CARACAS, Venezuela (AP) — El gobierno de Venezuela redobló el miércoles sus ataques contra funcionarios de relaciones exteriores de Brasil, acusándolos de poner en peligro las relaciones diplomáticas entre los países vecinos de América del Sur al actuar a favor de los intereses de Estados Unidos.
Las críticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro se produjeron un día después de que un importante asesor de política exterior del presidente de Brasil dijera que el país no había apoyado la propuesta de Venezuela de unirse al bloque de economías en desarrollo BRICS en la reciente cumbre del grupo en Rusia. Esa decisión se sumó a las tensiones que se han prolongado durante meses entre ambos países por los controvertidos resultados de las elecciones presidenciales de julio en Venezuela y los posteriores pedidos de transparencia de Brasil y otras naciones.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo en un comunicado que había convocado al encargado de negocios de Brasil en Venezuela, Breno Hermann, para “expresar su más enérgico rechazo a las recurrentes declaraciones intervencionistas y groseras de voceros autorizados por el gobierno brasileño”. La embajada de Brasil en Caracas, la capital, declinó hacer comentarios.
En el comunicado, el ministerio acusó a Celso Amorim, exministro de Relaciones Exteriores de Brasil y asesor especial del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de actuar “como un mensajero del imperialismo estadounidense” al “emitir juicios de valor sobre procesos que solo corresponden a los venezolanos y sus instituciones democráticas”. Agregó que sus acciones están “amenazando los lazos que unen a ambos países”.
Amorim reconoció el martes en una audiencia ante los diputados brasileños que existe un “malestar” entre los dos países, que atribuyó a la negativa del gobierno de Maduro a publicar los resultados electorales detallados que respaldan la victoria que las autoridades electorales dieron al presidente. Más tarde dijo que una mejora de las relaciones diplomáticas “dependerá de las acciones” que tome Venezuela, pero no ofreció detalles.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en Brasilia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.
Las autoridades electorales venezolanas afirmaron que no podían publicar los resultados detallados porque su sitio web había sido hackeado. Al mismo tiempo, la principal coalición opositora obtuvo actas de escrutinio de más del 80% de las máquinas de votación electrónica utilizadas en todo el país, las publicó en línea y declaró que su candidato, el ex diplomático Edmundo González, había derrotado a Maduro por una amplia mayoría.
En los días posteriores a las elecciones del 28 de julio, Lula, el presidente colombiano Gustavo Petro y el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador –todos izquierdistas y amigos de Maduro– se involucraron en el conflicto electoral venezolano para intentar un esfuerzo de paz. Pero no llegó a nada, y desde entonces Maduro ha consolidado su gobierno , reorganizó su gabinete y encarceló a más de 2.000 opositores .
El bloque BRICS, que inicialmente incluía a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ha ampliado para incluir a Irán, Egipto, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Brasil se opuso a la inclusión de Venezuela en la cumbre del grupo a principios de este mes.
“Brasil no quiere una ampliación indefinida”, dijo Amorim a los legisladores. “Brasil cree que sus miembros deben ser países con influencia que puedan ayudar a representar a la región. Y Venezuela hoy no cumple con esas condiciones, en nuestra opinión. Ahora bien, eso no es un veto; eso fue expresado. Y allí, las decisiones son por consenso”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela calificó la medida como un “comportamiento irracional” y la comparó con las sanciones económicas que Estados Unidos impuso contra el país sudamericano.
BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Después de 11 meses en el cargo, el presidente derechista de Argentina, Javier Milei, cumplió su promesa principal de eliminar los monumentales déficits del país reduciendo la nómina pública, recortando los subsidios y suprimiendo los salarios ya bajos de los trabajadores estatales.
La austeridad ha generado miseria, pero con la oposición de izquierda del país desorganizada tras el desastre económico que heredó Milei , Argentina no ha visto el tipo de malestar social generalizado que ha caracterizado las crisis económicas anteriores.
Eso podría cambiar. Los docentes del país están hartos.
El reciente veto de Milei a un proyecto de ley que aumenta el gasto en los presupuestos universitarios tocó una fibra colectiva en una nación que desde hace tiempo ha considerado la educación gratuita como un motor fundamental del progreso social, y atrajo las manifestaciones más amplias desde que el líder libertario asumió el cargo.
Las clases al aire libre que se llevaron a cabo la semana pasada en la Plaza de Mayo, la plaza principal donde se encuentra la sede del gobierno, marcaron la última de una nueva ola de protestas en apoyo a las universidades públicas que se ha apoderado de Argentina durante el último mes. Los estudiantes están tomando los campus universitarios en los próximos días antes de otra protesta masiva.
He aquí un vistazo a lo que los estudiantes están protestando y lo que significa para el esfuerzo de Milei transformar a Argentina, propensa a las crisis, en una historia de éxito económico.
¿Qué quieren los manifestantes?
Los profesores y el personal no docente de las universidades públicas de toda Argentina exigen un aumento salarial para compensar la altísima inflación que, según ellos, ha reducido su poder adquisitivo en un 60% este año.
Después de una marcha liderada por estudiantes que movilizó a medio millón de manifestantes en abril , el gobierno de Milei compensó a las universidades por los costos operativos, pero no por los salarios de los docentes.
El salario medio de un profesor asociado es actualmente de 320 dólares al mes, mientras que el de un asistente de cátedra es de tan solo 120 dólares al mes.
El proyecto de ley de financiación universitaria que Milei vetó habría aumentado los salarios del personal para compensar la inflación anual de 2024 (que ahora supera el 200%) y los habría ajustado a la inflación futura.
Si bien las drásticas medidas de Milei han llevado recientemente la inflación mensual por debajo del 5%, el número de argentinos en situación de pobreza ha aumentado a más del 50%.
El sistema universitario público no había visto este tipo de déficit presupuestario desde 2004, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, una organización argentina sin fines de lucro.
“Nuestras condiciones de vida han empeorado visiblemente”, dijo Nicolás José Lavagnino, investigador en filosofía de la biología del Conicet, el principal organismo de investigación de Argentina que informó haber perdido 250 científicos este año debido a recortes presupuestarios.
Los sindicatos rechazan la oferta del gobierno de un aumento salarial del 6,8% por considerarla insuficiente. La Universidad de Buenos Aires, una de las más grandes y prestigiosas de América Latina, ha advertido de renuncias masivas por la depreciación de los salarios. Al menos 30 docentes han renunciado sólo en la Facultad de Agronomía de la UBA.
Milei ha prometido bloquear cualquier medida que ponga en peligro el equilibrio presupuestario. En septiembre, vetó un proyecto de ley que aumentaba las pensiones, lo que le habría costado a su gobierno más del 1% del producto interno bruto de Argentina, por la misma razón.
Pero el proyecto de ley de educación habría costado sólo el 0,14% del PIB, lo que generó dudas sobre la importancia económica de la batalla de Milei.
“Vemos esto como un ataque directo a la filosofía de la educación pública en nuestro país”, dijo Matías Busi, un estudiante de 25 años de la Universidad de La Plata, Argentina.
¿Qué dice Milei?
El irascible presidente ha criticado las universidades como campos de adoctrinamiento izquierdista.
“¿Qué productividad tienen los científicos?”, dijo en 2023 durante la campaña electoral, abogando por el desfinanciamiento del instituto de investigación Conicet. Si bien prometió no deshacerse de la educación pública gratuita, Milei exige que las universidades se sometan a una auditoría gubernamental y hagan más para limpiar la corrupción.
“Si no quieren ser auditados es porque están sucios”, afirmó.
El partido de Milei también ha revivido en las últimas semanas un intento impopular de cobrar matrícula a los extranjeros no residentes, que representan casi el 4% de la matrícula total.
El sistema de educación pública en Argentina es excepcional, ya que no hay barreras de entrada: los extranjeros que no pueden costear una licenciatura en sus propios países pueden inscribirse gratuitamente en universidades públicas de primer nivel como la UBA, donde estudiaron los cinco ganadores del Premio Nobel del país. La mitad del gabinete de Milei incluso se graduó en universidades públicas.
Algunos dicen que Milei tiene razón al pedir más transparencia financiera, señalando el presunto mal uso de fondos y la creciente politización de lo que una vez fue una institución universalmente respetada.
“Hubo contratos con figuras del sector público donde se financiaron cosas absurdas”, dijo el consultor político argentino Sergio Berensztein, en referencia a los escándalos que estallaron durante el mandato de la expresidenta izquierdista Cristina Fernández de Kirchner por proyectos de investigación de gran presupuesto que las auditorías posteriores revelaron que nunca existieron. “Simplemente eran mecanismos para desviar fondos para intereses políticos”.
¿Cuál es el contexto político?
Después de que el gobierno de Milei reunió suficientes votos para impedir que la oposición anulara su veto al proyecto de ley de financiación universitaria el 10 de octubre, más de 250.000 argentinos, desde la extrema izquierda hasta el centroderecha, inundaron las calles.
El movimiento liderado por estudiantes atrajo a una serie de manifestantes argentinos afectados por la austeridad que ha profundizado la recesión y llevado la pobreza a su nivel más alto en 20 años: jubilados desesperados por mejores pensiones , médicos furiosos por los magros salarios, artistas contra el cierre del instituto nacional de cine, científicos enojados por los fondos destruidos, pilotos preocupados por los planes de Milei de privatizar la aerolínea insignia de Argentina.
Santiago Gándara, profesor de Ciencias Sociales de la UBA y de la Universidad de La Pampa, dijo que cree que Milei calculó mal al atacar el orgulloso símbolo argentino de la educación financiada con fondos públicos para las masas.
“Es como si alguien viniera y dijera: ‘Vamos a deshacernos de la Plaza de Mayo’”, dijo, en referencia a la histórica plaza de Buenos Aires que se llenó de manifestantes la semana pasada. “Milei entendió esto demasiado tarde… No se puede decidir el destino de la Plaza de Mayo. Nos pertenece a todos”.
La cuestión de si las manifestaciones se convierten en una amenaza real para Milei sigue abierta.
“Creo que estas protestas no están al punto de poner en peligro la vida de Milei, pero obviamente son perjudiciales”, dijo Ana Iparraguirre, analista argentina y socia de la firma de estrategia GBAO, con sede en Washington. “Cuando los estudiantes se movilizan, nunca se sabe realmente dónde va a terminar ese movimiento”.
Calatrava escribe en español sobre Argentina para The Associated Press, con sede en Buenos Aires.
ISABEL DEBRE
DeBre escribe sobre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para The Associated Press, con sede en Buenos Aires. Antes de mudarse a Sudamérica en 2024, cubrió el Medio Oriente desde Jerusalén, El Cairo y Dubái.
CIUDAD HIDALGO, México (AP) — El primer lugar donde duermen muchos de los migrantes que entran a México cruzando el río Suchiate desde Guatemala es un gran cuarto enrejado en una finca. Lo llaman “el gallinero” o “la gallera” y ahí permanecen secuestrados hasta que pagan el derecho de paso a un cártel.
Cuando lo hacen, son marcados en el brazo con un sello que les permitirá adentrarse en México.
La llegada de migrantes a la frontera de Estados Unidos se ha reducido a niveles no registrados desde agosto de 2020 —en plena pandemia—, pero en vísperas de unas elecciones donde la inmigración es uno de los grandes temas de campaña, los extranjeros siguen entrando en México.
La administración de Joe Biden asegura que esas cifras son fruto de la expansión de vías legales para migrar y de los esfuerzos de su contraparte mexicana por contener el flujo de extranjeros, pero quien controla la frontera sur mexicana no es el puñado de agentes federales o Guardias Nacionales apostados en el río, sino los cárteles.
Muchos migrantes pagan al menos 100 dólares por cabeza para librarse del secuestro con el que se encuentran nada más pisar territorio mexicano. De enero a agosto de este año, los extranjeros interceptados por el Instituto Nacional de Migración (INM) en esta zona superaron los 150.000. Y eso solo es la parte visible de las llegadas.
Seis familias de distintas nacionalidades que pasaron por este tipo de secuestros contaron a The Associated Press cómo opera la delincuencia en estas tierras. Un funcionario federal confirmó el ‘modus operandi’. Todos pidieron el anonimato por miedo a represalias.
Los agentes de inmigración mexicanos interceptaron de enero a agosto a 925.000 migrantes en situación irregular, una cifra muy superior al total anual del año pasado y el triple del registrado en 2021. Sin embargo, sólo han deportado a 16.500, una fracción de años previos.
“Son ellos los que dicen quién pasa y quién no pasa”, asegura sobre la influencia de los cárteles el padre Heyman Vázquez, párroco en Ciudad Hidalgo, la localidad junto al río. “Son cantidades grandes de migrantes que se llevan todos los días y lo hacen a la vista de todas las autoridades”.
Derecho de paso hacia el norte
La mañana del lunes, un grupo de siete hondureños, entre ellos Luis Alonso Valle, de 43 años, con su esposa y dos hijos menores, se bajan de una balsa hecha con llantas de camión y maderas en la que cruzaron el río Suchiate y se adentran en Ciudad Hidalgo.
No han avanzado más de 50 metros y tres hombres en moto se acercan a decirles que no pueden seguir caminando. Al ver las cámaras de AP se alejan. Los hondureños se miran con miedo. Al llegar al parque central varias personas les abordan. “¿Ya tienen guía?”, les pregunta un hombre. “Chips (telefónicos) activados con saldo”, les ofrece otro.
Los nervios crecen. Valle explica que quieren agarrar una camioneta hasta Tapachula, 37 kilómetros al norte, la considerada capital de la frontera sur mexicana. Les señalan una estacionada a unos metros, frente a un agente de policía municipal. Mientras se acomodan dentro, el chofer pide a AP dejar de grabar. “Me va a parar la maña (el crimen organizado) ahí fuera”, susurra nervioso.
Así o de forma muy similar, engañados por taxistas o conductores de camionetas, los migrantes son llevados a una finca donde duermen encerrados y en el suelo, vigilados por individuos armados.
“Había más de 500 personas, algunas tenían 10, 15 días ahí”, cuenta una mujer venezolana que fue liberada el domingo con su esposo y sus hijos de 12 y 8 años. “El que no tiene dinero se queda y el que decide pagar, sale”.
A un panadero ecuatoriano de 28 años, que viaja con su esposa, hija y otros cuatro familiares, incluso le acompañaron al banco mientras su familia se quedaba en garantía.
Una vez hecho el depósito son trasladados a otra casa, les hacen una foto y les ponen un sello. Al panadero, que entró a México en agosto, le pusieron la letra “J”. A la familia venezolana, algo parecido a una gallina con una especie de fruta al lado.
En la ruta a Tapachula, las camionetas de pasajeros son detenidas por los narcos. Los migrantes que no llevan sello vuelven a la casilla de salida. Al llegar a la ciudad, una nueva fotografía del extranjero hecha por el chofer acredita que su ‘mercancía’ ha sido entregada.
Las familias entrevistadas dijeron no haber sufrido daños físicos pero tenían miedo después de ser liberados.
Al menos a una tercera parte de los centenares de personas que acompañó el centro de derechos humanos Fray Matías de Córdova en 2024 llevaban sellos en el brazo. “Cuando no pueden pagar con dinero, pagan el cuerpo, sobre todo mujeres, adolescentes y hombres homosexuales”, explicó su director, Enrique Vidal Olascoaga.
AP no pudo ver ninguna de las marcas. Las familias afirman que les pidieron que las borraran al llegar para evitar problemas con otras bandas.
Los más de cien migrantes liberados en septiembre por las fuerzas federales en Ciudad Hidalgo y el grupo de decenas que fue disparado por el Ejército el primer día de gobierno de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre, 100 kilómetros al norte y donde murieron seis migrantes, habían sido sometidos a la misma modalidad de secuestros y extorsión, indicó el funcionario conocedor de las declaraciones de los extranjeros.
Frontera México-Guatemala, nueva tierra de cárteles
La violencia —asesinatos, desapariciones, intimidaciones, desplazamiento de civiles— no ha dejado de crecer en Chiapas desde hace dos años cuando el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación convirtieron ese estado en un escenario más de su guerra para controlar todos los tráficos ilegales en México. El de migrantes, dicen los expertos, es el más lucrativo.
Las organizaciones civiles se sienten cada vez más intimidadas. Este mes fue asesinado un respetado sacerdote y defensor de derechos humanos que denunció la impunidad con la que operaba la delincuencia.
En ocasiones impiden hasta que los migrantes puedan recibir ayuda humanitaria. “Esto nunca había pasado”, denuncia Vidal Olascoaga.
La administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) minimizó el problema. La nueva presidenta dice estar atendiendo la situación junto al gobierno de Chiapas pero mantiene la mismas políticas de su mentor de no enfrentar a los cárteles y trasladar a los migrantes del norte hacia el sur para desgastarlos, mantenerlos lejos de la frontera estadounidense y agotar sus recursos. Otras veces solo les traslada a diferentes ciudades donde, según las ONG, son abandonados y expuestos a más secuestros y extorsiones.
El ayuntamiento de Ciudad Hidalgo asegura que los cuida. “Nunca hemos tenido una situación que representa una violencia en contra de nuestros hermanos migrantes, nunca, aquí en nuestro municipio, no”, afirmó a AP Elmer Vázquez, su alcalde. Al ser preguntado por la casa de seguridad detectada por el ejército en septiembre dijo no saber de qué se trataba.
El padre Heyman Vázquez —sin parentesco con el alcalde— que lleva dos décadas defendiendo migrantes, asegura no haber visto un momento peor.
“Es una violencia terrible”, denunció. “El Ministerio Público no va a hacer nada; lo denuncias con la Guardia Nacional, no va a hacer nada; la Fiscalía de Delitos contra Migrantes no hace nada. Están coludidos con la delincuencia organizada y claro, ellos aparentan que están trabajando”.
Carrera contrarreloj
En agosto, el gobierno estadounidense amplió el acceso a CBP One, un portal oficial para programar citas en línea y solicitar asilo en Estados Unidos desde el sur de México, algo que las autoridades mexicanas habían solicitado desde hacía tiempo para evitar que los migrantes tuvieran que trasladarse a la capital o al norte del país para conseguir su turno.
Eso les permite esperar lejos de la frontera y luego, en teoría, viajar más seguros justo antes de su fecha. Pero muchos denuncian que, pese a tener los documentos, a veces no les venden los boletos para viajar o incluso son secuestrados en el camino, perdiendo los turnos.
A finales de agosto México anunció la apertura de corredores de “movilidad segura”. Pero del 9 de septiembre al 11 de octubre, Migración trasladó desde Tapachula sólo a 846 migrantes, una cifra ínfima si se tiene en cuenta que las autoridades estadounidenses permitieron el paso de 44.600 migrantes con ese tipo de citas solo en el mes de septiembre.
Donald Trump ha prometido eliminar la aplicación CBP One, cerrar otras vías legales para entrar en Estados Unidos y ha hablado de deportaciones masivas, lo que genera ansiedad en muchos de los que todavía siguen en México. Algunos ya hablan de formar una caravana para salir el mismo día de los comicios estadounidenses.
El martes, los más afortunados que ya tenían cita hacían cola por la mañana en Tapachula para conseguir el permiso de tránsito de Migración y viajar al norte.
Jeyson Uqueli, un hondureño de 28 años, era uno de ellos. Había dormido ahí para ser el primero en la fila.
Planea reunirse con su hermana que vive en Nueva Orleans pero para ello tiene que llegar a Matamoros, vecina de Brownsville (Texas), antes del 6 de noviembre, la fecha de su cita. Quiere intentar volar a la ciudad norteña de Monterrey y luego tomar un autobús a Matamoros. Tenía emociones encontradas.
Estaba nervioso porque tenía que conseguir el dinero del pasaje a tiempo, pero aliviado por haber conseguido su turno antes de las elecciones “porque Donald Trump va a llegar y se va a deshacer de las citas”.
Los periodistas de AP Édgar H. Clemente, desde Tapachula (México), y Matías Delacroix, desde Tecún Umán (Guatemala), contribuyeron con esta nota.
La pregunta que le hicieron a Vladimir Putin en septiembre sobre las elecciones estadounidenses le provocó una sonrisa irónica y una ceja arqueada al presidente ruso.
Cuando se le preguntó si prefería a Donald Trump o a Kamala Harris, Putin sorprendió a los oyentes con su respuesta burlona que también incluyó un suave comentario al presidente Joe Biden.
“Nuestro ‘favorito’, si se le puede llamar así, era el actual presidente, el señor Biden”, dijo a la audiencia en un foro económico en el puerto de Vladivostok, en el Lejano Oriente.
“Pero lo sacaron de la contienda y recomendó a todos sus seguidores que apoyaran a la señora Harris. Bueno, lo haremos, la apoyaremos”, dijo con sarcasmo, citando su “risa expresiva y contagiosa” que demuestra que “lo está haciendo bien”.
Las elecciones del martes implican importantes riesgos para el Kremlin y, a pesar de la respuesta evasiva y algo burlona de Putin, pareció resumir la visión de Rusia como una elección entre dos posibilidades poco atractivas.
Los analistas dicen que ninguno de los dos ofrece muchas promesas de mejorar las relaciones, que han llegado a su punto más bajo desde la Guerra Fría.
Harris, la actual vicepresidenta, ha adoptado una línea dura contra Rusia, mientras que Trump, el expresidente, es conocido por su admiración por Putin. Aun así, en la reunión de septiembre, Putin se quejó de que cuando Trump estaba en el cargo, había “tantas restricciones y sanciones contra Rusia como ningún otro presidente había introducido antes que él”.
Timothy Colton, de la Academia de Estudios Internacionales y Regionales de Harvard, dijo que el liderazgo del Kremlin está “en general convencido de que nada bueno saldrá de las elecciones desde el punto de vista de Rusia”.
Pero agregó que, en general, Trump “es probablemente su preferencia; es más conocido”.
Cuestiones clave para Rusia ante la proximidad de las elecciones estadounidenses:
¿Qué pasará con la ayuda a Ucrania?
Es probable que Harris continúe con el enorme apoyo militar y económico de la administración Biden a Ucrania mientras la invasión rusa se acerca a su tercer año.
Trump ha alardeado de que su relación con Putin y el respeto que le tiene el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy son tan fuertes que podría negociar el fin de la guerra “en 24 horas”. Se niega a dar detalles sobre su estrategia, pero comentarios recientes en los que critica las sanciones en general sugieren que podría levantarlas contra Rusia como incentivo para ayudar a resolver el conflicto.
Durante el debate, Trump se negó dos veces a responder directamente si quería que Ucrania ganara la guerra, mientras que Harris elogió el apoyo occidental a Kiev y lo instó a continuar.
“De lo contrario, Putin estaría sentado en Kiev con la mirada puesta en el resto de Europa, empezando por Polonia”, afirmó.
El compañero de fórmula de Trump, el senador J. D. Vance, ha mencionado propuestas que podrían sugerir la postura de Trump: que Ucrania desmilitarice el territorio ocupado por Rusia y acepte una neutralidad permanente. Esos términos serían un anatema para Kiev, pero Trump ha mostrado poca simpatía por Ucrania, diciendo que Zelenskyy “nunca debió haber permitido que esa guerra comenzara”.
Harris no ha especificado en qué se diferenciaría su postura de la de Biden. Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania más de 59.500 millones de dólares en armas y asistencia desde que Rusia invadió el país en 2022. Harris ha dicho anteriormente que sería una tontería arriesgar las alianzas globales que Estados Unidos ha establecido y ha denunciado la “brutalidad” de Putin.
Una victoria de Harris “probablemente promete un apoyo continuo de Estados Unidos mientras la administración pueda mantener el respaldo del Congreso”, dijo el International Crisis Group en un comentario, aunque agregó que ella podría buscar el fin de los combates de manera más activa que Biden. La creciente animosidad del Congreso hacia los grandes desembolsos de ayuda para Ucrania podría obstaculizar o reconfigurar su estrategia.
¿Cómo abordará Estados Unidos a Rusia en materia de derechos humanos?
Harris ha confrontado directamente a Rusia sobre estos temas, en particular en el caso de la muerte en prisión del líder opositor ruso Alexei Navalny . Fue una de las primeras líderes extranjeras en comentar su muerte, calificándola de “otra señal de la brutalidad de Putin”.
Trump postergó durante días sus comentarios y luego no relacionó a Putin con el asunto. Comparó el castigo a Navalny con su propio proceso por fraude y calificó su caso como “una forma de Navalny”.
Trump ha pedido un proyecto de ley que declare que solo hay dos géneros y se ha comprometido a mantener a las mujeres transgénero fuera de los deportes femeninos, posiciones que son paralelas a cómo Rusia, bajo el mando de Putin, ha hecho retroceder los derechos LGBTQ+ y ha elogiado los "valores tradicionales".
Su caracterización de los demócratas y sus rivales como “el enemigo interno” no difiere mucho en espíritu de la creciente supresión de la oposición en Rusia.
¿Cómo se verá afectada la OTAN?
Trump ha tenido conflictos con otros miembros de la OTAN, exigiéndoles que cumplan con los niveles de gasto militar acordados en sus presupuestos nacionales. Dijo que, como presidente, advirtió a los líderes que no sólo se negaría a defender a las naciones que no cumplieran con esos objetivos, sino que Rusia podría “hacer lo que le diera la gana” con esos países.
Trump también cuestionó la cláusula de defensa mutua de la carta de la OTAN, preguntando en una entrevista por qué Estados Unidos debería estar obligado a defender al “pueblo muy agresivo” de Montenegro, miembro de la OTAN.
Harris afirma que el compromiso de Estados Unidos con la OTAN es “férreo”, pero no ha dicho si apoya o no que Ucrania se convierta en miembro de la alianza.
¿Qué pasa con los acuerdos de control de armas con Rusia?
Putin ha blandido repetidamente la espada nuclear en su intento de disuadir a Occidente de apoyar a Ucrania.
El último tratado de control de armas nucleares restante entre Moscú y Washington, el Nuevo START, expirará en 2026, un año después de que el nuevo gobierno asuma el cargo, y sus perspectivas son preocupantes.
Biden renovó rápidamente el tratado al asumir el cargo, y se podría esperar que Harris siga ese apoyo al pacto que limita el número de lanzadores de misiles nucleares intercontinentales.
Rusia suspendió su participación en 2023 —aunque no se retiró— y Estados Unidos tomó represalias con medidas que incluyeron detener el intercambio de información sobre la ubicación y el estado de los misiles.
Trump, aunque ha advertido sobre la amenaza del “calentamiento nuclear”, tomó medidas mientras estaba en el cargo para desmantelar el régimen de control de armas, incluida la retirada del Tratado INF sobre armas nucleares de alcance intermedio, que prohibía los misiles nucleares y convencionales terrestres con un alcance de 500 a 5.500 kilómetros (310 a 3.410 millas).
Mientras estaba en el cargo, Trump pidió un nuevo pacto nuclear que incluiría tanto a Rusia como a China.
Por LA PRENSA ASOCIADA
(Vyacheslav Prokofyev,Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, Archivo)
SAN SALVADOR (AP) — Más de 2.000 soldados y 500 policías rodearon el lunes un populoso barrio en las afueras de la capital de El Salvador en un esfuerzo por acabar con los restos de pandillas que, según el presidente, estaban tratando de establecerse en la zona.
“Hay un grupo de pandilleros escondidos. Hemos establecido un cerco de seguridad en todo el barrio… para sacar hasta el último pandillero de la zona”, escribió el presidente salvadoreño Nayib Bukele en una publicación en X.
La Policía rodeó con un cerco militar el barrio San Marcos y estableció retenes para evitar la fuga de pandilleros, informó el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.
La valla es la tercera de su tipo que se instala en algunas partes de San Salvador con el objetivo de encontrar y detener a los pandilleros que aún operan en el país. En marzo, Bukele ordenó que se levantaran barricadas similares en una zona del norte del país, con el objetivo, según dijo, de desmantelar una facción de la pandilla Barrio 18.
El bloqueo es el último en la guerra del líder populista contra las pandillas, anunciado por Bukele luego de un aumento de la violencia en marzo de 2022. El gobierno de Bukele pidió un "estado de emergencia" y renunció a los derechos constitucionales para arrestar a más del 1% de la población de El Salvador con pocas pruebas.
La represión ha suscitado duras críticas de los grupos de derechos humanos, que han alertado sobre las condiciones de las prisiones y han dicho que muchos de los detenidos eran inocentes o tenían vínculos vagos con las bandas. Otras medidas que ha adoptado, como buscar la reelección a pesar de la prohibición constitucional de que los presidentes cumplan dos mandatos consecutivos, han hecho sonar otras alarmas democráticas.
Pero la guerra contra las pandillas también asestó un fuerte golpe a las pandillas Barrio 18 y MS-13 que durante mucho tiempo han sembrado el terror en gran parte del país, extorsionando, asesinando a quienes no pagan y traficando drogas.
Las medidas resultaron en una marcada caída de los homicidios y estimularon un fervor populista por Bukele.
A pesar de haber declarado efectivamente la victoria en su guerra, el presidente ha seguido extendiendo el “estado de emergencia” durante más de dos años, afirmando que tales medidas son necesarias para eliminar los restos de las pandillas de El Salvador.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
CARACAS, Venezuela (AP) — El gobierno de Venezuela redobló el miércoles sus ataques contra funcionarios de relaciones exteriores de Brasil, acusándolos de poner en peligro las relaciones diplomáticas entre los países vecinos de América del Sur al actuar a favor de los intereses de Estados Unidos.
