Bolivia militarizaLA PAZ, Bolivia (AP) — El gobierno boliviano informó el martes que reforzó el patrullaje en una población cercana a la frontera con Brasil tras registrarse cuatro asesinatos en poco más de 24 horas, en medio de una guerra entre cárteles brasileños que se disputan las rutas del narcotráfico.
Cerca de un centenar de militares efectuó patrullajes y controles con drones en la población de San Ignacio de Velasco, a unos 460 kilómetros al noreste de La Paz. La policía investiga si los casos están relacionados con el narcotráfico.
La medida tiene lugar luego de que entre el domingo y el lunes cuatro bolivianos fueron acribillados en sus domicilios. El caso que más generó rechazo fue el asesinato a dos jóvenes que estaban haciendo una transmisión en vivo para vender ropa. Según las primeras investigaciones de la Fiscalía, dos extranjeros posiblemente brasileños ingresaron al domicilio de los jóvenes y les dispararon.
A más de un mes que el gobierno lanzó un plan para reforzar la seguridad en la frontera con Brasil con el fin de luchar contra el crimen organizado, los delitos no han cesado en esa zona limítrofe.
“Estamos sentando soberanía, estamos tratando de recuperar sectores que durante veinte años se han vuelto regiones donde el Estado no tenía presencia”, afirmó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, según un comunicado de prensa de su despacho.
La autoridad explicó que los militares acompañan a la policía con unidades especiales bajo el amparo del estado de excepción vigente en el país andino. “Es una vigilancia interna. Ya no podemos seguir así”, agregó.
La frontera de Bolivia con Brasil, que abarca más de 3.400 kilómetros, está en medio de la creciente tensión por la rivalidad en esa zona entre el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), ambas bandas brasileñas calificadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas.
POR  THE ASSOCIATED PRESS
(Foto AP/Juan Karita)
Derrumbe edificioNUEVA YORK (AP) — Varios estados y ciudades gobernados por demócratas presentaron demandas el lunes para impugnar una norma federal que entrará en vigor el viernes y que, según afirman, otorga a la administración del presidente Donald Trump una amplia discreción para negar la residencia permanente a los inmigrantes que dependen de la asistencia pública para alimentación, atención médica, vivienda y otras necesidades básicas.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James , quien encabeza una coalición de otros 21 estados en una de las demandas , afirmó que la norma obligaría a las familias inmigrantes necesitadas a elegir entre solicitar asistencia y obtener estatus legal en el país. California, Colorado, Hawái, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nuevo México y Wisconsin se encuentran entre los estados involucrados en la impugnación legal.
“Esta norma se aprovecha de ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la asistencia alimentaria, la cobertura sanitaria y otros beneficios públicos a los que tienen derecho legalmente”, declaró el lunes en una rueda de prensa en el Ayuntamiento junto al alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani , y defensores de los inmigrantes.
Mamdani presentó una demanda por separado junto con líderes de otras ciudades estadounidenses, como Chicago, San Francisco y Seattle. Afirmó que la norma tendría un efecto disuasorio no solo sobre los inmigrantes que buscan obtener un estatus legal, sino también sobre otros residentes de la ciudad más grande del país.
“La nueva norma sobre la carga pública busca alejar a las familias inmigrantes de los programas que han proporcionado alimentos y salud a la población durante décadas”, declaró el alcalde. “Los neoyorquinos tendrán miedo de consultar a un médico o solicitar la ayuda a la que tienen derecho legalmente. Ese temor no se limitará a las familias a las que el gobierno federal está apuntando”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que figura como demandado en las demandas, desestimó las alarmantes advertencias.
«Aclarémoslo: los estados santuario temen perder fondos federales porque cientos de miles de inmigrantes indocumentados y no ciudadanos podrían darse de baja de los programas de asistencia social estadounidenses», declaró la agencia en un comunicado. «Estamos temblando de miedo ante este supuesto desenlace terrible».
Las demandas impugnan el plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de reactivar una norma sobre la "carga pública" que el presidente republicano impuso originalmente durante su primer mandato, y que posteriormente fue revocada por su sucesor, el presidente demócrata Joe Biden.
Las demandas, ambas presentadas ante un tribunal federal en Manhattan, argumentan que la nueva norma es "arbitraria y caprichosa", excede la autoridad legal del DHS y se aparta del significado tradicional de la disposición federal sobre la carga pública.
En concreto, James afirmó que la norma otorga ilegalmente a los funcionarios de inmigración una amplia discreción para tener en cuenta una gran variedad de beneficios públicos a la hora de tomar decisiones sobre los inmigrantes que buscan obtener un estatus legal en el país.
Según explicó, la norma permite a los agentes de inmigración tener en cuenta casi cualquier prestación pública, utilizada durante cualquier período de tiempo, en contra de un solicitante de la tarjeta de residencia, incluso si se trata de un familiar ciudadano estadounidense que se beneficia de dicha prestación.
Eso significa que la solicitud de residencia permanente de un padre podría estar en riesgo simplemente porque su hijo, ciudadano estadounidense, utilizó un seguro médico proporcionado por el estado o participó en el programa de almuerzos gratuitos de una escuela, dijo James.
“Esta nueva norma elimina más de un siglo de jurisprudencia establecida para ampliar ilegalmente la definición de 'carga pública' de una manera que el Congreso nunca pretendió”, añadió Steve Banks, asesor jurídico de la ciudad.
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la norma de "política cruel".
La ley federal ya exige que quienes solicitan la residencia permanente o el estatus legal demuestren que no dependerán de los beneficios públicos.
La nueva norma no especifica los programas que podrían tenerse en cuenta. Simplemente indica que los funcionarios, “haciendo uso de buen juicio y discreción”, tomarán “determinaciones individualizadas y específicas sobre la inadmisibilidad por carga pública, basadas en la totalidad de las circunstancias del extranjero”.
Las reporteras de Associated Press Sophie Austin en Sacramento, California, y Cybele Mayes-Osterman en Chicago contribuyeron a este artículo.
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Felipe Marcelo es reportero de noticias generales en la oficina de Nueva York. Anteriormente escribió para AP Fact Check y antes de eso estuvo radicado en Boston, donde se especializó en temas de raza e inmigración.
(Foto AP/Ryan Murphy)
Ataques SaudisUn funcionario hutí dijo el martes que aviones de guerra saudíes atacaron Yemen y mataron a tres personas, entre ellas dos niños, mientras Human Rights Watch acusó a los rebeldes hutíes de posibles crímenes de guerra por sus ataques contra buques comerciales.
Los renovados combates en Yemen están poniendo en peligro a los civiles y amenazando el transporte marítimo a través del mar Rojo, una ruta que se ha vuelto más importante debido a las interrupciones en el estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos inició su guerra contra Irán.
The Associated Press no pudo verificar de manera independiente la afirmación del funcionario hutí. El funcionario no dijo qué habían tenido como objetivo los aviones de guerra saudíes.
A continuación, un vistazo a las últimas noticias en Oriente Medio.
Los hutíes reportan 3 muertos en ataques aéreos saudíes en Yemen
Anees al Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud dirigido por los hutíes, señaló en una publicación en X el martes que ataques aéreos saudíes mataron a tres personas, entre ellas dos niños, en la provincia yemení de Taiz. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente esa afirmación.
Al-Asbahi indicó que otras dos personas resultaron heridas en los ataques.
La escalada se produce mientras los rebeldes hutíes respaldados por Irán han tomado las islas estratégicas de Gran Hanish y Hanish Menor, en el sur del mar Rojo, reforzando su capacidad para controlar una ruta marítima clave para el transporte de mercancías.
Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz —por el que en tiempos de paz transita una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo— en los primeros días de la guerra. Desde entonces, los saudíes han utilizado el estrecho de Bab el-Mandeb, que conduce fuera del mar Rojo, para exportar crudo.
Los nuevos avances de los hutíes, que siguen a la captura del puerto de Moca en el mar Rojo y de una isla estratégica la semana pasada, aumentan la presión sobre los envíos saudíes y, a su vez, sobre el suministro mundial de petróleo y los precios.
Esto podría darle a Irán una influencia adicional en su guerra con Estados Unidos.
Human Rights Watch acusa a los hutíes de crímenes de guerra
Human Rights Watch afirmó el martes que al menos tres ataques de los rebeldes hutíes contra buques comerciales en el mar Rojo y el golfo de Adén entre el 20 de julio y el 24 de agosto podrían constituir crímenes de guerra.
Los ataques hutíes contra el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí comenzaron a mediados de julio en el más reciente repunte de violencia en la guerra civil de Yemen.
Niku Jafarnia, investigadora sobre Yemen y Baréin en Human Rights Watch, expresó que, independientemente de cualquier política involucrada, “los ataques contra tripulaciones civiles llevados a cabo de manera deliberada o temeraria son crímenes de guerra”.
Los hutíes sostienen que sus ataques contra el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí son una represalia por el bloqueo de la coalición liderada por Arabia Saudí sobre las zonas controladas por los hutíes en Yemen, una medida relacionada con la guerra civil yemení iniciada hace más de una década.
La organización de derechos humanos indicó que los hutíes afirmaron haber atacado al menos nueve embarcaciones en el lapso de un mes, incluidas dos con bandera saudí, una con bandera de Tanzania y una con bandera de Dominica.
El grupo de derechos instó a los hutíes a “poner fin de inmediato e incondicionalmente a todos los ataques ilegales contra barcos civiles”.
El principal diplomático de Irán visitará China
El Ministerio chino de Exteriores informó que el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, visitará el país el miércoles y se reunirá con su homólogo chino, Wang Yi.
Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
POR  THE ASSOCIATED PRESS
(AP Foto/Abdulnasser Alseddik) 
Aliado MaduroMIAMI (AP) — Se espera que un estrecho aliado del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro se declare culpable el martes en un caso federal que lo acusa de sobornar a funcionarios para obtener lucrativos contratos de importación de alimentos en un momento de grandes dificultades en el país sudamericano.
Según consta en los registros judiciales, Alex Saab comparecerá el martes ante la jueza Kathleen Williams en Miami para una audiencia de cambio de declaración. Los detalles de la declaración no se hicieron públicos de inmediato y el abogado de Saab, Neil Schuster, declinó hacer comentarios.
Saab fue deportado en mayo por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en respuesta a la presión de Estados Unidos, que llevaba más de una década persiguiendo al empresario colombiano. Fue acusado de un único cargo de lavado de dinero vinculado a una supuesta conspiración para crear empresas ficticias, falsificar registros de envíos y desviar fondos de contratos gubernamentales para importar alimentos de Colombia y México.
Saab, de 54 años, ya había sido acusado durante la primera administración de Trump en 2019 y posteriormente arrestado durante una escala para repostar en Cabo Verde, en lo que el gobierno venezolano describió como una misión humanitaria de alto nivel a Irán.
Pero el presidente Joe Biden lo indultó en 2023 a cambio de la liberación de varios estadounidenses encarcelados en Venezuela. El acuerdo, parte de un intento fallido de la Casa Blanca de Biden por persuadir a Maduro para que celebrara elecciones presidenciales libres, fue duramente criticado por los republicanos y los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley, quienes inmediatamente comenzaron a investigar a Saab por otros presuntos delitos no contemplados en el indulto, que fue diseñado de forma muy específica.
Los funcionarios estadounidenses han descrito durante mucho tiempo a Saab como el "cajón de Maduro" y podrían pedirle que actúe como testigo de carácter contra el expresidente, que espera juicio por cargos de narcotráfico en Manhattan tras ser capturado en una redada del ejército estadounidense en enero.
El nuevo proceso judicial estadounidense contra Saab y Maduro se produce mientras la administración Trump reestructura las relaciones con Venezuela, centrando su atención en la explotación de las vastas reservas petroleras venezolanas . Este mes, Trump anunció lo que denominó el "MAYOR ACUERDO PETROLERO DE LA HISTORIA MUNDIAL" en Venezuela, una asociación con el empresario petrolero venezolano Alejandro Betancourt en la que el gobierno estadounidense obtendrá una participación y acceso a envíos de crudo a precio de costo desde yacimientos petrolíferos con un potencial de producción de 65 mil millones de barriles.
Saab era poco conocido incluso en Venezuela hasta después de su primer arresto, en 2020, cuando el gobierno de Maduro invirtió enormes recursos para movilizar el apoyo público a favor de su liberación.
Rodríguez, entonces vicepresidenta de Maduro, ayudó a impulsar una campaña internacional en la que se refirió a Saab como un “diplomático venezolano inocente” que había sido “secuestrado” ilegalmente por Estados Unidos.
Pero tras la captura de Maduro, Rodríguez se distanció de Saab, lo destituyó de su gabinete y le retiró su papel como principal enlace para las empresas extranjeras que buscaban invertir en Venezuela.
Saab amasó una fortuna gracias a los contratos con el gobierno venezolano, pero se volvió aún más valiosa para Maduro cuando las sanciones estadounidenses obligaron a Venezuela a realizar gran parte de sus ventas de petróleo y comercio exterior fuera de las instituciones financieras occidentales.
La nueva acusación imputa a Saab y a otros la creación de una red de empresas para sobornar a altos funcionarios venezolanos que controlaban los contratos del llamado programa CLAP, establecido por Maduro para proporcionar productos básicos —arroz, harina de maíz, aceite de cocina— a los venezolanos pobres en un momento de hiperinflación desenfrenada y una moneda en ruinas.
Según alegan los fiscales, como parte de la supuesta conspiración, Saab y otros habrían extendido su influencia corrupta en lo más profundo del gobierno de Maduro, accediendo a miles de millones de dólares en ventas de petróleo de la petrolera estatal PDVSA.
Durkin Richer informó desde Washington.
JOSHUA GOODMAN es un periodista de investigación radicado en Miami que escribe sobre la intersección entre el crimen, la corrupción, el narcotráfico y la política en América Latina. Anteriormente, pasó dos décadas informando desde Sudamérica.
ALANNA DURKIN RICHER cubre el Departamento de Justicia y los tribunales federales. Se unió a Associated Press en 2013 y reside en Washington.
(Foto AP/Jesús Vargas, archivo)
Veterano APROMA (AP) — Victor L. Simpson, el veterano jefe de la corresponsalía de Associated Press en Roma, cuyas cuatro décadas como corresponsal extranjero abarcaron cinco papas, guerras y violencia que lo afectaron personalmente, ha fallecido. Tenía 84 años.
Simpson falleció de cáncer el domingo en su casa de Roma, según informaron sus hijos el lunes.
Durante sus 46 años de carrera en Associated Press, Simpson cubrió muchas de las historias más importantes de finales del siglo XX y principios del XXI, desde los disturbios raciales de Newark, Nueva Jersey, en 1967 y la guerra en Oriente Medio hasta el papado del Papa Juan Pablo II , a quien acompañó en docenas de viajes.
Nacido en Nueva York, Simpson se unió a la AP en Newark en 1967, donde escribió una serie galardonada sobre el crimen organizado. En 1968 pasó a la sección general, donde editaba las principales noticias nacionales, y en 1970 a la sección internacional.
Fue destinado a Roma como redactor de noticias en 1972, donde conoció a su futura esposa, Daniela Petroff, quien se convirtió en una destacada corresponsal de moda y del Vaticano de la AP. Ella falleció en febrero a los 80 años.
Se convirtió en jefe de la corresponsalía de Roma en 2005. Anteriormente, Simpson trabajó para el periódico Hackensack Record de Nueva Jersey.
“Victor tuvo una vida y una carrera extraordinarias, y dejó un legado perdurable en la AP”, declaró la editora ejecutiva de la AP, Julie Pace. “Años después de su jubilación, su nombre sigue apareciendo con frecuencia en artículos y conversaciones en las oficinas de la AP en todo el mundo, lo que demuestra el impacto que tuvo en generaciones de periodistas de la AP. Sé que su legado perdurará por muchos años más”.
Simpson disfrutaba relatando a sus oyentes sus hazañas periodísticas, entre las que se incluían una cena privada en el avión papal con Juan Pablo II y una entrevista con Svetlana Alliluyeva, hija del dictador soviético Josef Stalin. Consiguió la exclusiva presentándose en la puerta de Alliluyeva en Princeton, Nueva Jersey, donde ella vivía tras desertar de la URSS.
“Dejó una huella imborrable en AP, desde sus días como un joven y enérgico empleado en nuestra oficina de Newark, pasando por sus años como un pilar fundamental y dinámico en nuestra mesa de redacción central en Nueva York, y luego durante una brillante carrera en Roma”, dijo el expresidente y director ejecutivo de AP, Louis D. Boccardi, quien lo calificó de “único en su clase”.
Su vida estuvo marcada por la tragedia.
La vida de Simpson estuvo marcada por dos devastadoras tragedias personales: el asesinato a tiros de su padre durante un robo en 1964 y el asesinato de su hija de 11 años, Natasha, a manos de militantes palestinos que atacaron el aeropuerto de Roma el 27 de diciembre de 1985.
Simpson se disponía a volar a Estados Unidos con su familia cuando los militantes irrumpieron en el aeropuerto, lanzando granadas y disparando armas automáticas. Natasha fue una de las más de doce personas que perdieron la vida. Simpson y su hijo Michael, de 9 años, resultaron heridos.
“El asesinato de su hija Natasha, ocurrido mientras la familia se dirigía a Nueva York para pasar un permiso en casa en 1985, fue una tragedia que nos afectó profundamente a todos”, recordó Boccardi.
El optimismo de Simpson y su devoción a la familia y al trabajo le permitieron sobrellevar las tragedias.
Dos años después, Simpson y Petroff dieron la bienvenida a otra hija, Debbie. El papa polaco llamó por teléfono a la familia para felicitarlos por su nacimiento.
El padre de Simpson, Leonard P. Simpson, un conocido abogado neoyorquino, fue asesinado a tiros en el ascensor del edificio de apartamentos de la familia. El Sr. Simpson tenía 63 años.
“El asesinato fue considerado una prueba más de la degradación de Nueva York”, escribió Simpson en sus memorias de 2024, “La vida de un reportero”.
Describió cómo un entusiasta Jimmy Breslin entrevistó a la familia para un reportaje sobre las dificultades de la clase media en una época marcada por la delincuencia. La experiencia le enseñó una valiosa lección de periodismo sobre la importancia de ser considerado y sensible con las víctimas de una tragedia.
Sus hijos, Michael y Debbie, anunciaron su fallecimiento diciendo que el dolor que sentía por el asesinato de Natasha "finalmente se ha desvanecido, dejando solo amor".
Era el decano no oficial del cuerpo de prensa de Roma.
Nació el 11 de mayo de 1942, hijo de Leonard Simpson y Selma Randell, maestra de primaria. Su hermano, David, era cinco años mayor. Criado en una familia judía, Simpson afirmó que la religión no era lo más importante, pero que la tolerancia era un valor muy apreciado.
Estudió en Brooklyn Tech y en The Franklin School, ahora conocida como Dwight School, y se licenció en ciencias políticas y economía en 1963 en el Hobart College. Tras su graduación, sirvió brevemente en el ejército estadounidense.
Simpson mantuvo cerca a su familia extendida, viajando al extranjero para bodas y ceremonias de bar y bat mitzvá. "Significó muchísimo para mí", dijo su sobrina, Catherine Simpson Bueker.
Simpson era el decano no oficial del cuerpo de prensa en Roma y una parada obligatoria para los nuevos corresponsales. Décadas cubriendo la Santa Sede lo convirtieron en uno de los corresponsales vaticanos con más años de servicio de su generación, incluyendo 92 viajes con Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI.
Simpson tenía un vínculo especial con Juan Pablo II.
Fue en uno de esos vuelos, en 1986, cuando Simpson fue invitado a cenar con John Paul en la última etapa de una gira de dos semanas por Asia y el Pacífico.
Simpson, con una arrugada chaqueta de safari que su esposa, escritora de moda, detestaba, se disculpó con el pontífice por llevar "mi ropa de trabajo". El papa lo tranquilizó, sujetando sus vestiduras blancas y diciendo: "Esta es mi ropa de trabajo".
Una de sus mayores exclusivas se produjo en un vuelo a Uruguay en 1988, cuando le preguntó a Juan Pablo II sobre las huelgas de Solidaridad que desafiaban al gobierno comunista en su Polonia natal. Juan Pablo II respondió que el papado brindaba su pleno apoyo a las huelgas.
«Aquí estamos tocando el meollo del problema», dijo el Papa. «No es fácil llevar la democracia a un sistema que, por definición, es dictatorial y totalitario».
Estas declaraciones ocuparon las portadas de los periódicos de todo el mundo y posteriormente fueron consideradas un hito en el papel del papa en el colapso del comunismo en Europa del Este.
Philip Pullella, veterano corresponsal del Vaticano para United Press International y luego para Reuters, dijo que los antecedentes judíos de Simpson le permitieron cubrir el Vaticano con cierta distancia sin caer en una "falsa admiración" por la pompa institucional.
“Él era el referente. No creo que jamás se sintiera intimidado por el Vaticano. Lo veía como una institución que debía ser tratada con imparcialidad”, dijo Pullella.
Entre las misiones de Simpson se incluyen la invasión turca de Chipre en 1974, la histórica visita del presidente egipcio Anwar Sadat a Israel en 1977 y la invasión israelí del Líbano en 1982. Sus primeros años en Roma se centraron principalmente en la violencia nacional e internacional perpetrada por grupos armados, secuestros famosos y misterios sin resolver como el desastre aéreo de Ustica en 1980, en el que murieron 81 personas.
Aficionado a los deportes, Simpson guardaba una pila de revistas Sports Illustrated junto a su escritorio en la oficina de prensa del Vaticano y apoyaba con fervor al club de fútbol Roma. También le encantaba el tenis y cubrió el Abierto de Italia durante años, e incluso Wimbledon en una ocasión.
La renuncia del Papa cambia sus planes de jubilación.
Simpson tenía previsto retirarse el 28 de febrero de 2013, pero Benedicto XVI sorprendió al mundo al anunciar que se convertiría en el primer papa en casi 600 años en dimitir, fecha en la que también se haría efectiva la partida de Simpson.
Simpson siempre se preguntó si le había sugerido al papa alemán la idea de jubilarse . Había tenido una breve conversación privada con Benedicto XVI a su regreso del Líbano en septiembre de 2012, que sería el último vuelo papal de Simpson antes de su retiro.
“Cuando le dije que había cubierto la actualidad del Vaticano durante más de 30 años, pareció sorprendido. Con un tono melancólico, dijo que mi jubilación ‘es muy merecida’”, recordó Simpson en un homenaje tras la muerte de Benedicto XVI.
Simpson se quedó para cubrir una última transición papal, el cónclave de 2013 que eligió al Papa Francisco.
Los periodistas de AP Nicole Winfield y Andrew Dampf contribuyeron a este artículo.
COLLEEN BARRY cubre todo lo relacionado con Italia para Associated Press. Sus temas de interés incluyen moda y diseño, turismo masivo y medio ambiente, política y, en ocasiones, el Vaticano.
(Foto AP/Domenico Stinellis, archivo)

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