BERLÍN (AP) — Las autoridades alemanas detuvieron el lunes a cinco hombres acusados de formar parte de una red que exportaba ilegalmente bienes a empresas de defensa rusas después que Moscú lanzara su invasión a gran escala de Ucrania.

Las detenciones tuvieron lugar en Lübeck, en el norte de Alemania, y en el cercano distrito de Lauenburg, informaron los fiscales federales. Todos los hombres son ciudadanos alemanes; dos de ellos también son ciudadanos rusos y otro es ciudadano ucraniano. Las autoridades sospechan que pertenecen a una organización criminal y de violar la ley de comercio exterior y pagos de Alemania.

Se realizaron registros en propiedades en otras partes del país, y otros cinco sospechosos no han sido detenidos, indicaron los fiscales en un comunicado.

Uno de los hombres arrestados, un germano-ruso identificado sólo como Nikita S. de acuerdo con las normas de privacidad alemanas, posee una empresa comercial en Lübeck, según los fiscales. Alegaron que, al menos desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, él y los otros sospechosos utilizaron la empresa para adquirir bienes para la industria rusa y exportarlos a Rusia.

Se acusa a los hombres de utilizar al menos una empresa falsa en Lübeck y clientes falsos dentro y fuera de la Unión Europea, así como una empresa rusa con la que Nikita S. también estaba involucrado, para encubrir los tratos y eludir las sanciones de la UE.

Se sospecha que agencias estatales rusas estaban detrás de la red, y los clientes finales incluían al menos 24 empresas de defensa en Rusia, añadieron los fiscales.

Las investigaciones hasta ahora muestran que los sospechosos organizaron alrededor de 16.000 entregas a Rusia, y que los tratos ilícitos tenían un valor de al menos 30 millones de euros (35,5 millones de dólares), dijeron los fiscales. No detallaron qué bienes fueron enviados.

CARACAS, Venezuela (AP) — La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el jueves una ley que abre el sector petrolero del país a la privatización, revirtiendo un principio del autoproclamado movimiento socialista que ha gobernado el país durante más de dos décadas.

La reforma será sin duda la política emblemática de su gobierno, ya que posiciona al sector petrolero —motor de Venezuela— para atraer la inversión extranjera necesaria para revitalizar una industria que lleva mucho tiempo paralizada. Rodríguez promulgó la medida menos de un mes después del descarado secuestro del entonces presidente Nicolás Maduro en un ataque militar estadounidense en Caracas, la capital de Venezuela.

Rodríguez, frente a trabajadores petroleros y simpatizantes del partido gobernante, firmó el proyecto de ley menos de dos horas después de su aprobación por la Asamblea Nacional. Simultáneamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó oficialmente a flexibilizar las severas sanciones económicas impuestas al petróleo venezolano por la primera administración Trump y amplió la capacidad de las empresas energéticas estadounidenses para operar en el país sudamericano.

El jueves, Rodríguez también conversó con el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, quienes un día antes explicaron a los senadores estadounidenses en una audiencia cómo el gobierno planea gestionar la venta de decenas de millones de barriles de petróleo de Venezuela y supervisar el flujo de fondos. Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

Las medidas de ambos gobiernos están allanando el camino para otro cambio geopolítico y económico radical en Venezuela.

“Hablamos del futuro. Hablamos del país que les daremos a nuestros hijos”, dijo Rodríguez sobre la reforma.

Rodríguez propuso los cambios a principios de este mes, después de que Trump dijera que su administración tomaría el control de las exportaciones petroleras de Venezuela y revitalizaría la industria en crisis atrayendo inversión extranjera .

Las empresas privadas controlarán la producción petrolera

La legislación promete dar a las empresas privadas control sobre la producción y venta de petróleo, poniendo fin al monopolio de la estatal Petróleos de Venezuela SA sobre esas actividades, así como sobre los precios.

Una empresa privada asumirá la gestión integral de las actividades a su propio costo, cuenta y riesgo, tras demostrar su capacidad financiera y técnica mediante un plan de negocios aprobado por el Ministerio de Petróleo, según la ley. La legislación establece que la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos en los que una empresa realizará actividades seguirá siendo del Estado.

La nueva ley también permite el arbitraje independiente de disputas, eliminando la obligación de que los desacuerdos se resuelvan únicamente en los tribunales venezolanos, controlados por el partido gobernante. Los inversionistas extranjeros consideran crucial la participación de árbitros independientes para prevenir futuras expropiaciones.

El gobierno de Rodríguez espera que los cambios sirvan de garantía para las principales petroleras estadounidenses que hasta ahora han dudado en regresar al volátil país. Algunas de estas compañías perdieron inversiones cuando el partido gobernante promulgó la ley vigente hace dos décadas para favorecer a la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

Además, la ley revisada modifica los impuestos a la extracción, estableciendo un límite de regalías del 30% y permitiendo al poder ejecutivo fijar porcentajes para cada proyecto en función de las necesidades de inversión de capital, la competitividad y otros factores.

Posibles mejoras económicas

El diputado oficialista Orlando Camacho, presidente de la comisión de petróleo de la asamblea, dijo que la reforma “cambiará la economía del país”.

Mientras tanto, el diputado opositor Antonio Ecarri instó a la asamblea a incorporar disposiciones de transparencia y rendición de cuentas a la ley, incluyendo la creación de un sitio web para hacer pública la financiación y otra información. Señaló que la actual falta de supervisión ha propiciado una corrupción sistémica y argumentó que estas disposiciones también pueden considerarse garantías judiciales.

Esas garantías se encuentran entre los cambios clave que buscan los inversores extranjeros al considerar ingresar al mercado venezolano.

“Dejemos que la luz brille en la industria petrolera”, dijo Ecarri.

Trabajadores petroleros vestidos con monos rojos y cascos celebraron la aprobación del proyecto de ley, ondeando una bandera venezolana dentro del palacio legislativo y luego uniéndose a los legisladores en una manifestación con simpatizantes del partido gobernante.

Un cambio de políticas

La ley fue modificada por última vez hace dos décadas, cuando el mentor y predecesor de Maduro , el fallecido Hugo Chávez, hizo del fuerte control estatal sobre la industria petrolera un pilar de su revolución de inspiración socialista.

Chávez, elegido en 1998, amplió los servicios sociales, incluyendo la vivienda y la educación, gracias a la bonanza petrolera del país, que generó ingresos estimados en unos 981.000 millones de dólares entre 1999 y 2011, gracias al alza de los precios del crudo. Sus reformas a la ley de la industria petrolera en 2006 exigieron que PDVSA fuera el principal accionista en todos los grandes proyectos petroleros.

Al romper los contratos que firmaron empresas extranjeras en la década de 1990, Chávez nacionalizó enormes activos de empresas estadounidenses y occidentales que se negaron a cumplir, como ExxonMobil y ConocoPhillips. Estas aún esperan recibir miles de millones de dólares en laudos arbitrales.

Desde aquellos días de derroche de gastos estatales, la suerte de PDVSA cambió , junto con la del país, a medida que la caída de los precios del petróleo, la corrupción y la mala gestión erosionaron las ganancias y perjudicaron la producción, primero con Chávez y luego con Maduro. Para 2013, la economía se sumió en la grave crisis económica que ha obligado a más de 7,7 millones de venezolanos a migrar.

Las sanciones impuestas por sucesivas administraciones estadounidenses paralizaron aún más la industria petrolera.

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Foto AP/Ariana Cubillos)

Por  REGINA GARCIA CANO

LA PAZ, Bolivia (AP) — Las más de cuatro semanas de ausencia del expresidente boliviano Evo Morales en sus programas radiales y eventos públicos generan dudas sobre su paradero. Morales no ha sido visto desde poco después de que Estados Unidos capturara a su aliado venezolano Nicolás Maduro, mientras crecen las críticas de sus detractores y la preocupación de sus afines.

Morales, el primer presidente indígena y que gobernó casi 14 años la nación andina, tiene vigente desde hace más de un año una orden de detención por un >caso de presunto abuso de una menor. En medio de la investigación Morales se refugió en su feudo cocalero en el Chapare, al centro de Bolivia, de donde solo salía a eventos en esa misma región.

El lunes tampoco estuvo en actos públicos y el domingo volvió a ausentarse de su programa radial de la mañana.

La incógnita sobre el paradero de Morales ha desatado especulaciones: desde que salió del país a que está enfermo o que se está escondiendo.

“Nuestro hermano Evo (Morales) está a buen recaudo, por supuesto, cuidando la salud”, dijo el dirigente campesino Vicente Choque, quien evitó dar más detalles.

Sus allegados se han negado en privado a dar explicaciones sobre sus ausencias, mientras han declarado públicamente a sus partidarios que el expresidente se recupera de dengue, una enfermedad viral transmitida por mosquitos.

“Si hemos pedido al hermano Evo Morales que entre en un total reposo y en su etapa de recuperación”, dijo por teléfono a The Associated Press Dieter Mendoza, vicepresidente del sindicato cocalero que lidera el exgobernante.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó en conferencia de prensa que Morales permanece en la región de Chapare “que se ha vuelto... un poco en su detención domiciliaria”, en referencia que no puede moverse de allí.

Morales pasó de tener continuas publicaciones en las redes sociales a tener pocas y no se ha referido a su salud.

En tanto, la policía de Bolivia reportó “que no hay un un flujo o salida oficial del señor Morales”.

Los rumores se dan a pocos meses de un cambio de gobierno en Bolivia con la asunción del centroderechista Rodrigo Paz tras casi 20 años de gobiernos izquierdistas de Luis Arce (2020-2005) y Morales. Paz dio un giro a la política diplomática de la izquierda, se acercó a Estados Unidos y anunció el retorno de la DEA, la agencia antidrogas de ese país.

Al igual que Maduro y su mentor y predecesor, el fallecido Hugo Chávez, Morales se mostró abiertamente crítico a Estados Unidos y, en cambio, se acercó a China, Rusia, Irán, Venezuela y Cuba. En 2008 expulsó al embajador estadounidense en La Paz y a la DEA por presuntamente conspirar contra su gobierno.

Desde el 8 de enero que no se ve a Morales, el mismo día en que los cocaleros alertaron sobre un sobrevuelo de un helicóptero en el Chapare.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, dijo a la televisora ATB que se trataba de un operativo antinarcóticos de tres horas enmarcado en un programa de cooperación que espera establecer con Estados Unidos, pero también con otros países.

“La vigilancia del Estado no debería ser amenaza para nadie. Esto no es un sobrevuelo contra dirigentes. Me llama la atención, nadie es dueño del espacio aéreo”, dijo Justiniano.

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002) afirmó que Morales está “muerto de miedo” después de la detención de Maduro en Venezuela y que está “jugando a las escondidas” y “se está burlando del Estado”.

QUITO (AP) — Ecuador y Colombia dialogaron el jueves en Panamá luego de las tensiones comerciales y de la imposición mutua de aranceles tras el reproche del mandatario Daniel Noboa de que el gobierno colombiano no custodia su frontera permeada por el crimen organizado y el narcotráfico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador indicó en redes sociales que “existe un diálogo entre Cancilleres de los dos países” y precisó que el gobierno del presidente Noboa “ha planteado una posición y Colombia debe responder a ello”. No ofreció detalles de los pedidos y tampoco se conoce si hubo una respuesta inmediata del lado colombiano.

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld y su similar colombiana Rosa Yolanda Villavicencio están en Ciudad de Panamá asistiendo al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, al que también llegaron los mandatarios de ambos países, pero no se conoce que ellos hayan mantenido algún encuentro. Noboa regresó inesperadamente a Quito la noche del miércoles, pero no se conoce el motivo.

Desde la semana pasada ambos países se impusieron medidas arancelarias recíprocas, luego de que Noboa reprochó a Colombia la falta de reciprocidad en el cuidado de las fronteras binacionales —donde operan grupos criminales ligados al narcotráfico —, además mencionó un déficit de la balanza comercial de unos 850 millones de dólares con Colombia.

Ecuador inició la disputa aumentando un 30% los aranceles a productos colombianos y ese país respondió con un arancel similar a decenas de productos ecuatorianos, tras lo cual el gobierno de ese país dijo que dejaría de vender energía eléctrica y de inmediato su par en Quito anunció la decisión de subir el 900% al valor del transporte de crudo colombiano a través de un oleoducto ecuatoriano.

“El momento en que Colombia cumpla su rol, de asegurar su frontera, esto se termina”, manifestó John Reimberg, ministro del Interior, tras reunirse el jueves con Noboa. Añadió que “nosotros no producimos droga, el problema viene del vecino país” por lo cual “no podemos estar en una guerra solos”.

Sin embargo, Pedro Sánchez, ministro de Defensa colombiano aseveró más temprano en entrevista con el canal Ecuavisa que al menos 11.000 miembros de las fuerzas militares de su país están desplegados en la zona fronteriza apoyados con helicópteros, drones, aeronaves de inteligencia, “articulados también con los Estados Unidos”.

Si las naciones “no encontramos una estrategia común, los criminales son los que están ganando”, aseveró el ministro colombiano.

La extensa y porosa frontera de más de 600 kilómetros entre Ecuador y Colombia ha sido usada por años por grupos armados ilegales vinculados con el tráfico de drogas, la minería ilegal, el contrabando y la trata de personas.

(Foto AP/Matias Delacroix)

POR  ASSOCIATED PRESS