NUEVA YORK (AP) — Si alguna vez ha habido un villano aterrador en la pantalla, ese es Max Cady. Es el exconvicto sádico y desquiciado empeñado en vengarse del abogado que lo metió en prisión en "Cape Fear".
Robert Mitchum interpretó a Cady en 1962 y Robert De Niro lo retrató en una escalofriante nueva versión de 1991. Ahora le toca a Javier Bardem ponerse en la piel del despiadado asesino en una adaptación para Apple TV. Se estrena el viernes con los dos primeros episodios.
“Es un gran thriller clásico, pero cada versión hasta ahora es diferente y refleja su época”, dice el creador de la serie, Nick Antosca. “Quería hacer una nueva versión que honrara los clásicos que me encantan, pero que también fuera una pesadilla para los tiempos que corren”.
La serie de 10 episodios está protagonizada por Amy Adams y Patrick Wilson, quienes interpretan a dos abogados adinerados de Savannah, Georgia, cuya familia se ve trastocada por el misil de venganza de Bardem.
Tras ser absuelto después de 17 años en prisión por el asesinato de su esposa embarazada, Cady se infiltra en la vida de la pareja, así como en la de su hija y su hijo. «Se merecen una buena vida. Yo tuve una buena vida», les dice con tono amenazador. Cada miembro de la familia guarda un secreto que los explota.
El American Film Institute sitúa a Max entre los 50 mejores villanos de todos los tiempos, por encima del Conde Drácula, Freddy Krueger y Travis Bickle de "Taxi Driver", otra pesadilla de De Niro.
“Este es un hombre que lo ha perdido todo y, hasta ahora, no tiene nada más que perder”, dice Bardem. “Tiene todo el tiempo del mundo para disfrutar de la venganza. Parece que no le importa la aprobación externa de nada. Así que está desatado”.
Antosca contó con la aprobación de Martin Scorsese, director de "Cape Fear" (1991) y productor ejecutivo de la serie de Apple TV junto a Steven Spielberg. "Fue muy generoso y alentador, y me decía: 'Prueba esto. Prueba aquello. No tengas miedo de experimentar'", comenta Antosca sobre Scorsese.
Antosca mira hacia el futuro y el pasado, ambientando su versión de "Cape Fear" en 2026 —con TikTok, podcasts de crímenes reales y microdosis— pero apoyándose en la inconfundible música de la película de 1962 de Bernard Herrmann y la versión de 1991 de Elmer Bernstein. Incluso hay un par de cameos de algún miembro del reparto de 1991.
“A veces pensamos en la serie como una especie de remezcla de pesadilla”, dice Antosca. “Cuando hago una adaptación, quiero que dé la sensación de que viste la original y luego te fuiste a dormir y tuviste una pesadilla al respecto. Así que aparecen cosas nuevas e inesperadas. Se conserva la energía visceral de la original, pero tal vez en un orden o contexto diferente y vistas desde una nueva perspectiva. Así que nos divertimos mucho con ello”.
Así pues, los fans volverán a ver escenas clave de la película de 1991, como la seducción psicológica de la hija, o a Max Cady haciendo flexiones en el gimnasio de la prisión dejando ver sus tatuajes, o su mal comportamiento en una sala de cine, pero con un enfoque diferente.
“También queríamos capturar, aunque no copiar exactamente, parte de la energía febril que Scorsese aportó a su cinematografía. Por eso hay muchos movimientos de cámara y un trabajo de cámara dinámico, y nos dimos permiso para desatar nuestra creatividad cuando la acción se intensifica.”
Dos películas y 'Los Simpson'
Es una franquicia que se niega a morir, por así decirlo, con dos películas y una serie de televisión, sin mencionar las parodias en "Los Simpson" —el episodio "Cape Feare" es un clásico— y "Padre de familia".
Unas diez horas de desarrollo argumental le dieron a Antosca la oportunidad de aumentar gradualmente la tensión en la familia, a diferencia de las películas, que son como trenes desbocados de terror de dos horas de duración.
“Quería atenuar un poco el aspecto más violento y explorar la creciente paranoia y la sensación de devastación que experimenta una familia al ser destrozada”, dice Antosca. “Eso, para mí, es lo más aterrador”.
Wilson, que interpreta a un padre que lucha por mantenerse conectado con sus hijos adolescentes rebeldes y su esposa desorientada, mientras también lucha contra sus propios demonios, dice que la mayor duración de la película significa una experiencia más profunda.
“Una familia en crisis es, en mi opinión, algo completamente universal. Y esa es la ventaja de tener 10 episodios para contarlo, añadir otros personajes y otras tramas, y ver las historias de los propios hijos”, afirma.
El hecho de ambientar la historia en 2026 también brindó a los creadores de la serie muchas maneras para que Max se infiltrara en sus presas de formas que no podía hacer décadas atrás: teléfonos inteligentes clonados, drones, inteligencia artificial y vigilancia de alta tecnología.
“Max utiliza la vigilancia de una manera mucho más técnica e invasiva”, dice Adams. “Pero esa sensación de ser observado, creo que es un terror atemporal”.
MARK KENNEDY es escritor y editor de teatro, televisión, música, gastronomía y obituarios para Associated Press, además de crítico de teatro, cine y música. Reside en la ciudad de Nueva York.
BEIRUT (AP) — Hezbolá rechazó el jueves el último acuerdo de alto el fuego entre Israel y el gobierno libanés, y el grupo militante exigió una retirada israelí completa del Líbano, ya que los nuevos combates en ese país obstaculizan los esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán.
El anuncio de Hezbolá se produjo mientras los ataques israelíes dejaban al menos cuatro muertos, según las autoridades locales, y un casco azul de la ONU fallecía en el fuego cruzado. Un soldado israelí también murió en combate en el sur del Líbano.
El líder de Hezbolá, Naim Kassem, en una declaración escrita leída por televisión, calificó las negociaciones de "absurdas, humillantes e insultantes". Afirmó que la exigencia del acuerdo de que los combatientes de Hezbolá abandonen el sur del Líbano bajo fuego significaría "rendición, derrota y la consecución de los objetivos del enemigo".
«Lo que nos preocupa es el fin de la agresión, un alto el fuego y la retirada de Israel», declaró, subrayando que Hezbolá no se ha comprometido a cesar los combates. «Mientras nuestros pueblos no estén seguros, sean bombardeados y destruidos, y nuestra gente muera», afirmó, «el norte de Israel no estará a salvo».
Suenan las sirenas tras la visita de Netanyahu.
Tras la declaración de Kassem, sonaron las sirenas de alerta de drones en varias comunidades fronterizas del norte de Israel, incluida Shlomi, ciudad donde el primer ministro Benjamin Netanyahu y varios ministros se habían reunido con funcionarios locales, según informó su oficina. Los medios israelíes informaron que Netanyahu se marchó poco antes de que sonaran las alertas.
Posteriormente, el ejército israelí declaró que las sirenas se activaron al intentar interceptar varios drones que impactaron cerca de soldados en el sur del Líbano. No se reportaron heridos.
El teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor del ejército israelí, reconoció el jueves que la guerra en curso está generando tensiones en las ciudades del norte de Israel, que viven bajo la amenaza de los ataques de Hezbolá. Afirmó que las operaciones de Israel en Irán y Líbano han creado una nueva realidad de seguridad al debilitar a Irán y a Hezbolá a niveles sin precedentes.
Las tropas libanesas comenzaron a entrar el jueves por la tarde en la aldea sureña de Dibbine, en coordinación con las fuerzas de paz de la ONU, después de que las fuerzas israelíes abandonaran la zona, que fue escenario de intensos enfrentamientos en los últimos días, según informaron medios estatales. Esta fue la primera vez que las tropas israelíes se retiraban de una zona del sur del Líbano desde que comenzó la última guerra entre Israel y Hezbolá hace aproximadamente tres meses.
Los combates en Líbano, donde las fuerzas israelíes han tomado el control de amplias zonas del sur , amenazan los esfuerzos por poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz , un punto de tránsito clave para el petróleo y el gas. Su cierre ha sacudido la economía mundial .
Irán ha exigido que cualquier tregua duradera se extienda al Líbano. El primer ministro israelí , Benjamin Netanyahu , que se enfrenta a elecciones a finales de este año, quiere continuar con la ofensiva israelí hasta que Hezbolá deje de representar una amenaza.
El presidente estadounidense Donald Trump , quien el miércoles recibió una inusual reprimenda del Congreso , intentó minimizar el estancamiento diplomático y el fracaso de los ceses del fuego declarados para poner fin a los combates. Declaró a la prensa que, en Oriente Medio, «un alto el fuego se produce cuando se dispara de forma más moderada».
Un soldado serbio de las fuerzas de paz y un soldado israelí mueren en combate.
Un casco azul serbio murió y otros dos resultaron heridos cuando un proyectil de mortero impactó en su posición cerca de Marjayoun, una ciudad de mayoría cristiana que ha sido escenario de intensos combates, según la misión de la ONU en el sur del Líbano , conocida como UNIFIL, y el Ministerio de Defensa serbio.
Israel culpó a Hezbolá del ataque que acabó con la vida del casco azul de la ONU, sin presentar pruebas. Ni Hezbolá ni la ONU se pronunciaron de inmediato sobre quién lanzó los proyectiles.
Asimismo, el jueves, el ejército israelí anunció que un capitán de 21 años del cuerpo blindado había muerto en el sur del Líbano.
La agencia estatal de noticias libanesa, la Agencia Nacional de Noticias, informó que un ataque con drones mató a un motociclista e hirió a cuatro personas en la aldea de Maaroub. El ejército israelí declaró que sus soldados abatieron a un militante armado y posteriormente encontraron en la zona un arsenal de Hezbolá con armas, granadas, misiles tierra-aire y otro equipo de combate.
Los militares también informaron haber llevado a cabo ataques cerca de la ciudad costera de Tiro y en los alrededores de Shaqra, otra localidad del sur del Líbano.
La agencia de noticias libanesa informó de ataques aéreos en el sur y afirmó que un ataque contra la aldea de Sohmor, en el valle de Bekaa, en el este del Líbano, dejó tres muertos y varios heridos.
Israel ha advertido a la población que no se dirija a zonas del sur del Líbano donde, según afirma, está atacando instalaciones de Hezbolá.
Los combates han continuado a pesar de los altos el fuego declarados.
Hezbolá reanudó el lanzamiento de cohetes días después de que Israel y Estados Unidos lanzaran su sorpresivo ataque el 28 de febrero contra Irán, país que apoya a Hezbolá. Antes de eso, Israel había llevado a cabo regularmente ataques en Líbano contra lo que afirmaba que eran objetivos militantes, causando a menudo la muerte de civiles, a pesar de una tregua previa alcanzada en 2024.
Tras la reanudación de los ataques con cohetes y drones de Hezbolá, las tropas israelíes se apoderaron de aproximadamente una quinta parte del Líbano, adentrándose en el sur del país más que en ningún otro momento desde el fin de la ocupación israelí de 1982-2000.
En la ciudad sureña de Sidón, los residentes reaccionaron con escepticismo al anuncio del alto el fuego del miércoles, afirmando que los acuerdos anteriores no habían logrado detener la violencia.
“Cada pocos días se anuncia un alto el fuego, pero la gente sigue muriendo”, dijo Mayada Hijazi.
“Todo son palabras y ninguna acción”, dijo Salah Nassab. “Volvemos a nuestros hogares una y otra vez, y luego nos desplazan de nuevo. Estamos muy cansados”.
Más de 3.500 personas han muerto en Líbano y más de 1,2 millones han sido desplazadas. Los combates han dejado al menos 28 soldados israelíes y tres civiles muertos.
El último alto el fuego surgió de las conversaciones en curso entre Israel y el Líbano.
El último alto el fuego declarado se produjo gracias a las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Israel y el gobierno del Líbano, que acusa a Hezbolá de arrastrar al país a la guerra y había hecho esfuerzos por desarmarlo antes de las últimas hostilidades.
El acuerdo de alto el fuego estipula que las fuerzas armadas libanesas tomarán el control de las zonas de seguridad en el Líbano, de las cuales los militantes tendrían prohibido el acceso.
El presidente libanés, Joseph Aoun, calificó el jueves el nuevo acuerdo como "la última oportunidad para lograr un alto el fuego definitivo e integral". Afirmó que Líbano está listo para implementar el acuerdo una vez que reciba respuestas de las facciones pertinentes en el país, incluido Hezbolá. Estados Unidos —y el propio Trump— determinarán cómo y cuándo se implementará el acuerdo, declaró Aoun a los periodistas.
El acuerdo califica a Hezbolá como “enemigo” de Israel, Estados Unidos y Líbano, y exige su desmantelamiento. El gobierno ha prometido hacerlo en el pasado, pero carece de la capacidad para desarmar a Hezbolá por la fuerza.
El último acuerdo no especificaba cuándo se retiraría Israel del sur del Líbano, pero sí indicaba que Estados Unidos apoyaría al ejército libanés en sus esfuerzos por afianzar el control en zonas donde Hezbolá ha ejercido el poder durante mucho tiempo.
Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Metz desde Ramala, Cisjordania. Las periodistas de Associated Press Malak Harb y Sarah El Deeb en Beirut; Natalie Melzer en Tel Aviv, Israel; y Edith M. Lederer en las Naciones Unidas contribuyeron a este informe.
JON GAMBRELL es el director de noticias para el Golfo Pérsico e Irán de Associated Press. Ha informado desde cada uno de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Irán y otros lugares del mundo desde que se unió a AP en 2006.
Sam Metz cubre noticias de Marruecos, Argelia, Túnez y otros lugares para Associated Press.
BUENOS AIRES, Argentina (AP) — En mayo de 2015, el espantoso asesinato de Chiara Páez, una niña embarazada de 14 años, a manos de su novio de 16 años, desencadenó protestas masivas en Argentina que se convirtieron en un movimiento generacional en toda América Latina bajo el lema de " Ni Una Menos ".
Ahora, 11 años después de que la primera protesta de Ni Una Menos creara una conciencia colectiva sobre lo que se conocería como feminicidio —el asesinato de mujeres y niñas por razón de su género—, la nación vuelve a convulsionar de ira.
Esta vez, la atención se centra en el asesinato de Agostina Vega, de 14 años, en la ciudad de Córdoba. La noche del 23 de mayo, llegó a casa de unos amigos de la familia con la intención de recoger un regalo para su madre. En cambio, fue agredida sexualmente y ahorcada, según indican los primeros resultados de la autopsia, cuyo cuerpo fue desmembrado con un cuchillo de cocina.
Sus restos fueron encontrados en una zanja de drenaje el sábado, una semana después de su desaparición, mientras que las vigilias en su provincia natal derivaron en enfrentamientos con la policía.
La indignación se ha extendido por todo el país, y el miércoles, miles de manifestantes se congregaron en el centro de Buenos Aires para la manifestación anual de Ni Una Menos. Muchos portaban carteles con los rostros y nombres de mujeres asesinadas o desaparecidas en los últimos años, entre ellas Agostina. Su caso revitalizó la protesta, intensificando las demandas de acción gubernamental y las críticas al presidente Javier Milei .
El aliado libertario del presidente estadounidense Donald Trump ha calificado al movimiento feminista de "lucha ridícula y antinatural", ha promovido la eliminación del feminicidio del código penal y ha recortado la financiación de programas de apoyo a las víctimas de la violencia de género como parte de su guerra cultural y su campaña de recorte de gastos .
Este año, los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, una destacada organización argentina de derechos humanos, han contabilizado 63 feminicidios registrados legalmente. Sin embargo, tanto ellos como otros activistas afirman que lograr dicha clasificación puede ser una ardua batalla contra el gobierno. Algunos han recopilado una lista con más de 100 nombres de mujeres asesinadas este año, argumentando que muchas no están debidamente identificadas.
Según estadísticas publicadas por la Corte Suprema, los informes de feminicidio en Argentina disminuyeron un 12%, llegando a 200 casos el año pasado en comparación con 2024. Los abogados de las víctimas afirman que este cambio no refleja una disminución de la violencia de género, sino más bien una clasificación deficiente de los delitos.
“Dejar de llamar a los feminicidios por su nombre, negar la existencia de la violencia de género, es un intento de retroceder los últimos 20 años”, afirmó Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano por la Justicia y el Género, una organización de derechos humanos con sede en Buenos Aires. “Espero que esta reacción generada por el caso de Agostina, lo que demostramos en las calles, sea suficiente para contrarrestar el deseo de retroceder”.
El manejo del caso de Agostina, de 14 años, está plagado de interrogantes.
Tras la muerte de Agostina, los manifestantes dirigieron su ira contra las fuerzas del orden locales, prendiendo fuego a neumáticos en las calles de Córdoba. Su familia denunció su desaparición la mañana siguiente, pero transcurrieron más de 80 horas antes de que los teléfonos de toda la provincia vibraran con la alerta de secuestro de menores, según el abogado de la familia, Gustavo Vaca.
Al día siguiente de su muerte, un taxista denunció que había llevado a Agostina a la casa del amigo de la familia, Claudio Barrelier, de 33 años, lo cual fue confirmado por las imágenes de las cámaras de seguridad.
La familia de Agostina se quejó de que las fuerzas de seguridad estaban desbordadas por la preocupación ante la posibilidad de violencia entre los hinchas durante un importante partido de fútbol en la ciudad de Córdoba ese día. Tres días después, la policía allanó la casa de Barrelier, exnovio de la madre de Agostina.
Barrelier se encuentra bajo custodia como principal sospechoso del caso y niega haber asesinado a Agostina. Los investigadores afirman que sus antecedentes penales muestran que fue arrestado por secuestrar a una joven hace un año, pero fue puesto en libertad bajo fianza de 3.500 dólares tras 20 días.
Ante las acusaciones de dilación, el fiscal principal, Raúl Garzón, declaró la semana pasada que las autoridades "no están haciendo autocrítica alguna".
Aumentaron las peticiones para que el asesinato de Agostina se calificara como un feminicidio. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se ha negado a hacerlo.
“Un homicidio, cualquiera que sea su naturaleza, no se define únicamente por lo que sucede durante una, dos o tres horas, es decir, en qué momento se comete el acto”, declaró Monteoliva a los periodistas el lunes, en sus únicas declaraciones públicas sobre el caso.
Los defensores insisten en que el uso del término feminicidio —que conlleva penas más severas que otras formas de homicidio, con una sentencia obligatoria de cadena perpetua en Argentina— es crucial para un enjuiciamiento eficaz y la protección de las víctimas.
“Si no nombramos la forma específica de violencia, si no la reconocemos, entonces no podemos comprender el problema en todas sus dimensiones, y no podemos crear políticas para prevenirla y combatirla”, dijo Lucila Galkin, directora del programa de género y diversidad de la filial argentina de Amnistía Internacional.
Milei ha librado su guerra cultural contra las políticas sobre género.
Milei ha librado una guerra cultural contra las políticas basadas en el género, lo que él considera una peligrosa consecuencia del socialismo.
Después de que Milei arremetiera contra el delito de feminicidio, calificándolo de "legalmente para que la vida de una mujer valga más que la de un hombre" en la cumbre de Davos del año pasado , su ministro de Justicia anunció planes para eliminar esa categoría del código legal.
Aquello no tuvo consecuencias, pero su gobierno ahora está trabajando para endurecer las penas para las mujeres que denuncian falsamente casos de violencia de género. La medida está pendiente de debate en el Congreso.
En los últimos dos años y medio, Milei ha disuelto el Ministerio de la Mujer de Argentina, clausurado su instituto contra la discriminación, desmantelado los programas de apoyo a las víctimas de violencia de género, prohibido el uso de lenguaje inclusivo en los documentos oficiales y recortado la financiación de la formación en temas de género para estudiantes de escuelas públicas y empleados estatales.
Entre los programas afectados se encuentra Acompañar, que antes de su desfinanciamiento brindaba asistencia a 350.000 mujeres con ayuda equivalente a seis meses de salario mínimo. Una línea telefónica de atención las 24 horas para víctimas perdió dos tercios de su presupuesto y la mitad de su personal el año pasado. Un programa gubernamental que ofrecía asistencia legal gratuita a personas que sufrían violencia doméstica o abuso sexual también fue desmantelado.
Con el último caso, la protesta anual ha cobrado mayor urgencia.
El miércoles, los manifestantes se congregaron en la Plaza Congreso, frente a la sede del Congreso Nacional, como lo han hecho cada año desde la muerte de Chiara Páez en 2015.
Laura Lenaza, de 41 años, dijo que no había asistido a una protesta callejera en casi una década. Pero la conmoción por los casos recientes la impulsó a llevar a su hija de 17 años, Milena.
“Lucho por mí misma, por mi hermana de 11 años y por todas las mujeres que conozco”, dijo la joven, apretando la mano de su madre.
María Cacharo, de 54 años, dijo que vino con su hija de 18 años en honor a su hermana, asesinada por su esposo hace varios años.
“Cuando se reducen los recursos, de alguna manera somos nosotras las que tenemos que pagar las consecuencias”, dijo refiriéndose al impacto de los recortes presupuestarios de Milei en las mujeres, y añadió que la forma en que la policía manejó el caso de Agostina le repugna.
Portando pancartas con el lema "Justicia para Agostina", su familia encabezó una marcha en Córdoba el miércoles para exigir que se rindan cuentas por su asesinato, bajo la bandera del movimiento que en su día convirtió a Argentina en un referente regional de la acción social y jurídica en materia de igualdad de género.
“Creo que este feminicidio, que causó tanto dolor y tanta conmoción, también nos movilizó y nos recordó que este es un problema que concierne a toda la sociedad”, dijo Galkin sobre el caso de Agostina.
“Nos están obligando a hablar de temas en los que creíamos haber llegado a un acuerdo, un tema que dábamos por zanjado.”
ISABEL DEBRE escribe sobre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para Associated Press, con sede en Buenos Aires. Antes de mudarse a Sudamérica en 2024, cubrió Oriente Medio informando desde Jerusalén, El Cairo y Dubái.
La segunda vuelta electoral del domingo permitirá a los peruanos elegir a su noveno presidente en tan solo 10 años: o bien la hija conservadora de un expresidente caído en desgracia o un congresista nacionalista.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez vencieron a otros 33 candidatos en las primarias de abril con la promesa de acabar con el aumento de la delincuencia, la principal prioridad para los peruanos que han visto duplicarse las tasas de homicidio y dispararse los casos de extorsión en esta década. Aun así, cada uno recibió menos del 20% de los votos.
Se prevé que los resultados del domingo sean ajustados, y el resultado final podría tardar días en conocerse. Las autoridades electorales tardaron más de un mes en declarar oficialmente a Fujimori —hija del fallecido y condenado expresidente Alberto Fujimori— y a Sánchez —aliado del encarcelado expresidente Pedro Castillo— como ganadores de las elecciones del 12 de abril.
Esto es lo que debes saber sobre las elecciones.
Votar es obligatorio
El voto es obligatorio para los peruanos de entre 18 y 70 años. Hay más de 27 millones de personas inscritas, y se espera que alrededor de 1,2 millones voten desde el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Argentina.
Muchos de ellos han indicado que aún no han tomado una decisión.
“Hay un gran grupo de votantes indecisos… Creo que ahí es donde los votos negativos impulsados por las emociones librarán la batalla final”, dijo el analista político Iván García.
La delincuencia es un problema grave.
La principal preocupación de los peruanos es el aumento de la delincuencia, en particular la extorsión, que ha provocado frecuentes protestas. Una encuesta nacional realizada en 2025 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Estado reveló que el 84% de los encuestados en zonas urbanas temía ser víctima de un delito en los siguientes 12 meses.
Los expertos atribuyen el creciente poder del crimen organizado en Perú a las ganancias que grupos criminales con décadas de experiencia obtienen de la minería ilegal de oro en los Andes y la Amazonía. En 2025, Perú exportó 100 toneladas de oro extraído ilegalmente, una cifra casi igual a sus exportaciones de oro extraído legalmente.
En los últimos cinco años, las denuncias por extorsión en todo el país se quintuplicaron, alcanzando los 28.948 casos el año pasado, mientras que los asesinatos se duplicaron, llegando a 2.226 en 2025, según datos oficiales.
El Ministerio de Economía estimó en julio que la delincuencia le cuesta a los peruanos unos 5.000 millones de dólares anuales. Esta cifra incluye la inversión estatal para financiar las operaciones policiales, pero también el gasto privado en cámaras de vigilancia y guardias de seguridad.
Sin embargo, la economía peruana ha resistido tanto la delincuencia como la inestabilidad política derivada de la sucesión de presidentes, tres de los cuales se sucedieron tan solo desde octubre . Gracias a su posición como segundo mayor productor mundial de cobre, el país registró un crecimiento superior al 3 % en 2024 y 2025.
Fujimori y Sánchez presentan sus propuestas a los votantes.
Fujimori, de 51 años, está en su cuarto intento por convertirse en presidenta.
Durante toda la campaña, prometió combatir la delincuencia con mano dura. Entre sus propuestas se incluyen la implementación de tecnología para rastrear extorsiones, la militarización de las fronteras y el aumento de la presencia policial y militar en zonas de alto riesgo. También ha declarado que los presos deberán trabajar y «retribuir a la sociedad».
En el único debate previo a la segunda vuelta, Fujimori defendió al gobierno de su padre y prometió acabar con la delincuencia tal como él derrotó al grupo terrorista Sendero Luminoso.
Les dijo a los votantes que, si ganaba, verían "pollo más barato, bombonas de gas asequibles, fertilizantes a precios razonables para sus cultivos" y "regresarían a casa sanos y salvos".
Sin embargo, en las últimas semanas, Fujimori también ha intentado suavizar su imagen de mano dura contra el crimen con gestos amistosos hacia antiguos adversarios políticos, como el expresidente Pedro Kuczynski, quien la derrotó en las elecciones de 2016.
Kuczynski dimitió en 2018 en medio de las peticiones de su destitución, impulsadas por el partido de Fujimori, que posteriormente se disculpó con él por haber generado inestabilidad.
“Sé que a lo largo de mi vida política he cometido errores, y he aprendido de ellos”, dijo Fujimori durante el debate.
Mientras tanto, Sánchez, exministro, ha tratado de calmar la preocupación que su candidatura está generando entre los inversionistas, afirmando que no nacionalizará ningún activo de las empresas transnacionales que extraen minerales o gas del Perú.
También se ha comprometido a combatir la corrupción dentro de la policía y a promover reformas que permitan a las fuerzas armadas apoyar los esfuerzos de seguridad.
Durante el debate, Sánchez, que goza de popularidad entre los votantes rurales, afirmó estar abierto a "todas las opciones para generar empleo y progreso", pero también hizo hincapié en su apoyo a las inversiones chinas.
Según declaró a la agencia Associated Press, intentará renegociar los contratos mineros, incluido el de Las Bambas, una de las minas de cobre más grandes del mundo, controlada por la empresa estatal china Minmetals.
El hombre de 57 años, que lleva un sombrero campesino de ala ancha que le regaló Castillo, también se ha distanciado de su aliado ultranacionalista Antauro Humala, un ex oficial militar y hermano del expresidente encarcelado Ollanta Humala, que propone aplicar la pena de muerte en casos de corrupción.
Ederson Galicia Alva, de 11 años, acababa de bajar del avión y entrar en los pasillos con luz tenue del aeropuerto de Miami cuando agentes federales apartaron a su madre para interrogarla. Otra vez.
El pánico lo invadió. La emoción por volver pronto al recreo con sus compañeros de clase en Florida se desvaneció. ¿El gobierno se la llevaría otra vez?
No era su primer trauma. En 2018, cuando apenas tenía 3 años, Ederson fue arrancado de los brazos de su madre en la frontera entre Estados Unidos y México dentro de la política de separación familiar del primer gobierno de Trump y permaneció separado de ella durante meses en una instalación gubernamental. Por fin se reunieron después de que intervinieran abogados. Luego, en junio del año pasado, él y su madre fueron separados por segunda vez, pese a las protecciones legales destinadas a mantenerlos juntos a ellos y a familias como la suya.
Más tarde se reunió con su madre en Guatemala. Tras 11 meses de miseria y tormento en las tierras altas indígenas, la familia de Ederson pudo regresar a Florida la semana pasada, después de que un juez federal ordenara que el gobierno había actuado de forma ilegal.
Ahora, ocho años después de que las separaciones forzadas en la frontera ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se detuvieran oficialmente en medio de la indignación mundial, una investigación de The Associated Press encontró que el gobierno ha vuelto a separar a decenas de niños de sus familias, pese a un acuerdo legal histórico destinado a mantenerlos juntos.
Algunos de sus padres han estado meses encerrados en centros de detención migratoria; otros fueron deportados a sus países de origen tras ser apartados de sus familias una vez más. En algunos casos, funcionarios de inmigración que realizaban arrestos dentro del país deportaron a personas pese a descubrir que legalmente no podían ser expulsadas, según correos electrónicos obtenidos por AP.
“El gobierno no sólo se ha negado a reconocer el horror de las separaciones iniciales durante Trump I, sino que ahora está deteniendo y deportando a estas mismas familias”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y principal representante legal en la demanda que puso fin a la política en un principio. “Estos niños ya han sufrido bastante como para volver a traumatizarlos”.
Trump se postuló con éxito para la reelección con una campaña antiinmigración. En su segundo mandato, el gobierno ha prometido deportar a más de 1 millón de personas por año. Agentes federales han estado sacando a la gente de sus comunidades con tal rapidez que, según la Brookings Institution, ahora los padres de decenas de miles de niños han sido detenidos.
Esta vez, las separaciones familiares a menudo se ven distintas a las del primer mandato de Trump. En 2018, Ederson y otros niños en la frontera fueron apartados de sus padres, quienes fueron detenidos por separado y, en su gran mayoría, acusados penalmente de ingreso ilegal. Luego, el gobierno no pudo reunirlos durante meses porque la información de adultos y niños se guardaba en sistemas informáticos distintos. Un juez prohibió al gobierno separar a la mayoría de las familias en la frontera y le ordenó reunirlas después de que la ACLU presentara una demanda colectiva. Más tarde, un acuerdo judicial prohibió la mayoría de las separaciones familiares para disuadir la inmigración hasta diciembre de 2031.
Hoy, si los padres son arrestados o deportados dentro de la campaña de deportaciones masivas del presidente, se les obliga a elegir si dejan a sus hijos atrás en Estados Unidos.
“El DHS cumple con todas las órdenes judiciales, incluso mientras ONG radicales buscan el foro más favorable y jueces activistas intentan frustrar nuestras operaciones”, declaró la secretaria adjunta interina Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en respuesta a solicitudes de comentarios de AP sobre la política del gobierno sobre familias separadas.
Abogados del gobierno han sostenido en comparecencias judiciales recientes que no existen restricciones legales sobre “la autoridad estatutaria del gobierno para ejecutar órdenes de expulsión”. Bis añadió que hacer cumplir la ley migratoria “no era opcional” y que “cada expulsión de un extranjero ilegal ayuda a restablecer el orden y reforzar el estado de derecho”.
A la familia de Ederson se le permitió regresar recientemente, pero su estatus sigue siendo incierto.
Separados en la frontera y luego otra vez en Florida
Después de que lo apartaran de su madre, Mirsy Maricela Alva López, y lo confinaran en un albergue gubernamental en Arizona cuando era un niño pequeño durante cuatro meses y medio, Ederson apenas la reconoció cuando se reunieron, contó ella. Pesadillas vívidas lo acosaron durante toda la primaria, donde aprendió a leer en inglés en aulas rodeadas de verdes pastos y palmeras a menos de 16 kilómetros (10 millas) de Mar-a-Lago, la Casa Blanca de invierno de Trump.
Una vez que un juez federal aprobó un acuerdo en la demanda colectiva bajo el gobierno de Biden, la familia de Ederson y otras como la suya obtuvieron estatus legal para permanecer en Estados Unidos, con vías hacia la residencia y el asilo, y su madre consiguió un permiso de trabajo. Y después de meses de servicios de salud mental para abordar su miedo persistente de que su madre nunca regresara, a inicios de junio del año pasado —unos cinco meses después del inicio del segundo gobierno de Trump y de la nueva iniciativa antiinmigración del presidente— su terapeuta por fin dijo que había avanzado tanto que podía pausar sus sesiones semanales.
Dos semanas después, agentes federales detuvieron a Alva López cuando ella y sus compañeros de trabajo se dirigían a un empleo de jardinería cerca de Mar-a-Lago. Los agentes, con uniformes marrones, nunca dieron una razón para la detención ni se identificaron antes de trasladar a Alva López a dos cárceles de Florida, luego a custodia del ICE en Luisiana y, finalmente, a un avión lleno de deportados encadenados rumbo a Ciudad de Guatemala, explicó la mujer.
“Sentí lo mismo que yo pasé la primera vez”, dijo Alva López entre lágrimas. “Todo lo estaba viviendo otra vez”.
Alva López estuvo separada de Ederson y de su hija mayor, Briseidy, durante una semana, y no se le dio la oportunidad de hablar con un funcionario de inmigración sobre su estatus o sus protecciones legales, indicó Kelly Kribs, abogada del Young Center for Immigrant Children’s Rights, que ha apoyado el regreso de la familia de Alva López a Estados Unidos.
Cuando por fin logró llamar a Ederson y Briseidy, no podían dejar de sollozar. Alva López contó que le pidió a su hermana que comprara pasajes de avión para enviarlos a Ciudad de Guatemala. Se encontró con ellos al día siguiente en el aeropuerto y viajó con ellos nueve horas más por carreteras y caminos llenos de baches para llegar a San Martín Cuchumatán, una aldea en las tierras altas donde nacieron los niños.
Los tres compartieron un dormitorio diminuto con piso polvoriento con los padres y el hermano de Alva López en una casa de adobe con techo de lámina, nada que ver con las tranquilas calles arboladas del sur de Florida. La escuela, donde todas las clases son en español, quedaba a una caminata de más de un kilómetro (una milla), y ninguno de los niños del pueblo hablaba inglés, dijo Ederson.
En lugar de fichar para recortar los jardines de las propiedades de West Palm Beach, cada día Alva López alimentaba a las gallinas y patos en un pequeño corral detrás de la casa, lavaba la ropa de la familia a mano y cocinaba en un fuego abierto.
Y Ederson volvió a despertarse por las noches temiendo por su futuro. En la escuela primaria Northmore, le iba bien en quinto grado. En Guatemala repitió cuarto grado, esta vez en español, y le tomaban exámenes sobre la historia y la cultura de un país que apenas conocía. Sus amistades no eran tan cercanas como en West Palm Beach. A veces, cuando se sentía triste, veía los viejos videos en línea de la escuela para ver a sus antiguos amigos.
“Jugábamos y platicábamos. Algunas veces ellos me ayudan cuando no entiendo lo que dice la seño en la clase, yo a veces les ayudo en matemáticas”, explicó.
“Aquí tengo pocos amigos, tengo como dos”, dijo llorando
Ederson todavía no quiere hablar de las separaciones, y no deja de preguntarle a su madre por qué fue a trabajar ese día. Pero tiene clara una cosa: nunca quiere volver a estar separado de su madre.
“Daño duradero y desgarrador”
A finales de 2017, funcionarios de inmigración comenzaron a separar por la fuerza a padres e hijos en la frontera entre Estados Unidos y México, bajo una política impulsada por Stephen Miller, entonces asesor principal de políticas de Trump y ahora subjefe de despacho de la Casa Blanca. Después de que los abogados defensores se enteraran, la ACLU presentó una demanda en febrero de 2018 para detener la práctica, llamada Ms. L v. U.S. Customs and Immigration Enforcement, en nombre de una madre congoleña a la que el gobierno de Trump separó de su hija de 7 años durante cuatro meses. Más tarde se convirtió en una demanda colectiva.
No fue sino hasta que miles de familias fueron desgarradas que un juez ordenó al gobierno poner fin a las separaciones, al afirmar que causaban un “daño duradero y desgarrador”. Según el recuento más reciente de la ACLU, el número de padres e hijos separados, y de familiares afectados cubiertos por el acuerdo, es mucho mayor de lo que se había informado previamente —más de 11.800— y, debido a que el gobierno deportó a tantas personas antes de que se prohibiera la práctica, quizá nunca se conozca el alcance total. La ACLU también proporcionó a AP nueva información sobre miembros del grupo Ms. L que han sido detenidos y deportados durante el segundo gobierno de Trump, como que decenas de niños fueron separados de nuevo. Documentos legales del caso Ms. L y otros abogados de inmigración que trabajan con familias separadas también detallaron las nuevas separaciones de niños.
Bajo un acuerdo de conciliación de 2023 firmado por el gobierno de Biden, los miembros del grupo Ms. L —incluidos padres separados, niños y otros familiares cercanos— recibieron protecciones legales especiales, vías hacia el asilo y acceso a abogados, permisos de trabajo y servicios de apoyo. Y durante más de ocho años, defensores y abogados han intentado ayudar a las familias a reunirse y recuperarse, viajando a la selva de Guatemala y a aldeas remotas de Honduras para informar a los miembros del grupo sobre sus derechos, y ofreciéndoles solicitar desde permisos temporales humanitarios hasta permisos de autorización de trabajo y asesoramiento psicológico, beneficios destinados “a prevenir cualquier daño continuo causado por la separación inicial”, según el acuerdo.
Eso cambió cuando Trump inició su segundo mandato. El apoyo a las familias separadas nunca quedó plasmado en una ley del Congreso, y pronto empezó a reducirse.
Primero, el financiamiento para servicios legales terminó temporalmente. En su lugar, el gobierno de Trump dijo que cobraría a las familias 1.000 dólares a cada una para entrar o permanecer en el país. Luego, según abogados, a algunos padres se les indicó presentarse a controles más frecuentes con el ICE y se les ordenó usar grilletes electrónicos para registrar sus movimientos. Muchos miembros del grupo perdieron acceso a terapia.
Para finales del año pasado, correos electrónicos muestran que el gobierno había deportado a algunos familiares protegidos incluso después de que la ACLU le informara que no podían ser expulsados por ser miembros protegidos del grupo Ms. L.
Siete días antes de Navidad, la abogada de la ACLU Natalie Behr escribió un correo electrónico urgente a contactos del Departamento de Justicia, diciendo que su equipo había sabido que un familiar protegido volvía a estar detenido por el ICE.
“Pedimos que nos digan por qué no se nos notificó la detención de este miembro del grupo en un plazo de 24 horas”, escribió Behr. “Este miembro del grupo no debe ser expulsado”.
Un abogado del Departamento de Justicia en Washington respondió por correo electrónico que preguntaría al ICE. Los abogados de la ACLU insistieron.
Para el día después de Navidad, ya era demasiado tarde. Había sido deportado.
El problema sigue apareciendo. Aunque el gobierno está obligado por órdenes judiciales a informar de inmediato a la ACLU cuando miembros del grupo Ms. L son detenidos y a devolver a las familias separadas de nuevo que hayan sido deportadas, el gobierno de Trump no reveló hasta abril que había deportado a otra persona protegida a Guatemala en septiembre, según muestran documentos judiciales.
Algo similar casi le ocurre a uno de los vecinos de Alva López, quien fue detenido en West Palm Beach unos meses después de que ella fuera deportada. El padre también había hecho trabajos de jardinería cerca de Mar-a-Lago y había sido separado de su hija en la frontera entre Estados Unidos y México en 2017. Durante el primer gobierno de Trump, fue devuelto rápidamente a Guatemala. Mientras abogados de la ACLU y del gobierno discutían qué se les debía a las familias separadas, él regresó a Florida en 2021 para reunirse con sus hijos, uno de los cuales había sido liberado tras pasar meses en un centro de detención gubernamental.
En octubre, el gobierno lo encarceló, primero en el recinto conocido como el “Alcatraz de los caimanes”, un centro de detención migratoria en los Everglades de Florida, y luego dentro de Camp East Montana en Texas, dijo Kribs.
En Camp East Montana le dieron comida con moho y gusanos, los guardias lo insultaban y se enteró de que un compañero detenido murió tras ser maltratado por funcionarios del ICE, según relató bajo condición de anonimato por temor a represalias del gobierno. El ICE dijo que el detenido murió tras sufrir “una emergencia médica en el lugar”, y la oficina del forense de El Paso determinó después que el fallecido había sufrido “asfixia debido a compresión del cuello y el torso”. Pasaron Navidad y la víspera de Año Nuevo, y para enero le resultaba difícil mantener la esperanza cuando llamaban sus hijos.
La ACLU presentó una moción sobre padres del grupo Ms. L detenidos, y el padre fue liberado de la detención gubernamental en abril. Aunque está agradecido de estar de vuelta en Florida con sus hijos, dijo a AP que siente que todavía lo rastrean mediante el grillete electrónico y los controles con el ICE que debe cumplir cada dos semanas. Sus hijos aún temen que él no esté cuando vuelven de la escuela, afirmó.
Bis dijo que el DHS puede imponer condiciones a la libertad condicional, incluido el monitoreo electrónico, requisitos de reporte regular e incluso la detención.
“Un lugar donde todos podamos estar a salvo”
Sinri Baltazar, una madre hondureña que fue separada por primera vez de su hija —entonces de 5 años— en 2018, también pudo regresar a Luisiana con sus tres hijos en abril por orden de un juez. Su hijo pequeño es ciudadano de Estados Unidos.
No ha sido fácil. Baltazar, integrante de la comunidad garífuna afroindígena que enfrenta discriminación en Honduras, fue deportada con sus hijos el año pasado después de que, según dijo, funcionarios de inmigración le indicaran que firmara un documento que, afirmaron, le permitiría mantener unida a su familia, pero sólo si todos se iban. Ya de vuelta en Nueva Orleans, dijo que estaba agradecida de que sus hijos pudieran buscar una vida mejor, pero han tenido dificultades para salir adelante mientras viven con una conocida de la iglesia.
“Lo único que dicen mis hijos es que quieren estar en casa, en su propia casa”, expresó Baltazar. “Sólo trato de llevarnos a un lugar donde todos podamos estar a salvo, y deseo eso para todas las demás familias”.
A medida que las deportaciones han aumentado en el último año y medio, abogados dicen que las familias separadas han tenido cada vez más miedo de cumplimentar formularios del gobierno y muchas no saben que pueden solicitar asilo, un beneficio clave del acuerdo que vence en diciembre. El gobierno tampoco ha dicho si extenderá un contrato vigente, recortado, de servicios legales para familias que termina en agosto. También se acerca otro plazo: miles de familias separadas deben solicitar que se cancelen órdenes de expulsión pendientes antes de diciembre, o perderán la posibilidad de permanecer legalmente en Estados Unidos.
“Nunca hubo suficiente financiamiento para estar a la altura de la necesidad”, señaló Anilú Chadwick, abogada y directora sénior de la organización legal sin fines de lucro Together & Free, que, según dijo, ha apoyado a 15 familias que han sido separadas de nuevo, incluida la de Baltazar. “Ahora tenemos que ver si el gobierno adjudica un nuevo contrato, y debo decir, como alguien que ha trabajado contrarreloj para encontrar y ubicar servicios, que no hay tiempo suficiente, ni siquiera en las mejores circunstancias”.
Sin embargo, para las familias separadas que esperan que sus seres queridos sean liberados de la detención, o que llegue el papeleo para regresar a Estados Unidos, el tiempo ha avanzado a paso glacial.
Desde que Alva López fue deportada a Guatemala hace casi un año, revisaba su teléfono cada mañana esperando noticias de cuándo podrían regresar ella y sus hijos. El dinero empezó a escasear. Los niños comenzaron a olvidar su jerga en inglés. Briseidy, ahora de 14 años, temía distanciarse de sus amigos estadounidenses. Por fin, hace dos semanas, llegó la noticia: el gobierno les llevaría a ella y a sus hijos de regreso a Florida en un vuelo de American Airlines, por orden de un juez.
Los cachorros que le había comprado a Ederson para animarlo habían muerto, y había pocos amigos y familiares para despedirse. Así que reunió a los hermanos y sus pocas pertenencias; la ropa les quedaba holgada tras haber bajado de peso desde que regresaron a Todos Santos Cuchumatán.
Y por fin, en la última semana de mayo, con pasaportes y documentos de viaje en mano, la familia voló a Miami. Ederson dijo que se sintió como un milagro. Pero poco después de aterrizar, funcionarios de inmigración apartaron a Alva López para interrogarla, tomándole otra vez la foto y las huellas dactilares y revisando de nuevo cada documento que llevaba. Su estancia en Estados Unidos podría ser breve. Un funcionario de inmigración le concedió apenas dos semanas de permiso de permanencia temporal.
El gobierno declinó comentar específicamente sobre el caso de Alva López.
“Aún no les he dicho a los niños” lo de las dos semanas de libertad condicional, comentó Alva López el primer día que despertó de regreso en el antiguo vecindario familiar en West Palm Beach. “Se van a preocupar de que vuelva a pasar lo mismo”, añadió.
Burke informó desde San Francisco. Pérez informó desde San Martín Cuchumatán, Guatemala. La fotógrafa de AP Rebecca Blackwell en Miami contribuyó a este reportaje.
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GARANCE BURKE is a global investigative journalist with The Associated Press based in San Francisco. She focuses on artificial intelligence and government accountability, and her work has been honored with the 2026 Pulitzer Prize in International reporting and with a documentary Emmy Award. She can be reached on Signal at garanceburke33.
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