La gobernadora de Nuevo México pidió el miércoles que se le abra una investigación penal a la DEA, luego de que una investigación de The Associated Press halló que agentes federales permitieron que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles durante un periodo de dos años mientras perseguían casos de narcotráfico de mayor envergadura.

La gobernadora Michelle Lujan Grisham le solicitó al fiscal general del estado que examine si las acciones de la agencia violaron la ley de Nuevo México, un desafío extraordinario a una agencia federal de seguridad pública en un momento en que el fentanilo sigue siendo una de las amenazas de salud pública más mortíferas en Estados Unidos.

Hizo la solicitud tras una investigación de la AP, la cual concluyó que agentes de la DEA permitieron repetidamente que grandes cargamentos de fentanilo siguieran circulando por Nuevo México entre 2023 y 2025, en lugar de incautarlos de inmediato, a medida que intentaban acumular pruebas en casos contra traficantes de mayor rango. La exhortación de la gobernadora a que se efectúe una revisión penal hace que un debate sobre tácticas de combate al narcotráfico se transforme en una pregunta acerca de si los propios agentes federales traspasaron los límites legales mientras perseguían a organizaciones de tráfico más grandes.

Agentes actuales y anteriores de la DEA dijeron a la AP que la estrategia equivalía a una apuesta con la seguridad pública en un estado devastado por la epidemia de fentanilo, y que podría haber violado normas del Departamento de Justicia federal destinadas a proteger al público de una droga que la Casa Blanca designó el año pasado como un “arma de destrucción masiva”.

“No hay palabras para describir lo temerarias y peligrosas que fueron estas decisiones”, manifestó Lujan Grisham en un comunicado. “Que no haya dudas: la DEA sabía que personas morirían si estas pastillas llegaban a comunidades de Nuevo México, y de todas formas la agencia permitió que ocurriera”.

La DEA no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre el comunicado de la gobernadora. La agencia ha sostenido que no sería plausible incautar cada cargamento de drogas, y previamente dijo a la AP en un comunicado que “las decisiones de investigación en cuestión fueron legales, razonables dadas las circunstancias, y coherentes con las directrices del Departamento”.

“Las descripciones públicas que plantean que la DEA permitió a sabiendas que el fentanilo llegara a las comunidades son falsas y en esencia tergiversan los hechos”, escribió en un correo electrónico Amanda Wozniak, portavoz de la agencia.

Alex Uballez, quien fue fiscal federal en Nuevo México desde mayo de 2022 hasta febrero de 2025, le dijo a la AP que en ocasiones no se incautaron drogas debido a que su oficina tenía recursos limitados, y a su convicción de que procesar a organizaciones más grandes tiene un impacto mayor que interceptar cada transacción de drogas sospechosa.

No está claro si alguna sobredosis mortal en el estado puede atribuirse directamente a la estrategia de la DEA. Mientras las muertes por sobredosis a nivel nacional cayeron un 14% el año pasado, datos del gobierno muestran que Nuevo México registró un aumento del 21%.

“Las vidas de los habitantes de Nuevo México no son el costo que paga el gobierno federal por hacer negocios”, escribió la gobernadora en su comunicado. “Planeo exigirle cuentas al gobierno federal por este desastre y exploraré todas las vías de acción posibles contra el gobierno federal para corregir estos agravios”.

La investigación de la AP citó a tres agentes actuales y anteriores y registros gubernamentales, incluido un informe interno sobre una entrega en 2023 de 74.000 pastillas que la DEA vigiló —pero no incautó— en un parque de casas móviles en Albuquerque.

David Howell, el denunciante de la DEA que presentó una queja para llamar la atención sobre el fentanilo no incautado, habló el miércoles con personal del Congreso. Empower Oversight, un grupo activista de denunciantes que representa a Howell, le ha pedido a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado y a la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia que investiguen las acusaciones del agente.

El senador republicano Bernie Moreno calificó las revelaciones de Howell como “un escándalo del más alto nivel”, y declaró en una publicación en la red social X que planea averiguar cuántas vidas estadounidenses se perdieron debido a la inacción de la DEA.

Mientras tanto, grupos de víctimas también se pronunciaron sobre la inacción de la agencia antinarcóticos, al señalar que su enfoque en Nuevo México es contradictorio a la destacada campaña de la agencia “Una pastilla puede matar”, la cual advierte que tan sólo unos pocos miligramos de fentanilo pueden causar una sobredosis mortal.

“El saber que el Departamento de Justicia tenía directrices para incautar los opioides siempre que fuera práctico —y el hecho de que éstas se ignoraron— es verdaderamente desgarrador”, expresó Michael Glownia, quien perdió a su hija por fentanilo en 2023 y fundó una organización sin fines de lucro para apoyar a familias que sufren pérdidas similares.

Mustian informó desde Miami.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

JIM MUSTIAN is an Associated Press investigative reporter for breaking news.

(DEA vía AP)