CARACAS (AP) — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó el martes al Legislativo reformar parcialmente la llamada Ley contra el Odio, que establece sanciones de hasta 20 años de privación de libertad para los que inciten al odio o la violencia en los medios y redes sociales.

La iniciativa se produce cuatro días después que concluyó el segundo ciclo de conversaciones formales entre delegados del Legislativo unicameral —de abrumadora mayoría oficialista— y exdiputados de la oposición (2015-2020), en las que se acordó ampliar el desbloqueo de sitios web y revisar leyes que regulan férreamente los contenidos en los medios radioeléctricos y digitales.

Activistas por los derechos humanos sostienen que esas leyes forman parte de un andamiaje legal con el que se pretende restringir la libertad de expresión e información en el país sudamericano.

Las partes se reunieron en Caracas con el propósito de diseñar una agenda conjunta para fortalecer la democracia y restituir derechos fundamentales tras casi tres décadas de gobiernos socialistas.

La presidenta en funciones indicó que la llamada “Ley contra el Odio, por la convivencia Pacífica y la Tolerancia”, promulgada en 2017 en medio de masivas protestas callejeras en contra del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro (2013-2026), fue “lamentablemente mal aplicada”.

Durante un acto de gobierno televisado en el estado agrícola de Portuguesa, ubicado en el centro del país, Rodríguez dijo que se hizo “uso abusivo de esa ley.... pero yo creo en los principios de esa ley, el principio de la tolerancia, el principio del amor en relacionamiento, que no se imponga el odio”.

La ley fue aprobada por la Asamblea Constituyente, integrada en su totalidad por aliados de Maduro, quien entonces la impulsó argumentando que era necesario poner fin a los supuestos mensajes de odio, guerra, intolerancia y racismo que presuntamente esgrimían los adversarios del gobierno.

Maduro sostenía que ese tipo de mensajes desencadenaron las protestas antigubernamentales que entre abril y julio dejaron más de 120 muertos. Partidos opositores y activistas de derechos humanos alertaron que la ley buscaba criminalizar la protesta pacífica.

Rodríguez era entonces la presidenta de la Constituyente y resaltaba que ese instrumento legal buscaba un castigo severo para desestimular cualquier práctica de intolerancia y garantizar la convivencia pacífica entre los venezolanos.

En una carta dirigida al Legislativo y publicada en su canal de Telegram, Rodríguez señaló previamente que la reforma busca “avanzar en la despenalización de los tipos penales previsto en esta norma” y que forma parte de acciones para “transformar el sistema de justicia penal” y favorecer el “reencuentro” y la “convivencia democrática” en Venezuela.

POR  THE ASSOCIATED PRESS

(Foto AP/Pedro Mattey)

BOGOTÁ, Colombia (AP) — Un caudillo colombiano, cuya extradición a Estados Unidos se había retrasado durante varios meses mientras era designado negociador de paz por el gobierno anterior del país, fue trasladado en avión a California y puesto bajo custodia de agentes federales.

Geovany Andrés Rojas enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos. Durante años, fue portavoz y líder de Comandos de la Frontera, un grupo rebelde conocido por el tráfico de cocaína en Putumayo, una provincia colombiana fronteriza con Ecuador y Perú.

Rojas, también conocido como "la araña", había sido protegido de la extradición por el expresidente colombiano Gustavo Petro, quien le había pedido que participara en conversaciones de paz con el gobierno colombiano.

Pero un nuevo gobierno, encabezado por el presidente conservador Abelardo de la Espriella, levantó la prohibición de extradición de Rojas, lo que indica un cambio en la estrategia de seguridad del país.

“No se construye la paz protegiendo a narcoterroristas como este bandido”, dijo De la Espriella el viernes, después de supervisar personalmente el traslado de Rojas a Estados Unidos. “Les pido a las autoridades estadounidenses… que no pueda negociar acuerdos que dejen sus crímenes impunes”.

Rojas fue arrestado en Bogotá en febrero de 2025, y la Corte Suprema de Colombia aprobó su extradición a Estados Unidos en octubre. Sin embargo, Petro la suspendió, argumentando que necesitaba a Rojas para participar en las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y varios grupos rebeldes, incluidos los Comandos de la Frontera.

De la Espriella, elegido en junio, ha suspendido las conversaciones con grupos rebeldes y ha adoptado una mano dura contra el crimen. Recientemente, militarizó una ciudad en el norte de Colombia , donde un cártel de la droga intentó imponer un toque de queda de tres días. El líder conservador recibió el respaldo del presidente Donald Trump durante su campaña y ha declarado que colaborará estrechamente con Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

En los últimos años, el gobierno colombiano ha tenido dificultades para contener la violencia en las zonas rurales, debido a que bandas de narcotraficantes y grupos rebeldes se disputan el territorio abandonado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras el acuerdo de paz que firmaron con el gobierno en 2016.

Más de 14.000 combatientes depusieron las armas como resultado del acuerdo que puso fin a cinco décadas de guerra de guerrillas. Sin embargo, el acuerdo de paz también dejó un vacío de poder en regiones con escasa presencia estatal, donde abundan actividades ilegales como el narcotráfico. Varios grupos disidentes se disputan ahora el control de las rutas del narcotráfico, las minas ilegales y las redes de extorsión en estas zonas.

Comandos de la Frontera surgió en 2017 y está liderado en parte por excombatientes de las FARC que no se sumaron al acuerdo de paz de 2016. El grupo formó una alianza con la Segunda Marquetalia, organización fundada en 2019 por el excomandante de las FARC, Luciano Marín. Sin embargo, la alianza se disolvió hace dos años, lo que obligó a Comandos de la Frontera a entablar negociaciones por separado con el gobierno colombiano.

(Foto AP/Santiago Saldarriaga)

BUENOS AIRES, Argentina (AP) — El presidente argentino , Javier Milei, dijo el lunes que su gobierno recurrirá al arbitraje internacional contra el Reino Unido por un proyecto petrolero frente a las disputadas Islas Malvinas, controladas por los británicos, intensificando así un conflicto por recursos que podría transformar la economía del escasamente poblado archipiélago del Atlántico Sur.

La oficina de Milei declaró haber dado al Reino Unido dos semanas para detener las obras de Sea Lion, un yacimiento petrolífero marino desarrollado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. De lo contrario, Argentina solicitaría al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, un tribunal marítimo con sede en Hamburgo, que ordenara la suspensión temporal del proyecto.

“Argentina no se quedará de brazos cruzados”, decía el comunicado presidencial, acusando al Reino Unido de causar un daño “irreversible e irreparable”.

El tribunal, una corte independiente establecida en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, puede emitir órdenes de emergencia jurídicamente vinculantes. Pero incluso si ordenara al Reino Unido detener el proyecto, no tiene medios para obligar al gobierno a cumplir.

El Reino Unido rechaza la reivindicación de soberanía de Argentina, argumentando que los isleños tienen derecho a determinar su propio futuro y a desarrollar sus recursos naturales. En un referéndum celebrado en 2013, los habitantes de las Malvinas votaron mayoritariamente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar. Argentina afirma que las islas fueron pobladas ilegalmente.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, elogió la decisión de Milei como "un paso histórico y sin precedentes" en la campaña de casi dos siglos de Argentina para asegurar la soberanía sobre el archipiélago.

“Quien explore o explote nuestros recursos naturales en las Malvinas sin autorización argentina deberá afrontar las consecuencias”, escribió en X, utilizando el nombre que Argentina da a las islas.

Milei, quien se autodenominaba "anarcocapitalista", inicialmente provocó el desprecio de sus oponentes nacionalistas por su postura conciliadora hacia Gran Bretaña y profesaba admiración por Margaret Thatcher , la primera ministra en tiempos de guerra, odiada en Argentina por ordenar la reconquista de las islas. La breve pero sangrienta guerra , que estalló cuando la dictadura militar argentina invadió el archipiélago en 1982, dejó 649 soldados argentinos, 255 militares británicos y tres isleños muertos.

Sin embargo, Milei ha adoptado una postura cada vez más beligerante a medida que se acerca el inicio previsto de la producción petrolera cerca de las islas en 2028, y el presidente estadounidense Donald Trump, un estrecho aliado del líder argentino, sugiere que podría reconsiderar la prolongada neutralidad de Washington en la disputa.

La semana pasada, Milei dedicó gran parte de su discurso ante la Asamblea General de la ONU a la reivindicación de soberanía de Argentina, acusando al organismo internacional de descuidar la disputa de las Malvinas y denunciando el proyecto petrolero como una explotación ilegal de los recursos argentinos.

Ha amenazado con sanciones que impedirían a las empresas que perforan en las cercanías de las Malvinas operar en los florecientes sectores petrolero y minero de Argentina . Su gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley que propone penas de prisión de hasta 20 años por extraer recursos en las islas sin autorización argentina y que extiende las sanciones a la pesca, pilar fundamental de la economía insular. Las autoridades argentinas afirman estar investigando al menos a 60 empresas y ejecutivos por posibles infracciones. Este mes, un juez argentino también ordenó la paralización de las obras en el Sea Lion a la espera de una evaluación ambiental.

Los críticos acusan a Milei de utilizar la reivindicación de soberanía —una de las pocas causas en Argentina que trasciende las marcadas líneas políticas del país— para reforzar el menguante apoyo público de cara a las elecciones presidenciales del próximo año , en un momento en que la economía flaquea .

ISABEL DEBREescribe sobre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para Associated Press, con sede en Buenos Aires. Antes de mudarse a Sudamérica en 2024, cubrió Oriente Medio informando desde Jerusalén, El Cairo y Dubái.

(Charly Triballeau/Pool Photo via AP)

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Seúl ha exigido una disculpa oficial de Ucrania después de que el presidente Volodymyr Zelenskyy revelara lo que, según afirma, se suponía que era un traslado secreto de dos prisioneros de guerra norcoreanos a Corea del Sur.

La semana pasada , Zelenskyy declaró ante la Asamblea General de la ONU que Ucrania había enviado recientemente a esos hombres a Corea del Sur, tras capturarlos en un campo de batalla entre Ucrania y Rusia a principios de 2025. Ambos se encuentran entre los miles de soldados norcoreanos enviados para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, acusó rápidamente a Ucrania de violar un acuerdo de confidencialidad sobre la transferencia. Ucrania negó haber llegado a tal acuerdo.

El domingo por la noche, Seong Ghi-hong, asesor presidencial sénior de Lee en materia de relaciones públicas, expresó su "profundo pesar" por las últimas acciones de Ucrania y exigió una disculpa y una explicación oficiales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur convocó el lunes al embajador de Ucrania en Seúl, Andrii Vieshkin, para protestar por lo que describió como la "revelación unilateral" por parte de Kiev del traslado de los prisioneros y su falsa negación de que los dos países hubieran acordado mantener el asunto en secreto.

Vieshkin afirmó que transmitiría la postura de Seúl a su gobierno, según un comunicado del ministerio. Las reiteradas llamadas a la embajada de Ucrania en Seúl para obtener comentarios no obtuvieron respuesta.

Seong afirmó que la negación "falsa" por parte de Ucrania del acuerdo de confidencialidad era "un acto que socava gravemente la confianza entre los dos gobiernos y causa un daño significativo a las relaciones de amistad entre los dos países".

Seong afirmó que el acuerdo se alcanzó porque Seúl estaba preocupado por la seguridad de los soldados norcoreanos y sus familiares en el Norte, mientras que Kiev temía las posibles críticas internas por renunciar a la oportunidad de intercambiarlos por soldados ucranianos detenidos en Rusia.

Prisioneros de guerra norcoreanos querían reasentarse en Corea del Sur.

Mientras aún se encontraban en Ucrania, los dos soldados declararon en entrevistas con los medios de comunicación que deseaban reasentarse en Corea del Sur.

Seúl había pedido a Ucrania que no los devolviera a Corea del Norte, donde podrían sufrir persecución. Corea del Sur reconoce legalmente a Corea del Norte como parte de su territorio y tiene la política de aceptar y apoyar financieramente a los desertores norcoreanos.

Más de 34.000 norcoreanos han huido a Corea del Sur desde el final de la Guerra de Corea (1950-1953), principalmente en las últimas tres décadas. La mayoría eran mujeres civiles procedentes de las provincias más pobres del norte de Corea. Las deserciones de soldados son poco frecuentes.

En su discurso ante la ONU, Zelenskyy no dio detalles sobre el traslado, pero dijo que “uno de ellos, al darse cuenta de que iba a ser hecho prisionero, intentó suicidarse y se sorprendió de que el destino no lo dejara morir. Así es como crían a la gente en el Norte”.

Algunos expertos afirman que es probable que Zelenskyy decidiera exponer el peligro de la participación de Corea del Norte en la guerra como una forma de atraer una mayor ayuda occidental.

Mientras tanto, el gobierno liberal de Corea del Sur temía que la noticia de la transferencia pudiera provocar una airada respuesta del Norte y perjudicar los esfuerzos por reanudar la diplomacia entre Pyongyang y Washington.

Corea del Sur

ha rechazado brindar apoyo militar directo a Ucrania.

Corea del Sur, un exportador de armas en auge con un ejército bien equipado y respaldado por Estados Unidos, ha proporcionado ayuda humanitaria y otro tipo de apoyo a Ucrania, al tiempo que se ha sumado a las sanciones económicas lideradas por Estados Unidos contra Rusia desde su invasión en 2022.

Sin embargo, Seúl se ha resistido a las peticiones de Kiev y la OTAN para que proporcione apoyo militar directo a Ucrania, en consonancia con su política de larga data de no suministrar armas a países que participan activamente en conflictos.

Corea del Norte y Rusia confirmaron en abril de 2025 que sus soldados lucharon juntos para repeler una incursión ucraniana en la región fronteriza rusa de Kursk . Corea del Sur, Estados Unidos y otros países afirman que Corea del Norte también ha suministrado artillería, municiones y misiles a Rusia a cambio de asistencia económica y militar.

El servicio de inteligencia de Corea del Sur estimó el año pasado que Corea del Norte envió unos 15.000 soldados, de los cuales 2.000 murieron .

La creciente cooperación con Rusia ha ayudado al líder norcoreano, Kim Jong Un, a resistir la presión liderada por Estados Unidos y a acelerar con mayor determinación su programa de armas nucleares. El mes pasado, el presidente estadounidense Donald Trump redujo la magnitud de un ejercicio militar con Corea del Sur en un aparente intento por reactivar la diplomacia con Kim, pero Corea del Norte ha insinuado que esta medida no fue suficiente para convencerla de retomar las conversaciones.

El periodista de Associated Press, Kim Tong-hyung, contribuyó a este reportaje.

HYUNG-JIN KIM es reportero de Associated Press en Seúl, Corea del Sur. Cubre noticias de seguridad, política y otros temas de interés general en la península coreana.

Por  HYUNG-JIN KIM

(Foto AP/Seth Wenig)