones escritas para explicar quién dio las órdenes de desobedecer su fallo. Propuso un testigo: un exabogado del Departamento de Justicia de EE. UU. que presentó una denuncia como informante, en la que afirma que un alto funcionario del departamento sugirió que la administración Trump podría tener que ignorar las órdenes judiciales mientras se preparaba para deportar a migrantes venezolanos acusados de pertenecer a pandillas.
La administración Trump ha negado cualquier violación, afirmando que la orden del juez de devolver los aviones se dio verbalmente en la corte, pero no se incluyó en su orden escrita. El abogado del Departamento de Justicia, Tiberius Davis, le comunicó a Boasberg que el gobierno se oponía a continuar con el procedimiento por desacato.
Boasberg había determinado previamente que existían indicios suficientes para declarar al gobierno de Trump en desacato criminal . El fallo representó una batalla crucial entre los poderes judicial y ejecutivo, pero un panel dividido de tres jueces de la corte de apelaciones posteriormente falló a favor del gobierno y anuló la decisión. Los dos jueces que conformaron la mayoría fueron designados por el presidente Donald Trump.
El viernes, un panel más amplio de jueces del Circuito del Distrito de Columbia dictaminó que la decisión anterior de sus colegas no impedía que Boasberg prosiguiera con la investigación por desacato. La declaración de desacato de Boasberg fue una “respuesta mesurada y esencial”, escribieron los jueces Cornelia Pillard, Robert Wilkins y Bradley Garcia.
“La obediencia a las órdenes judiciales es vital para que el poder judicial pueda cumplir con su función constitucionalmente asignada”, escribieron. “Las órdenes judiciales no son sugerencias; son mandatos vinculantes que el Poder Ejecutivo, al igual que cualquier otra parte, debe acatar”.
El gobierno de Trump invocó una ley de guerra del siglo XVIII para enviar a los migrantes, a quienes acusó de pertenecer a una banda venezolana, a una megaprisión en El Salvador conocida como el Centro de Confinamiento Antiterrorista (CECOT). Argumentó que los tribunales estadounidenses no podían ordenar su liberación.
En junio, Boasberg dictaminó que la administración Trump debía dar a algunos de los migrantes la oportunidad de impugnar sus deportaciones, argumentando que no habían podido impugnar formalmente las expulsiones ni las acusaciones de que eran miembros del Tren de Aragua.
El juez escribió que habían surgido “pruebas significativas” que indicaban que muchos de los migrantes no estaban conectados con la banda “y, por lo tanto, languidecían en una prisión extranjera bajo acusaciones endebles, incluso frívolas”.
Más de 200 migrantes fueron posteriormente liberados y devueltos a Venezuela en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos.
Sus abogados quieren que Boasberg emita otra orden que obligue a la administración a explicar cómo dará al menos a 137 de los hombres la oportunidad de impugnar su designación como pandilla en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
Los hombres están en peligro en Venezuela y temen hablar con abogados, quienes han podido contactar a unos 30 de ellos, pero “abrumadoramente” quieren seguir adelante con sus casos, dijo el miércoles Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
Davis dijo que podría ser difícil volver a detener a los hombres dadas las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Boasberg no se pronunció de inmediato sobre el asunto.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
CABRICÁN, Guatemala (AP) — El cuerpo de María Florinda Ríos Pérez, la migrante guatemalteca que fue asesinada de un disparo en la cabeza cuando se confundió de casa en la que iba a trabajar en Indiana, Estados Unidos, llegó el domingo a Guatemala.
