BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Un indicador de inflación seguido de cerca en Argentina fue más fuerte de lo que el gobierno libertario del presidente Javier Milei hubiera esperado el viernes, ya que la agencia oficial de estadísticas informó que los precios subieron en junio y rompieron una racha de meses de descensos.
El índice de precios al consumidor de Argentina subió un 4,6% en junio, ligeramente por encima del 4,2% de mayo, poniendo fin a una tendencia de cinco meses de desaceleración de la inflación que los expertos habían atribuido a una recesión cada vez más profunda provocada por las duras medidas de austeridad de Milei. El Fondo Monetario Internacional prevé una contracción del 2,8% este año.
El presidente Milei ha promocionado la caída de los precios en los últimos meses como una victoria en su lucha contra la peor crisis económica de Argentina en más de dos décadas.
Después de que Milei asumió el cargo en diciembre , la inflación mensual alcanzó un máximo del 25%. Pero la caída de precios desde entonces no ha ofrecido mucho alivio a los argentinos comunes, ya que Milei sigue adelante con una reforma económica radical que implica recortar los generosos subsidios a la energía , eliminar los controles de precios y devaluar el peso argentino .
“El mundo en el que vive el gobierno, con todos esos números que dicen que la economía está muy bien, es una fantasía”, dijo José Rafael, un taxista de 34 años en Buenos Aires. “En el mundo real, esta economía hace que sea muy difícil alimentar a mi hijo”.
El informe gubernamental del viernes mostró que la inflación anual de Argentina se desaceleró un poco a poco más del 271%, todavía entre las tasas más altas del mundo.
La mayor parte del repunte inflacionario de junio se debió al aumento de los precios de la electricidad y el gas, según la agencia de estadísticas. Los argentinos han reportado facturas de servicios públicos exorbitantes después de años de pagar tarifas altamente subsidiadas bajo gobiernos de tendencia izquierdista.
En marcado contraste con el programa de Milei, los gobiernos peronistas anteriores fijaron precios e imprimieron miles de millones de dólares en pesos para financiar un gran déficit, lo que alimentó una inflación crónicamente alta.
Bajo el mando de Milei, el Ministerio de Energía de Argentina informó en junio que los hogares de bajos ingresos que antes pagaban apenas el 5% del costo real de la electricidad han comenzado a pagar un tercio, mientras que los hogares de ingresos medios ahora cubren al menos la mitad tras la eliminación de los subsidios por parte de Milei.
El gobierno también ha limitado el consumo de electricidad para calificar para los subsidios, presionando a las familias mientras un frente frío arrasa Argentina durante el invierno del hemisferio sur.
El costo de vida en el país aumentó casi un 80% en los primeros cinco meses de 2024 en comparación con el mismo período del año pasado, según el informe. Los precios en las tiendas y restaurantes de Buenos Aires han alcanzado niveles comparables a los de Estados Unidos, aunque el país ofrece solo una fracción de los salarios.
En otra señal de advertencia, el peso cayó el viernes a otro mínimo histórico frente al dólar, llegando a 1.500 en el mercado negro y poniendo fin a otra semana de volatilidad después de mantenerse estable en los primeros meses del año.
La pronunciada caída de la moneda argentina significa que la brecha vigilada de cerca entre el tipo de cambio del mercado negro y el tipo de cambio oficial, actualmente de 919 pesos por dólar, se ha ampliado a más del 60%. Eso complica el objetivo de Milei de levantar eventualmente los estrictos controles cambiarios de Argentina para restaurar la confianza de los inversores.
Milei quiere que el FMI —al que Argentina ya debe una asombrosa suma de 44.000 millones de dólares— intervenga con un nuevo préstamo para apoyar sus planes de eliminar los controles de capital, que causan grandes distorsiones en la economía argentina.
Pero como persiste la incertidumbre sobre el futuro del programa económico de Milei, el FMI redujo el jueves las expectativas de un nuevo acuerdo.
“El personal técnico entablará conversaciones sobre un posible nuevo acuerdo como lo haríamos con cualquier miembro del FMI”, dijo a los periodistas la portavoz del organismo, Julie Kozack, cuando se le preguntó sobre el estado de las negociaciones. “En esta etapa, no hay un cronograma específico para esas conversaciones”.
QUITO (AP) — Ecuador no ha dejado las relaciones comerciales con México ni los contactos políticos para mejorar la relación con ese país, rotas desde inicios de abril luego de una inusual y criticada irrupción de la policía ecuatoriana en la sede diplomática mexicana para apresar al exvicepresidente Jorge Glas, requerido por la justicia y con dos sentencias por corrupción.
El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, en declaraciones a The Associated Press, reconoció el jueves que a pesar de que están en curso una demanda de México y una contrademanda de Ecuador en la Corte Internacional de Justicia “hay esfuerzos del gobierno (ecuatoriano) por dialogar”.
Torres, que actúa de hecho como vocero del gobierno de Daniel Noboa con ruedas de prensa casi semanales, se negó a dar más detalles aduciendo que ese tema está en manos de la Cancillería.
A pesar de lo señalado, el presidente Daniel Noboa dijo esta misma semana en una entrevista de radio que México es “de nuestros peores socios” con exportaciones ecuatorianas de 202 millones e importaciones de 702 millones. “Los mexicanos siguen felices con las relaciones comerciales”, destacó.
Desde la ruptura de relaciones, tanto el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, como el mexicano, Andrés Manuel López Obrador, han mantenido posiciones contrapuestas y distantes. El primero reprocha el asilo que le fue concedido a Glas, requerido por la ley, mientras que el segundo rechaza el irrespeto a su sede diplomática, lo que fue criticado a su tiempo duramente por casi todos los países del continente.
Por esa causa, la mayoría de oposición de la Asamblea se dispone a enjuiciar políticamente a la canciller, Gabriela Sommerfeld, y a la ministra del Interior, Mónica Palencia, a quienes responsabiliza por la irrupción a la legación mexicana.
El viceministro Torres considera que la Asamblea lleva “la discusión, el tema de la embajada de México a la sede legislativa, para debilitar la posición de Ecuador a nivel internacional” y acusó a la oposición de buscar “que se ventilen documentos que no se pueden ventilar normalmente, que se discutan temas que deberían dejarse en manos de la Corte Internacional”.
Para destituir a cada ministra se requiere del voto de al menos 92 legisladores, lo que el funcionario de gobierno consideró poco probable.
El presidente ecuatoriano asumió el poder a finales de noviembre del año pasado y debe gobernar hasta mayo del 2025, completando el período del expresidente Guillermo Lasso, quien el año pasado disolvió la Asamblea y acortó su mandato en medio de un pugna de poderes y de un juicio político que apuntaba a la destitución del mandatario.
Acerca de la decisión de Noboa de presentarse a la reelección, Torres señaló que se mantiene y que los ecuatorianos lo apoyan a pesar de recientes medidas económicas consideradas impopulares: el aumento de impuestos y del precio de la gasolina.
El impuesto al valor agregado subió en abril del 12 al 15% y la gasolina, el combustible más usado del país, aumentó hace poco 26 centavos de dólar por cada galón, lo que en el pasado desencadenó violentas revueltas indígenas que virtualmente paralizaron el país por al menos dos semanas.
Para lograr la reelección, el mayor obstáculo que Noboa debe superar no está en la oposición, sino en su propia vicepresidenta, Verónica Abad, con quiense distanció desde antes de asumir el poder por causas aún no aclaradas. En caso de presentarse a la reelección, ella deberá asumir el poder mientras el mandatario hace campaña.
Noboa ha dicho que recurrirá a la ley para impedir que ella tome el mando, mientras que Abad ha anticipado que de llegar al poder, revisará medidas que considera impopulares. Ella se encuentra en Israel como embajadora de este país, mientras su hijo mayor y un asesor están siendo procesados en Ecuador por presuntos actos de corrupción.
“Para el gobierno es fundamental que todos los esfuerzos que se han conseguido hasta ahora se mantengan”, dijo Torres, incluso en el período de campaña electoral. Y aseveró que “sería un error que se retroceda o, como se ha anunciado, se tumben medidas que le están sirviendo al país en lo económico y por supuesto en seguridad”.
María Cristina Bayas, analista y docente de la Universidad de las Américas, cree “posible” que Noboa haga campaña electoral en horas no laborables o nombre a un ministro ante la imposibilidad de que Abad llegue oportunamente al país para reemplazarlo, pero cuestionó la legitimidad de esa eventual medida, aduciendo que no es la vía óptima.
Torres añadió que en lo que resta de gobierno “el gran objetivo” es que desde el Estado empiecen “a fluir los recursos para obra pública y para servicios sociales de calidad”.
CARACAS, Venezuela (AP) — El gobierno venezolano enfrenta su prueba electoral más difícil en décadas en las elecciones presidenciales del 28 de julio, que podrían dar al presidente Nicolás Maduro otros seis años en el poder, o poner fin a las autodenominadas políticas socialistas que alguna vez impulsaron con éxito los programas contra la pobreza, pero cuya continua mala administración empujó después al país a una persistente crisis económica.
Durante años, los políticos de oposición boicotearon las elecciones, debido a que consideraban que estaban amañadas, pero a medida que se desvanece la popularidad del gobierno, los antiguos rivales se han unido en un intento de cambiar el gobierno desde las urnas.
Una participación de millones de personas en las primarias de la oposición, las encuestas y los grandes mítines políticos indican que la coalición Plataforma Unitaria Democrática cuenta con un importante apoyo entre los votantes. Sin embargo, tendrá que superar las ventajas que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ha incorporado al sistema, las cuales van desde imponer límites a las campañas de la oposición hasta ejercer un estrecho control gubernamental sobre el proceso electoral. Además, muchas personas dudan que los votos se cuenten con imparcialidad.
Este es un vistazo a cómo se vota en Venezuela:
¿LAS ELECCIONES SON JUSTAS?
El gobierno de Maduro prometió permitir que los líderes de oposición compitan en la elección, pero sigue inclinando fuertemente la balanza, como cuando declaró que las primarias de la oposición eran ilegales e impidió que su líder más popular estuviera en la boleta.
Observadores de la Unión Europea señalaron que las elecciones regionales recientes habían sido “las más equilibradas en 20 años”, pero dijeron que los candidatos progubernamentales tuvieron ventajas como la financiación estatal y el acceso preferente a la gasolina, lo que facilitó sus campañas en medio de la escasez generalizada. Al igual que en elecciones anteriores, los organizadores del partido en el gobierno también repartieron alimentos y otros beneficios controlados por el Estado a cambio de votos en puntos de control ubicados cerca de los centros de votación.
A finales de mayo, las autoridades electorales rescindieron la invitación a la Unión Europea para observar las próximas elecciones, mencionando las sanciones económicas impuestas por el bloque de 27 naciones.
El partido en el gobierno también ejerce un estricto control en el sistema de votación, y sus partidarios están a cargo del Consejo Nacional Electoral. Muchos centros de votación están dispersos, lo que dificulta que sean supervisados por la oposición. Cerca de una tercera parte de los votantes registrados en esta elección se les asignaron centros de votación con tan sólo una o dos máquinas para emitir su sufragio.
Tradicionalmente, el partido en el gobierno ha obtenido la mayoría de sus votos en estos centros pequeños, y para estas elecciones, el consejo electoral agregó 1.700 centros con una sola máquina. Los informes de los esfuerzos del partido gobernante de coaccionar y controlar la votación en elecciones anteriores se han vinculado principalmente con estos centros de votación de una y dos máquinas.
¿CÓMO FUNCIONA LA VOTACIÓN?
Se calcula que el número de votantes elegibles en el país es de unos 17 millones.
Otros 4 millones de venezolanos que viven en el extranjero están registrados para votar, pero solo unos 69.000 han cumplido los criterios para votar desde el extranjero. Los costosos y prolongados requisitos previos impuestos por el gobierno para registrarse, la falta de información y una prueba de residencia obligatoria en un país anfitrión impiden que muchos migrantes se registren para votar. Los venezolanos que radican en Estados Unidos no tienen forma de emitir su voto, ya que los consulados de Venezuela en Estados Unidos han estado cerrados desde que ambos países rompieron relaciones diplomáticas en 2018.
Casi todos los centros de votación se encuentran en escuelas públicas, y serán vigilados por elementos del ejército el día de la elección.
Los venezolanos votan a través de máquinas electrónicas, que registran los votos y emiten un recibo impreso. Supuestamente, dichos recibos se deben depositar en urnas ubicadas en los centros de votación, pero funcionarios del partido en el gobierno han coaccionado a los votantes para que los conserven a escondidas como una prueba de su apoyo.
¿SE CONTARÁN LOS VOTOS DE MANERA JUSTA?
La confianza en el sistema se ha visto afectada por acusaciones de manipulación del voto, lo que ha hecho que muchos votantes den por hecho que, aunque la mayoría de los votos se emitan contra Maduro, no hay ninguna garantía de que el gobierno aceptará, o siquiera admitirá, ese resultado.
Ninguna de esas acusaciones de fraude ha sido demostrada por un tercero independiente.
Después de un referendo realizado en diciembre, el gobierno señaló que más de 10 millones de votantes le habían dado un apoyo abrumador, y afirmó que había habido una enorme convocatoria, a pesar de los informes generalizados de centros de votación vacíos. El consejo electoral nunca publicó el recuento de los votos impresos emitidos por las máquinas de votación.
En 2017, la empresa internacional de software que proporcionó la tecnología electoral a Venezuela por más de una década dijo que las cifras relacionadas con el número de votantes probablemente habían sido manipuladas en una importante elección legislativa. La empresa, denominada Smartmatic, informó que el número oficial de votantes anunciado por las autoridades electorales mostraba una diferencia de, por lo menos, un millón. Desde entonces, el gobierno comenzó a usar nuevas máquinas de votación diseñadas localmente.
Aun así, los líderes opositores esperan que, si pueden obtener una mayoría importante de los votos emitidos, los aliados del gobierno decidirán hacerse a un lado. Esto podría depender, según los expertos, de factores como la magnitud del margen obtenido por la oposición, la presión y las concesiones de la comunidad internacional, y si las potencias internacionales como Estados Unidos le ofrecen a Maduro una estrategia de salida que él esté dispuesto a aceptar.
CARACAS (AP) — Muestra una sonrisa confiada, está bien peinado y tiene los ojos ligeramente entrecerrados: el primer candidato que probablemente uno vea en la boleta de las próximas elecciones presidenciales de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro, quien busca reelegirse.
A diferencia de algunos de sus nueve rivales, Maduro aparece no una o dos veces, sino 13 veces en la boleta, y seguramente captará la atención de los votantes.
Cada vez, es para uno de los varios grupos políticos que representa en las muy esperadas elecciones presidenciales del 28 de julio. Maduro ocupa la primera fila entera de las cuatro que tiene la papeleta, mientras que el resto de las fotos de los candidatos están esparcidas aquí y allá, incluida la del exdiplomático Edmundo González Urrutia, el único contendiente con posibilidades reales de negarle al presidente un tercer mandato.
Aún así, la gran cantidad de imágenes de Maduro que aparecen en la boleta desmiente la gravedad del momento.
Venezuela enfrenta su prueba electoral más dura en décadas. El resultado podría darle a Maduro otros seis años en el poder o poner fin a las políticas autodenominadas socialistas que alguna vez impulsaron exitosamente los programas contra la pobreza, pero cuya mala gestión sostenida luego empujó al país a una crisis económica en curso.
Las reglas electorales de Venezuela permiten que las fotografías de los candidatos aparezcan en las boletas —las electrónicas dentro de Venezuela y las impresas para quienes votan en el extranjero— tantas veces como el número de partidos que las apoyan. La boleta de este año tiene 38 fotografías, cada una con el nombre y el partido de cada candidato debajo.
Los votantes venezolanos experimentados también están acostumbrados a ver a muchos candidatos en las pantallas táctiles utilizadas en las elecciones del país sudamericano.
Pero para algunos, tantas fotos pueden resultar confusas.
“Me mareo cuando veo a Maduro tantas veces en ese tarjetón, pero el peligro sé que está en los candidatos que no nos representan”, dijo Sonia Guevara, oficinista de 38 años, en referencia a algunos candidatos de la oposición que son vistos como cercanos al gobierno.
Un ejemplo de ello es el caso de Luis Martínez, el candidato de Acción Democrática (AD), un partido tradicional de oposición cuyo liderazgo fue suspendido hace meses por el máximo tribunal, que es leal a Maduro.
Martínez decidió no apoyar a González, el contendiente de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
“Esto confunde. He tenido que explicarle a mi mamá muchas veces que el AD del tarjetón no es el AD por el que ella voto siempre”, señaló Guevara. “Mi mami tiene 71 años y le digo que no vote por AD esta vez”.
González aparece tres veces en la boleta. Martínez, considerado un aliado del gobierno, seis.
Se estima que el número de votantes elegibles antes de las elecciones de este mes ronda los 17 millones. Otros 4 millones de venezolanos que viven en el extranjero están registrados para sufragar, pero solamente unos 69.000 cumplieron los requisitos establecidos por el gobierno para emitir su voto en el extranjero. Los costosos y prolongados requisitos gubernamentales para registrarse, la falta de información y una prueba obligatoria de residencia legal en un país anfitrión impidieron que muchos migrantes se inscribieran para votar.
Francisco Maldonado, un comerciante caraqueño de 50 años, está listo para votar.
“A estas alturas creo que todos sabemos por quién vamos a votar, pero más que nunca tenemos que tener cuidado, el mismo cuidado que tenemos cuando usamos un cajero”, comentó. “No podemos equivocarnos al marcar”.
La población exacta de Venezuela no está clara, ya que el último censo en el país sudamericano se realizó en 2011. En ese momento, se concluyó que había 27,2 millones de personas, pero debido a la crisis política, económica y social en la última década, más de 7,7 millones se han ido.
Laura Dib, directora del Programa Venezuela en WOLA, una organización no gubernamental con sede en Washington centrada en los derechos humanos en el Continente Americano, dijo que incluso si es común que la cara de un candidato se repita en la boleta, al aparecer 13 veces, hace que Maduro sea “visualmente el más fácil de identificar”.
Considerando que la facción opositora que apoya a González no tiene acceso a los medios oficiales en Venezuela, Dib dijo que “la oposición tiene más dificultades para educar a los votantes sobre cómo votar”.
También señaló que hay otros asuntos confusos: algunos partidos están usando los mismos colores en la boleta que los que apoyan a Maduro. Y a un candidato de un grupo opositor menor se le permitió usar el mismo color que el del principal grupo de candidatos de la oposición.
Eso, dijo Dib, “también genera confusión y viola las reglas del CNE”, en referencia al Consejo Nacional Electoral.
Además, la ley electoral permite a los partidos sustituir candidatos 10 días antes de la jornada electoral, aunque ese cambio puede no reflejarse en las papeletas, que ya han sido programadas en las máquinas electrónicas o impresas para el voto en el extranjero.
Si la gente vota por un candidato que ha sido reemplazado, indicó Dib, “esos votos emitidos serán nulos”.
El periodista de The Associated Press E. Eduardo Castillo en Ciudad de México contribuyó a esta historia.
SANTIAGO (AP) — El presidente chileno, Gabriel Boric, tiene como vecinos, en un sector de moda de Santiago, a personas sin hogar albergadas en una casa de hospedaje.
Primer barrio planificado de la capital chilena, Yungay es sinónimo de vanguardia. Recorrer sus calles supone un viaje estético que mezcla edificios históricos, fachadas barrocas y modernos restaurantes. Pero junto a su inmensa cartelera, ahora las vías de ese barrio patrimonial acumulan también cartones, mantas y utensilios aparentemente abandonados que dan indicio de quienes las habitan por la noche.
El reguero de ropa, peluches, restos de alimentos, basura y “rucos”, como se conocen las carpas en Chile, se repite en otros barrios de la capital, ya sean turísticos, residenciales, pudientes o más humildes.
Aunque la pobreza siempre ha existido, el Estado había conseguido atender, en mayor o menor medida, a la población más vulnerable. Pero entre 2017 y 2020, el porcentaje de la población chile en situación de pobreza por ingresos aumentó de 8,6% a 10,8%, alcanzando un pico de 2,1 millones de personas, en medio de los efectos del estallido social, la crisis de vivienda y una masiva ola inmigratoria.
Con ella, llegó también la vida en la calle, un fenómeno hasta ahora poco habitual en el país, a diferencia de lo que ocurre en otros como Brasil, México o Venezuela.
En el centro de la ciudad, las escaleras de imponentes edificios pasaron a ser punto de encuentro de quienes buscan algo de dinero para un café o desayuno, mientras que los bancos para sentarse de las plazas son ahora codiciados espacios para una siesta. En los parques, los corredores buscan rutas alternativas para atravesar las tiendas que obstaculizan el camino. A menudo se ven obligados a desviar la mirada de los árboles y rincones más escondidos, utilizados como aseo por aquellos que no cuentan con uno.
Ni siquiera los barrios más acaudalados de la capital, como Providencia, Vitacura o Las Condes, han permanecido inmunes a los cambios y ya no es difícil ver escenas de personas que piden limosna o transitan con sus pocos enseres en busca de un sitio para pernotar.
Las cifras oficiales del Ministerio de Desarrollo Social muestran que el país tiene 21.126 personas en situación de calle frente a las 15.435 registradas en 2020, aunque organizaciones no gubernamentales estiman que el número sea mucho mayor y ronde los 40.000.
La mayoría de ellas vive en la Región Metropolitana de Santiago, la más poblada del país, donde los individuos en esa condición saltaron de los 6.803 a 8.780 en tan solo cuatro años. A falta de cifras exactas, lo que se ha hecho evidente es que ha cambiado el perfil de quienes terminan en la calle.
LA CALLE SE TRANSFORMA
En los últimos años, se ha visto un “incremento sustancial” en el número de mujeres y familias en situación de vulnerabilidad, señala Ximena Torres, de la ONG Hogar de Cristo. El perfil “es muy diverso, muy heterogéneo y aún muy desconocido”.
Muchas de esas familias afrontan por primera vez la vida en la calle. Ya sea por vergüenza o impotencia, les cuesta hablar de su condición y prefieren apartarse de la cámara y evitar el contacto.
“La calle es difícil, es peligrosa. Si eres mujer o tienes hijos, es peor”, sintetiza Victoria Azevedo, madre de dos adolescentes que se fueron a vivir con parientes en las afueras de Santiago.
Cuando visita a sus hijos, Azevedo se percata de la transformación en los pocos más de 20 kilómetros que separan San Bernardo de la carpa en la que vive con su compañero, Óscar, en una empobrecida área de la capital. En los 40 minutos que dura el trayecto, suele ver “30 ó 40 rucos de aquí para allá” y cada vez con “gente nueva”.
Algunos caminantes pasaron a utilizar gimnasios deportivos, plazas y centros comunitarios como techo improvisado, pero a menudo encuentran problemas con el personal de seguridad y con la policía, que no tardan en expulsarlos a fin de mantener la “buena imagen” de estos barrios. Ocurre tanto en la capital como en ciudades más turísticas.
De la noche al día, las autoridades de las comunas expulsan a esas personas, que se vuelven una suerte de itinerantes que transitan por los barrios.
“Hay una presión muy grande de los vecinos por la recuperación de los espacios públicos. No podemos convertir nuestros espacios públicos en hábitat”, reconoció la concejala de Santiago Rosario Carvajal en alusión a la disposición de desalojar a quienes viven en la calle, durante una reunión para tratar el tema.
Los tiendas de campaña alineadas en filas brotan también en codiciados destinos turísticos como la popular Viña del Mar. En esta ciudad costera, famosa por sus rutas del vino y extensa escena artística, los alrededores de los puntos más visitados pasaron a ser ocupados por infraviviendas improvisadas bajo los árboles de las plazas o toldos de comercios cerrados.
LA CRISIS DE LA VIVIENDA
La pandemia de COVID-19 supuso un punto de inflexión para Chile, que empezó a lidiar desde 2020 con un caldo de cultivo que combinó el estallido social para reivindicar reformas estructurales y una nueva Constitución con el cierre del país por el coronavirus, el consecuente desempleo y el encarecimiento de la vida.
La crisis de vivienda se profundizó en los últimos años con precios subieron cerca del 70% en la última década mientras los salarios aumentaron en menos de un 20% en el mismo período, afirma el economista de la Fundación SOL, Gonzalo Durán.
“Eso nos lleva a entender un poco más cómo hay muchas familias trabajadoras que finalmente no tienen acceso a la vivienda y terminan muchos de ellos en campamentos y, también, en la calle”, agrega.
La cocinera Claudia Rubio, de 55 años, pasó la pandemia en uno de esos campamentos de viviendas improvisadas en el sur de Chile y, tras la emergencia sanitaria, se mudó a Santiago. Lleva un par de años viviendo en una carpa a los márgenes de un canal en la comuna Estación Central, una zona popular con alta concentración de comercio informal.
Al principio, conseguía sustentarse con trabajos de ese tipo, como la venta de materiales reciclables, pero con el paso del tiempo su salud se debilitó y hoy sobrevive gracias a organizaciones sociales que le llevan alimento tres veces a la semana. Cuando no van, solo le queda “el hambre y el frío”.
En una situación similar se encuentra Moka Valdés, quien se quedó sin hogar hace siete meses ante la falta de nuevas oportunidades profesionales y la imposibilidad de pagar el alquiler del piso que compartía con su fallecido abuelo.
“Yo recibí mucha violencia, he pasado tortura, amenazas, me amenazaron con apuñalarme. Estoy extremadamente rota por dentro”, relata sobre su vida en las aceras.
MIGRACIÓN IRREGULAR AL ALZA
A las dificultades internas de Chile, se sumó la intensificación de una llegada sin precedentes de inmigrantes que escapaban de la crisis en sus países. Muchos de ellos ingresaron de forma irregular, lo que llevó al gobierno de Boric a desplegar al Ejército en las frontera con Perú y Bolivia en un intento de controlar el paso.
Con unos 18 millones de habitantes, el país vio su población extranjera expandirse desde los 1,3 millones de personas en 2018 hasta 1,6 millones en diciembre de 2022, según los datos del Servicio Nacional de Migraciones. A este número hay que añadir los migrantes indocumentados, que más que se triplicaron al pasar de 16.000 en 2020 a 53.875 en 2022, de acuerdo al Observatorio de la Migración Responsable.
En un continente marcado por consecutivas crisis humanitarias, muchos de esos inmigrantes llegaron atraídos por promesas de oportunidad. Pero una vez en el país, sin papeles y sin apoyo, se vieron relegados a campamentos de migrantes, centros de detención o, directamente, a la calle, como pasó con la venezolana Karen Salazar y su marido Luis Henrique.
La pareja decidió emprender el viaje el pasado marzo: más de 5.500 kilómetros desde Ecuador hacia Chile con sus dos hijos pequeños, de 4 y 6 años, seducidos por la oferta laboral de una amiga. Su peregrinación de casi dos meses pasó por Ecuador, Perú y Bolivia y contó con “asaltos, amenazas, redadas policiales y veladas en la calle”.
Finalmente llegaron al norte de Chile, donde estuvieron veinte días durmiendo en una carpa de plástico hasta que un desconocido les regaló billetes de autobús rumbo a Santiago. Una vez en la capital, quedaron abandonados a su propia suerte y pasaron algunas noches en un parque bajo las gélidas temperaturas que castigaron la ciudad por esos días de inicios de junio.
“Lo más difícil ha sido dormir en la calle, ver a mis hijos así, porque uno sabe por qué estamos aquí en esta situación y todo eso, pero ver a los niños en eso ha sido lo más difícil. Porque hambre nos hemos aguantado, siempre pedimos, compramos, conseguimos”, relata la mujer a The Associated Press durante un desayuno, interrumpido en diversas ocasiones por el pequeño Sebastián, a veces por el hambre, otras por la inquietud de no tener una compañía para jugar.
Karen y Luis consiguieron, al recurrir a la Municipalidad de Santiago, una habitación provisional por dos meses porque tienen niños, cuyos derechos están ampliamente protegidos en Chile. Hay más opciones de albergues estatales y organizaciones específicas dedicadas a atender esas situaciones.
Para otros, la calle fue la única alternativa. Para cuántos, exactamente, se desconoce.
ALBERGUES INSUFICIENTES
La única herramienta oficial utilizada para su conteo es el Registro Social de Hogares, un instrumento usado por los municipios para contar las entregas de ayudas sociales y no el número de personas que viven en la calle, explica el Andrés Millar, director de inclusión en la ONG Hogar de Cristo.
“Y estos servicios registran a los que tienen RUT (cédula de identidad chilena), pero generalmente las personas en situación de calle no tienen RUT y tampoco los migrantes ilegales”, dice.
Según los datos oficiales, Chile cuenta oficialmente con 192 albergues o centros de alojamiento, la mayoría en Santiago. Los refugios ofrecidos por el gobierno serían suficientes para brindar atención a tan solo un 13 % de la población en situación de calle, agrega el presidente de la ONG Acción Diversa, Rodrigo Ibarra Montero.
Asimismo, entre viviendas colectivas y camas de emergencia, el país dispone de cerca de 5.000 lechos frente a más de 30.000 personas en situación de calle, en cálculos del director de inclusión de Hogar de Cristo.
Así, en un intento de contabilizar de forma más precisa a las personas en situación de calle y diseñar políticas más eficaces, por primera vez en la historia Chile decidió incluir a esa población en el censo oficial —cuyos resultados se conocerán el año que viene—, lo que apunta a poder medir y perfilar la necesidad real.
La medida fue recibida positivamente por los trabajadores sociales, que ven una oportunidad de alcanzar respuestas más eficaces frente a un fenómeno cuya tendencia es seguir al alza. “Si no tenemos viviendas públicas disponibles para las personas y las familias más pobres y vulnerables, o un sistema de arriendo protegido para que puedan acceder a un techo digno, el problema de calle, tal como ocurre a nivel mundial, seguirá aumentando”, matiza Millar.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Un indicador de inflación seguido de cerca en Argentina fue más fuerte de lo que el gobierno libertario del presidente Javier Milei hubiera esperado el viernes, ya que la agencia oficial de estadísticas informó que los precios subieron en junio y rompieron una racha de meses de descensos.
