RÍO DE JANEIRO (AP) — El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió el miércoles al presidente estadounidense, Donald Trump, que no se inmiscuya en las elecciones presidenciales de Brasil de octubre, luego de que Trump hiciera su más reciente crítica a Brasil por las medidas judiciales contra los rivales políticos de Lula.

Estas declaraciones ponen de manifiesto la escalada de tensiones entre Brasil y Estados Unidos después de que la administración Trump propusiera nuevos aranceles contra el país sudamericano y clasificara recientemente a dos grupos de narcotraficantes como organizaciones terroristas extranjeras, medidas a las que Lula se opone.

Lula ha defendido con frecuencia la soberanía de Brasil desde que Trump impuso aranceles al país el año pasado, alegando una " caza de brujas " contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro . Lula también se ha quejado de las sanciones estadounidenses impuestas al magistrado del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes por lo que la administración Trump calificó como su papel políticamente motivado en el procesamiento de Bolsonaro, quien fue condenado por intentar un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante Lula.

Trump dijo el miércoles que Brasil se había vuelto "políticamente peligroso" y que el gobierno quería arrestar a "Bolsonaro hijo", a quien "le iba bien en las encuestas".

El Tribunal Supremo de Brasil condenó el martes a uno de los hijos de Bolsonaro, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, por coacción relacionada con el juicio por el golpe de Estado contra su padre, y lo sentenció a cuatro años y dos meses de prisión.

Sin embargo, la referencia a los buenos resultados en las encuestas sugiere que Trump podría haberse referido —o también a— el hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, quien compite contra Lula en las elecciones presidenciales. Flávio Bolsonaro no ha sido arrestado.

Eduardo Bolsonaro fue condenado después de que el tribunal determinara que interfirió ilegalmente en el juicio por el golpe de Estado de su padre, presionando al gobierno estadounidense para que amenazara a funcionarios brasileños con detener el juicio.

Un periodista leyó las declaraciones de Trump a Lula durante una rueda de prensa tras la cumbre del G7 de líderes mundiales en Evian-les-Bains, Francia, a la que asistió Lula. El mandatario brasileño afirmó que demostraban que Trump «no conoce bien Brasil».

«Si conoce Brasil a través de sus relaciones con la familia Bolsonaro, no conoce Brasil», dijo Lula. «Puede seguir admirando a Bolsonaro —al padre, al hijo, al nieto—, ese no es mi problema, es suyo. (...) Pero que no se inmiscuya en las elecciones de Brasil, porque las elecciones de Brasil son asunto de Brasil».

Eduardo y Flávio Bolsonaro visitaron recientemente a funcionarios estadounidenses en Washington, incluido Trump. Poco después, la administración Trump clasificó a los principales grupos de narcotráfico de Brasil —Primer Comando Capital y Comando Rojo— como organizaciones terroristas extranjeras. Lula criticó esa decisión el miércoles, argumentando que, si bien estos grupos aterrorizan a la población local, no son organizaciones terroristas porque buscan el lucro en lugar del cambio político.

El gobierno estadounidense también propuso un nuevo arancel del 25% a las importaciones procedentes de Brasil, alegando que la décima economía más grande del mundo incurre en prácticas comerciales abusivas. Esta medida se tomó a pesar del viaje de Lula a Washington para intentar persuadir a Trump de que no impusiera más aranceles.

Lula ya había expresado su descontento por ese arancel, y lo reiteró el miércoles. «Creo que lo que hizo fue una falta de respeto hacia Brasil. Él lo sabe. Por eso dije que todavía se comporta como un emperador. Estábamos negociando un acuerdo».

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Por  ELÉONORE HUGHES

(Mandel Ngan/Pool Photo via AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán tomará de inmediato medidas para reabrir el estrecho de Ormuz una vez que se firme un acuerdo provisional con Estados Unidos para poner fin a la guerra y se le permita vender su petróleo sin restricciones, según copias filtradas de un acuerdo interino que, según funcionarios, coincide en líneas generales con el documento.

El acuerdo, que está previsto que se firme formalmente en una ceremonia en Suiza el viernes, establece que Estados Unidos conseguiría al menos 300.000 millones de dólares para reconstruir Irán después de la guerra y trabajaría para poner fin a todas las sanciones estadounidenses y de Naciones Unidas impuestas a Teherán si se alcanza un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní.

El acuerdo de Estados Unidos para permitir de inmediato que Irán venda su petróleo libremente y la oferta de levantar eventualmente todas las sanciones representan concesiones importantes que superan los términos del acuerdo nuclear de Irán de 2015 con las potencias mundiales, del cual el presidente estadounidense Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos en su primer mandato, al declararlo el “peor acuerdo de la historia”. Este nuevo pacto probablemente atraerá duras críticas en Washington —y parece ser un gran revés para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien emprendió la guerra con Trump el 28 de febrero.

El acuerdo exige el fin inmediato de todos los combates en Líbano entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán. Esa es una de las partes más delicadas del acuerdo porque Israel ha sostenido que seguirá defendiéndose y ocupando vastas franjas de Líbano. Irán ha dicho que, en virtud del acuerdo, Israel debe retirarse, aunque las versiones filtradas no mencionan ninguna retirada.

Ambas partes iniciarán 60 días de negociaciones sobre un acuerdo final que el gobierno de Trump insiste en que impedirá que Irán desarrolle alguna vez un arma nuclear. Las ofertas de Estados Unidos parecen orientadas a incentivar a Irán a cerrar un acuerdo.

Pero, mientras tanto, Irán parece estar obteniendo beneficios por adelantado mientras hace pocas concesiones. Gran parte del acuerdo restablecería el statu quo anterior a la guerra, incluido el fin de las hostilidades y la reapertura del estrecho, que es un paso crucial para el petróleo y el gas natural del mundo y cuyo cierre creó una crisis energética histórica.

Otras concesiones a Irán —algunas de ellas extraordinarias, como el dinero para la reconstrucción, el levantamiento total de sanciones y la liberación de activos congelados— parecen depender del avance de nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Una persona informada sobre el memorando de entendimiento después de que se firmó y otra que vio una copia antes dijeron que coincidía en gran medida con el texto de lo publicado por la cadena Al Arabiya, de propiedad saudí, que reportó detalles del acuerdo el martes. Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones.

Otros dos funcionarios en Oriente Medio, que hablaron bajo condición de anonimato por la misma razón, también señalaron que las versiones publicadas por Al Arabiya y Bloomberg coincidían en términos generales con el acuerdo final.

La Casa Blanca y otros funcionarios estadounidenses no han publicado los términos y no respondieron de inmediato a las preguntas. Irán tampoco ha publicado una versión oficial del acuerdo. La agencia semioficial iraní Tasnim, cercana a su Guardia Revolucionaria, un importante cuerpo paramilitar, afirmó el miércoles que a la versión de Bloomberg le faltaban fragmentos, sin ofrecer un recuento completo.

El acuerdo aliviaría a la economía global

El acuerdo supone una gran victoria para la economía mundial: la reapertura del estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que antes de la guerra pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados. Desde que comenzó el conflicto, los ataques iraníes contra el transporte marítimo y la amenaza a los buques cerraron de hecho el estrecho.

El cierre del estrecho elevó los precios de la energía en todo el mundo y encareció muchos productos básicos, incluida la comida. Irán dejó salir a algunos buques que pagaron peajes, algo nunca hecho antes en el estrecho, que se encuentra en aguas territoriales de Irán y Omán y desde hace tiempo se ha considerado una vía marítima internacional. Posteriormente, Estados Unidos brindó apoyo militar para sacar a otros petroleros, pero el tráfico por el estrecho no se acercó a los niveles previos a la guerra.

El acuerdo exige que Estados Unidos levante un bloqueo impuesto a los puertos iraníes y que el estrecho vuelva a sus niveles de tráfico anteriores a la guerra en 30 días, al tiempo que reconoce que aún puede haber minas iraníes en sus aguas que deben ser destruidas.

El acuerdo ofrece importantes concesiones a Irán

Aunque el acuerdo dice que el eventual levantamiento de sanciones a Irán dependerá de negociaciones futuras, Estados Unidos emitirá de inmediato exenciones para las ventas de petróleo iraní.

Conceder exenciones petroleras directamente al inicio de las conversaciones de 60 días priva a Estados Unidos de un importante punto de presión sobre Irán. En los años previos al acuerdo nuclear de 2015, el petróleo iraní enfrentaba sanciones internacionales que limitaban sus ventas. Sólo al concluir el acuerdo general en 2015 se levantaron esas sanciones.

El acuerdo interino también abre la puerta a poner fin a todas las sanciones que Irán enfrenta por parte de Estados Unidos y en la ONU —aunque indica que el calendario para ello se definirá más adelante—. Aun así, eso va mucho más allá del acuerdo de 2015, que solo levantó algunas sanciones a cambio de que Irán redujera drásticamente su enriquecimiento y sus reservas de uranio.

El acuerdo también proporcionaría a Irán al menos 300.000 millones de dólares para reconstruir tras una intensa campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel: una cifra extraordinaria y otro gran beneficio para Irán. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha dicho que las naciones árabes del Golfo aportarían esa cantidad como inversiones en Irán.

El acuerdo deja mucho más por resolver en negociaciones futuras

El acuerdo interino fija una ventana de 60 días, que puede ampliarse, para negociar la limitación del programa nuclear de Irán, tema que se ha tratado en múltiples rondas de conversaciones durante el segundo gobierno de Trump sin éxito. Irán sostiene que su programa nuclear es pacífico, aunque tiene suficiente uranio altamente enriquecido como para construir múltiples bombas atómicas, si decidiera hacerlo, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

En el acuerdo interino, Irán reitera que nunca producirá armas nucleares, una promesa que también hizo en el acuerdo nuclear de 2015. Durante mucho tiempo, diplomáticos iraníes han señalado declaraciones del fallecido ayatolá Alí Jamenei en las que decía que Irán no construiría una bomba atómica. Sigue sin estar claro si su hijo, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, seguirá esa línea o no.

Trump ha citado objetivos cambiantes para la guerra, incluido en ocasiones prometer que pondría fin a los programas nuclear y de misiles de Irán y a su apoyo a Hezbollah y otros grupos aliados en la región. También sugirió que podría conducir al derrocamiento del gobierno iraní.

El acuerdo interino no alcanza ninguno de esos objetivos. Las negociaciones también expusieron una fractura entre Netanyahu y Trump, el aliado más cercano e importante del líder israelí, justo cuando Netanyahu busca la reelección. Netanyahu ha recibido fuertes críticas internas por el acuerdo en ciernes, pero le resultará difícil enfrentarse a Trump, dada la gran dependencia de Israel de Estados Unidos para el apoyo diplomático y militar.

Miller y Price informaron desde Washington, y Magdy desde El Cairo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

JON GAMBRELL is the news director for the Gulf and Iran for The Associated Press. He has reported from each of the Gulf Cooperation Council countries, Iran and other locations across the world since joining the AP in 2006.

ZEKE MILLER manages coverage of the White House, Congress, national security and politics in the AP’s Washington bureau.

MICHELLE L. PRICE covers the White House. She previously covered the 2024 presidential campaign and politics, government and other news in New York, Nevada, Utah and Arizona. She is based in Washington.

SAMY MAGDY is a Middle East reporter for The Associated Press, based in Cairo. He focuses on conflict, migration and human rights abuses.

(AP Foto/Vahid Salemi)

BOGOTÁ (AP) — Blanca Monroy y Sigifredo López tienen en común la marca del cruento conflicto armado colombiano, pero la política los separa. Monroy votará en el balotaje por el candidato progresista Iván Cepeda y López por el conservador Abelardo de la Espriella.

Monroy lleva tatuada en un brazo una balanza, la misma que tenía su hijo de 19 años y que fue usada para identificar su cuerpo tras ser víctima de una ejecución extrajudicial. López asegura que conoció el “inframundo” al ser secuestrado por la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ambos elegirán en el balotaje entre dos propuestas diferentes sobre cómo abordar el conflicto armado, pero con un temor común: volver a un pasado de mayor violencia.

Cepeda, quien ha servido de facilitador en varias negociaciones de paz, defiende el diálogo y consideraría continuar las negociaciones que inició el actual presidente Gustavo Petro, su padrino político, intentando disminuir la violencia que persiste en el país pese a que hace una década las FARC abandonaron las armas tras un histórico acuerdo de paz con el Estado.

De la Espriella, en tanto, ha dicho que acabará las negociaciones de paz e incrementará las operaciones militares. “Los voy a acabar como unas cucarachas”, dijo a The Associated Press recientemente el candidato, simpatizante de los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele.

Para Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, aunque hay una mayoría de colombianos inclinados a buscar el diálogo, el país suele oscilar entre las políticas que lo priorizan y las de mano dura. A su juicio, la política de Petro “fracasó” y generó “indignación en la opinión pública”.

La Fundación Ideas para la Paz, un centro de investigación sobre el conflicto, calcula que el año pasado el país tenía 27.000 armados ilegales dentro de ocho estructuras que en su mayoría se han fortalecido pese a la política de paz de Petro y que aumentaron sus filas en 5.000 integrantes con respecto al año previo.

Miedo por los “falsos positivos”

La vida cambió para Monroy en marzo de 2008 cuando su hijo Julián Oviedo Monroy desapareció en Soacha, una localidad al sur de Bogotá. Salió a encontrarse con una persona que le había ofrecido trabajo y fue asesinado en Ocaña, en el noreste del país.

Su hijo es uno de los 6.402 “falsos positivos”, como son conocidas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales que militares presentaron como guerrilleros muertos en combate. La mayoría de los casos ocurrieron durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010), quien niega haberlos ordenado.

Por su asesinato y los de otros reconocieron su responsabilidad al menos 10 exmiembros de la fuerza pública y un civil ante el Tribunal de Paz de Colombia, creado tras la firma del acuerdo con las FARC.

“Ellos (exmilitares) me decían: ‘doña Blanquita, nosotros nos ofrecimos voluntariamente para matar a su hijo’”, relató a AP Monroy, quien decidió perdonarlos.

Ahora, cuando el país decide de qué manera enfrentar a los ilegales, dice que Cepeda debe actuar contra ellos sin exterminarlos.

“Tiene que tener mano dura, pero no como dice este señor (De la Espriella)... que porque este es un guerrillero y es lo peor, lo vamos a coger, lo vamos a matar. Así no se va a hacer una paz”, dijo desde el centro de Bogotá.

Así como Monroy, otras madres de los “falsos positivos” han apoyado activamente la campaña presidencial de Cepeda.

Filósofo, exmiembro de las Juventudes Comunistas y actual congresista, Cepeda encauzó su vida en la defensa de las víctimas del Estado tras el asesinato en 1984 de su padre Manuel Cepeda Vargas que era legislador de la Unión Patriótica, un partido constituido en 1985 tras un infructuoso diálogo de paz entre el gobierno y las FARC.

Monroy teme que De la Espriella implemente una política que termine por afectar de nuevo a los civiles. “Dios quiera y ponga su mano y este señor… no suba (al poder), porque los ‘falsos positivos’ van a volver a ser una realidad”.

Miedo a los grupos armados

López fue secuestrado en 2002 con sus 11 colegas diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia. Tras casi siete años de cautiverio fue el único que sobrevivió.

“Lo más duro para mí fue cuando supe del asesinato de mis compañeros; (entré) en una depresión que me duró mucho tiempo. Estaba como perdiendo la razón”, recordó López, quien aún tiene secuelas psicológicas y sufre de artrosis como consecuencia de las inclemencias de la selva. “Eso es realmente el inframundo. Lo más parecido al infierno”.

El exdiputado es una de las 21.000 víctimas de secuestros cometidos por las FARC durante el conflicto armado de cinco décadas. La última cúpula de la guerrilla recibió una sanción por esos delitos, que no implicó cárcel, a cambio de contar lo que sabía y reconocer su responsabilidad.

Desde Cali, la misma ciudad donde fue secuestrado, López advirtió que la inseguridad se está agravando y sostuvo que la política de paz de Petro “fracasó” y que los armados ilegales se expanden en el territorio.

“Colombia está siendo secuestrada... no solamente el secuestro tradicional que conocimos y que vivimos personas como yo y miles más, sino que tienen secuestradas a las personas porque en su territorio, por ejemplo, hoy no pueden votar libremente”, aseguró a la AP López, quien tiene un esquema de protección por amenazas a su vida.

Contó que ha tenido su “corazón a la izquierda”, pero decidió apoyar a De la Espriella porque promete devolverle la seguridad a la ciudadanía y “entendió que la paz total no se logra negociando con los criminales, sino ejerciendo la fuerza legítima del Estado”.

MEGAN JANETSKY covers migration, conflict, human rights and politics in Mexico and Central America for The AP based in Mexico City. Previously, she covered Cuba and the Caribbean for The AP and worked as freelance journalist in Colombia, reporting across South America.

POR  ASTRID SUÁREZ and MEGAN JANETSKY

(AP Foto/Matias Delacroix)

BOGOTÁ (AP) — Al inicio de esta década, América Latina se precipitaba hacia la izquierda. Los progresistas, aprovechando la indignación pública por las arraigadas desigualdades agravadas por la pandemia, llegaron al poder en muchas de las principales economías de la región, entre ellas Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Sin embargo, ahora se está gestando una reacción política contraria. Aunque las tasas de homicidios han disminuido en términos generales en toda América Latina en comparación con hace una década, los repuntes registrados en algunos países y el incremento regional de otros delitos, especialmente la extorsión, han creado las condiciones para que populistas conservadores sumen votos con la promesa de tácticas de mano dura contra la delincuencia y la inmigración.

Los discursos electorales que presentan a los migrantes como delincuentes y promueven estrategias de seguridad de mano dura popularizadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, han conseguido el respaldo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para candidatos conservadores y han movilizado a sus desencantados votantes, pese a la preocupación de que ese tipo de tácticas puedan alentar abusos de derechos humanos o amenazar la democracia.

“Tenemos una derecha emergente que colabora mucho en toda la región y con Estados Unidos a través del movimiento MAGA, que también ha usado la delincuencia como grito de guerra para la movilización política”, explicó Enrique Roig, vicepresidente de la organización sin fines de lucro Human Rights First y exfuncionario del Departamento de Estado estadounidense. “Es más fácil vender la idea de encerrar a la gente que abordar las razones por las que, principalmente, los hombres jóvenes se unen a las pandillas en países como El Salvador”.

Promesas de mano dura influyen en el voto

Aunque la política populista ha arrojado buenos resultados en todo el espectro ideológico, solo la derecha ha ofrecido soluciones de seguridad a corto plazo que harán que los votantes “se sientan más seguros en seis meses”, aunque tengan que “sacrificar la democracia y los derechos humanos”, señaló Adam Isacson, director de supervisión de defensa en la organización Washington Office on Latin America.

Las propuestas de la izquierda, como programas comunitarios para la prevención de la violencia, la mejora de la formación policial y reformas judiciales y penitenciarias, tardan más en dar frutos, explicó.

“Es absolutamente lo que se debería hacer, pero la paciencia de la gente se agota”, comentó Isacson acerca de las propuestas a largo plazo. “Entonces aparecen los Bukele del mundo diciendo ‘¿Quieres sentirte mejor? Nosotros nos encargamos’”.

En Colombia, donde amplias zonas del campo se han visto sumidas de nuevo en el conflicto, el empresario proTrump Abelardo de la Espriella lidera las encuentras antes del balotaje del domingo, mientras sigue el ejemplo de Bukele.

En Perú, donde la extorsión se ha multiplicado por cinco en los últimos cinco años, Keiko Fujimori se metió en el balotaje presidencial del 7 de junio con una campaña de ley y orden, prometiendo desplegar a militares en las cárceles y las fronteras, mientras se apoya en el legado autoritario de su difunto y desacreditado padre, el expresidente Alberto Fujimori.

Los costarricenses, consternados por niveles récord de asesinatos vinculados a las drogas, eligieron en febrero a la populista conservadora Laura Fernández por su plataforma de mano dura contra la delincuencia. El empresario hondureño Nasry Asfura arrasó en los comicios de diciembre tras recibir el respaldo de Trump como socio en la lucha contra los “narco-comunistas”.

El crimen organizado se expande y alimenta más violencia

América Latina y el Caribe registraron el año pasado una caída de más del 5% en su tasa promedio combinada de homicidios en comparación con 2024, con una media que rondó los 17,6 por cada 100.000 personas, según InSight Crime, un centro de estudios especializado en el crimen organizado en América.

Pero hay algunas excepciones clave. Los asesinatos relacionados con el narcotráfico han aumentado en Perú y Colombia —los principales productores de cocaína del mundo—, así como en el vecino Ecuador, cuyos grandes puertos son considerados por los traficantes como una puerta de entrada a los mercados europeos.

El año pasado, las autoridades contabilizaron 2.400 homicidios en Perú y 14.780 en Colombia, cifras récord en ambas naciones desde al menos 2020. En Ecuador, los asesinatos aumentaron un notable 31% interanual, hasta los 9.216.

A las pandillas se les atribuye gran parte de la violencia que empezó a dispararse en Ecuador durante la pandemia del COVID-19, cuando cárteles de México, Colombia y los Balcanes ampliaron sus operaciones y contrataron a población local, desatando una lucha letal por las rutas del narcotráfico. Sus disputas territoriales incluyen las cárceles, donde cientos de reclusos han sido asesinados desde 2021.

Las autoridades ecuatorianas también registraron más de 16.100 casos de extorsión el año pasado, frente a los 23.000 de 2024, aunque los expertos dicen que es un delito poco denunciado.

Populistas aprovechan la oportunidad

Hace cuatro años, los votantes chilenos rechazaron al legislador ultraconservador José Antonio Kast en favor del expresidente Gabriel Boric, un joven tatuado que dirigió protestas estudiantiles y que buscaba abordar las desigualdades sociales endémicas de Chile. El año pasado, sin embargo, los temores ante el aumento de la delincuencia, y su frecuente asociación en la prensa con la creciente población de migrantes venezolanos del país, beneficiaron a Kast, devolviéndolo al poder.

A medida que organizaciones criminales venezolanas como la banda Tren de Aragua aprovechaban la ola de migración masiva de su país para infiltrarse en redes de trata de personas tras la pandemia, Chile, que durante mucho tiempo uno de los países más seguros de América Latina, fue testigo de una explosión sin precedentes de robos de autos, secuestros y tiroteos.

La tasa de homicidios aumentó un 30%, hasta un pico de 6,7 por cada 100.000 personas entre 2021 y 2022, según el Ministerio del Interior chileno. Desde entonces ha bajado, pero se ha mantenido por encima de los niveles previos a 2021. Otros delitos violentos siguen en aumento, como los secuestros, que han crecido casi un 180% en los últimos cuatro años.

Inspirándose en Bukele, cuyas megacárceles en El Salvador recorrió durante la campaña, Kast derrotó con holgura a su rival comunista en diciembre con promesas de construir un enorme muro fronterizo, endurecer las condiciones carcelarias para miembros de pandillas y deportar a cientos de miles de migrantes sin permisos legales. A cambio de sus promesas de seguridad, los votantes restaron importancia a su oposición al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, así como a su defensa de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet.

En Perú, pese al polémico legado del condenado Alberto Fujimori, la candidatura de su hija ha aprovechado el repunte de la violencia cuatro años después de perder los comicios frente al maestro Pedro Castillo.

Con el lema “Perú con orden”, Keiko Fujimori fue la más votada en la primera vuelta de abril. Los resultados del balotaje del 7 de junio todavía la muestran en un empate técnico con el heredero político del encarcelado Castillo, el nacionalista Roberto Sánchez.

Los expertos señalan que el apetito de la ciudadanía por las tácticas duras —históricamente asociadas con las dictaduras de derechas del siglo XX en la región— ha crecido a la par de la disminución de su confianza en las instituciones estatales y de su ambivalencia cada vez mayor respecto de la democracia.

“El razonamiento suele ser: ‘La democracia no ha podido mantenerme a mí y a mi familia a salvo, así que quizá la democracia sea parte del problema’”, sostuvo Eduardo Moncada, director del Institute of Latin American Studies de la Universidad de Columbia.

Eso plantea un gran desafío para la izquierda latinoamericana, que en muchos países ha gestionado economías estancadas, ha lidiado con escándalos de corrupción y no ha cumplido sus promesas de reformas sociales en los últimos años.

Incluso progresistas como Jeannette Jara en Chile y Sánchez en Perú se han adaptado a la corriente política. El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, calificó el modelo de Bukele como un ejemplo digno de un estudio más profundo. El gobierno guatemalteco de centroizquierda declaró este año un estado de emergencia para reprimir la violencia de las pandillas y acogió con satisfacción la ayuda del gobierno de Trump para luchar contra los narcotraficantes.

Las promesas de campaña chocan con la realidad

Las ambiciones conservadoras de los políticos elegidos recientemente, sin embargo, han chocado con las exigencias prácticas de gobernar democracias complejas y con escasez de recursos como Ecuador y Chile. No se parecen en nada al pequeño El Salvador, donde el partido de Bukele tiene una supermayoría legislativa.

Las promesas del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su campaña de 2023 incluían encerrar a líderes de pandillas en barcazas y construir megacárceles. Tras asumir el cargo, abandonó la propuesta de prisiones flotantes, y su gobierno tardó hasta noviembre en abrir la primera megacárcel.

“Construir megacárceles no ha sido tan fácil ni tan directo porque el país está en muy mal estado financiero y porque el presidente Daniel Noboa todavía se ve a sí mismo como un demócrata”, manifestó Beatriz García Nice, analista de políticas del centro de estudios Stimson Center de Washington.

Casi tres meses después del inicio del mandato de Kast, las encuestas indican que una población escéptica no ve diferencias entre su ofensiva de seguridad y la de su predecesor izquierdista. Su gobierno ha organizado solo dos vuelos de deportación después de prometer detener y expulsar de inmediato a los más de 300.000 inmigrantes sin estatus legal en Chile. Un tono distinto, más tímido, se ha colado en sus discursos. El mes pasado, fue criticado por calificar la promesa de deportación masiva como “una metáfora”.

Incluso durante la presentación de nuevas medidas de seguridad en un discurso del 1 de junio —incluyendo la prohibición de que quienes sean condenados por atacar a la policía reciban beneficios sociales— intentó moderar las expectativas desmesuradas de sus seguidores.

“Gobernar, como muchos de ustedes saben, significa asumir la responsabilidad de la realidad, especialmente cuando es difícil”. afirmó. “Estoy avanzando paso a paso porque esto no es algo que ocurra de la noche a la mañana”.

DeBre informó desde Buenos Aires.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

POR  REGINA GARCÍA CANO e ISABEL DEBRE

(AP Foto/Mark Schiefelbein, archivo)