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CARACAS, Venezuela (AP) — La última vez que alguien supo de Edni López fue el domingo. La profesora de ciencias políticas y poeta galardonada, de 33 años, se preparaba para embarcar en un vuelo a Argentina para visitar a una amiga cuando escribió desde el aeropuerto que había un problema con su pasaporte.“El de migración se llevó mi pasaporte y que porque le sale vencido”, escribió a su novio en un mensaje compartido con The Associated Press. “En el nombre de Dios no salga yo jodida por un error del sistema”.
Lo que ocurrió después sigue siendo un misterio, que contribuye al clima de temor y represión que ha envuelto a Venezuela desde las disputadas elecciones presidenciales, la oleada más grave de abusos de los derechos humanos en el país desde las dictaduras militares latinoamericanas en la década de 1970.
Cuando la madre de López, Ninoska Barrios, y sus amigos supieron que no había tomado el vuelo, empezaron una frenética búsqueda en centros de detención. Finalmente el martes —más de 48 horas después— supieron que estaba retenida e incomunicada por la temida policía de inteligencia militar venezolana por cargos penales desconocidos, sin acceso a un abogado ni poder hablar con su familia.
“Por favor, devuélvanme mi hija”, pidió el martes entre sollozos Barrios ante la principal oficina venezolana de derechos humanos, en un video que se hizo viral en redes sociales. “No es justo que una madre venezolana tiene que pasar por eso”.
La detención de López no es un caso único. Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 2.000 personas por manifestarse contra el presidente, Nicolás Maduro, o cuestionar sus afirmaciones de que ganó un tercer mandato pese a los sólidos indicios de que perdió la votación por un margen de más de 2 a 1. Otras 24 personas han muerto, según el grupo local de derechos humanos Provea.
La oleada de detenciones, fomentada por el propio Maduro, no tiene precedentes y a este ritmo superará con mucho los arrestos durante tres campañas anteriores contra la oposición a Maduro.
Entre los afectados hay periodistas, líderes políticos, personal de campaña y un abogado que defendía a manifestantes. Otros han visto anulados sus pasaportes venezolanos cuando intentaban salir del país. Una activista local incluso retransmitió en vivo su detención por parte de agentes de inteligencia que allanaron su casa con una palanca.
“Están ingresando a mi hogar de forma arbitraria. Sin ninguna orden de allanamiento”, dijo María Oropeza, líder de una campaña opositora en el estado rural de Portuguesa, en una retransmisión que termina de forma abrupta después de tres minutos. “No soy una delincuente. Solo soy un ciudadano más que quiere un país distinto”.
La represión, que en buena parte parece arbitraria y aleatoria, está teniendo un efecto paralizante, dijo Phil Gunson, analista del International Crisis Group afincado en Caracas.
“No sólo disuade de las protestas. La gente tiene miedo de salir a la calle, punto”, dijo Gunson, añadiendo que los padres de chicos adolescentes están especialmente preocupados. “Hay una sensación de que la policía tiene una cuota que cubrir y cualquiera puede ser detenido y llevado como sospechoso de subversión”.
Las amenazas empiezan desde arriba.
“Andan como ratas escondiéndose (…) pero lo vamos agarrar”, dijo al día siguiente de los comicios el líder del partido socialista en el gobierno, Diosdado Cabello, sobre varios opositores destacados, en un mensaje ante la legislatura controlada por Maduro.
Entre tanto, Maduro ha pedido a los venezolanos que denuncien a los que cuestionan el resultado electoral a través de una app gubernamental creada en un principio para reportar apagones y quejas sobre servicios proporcionados por el gobierno. También dijo que el gobierno estaba reacondicionando dos prisiones dominadas por pandillas para alojar a lo que esperaba fuera un gran número de guarimberos, su término despectivo para manifestantes de clase media que tomaron las calles durante semanas en 2014 y 2017.
“No habrá mas perdón”, dijo Maduro en la televisora estatal.
Sin embargo, la naturaleza cambiante de los opositores del gobierno complica los esfuerzos por aplastar la disidencia.
Aunque las manifestaciones ha sido mucho más pequeñas y tranquilas que en episodios previos de protestas, ahora son más espontáneas, a menudo sin líderes y formadas por jóvenes, algunos apenas adolescentes, de las barriadas en las colinas de Caracas, que antes era una base tradicional de apoyo al gobierno.
“No me importa ni los muertos”, dijo Cleiver Acuna, tatuador de 21 años, en una marcha reciente en la que los manifestantes treparon a farolas para arrancar carteles de campaña de Maduro. “Lo que más quiero es mi libertad. Lo que quiero es mi patria. Yo quiero vivir esa Venezuela que una vez mis abuelos me contaron”.
María Corina Machado, la estrella opositora que movilizó a Venezuela para apoyar a un candidato de última hora tras el veto a su candidatura contra Maduro, también ha hecho una llamada a la moderación, en un reflejo del miedo que sienten muchos.
“Hay momentos para salir, momentos para encontrarnos, y así demostrar toda nuestra fuerza y determinación y abrazarnos, así como hay momentos de preparación, para organizarnos, comunicarnos y concertar con nuestros aliados alrededor del mundo que son muchísimos. Una pausa operativa en ocasiones es necesaria”, dijo en un mensaje grabado y publicado el martes.
Pero la rapidez de la represión del gobierno parece estar dando resultado. En apenas 10 días, las fuerzas de seguridad han detenido casi a tanta gente como a lo largo de cinco meses en 2017, según Provea.
“La operación Tun-Tun es el mecanismo de terrorismo de Estado y control social por excelencia”, dijo Óscar Murillo, líder de Provea, en referencia a las detenciones inesperadas y en plena noche, descritas como una táctica de miedo de Cabello y otras personas.
En el humilde vecindario de Catia, en Caracas, que antes era un bastión del partido en el gobierno, ya nadie habla de política. Una mujer cerró su negocio cuando comenzaron unas protestas cerca y corrió a su casa. Los videos de las manifestaciones llenaron su celular durante las siguientes horas, pero los borró por temor a que el gobierno estuviera siguiendo las publicaciones en redes sociales para identificar a los críticos.
“Pueden llevarme detenida solo por tenerlos”, dijo.
El silencio repentino es un fuerte contraste con el ánimo esperanzador que precedió a las elecciones, cuando partidarios de la oposición se atrevían a confrontar a fuerzas de seguridad que intentaban bloquear marchas contra Maduro. Servían comida, prestaban vehículos a líderes opositores y les abrieron sus negocios pese a saber que sufrirían represalias de la policía o se cerrarían sus negocios.
Antes incluso de la actual ronda de protestas, el respeto a los derechos humanos en Venezuela estaba bajo un intenso escrutinio. Maduro es objeto de una investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos en el pasado.
Las tácticas de Maduro se han comparado con las empleadas en la década de 1970 en América Central y del Sur, cuando dictaduras militares detenían a sus rivales y en ocasiones a transeúntes inocentes. Muchos fueron asesinados, y en Argentina algunos fueron incluso drogados y arrojados desde aviones al océano, sin dejar rastro siquiera de que hubieran sido detenidos.
Los supuestos abusos de Maduro tienen poco en común con esas campañas de la Guerra Sucia de las fuerzas estatales de seguridad.
Pero el objetivo de sembrar el miedo es el mismo, dijo Santiago Cantón, abogado argentino y secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, un grupo supervisor con sede en Ginebra.
Cantón dijo que el Caso de López le recordaba a la desaparición en Argentina en 1977 de una activista que fue desalojada de un avión con destino a Venezuela, y nunca se la volvió a ver. Venezuela, un país rico en petróleo, era en esa época el país más adinerado de América del Sur y refugio democrático para exiliados que huían de regímenes militares en toda la región.
“Lo que pasaba hace 50 años es muy difícil que pase de nuevo”, dijo Canton, que antes dirigía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Pero el social media te cambia todo, tiene un efecto multiplicador, así que puedes ser mas selectivo con el uso de la fuerza y obtener los mismos objetivos”.
Entre tanto, los amigos y familiares no logran explicar por qué fue perseguida.
Desde 2020 realiza tareas de ayuda en comunidades pobres, por lo que fue reconocida como una de las “100 mujeres protagonistas” de Venezuela por parte de la embajada holandesa en Caracas. Su labor es estrictamente humanitaria, y López no pertenece a ningún movimiento político.
Su perfil en redes sociales está igualmente vacío de contenido contra el gobierno y consiste principalmente en dibujos alegres de mariposas, poemas que escribe y fotos de playas y dunas de arena de sus viajes por Venezuela.
Cristina Ramírez, que se mudó de Argentina a Caracas hace ocho años, sumándose a un éxodo de más de 7 millones de venezolanos que han abandonado el país, dijo haber comprado un pasaje a López en mayo para que su amiga pudiera disfrutar de unas merecidas vacaciones.
Las dos estaban deseando reencontrarse tras una larga separación y un año difícil para López, cuya familia tiene dificultades económicas. Le preocupa que su amiga, que toma medicamentos para la diabetes, esté sufriendo en prisión sin saber qué ha provocado esa pesadilla.
“Iba ser su primer viaje fuera de país”, dijo Ramírez en una entrevista telefónica. “La estoy esperando todavía
Goodman informó desde Miami.
JOSHUA GOODMAN and REGINA GARCIA CANO
Goodman is a Miami-based investigative reporter who writes about the intersection of crime, corruption, drug trafficking and politics in Latin America. He previously spent two decades reporting from South America.
(Cortesia de la familia via AP)
