QUITO, Ecuador (AP) — El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, aprovechó el domingo su discurso sobre el Estado de la Unión para destacar las estrategias de su gobierno para combatir el crimen, respaldadas por Estados Unidos , así como las mejoras en algunos indicadores económicos.

En su discurso ante la Asamblea Nacional en la capital, Quito, Noboa citó la extradición de una docena de jefes del crimen organizado a Estados Unidos y la incautación de casi 300 toneladas de drogas como ejemplos de lo que describió como un enfoque decisivo y eficaz para combatir el crimen organizado, la principal preocupación de los ecuatorianos a lo largo de esta década.

“Los buscaremos, los encontraremos y los extraditaremos”, dijo Noboa refiriéndose a los criminales buscados, tras afirmar que el país sudamericano no puede desarrollarse “si las familias viven con miedo” debido al crimen organizado.

Ecuador ha tenido dificultades para contener la violencia relacionada con el narcotráfico desde 2021, debido a la alianza entre cárteles rivales y bandas locales que luchan por el control de las rutas y los puertos costeros utilizados para el contrabando de cocaína. El país se encuentra entre Colombia y Perú, los principales productores de cocaína del mundo.

El año pasado, Ecuador registró su tasa de homicidios más alta en décadas, con 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio del Interior.

En respuesta, Noboa , reelegido el año pasado para un mandato de cuatro años, ha utilizado el estado de excepción para permitir que las fuerzas armadas implementen diversas estrategias de lucha contra el crimen, incluyendo patrullajes conjuntos con la policía y allanamientos de propiedades sin orden judicial. A principios de este año, las fuerzas armadas ecuatorianas también llevaron a cabo una operación conjunta con las fuerzas estadounidenses contra un campo de entrenamiento presuntamente utilizado por narcotraficantes colombianos, atacando el lugar con drones, helicópteros y embarcaciones.

Noboa ha sido objeto de críticas por parte de grupos de la sociedad civil, que afirman que sus métodos autoritarios no han logrado reducir la delincuencia, al tiempo que han puesto en peligro a los civiles .

Glaedys González, analista para la región andina del International Crisis Group, declaró el domingo que Noboa pudo haber sido optimista en su discurso sobre la seguridad del país, pero que "el progreso en materia de violencia está lejos de haberse logrado".

“Es evidente que la situación en Ecuador ha alcanzado niveles sin precedentes”, dijo González.

El domingo, Noboa también promovió el progreso económico, informando a los legisladores que la pobreza se redujo del 26% al 21,4% en 2025, mientras que la pobreza extrema disminuyó del 10,4% al 8,4%.

Noboa fue elegido por primera vez en 2023 durante unas elecciones anticipadas convocadas cuando el entonces presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional y acortó su propio mandato.

(Foto AP/Dolores Ochoa)

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, prometió el jueves durante su discurso anual aumentar la cantidad de energía eléctrica disponible para abastecer al territorio estadounidense, ya que persisten los apagones crónicos, lo que enfurece y frustra a muchos en toda la isla.

Indicó que el proceso de licitación para instalar 3000 megavatios adicionales de capacidad de generación de energía está en marcha y probablemente se adjudicará a finales del verano. Además, anunció que se añadirán casi 1000 megavatios al sistema en los próximos meses, a medida que los equipos trabajen en la reparación y modernización de varias centrales eléctricas.

González señaló que 100 megavatios proporcionan energía suficiente para 60.000 familias.

“Con más megavatios en el sistema, podemos reducir los cortes de suministro”, afirmó.

El huracán María devastó la red eléctrica de Puerto Rico cuando azotó la isla como tormenta de categoría 4 en septiembre de 2017, pero la red ya se estaba desmoronando debido a la falta de mantenimiento e inversión.

González afirmó que los equipos también han comenzado a instalar baterías de Tesla gracias a más de 700 millones de dólares en fondos federales, y agregó que se espera que reduzcan los cortes de energía, ya que tienen una capacidad de almacenamiento de 430 megavatios.

Además, han llegado centrales eléctricas con capacidad para 244 megavatios que funcionarán durante los periodos de alta demanda, añadió.

González ha recibido fuertes críticas por respaldar una medida del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para redirigir 350 millones de dólares en fondos federales originalmente destinados a financiar sistemas solares y de baterías en los tejados de 12.000 familias de bajos ingresos en Puerto Rico, que ahora se están invirtiendo en la deteriorada red eléctrica de la isla.

González también afirmó que seguiría impulsando la conversión de las centrales eléctricas al gas natural.

“Quiero reducir el costo de la electricidad en Puerto Rico”, dijo.

En 2024, el precio medio de la electricidad en la isla ocupó el quinto lugar, justo detrás de Hawái, California, Connecticut y Rhode Island, según información de la Administración de Energía de Estados Unidos.

La gobernadora también reiteró su promesa de cancelar un contrato multimillonario otorgado a Luma , una empresa privada que supervisa la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico y que ha sido ampliamente criticada debido a la persistencia de los cortes de luz.

Luma afirmó en un comunicado que "las mejoras en la red de transmisión y distribución son evidentes".

Añadió: “Mientras haya fondos disponibles, las obras de reconstrucción y modernización en toda la isla continuarán”.

Mientras tanto, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico sigue luchando por reestructurar una deuda de más de 9 mil millones de dólares.

González también reconoció los “graves problemas” con la infraestructura hídrica de la isla, y un número creciente de comunidades denuncian largos periodos sin servicio.

“No pretendo consolar a nadie”, dijo mientras pedía paciencia, señalando que las labores de reconstrucción están en marcha.

Tras su discurso de casi dos horas, el gobernador, miembro del Partido Nuevo Progresista, partidario de la estadidad, recibió críticas de sus oponentes políticos.

Pablo José Hernández, representante de Puerto Rico en el Congreso y miembro del Partido Popular Democrático, publicó un mensaje en video después del discurso afirmando que los puertorriqueños no están solos, "que sus sentimientos de frustración, insatisfacción y enojo están justificados".

Por  DÁNICA COTO

(Foto AP/Alejandro Granadillo, archivo)

Policías y militares de Bolivia no lograron despejar el sábado la principal carretera de ingreso a La Paz debido a ataques con piedra y dinamita de manifestantes que mantienen tomada la ruta desde hace 23 días, lo que ha dejado a la ciudad desabastecida de alimentos, combustibles y otros suministros básicos.

El presidente centroderechista Rodrigo Paz es blanco de las duras protestas, las cuales han polarizado el país. En ellas se exige su renuncia ante la falta de respuestas a la crisis económica y la carestía de la vida tras seis meses de su gobierno.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien comanda el operativo denominado “corredor humanitario”, dijo que ordenó “retroceder para resguardar la vida” de los agentes tras una “emboscada”. En contacto con la televisora Unitel dijo que buscaba reencontrarse con la caravana tras los ataques.

Más temprano, Zamora declaró a la prensa que el operativo estaba logrando resultados a pesar de los “grupos violentos”. Sin embargo, en la afueras de La Paz, los manifestantes lograron frenar el avance de las fuerzas policiales.

Los manifestantes incendiaron dos vehículos: uno militar y otro que transportaba funcionarios, y saquearon un puesto de peaje en las afueras de La Paz, según informes policiales. Un agente resultó herido.

En algunos suburbios de la vecina ciudad de El Alto, los manifestantes lanzaban piedras y volvían a cortar la ruta tras el paso de las fuerzas policiales, que se abrieron paso con banderas blancas y gas lacrimógeno. Se ha evitado la portación de armas letales con el fin de evitar bajas, las cuales agravarían el conflicto, según han dicho las autoridades.

“Hay grupos intransigentes que se resisten. Una mayoría de vecinos apoyan este contingente, que busca abrir un corredor humanitario”, afirmó el jefe policial Martín Gálvez.

No obstante, cientos de camiones y otros vehículos que habían estado varados por más de dos semanas lograron salir de la carretera, según los informes.

El obispo católico de El Alto Giovani Arana reconoció que la situación es complicada y tensa, y que los mediadores tienen la esperanza de poder “sentar en la mesa de negociaciones a las dos partes” este domingo. Hasta el momento no ha sido posible instalar negociaciones.

Paz dijo que dialogará con sectores que tienen reivindicaciones, pero no con quienes piden su renuncia, y anticipó reuniones el domingo para abrir un canal de negociación.

Asediada por las protestas, La Paz es el epicentro de la crisis social. La víspera, la capital política boliviana volvió a vivir una jornada de choques callejeros entre la policía y manifestantes encabezados por sindicatos campesinos, juntas de vecinos de El Alto y la Central Obrera Boliviana.

Desde Santa Cruz, en el oriente, organizaciones civiles y empresariales han pedido al gobierno mano firme para desbloquear las carreteras, que según la Cámara de Industrias han provocado más de 600 millones de dólares en pérdidas. En La Paz, organizaciones ciudadanas también salen a las calles para rechazar las protestas. Miles de camiones están varados en las rutas bloqueadas en la capital política y otras ciudades.

El gobierno boliviano ha recibido el respaldo de Estados Unidos y de varios países del continente. La embajada estadounidense en La Paz informó el sábado que “está brindando asistencia alimentaria” a sectores afectados como un gesto de “solidaridad con el pueblo de Bolivia”.

POR  THE ASSOCIATED PRESS

(AP Foto/Juan karita)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que ella y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, acordaron el jueves mantener la cooperación bilateral basada en el respeto mutuo.

Mullin llegó a la capital mexicana para una visita de dos días tras las tensiones de las últimas semanas por la muerte de dos agentes de la CIA en la frontera norte de México y las acusaciones de narcotráfico presentadas por Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos .

La administración de Sheinbaum, que asumió el cargo en octubre de 2024, ha mantenido una postura delicada con la administración Trump, haciendo hincapié en la cooperación bilateral y, al mismo tiempo, defendiendo la soberanía de México frente a las amenazas de intervención militar estadounidense .

Tras reunirse con Mullin en el palacio presidencial, Sheinbaum compartió una breve publicación en X en la que afirmaba que ambas naciones mantendrán la cooperación basada en el respeto mutuo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México hizo hincapié en el respeto a la soberanía y la "coordinación sin subordinación" como algunos de los principios clave acordados para la cooperación, en un comunicado emitido tras la reunión.

Mullin, quien asumió el cargo en marzo tras la salida de Kristi Noem, también se reunió con el Gabinete de Seguridad de México.

El jueves por la mañana, Sheinbaum declaró que también hablaría con Mullin sobre los 15 migrantes mexicanos que han fallecido en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos desde 2025, lo que provocó protestas diplomáticas de su gobierno. Sheinbaum ha instruido a los consulados para que realicen visitas diarias a los centros de detención, y México anunció en marzo que presentaría los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En su comunicado del jueves, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó la importancia de la cooperación en materia de migración. Citó la exitosa reducción del número de ciudadanos mexicanos que cruzan la frontera, cifra que ha alcanzado su nivel más bajo en 50 años.

La presidenta mexicana también descartó discutir los casos de los 10 funcionarios acusados , algunos de los cuales pertenecen al partido gobernante Morena, durante su reunión con Mullin.

A finales de abril, la Fiscalía General de Nueva York acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y a otros ocho funcionarios, tanto en activo como jubilados, de cargos que incluyen tráfico de drogas y posesión ilegal de armas de fuego.

Rocha y Gámez renunciaron temporalmente a sus cargos para facilitar la investigación abierta por la Fiscalía General de la República de México , mientras que los exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, se entregaron a las autoridades estadounidenses la semana pasada .

Las relaciones bilaterales se tensaron tras la muerte de dos agentes de la CIA el 19 de abril, junto con dos funcionarios de la Fiscalía General de Chihuahua, cuando el vehículo en el que viajaban se precipitó a un barranco en las montañas entre Chihuahua —que limita con Texas— y el estado de Sinaloa, donde se había desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

El incidente provocó una protesta formal del gobierno de Sheinbaum ante Washington, alegando que no había sido informado de la presencia de los dos agentes estadounidenses en México, ni de sus actividades en el estado de Chihuahua, gobernado por la oposición.

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Por  FABIOLA SÁNCHEZ

(Foto AP/Fernando Llano)