Un ataque israelí mató a al menos nueve personas en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, dijeron el martes las autoridades de salud palestinas, un día después de que Israel ordenó la evacuación de algunas zonas de la ciudad antes de un posible operativo terrestre.
La operación nocturna alcanzó una vivienda próxima al Hospital Europeo, que está dentro de la zona de evacuación delimitada por Israel. Tras la orden inicial, el ejército dijo que el centro sanitario no estaba incluido, pero su director indicó que la mayoría de los pacientes y doctores ya habían sido reubicados.
Los registros del Hospital Nasser, a donde fueron trasladadas las víctimas, mostraban que entre los muertos en el ataque había tres menores y dos mujeres. Reporteros de The Associated Press presentes en el hospital contaron los cadáveres.
Sam Rose, director de planificación de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, UNRWA, apuntó el martes que, según sus cálculos, en la zona de evacuación hay alrededor de 250.000 personas — más del 10% de los 2,3 millones de habitantes del enclave palestino —, incluyendo muchos que llegaron allí escapando de los combates en otros puntos. Otras 50.000 personas que viven cerca de la zona delimitada podrían optar por marcharse debido a la proximidad a los combates, añadió.
A los evacuados se les dijo que busquen refugio en un campamento instalado a lo largo de la costa que ya está abarrotado y que cuenta con pocos servicios básicos.
Israel inició la guerra en Gaza luego del ataque insurgente transfronterizo comandado por Hamás el 7 de octubre, que dejó unos 1.200 muertos — en su mayoría civiles — y más de 250 rehenes.
Desde entonces, las ofensivas terrestre y aérea de Israel se han cobrado la vida de más de 37.900 personas, según el Ministerio de Salud gazatí, que no distingue entre víctimas combatientes y civiles en su conteo. La guerra ha cortado casi todo el suministro de alimentos, medicamentos y productos básicos a Gaza y la población depende ahora por completo de la ayuda humanitaria. El máximo tribunal de la ONU concluyó que hay un “riesgo plausible de genocidio” en Gaza, una acusación que Israel rechaza.
Por otra parte, el ejército israelí dijo que dos de sus soldados fallecieron y otro sufrió heridas graves en combates en el centro de Gaza, pero no ofreció más detalles sobre la batalla en su comunicado el martes.
El grupo insurgente Yihad Islámica afirmó que en la víspera bombardeó las líneas de suministro israelíes en el corredor de Netzarim, en el centro de la Franja. El ejército creó el paso, que va desde la frontera este hasta el mar, al inicio de su ofensiva para incomunicar el norte y el sur del territorio.
No se puedo confirmar de forma independiente los reportes de ninguno de los bandos.
El ejército afirma que 674 de sus soldados han muerto desde el inicio de la guerra, más de la mitad de ellos en el asalto del 7 de octubre.
CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — José Raúl Mulino asume el lunes la presidencia de Panamá para los próximos cinco años decidido a detener la incesante migración irregular por la jungla del Darién con ayuda de Estados Unidos.
Mulino, un abogado y exministro de Seguridad de 65 años, tenía previsto como uno de los primeros actos de su gobierno la suscripción de un memorándum de entendimiento con Estados Unidos con el fin de iniciar el cierre de la frontera a la migración desde Sudamérica que se dirige al país norteamericano.
El nuevo líder panameño considera que ese flujo migratorio, que lleva más de una década pero que se ha disparado en los últimos años, es una crisis humanitaria “intolerable” que impacta el medioambiente y la economía de Panamá y genera graves violaciones a los derechos humanos de los que migran, muchos de ellos mujeres y niños.
Más de medio millón utilizaron el año pasado esa ruta, en su mayoría venezolanos —a los que siguieron ecuatorianos, colombianos y chinos—. Más de 190.000 lo han hecho en lo que va de 2024.
El acuerdo con Estados Unidos, cuyo tema migratorio toma mayor relevancia de cara a los comicios de noviembre, apunta a que el país norteamericano ayude a costear vuelos desde Panamá para repatriar a los migrantes que cruzan el Darién sin documentos.
El canciller designado Javier Martínez Acha señaló el domingo que en efecto Estados Unidos cooperará en el esfuerzo de Panamá, pero señaló que no se establecieron los montos económicos para poner en vigor ese proceso. Esto lo dijo al término de una reunión de Mulino con el secretario de Seguridad Nacional estadounidense Alejandro Mayorkas, quien asiste a la toma de posesión.
El plan también implica el cierre de las trochas o caminos que utilizan los migrantes en su tránsito a pie por la selva.
“Como tema clave en su agenda, Mulino ha prometido poner fin a la migración irregular por el Tapón del Darién”, indicó Michael Shifter, profesor adjunto en la Universidad de Georgetown, en Washington. “El nuevo presidente parece sumamente comprometido con esta idea”.
“Sin embargo, no será fácil ejecutar esta política, se puede esperar grupos e intereses en contra”, afirmó. “Un asunto importante es el papel de Estados Unidos en tal esfuerzo”.
“Los Estados Unidos deberían asumir los costos por los vuelos de deportación”, agregó Shifter. Mulino se refiere más a un proceso de “repatriación”.
Mulino juramentará el cargo poco después del mediodía durante un acto en el Centro de Convenciones ATLAPA sobre la bahía del Pacífico en la capital del país ante varios líderes de la región invitados, entre ellos los presidentes de los dos países fronterizos, el colombiano Gustavo Petro y el costarricense Rodrigo Chaves.
Abogado especializado en derecho marítimo por la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Mulino se impuso en las elecciones del 5 de mayo con más del 30% de los votos impulsado por el partido Realizando Metas del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien no pudo buscar un segundo mandato debido a que fue inhabilitado por el Tribunal Electoral tras confirmarse una condena en su contra por lavado de dinero. Martinelli está asilado en la embajada de Nicaragua desde inicios de febrero.
A Mulino le esperan otros grandes desafíos, como impulsar prontamente una solución a la crisis de agua que compromete la futura operación del canal interoceánico y culminar el cierre de una mina de cobre que generó las mayores protestas en décadas en Panamá y cuyo cese de operación a fines del año pasado, además de impactar una economía que se contraería en 2024, dejó expuesto al país a demandas arbitrales cuantiosas. “Hay mucha incertidumbre alrededor” de esos temas, apuntó Shifter.
BUENOS AIRES (AP) — Luego de seis meses de múltiples trabas y arduas negociaciones políticas, el presidente argentino Javier Milei espera que la Cámara de Diputados apruebe dos proyectos de reformas económicas, estatales y tributarias que comenzó a debatir el jueves y con las que busca asegurarse una mayor gobernabilidad.
El dirigente ultraliberal estaría cerca de lograr que la cámara baja dé luz verde a la legislación que fue aprobada el 13 de junio por el Senado sellando así su primera victoria legislativa desde que asumió en diciembre, luego de resignar algunos puntos durante las negociaciones mantenidas con opositores dialoguistas.
El proyecto de la llamada Ley de Bases y el impositivo con los que Milei busca desregular la economía, la administración pública y asegurarse una mayor recaudación son resistidos por el kirchnerismo, el peronismo de centroizquierda que es la primera fuerza en el Congreso —donde el oficialismo está en clara desventaja numérica— y por partidos izquierdistas.
Militantes opositores comenzaban a congregarse cerca del Congreso durante el debate que se espera que se prolongue hasta la noche.
Milei, un economista de extrema derecha que se define como un “topo” que quiere destruir el Estado “desde adentro”, viene luchando contra numerosos obstáculos para conseguir sus primeras leyes en un marco de abierta confrontación con los opositores a los que califica de “ratas” y “máquinas de impedir”.
Lucas Romero, director de la consultora Synopsis Consultores, dijo a The Associated Press que “cuando uno mira la escena política sobresale la condición en minoría de este presidente, que le plantea dificultades extremas en el proceso de toma de decisiones”.
Según Romero, el líder de La Libertad Avanza necesita la aprobación del paquete legislativo porque, de lo contrario, daría “una señal de debilidad política muy peligrosa”.
El analista apuntó que es más importante para el presidente demostrar que puede sacarlo adelante “que el propio contenido, que originalmente era mucho más amplio”. Acotó que el libertario emplearía su aprobación en el Congreso “como una suerte de plataforma de relanzamiento del gobierno”, que en las últimas semanas enfrentó dificultades, como la suba del dólar que se vende en el mercado de cambio paralelo —al que acuden los argentinos ante las restricciones existentes en el oficial— y el incremento del riesgo país.
La Cámara de Diputados, que había aprobado en abril y luego girado al Senado los dos proyectos, debe analizarlos ahora para decidir si acepta las modificaciones que realizaron los senadores o insiste con las versiones originales que contemplaban algunas reformas más profundas.
El oficialismo contaría con los votos necesarios para lograr la aprobación del proyecto de la Ley de Bases, que contiene unos 230 artículos con modificaciones administrativas, laborales y contractuales, así como la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, lo que otorgará al presidente facultades especiales para, entre otras cosas, reestructurar organismos estatales.
En materia de reforma laboral contempla como causal de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimientos y la eliminación de multas a empleadores por trabajadores no registrados, lo que fue muy cuestionado por el peronismo.
Asimismo, el proyecto incluye beneficios fiscales para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos de distintos sectores por encima de los 200 millones de dólares y la autorización para declarar sujetas a privatización a empresas públicas.
Sobre este último punto, el gobierno aceptó con aliados conservadores respetar lo votado por el Senado y mantener fuera de la lista de empresas que pueden ser privatizadas a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y la Radio y Televisión Argentina.
Pero en lo que se refiere al paquete fiscal, el oficialismo parece contar con las voluntades justas para restituir un polémico impuesto a los salarios de cientos de miles de trabajadores con el que busca recomponer las arcas del Estado, rechazado por el Senado.
Otra propuesta que busca rescatar es la que eleva el piso del impuesto a los bienes personales y establece rebajas en las alícuotas, con el fin a su vez de incentivar a su vez el blanqueo de capitales —de hasta 100.000 dólares—, que también está incluido en el proyecto.
El bloque kirchnerista se mostró contrario a que el oficialismo insista con la reposición de esos capítulos al considerar que es inconstitucional y anunció que, de salir adelante, acudirá a la justicia.
LA PAZ, Bolivia (AP) — Carteles que dicen “Compro dólares” se alinean en las puertas del comercio de zapatos de Víctor Vargas en un mercado popular al aire libre en una de las ciudades más grandes de Bolivia, un intento desesperado por mantener vivo su negocio familiar.
Hace apenas unos años, Vargas de 45 años abría las puertas a las 8.00 de la mañana a una multitud de clientes que ya esperaban para comprar tenis importados de China. Pero ahora su tienda está bastante vacía.
“Casi nadie ya nos compra. Nosotros estamos en una crisis”, lamentó.
Vargas es uno de los muchos bolivianos que se han visto afectados por la agitación económica en la pequeña nación sudamericana, con una hiperdependencia de larga data –y ahora escasez– de dólares.
La crisis actual se ha visto exacerbada por una larga disputa entre el presidente Luis Arce y el que fue su aliado el exmandatario Evo Morales por el control del partido de gobierno previo a las elecciones presidenciales del próximo año. Muchos bolivianos han perdido la confianza en Arce, mientras que el líder de izquierda de 60 años continúa negando que el país andino esté atravesando una crisis económica.
“Bolivia tiene una economía que crece, una economía en crisis no crece”, aseguró Arce en una reciente entrevista con The Associated Press. Lo que hay son “problemas transitorios” como la escasez de dólares y combustibles que “estamos resolviendo”.
La profunda desconfianza hacia el gobierno llegó a un punto crítico el miércoles luego de un desplazamiento de militares con vehículos blindados en la sede del gobierno en La Paz, que el gobierno de Arce calificó como un intento de “golpe de Estado fallido”.
Sus críticos lo han tildado como un “autogolpe” preparado para levantar la imagen política de un líder impopular previo a los comicios del 2025.
La mayoría de los bolivianos que hablaron con la AP dijeron que ya no creen en lo que dice Arce y consideran que el gobernante le vendría mejor abordar los problemas de la economía boliviana y dedicar menos tiempo a realizar maniobras políticas.
Morales (2006-2019) se sumó el domingo a quienes dudan de la versión oficial sobre el movimiento militar del miércoles. Acusó a Arce de engañar al pueblo boliviano, al orquestar un “autogolpe” con el fin de ganar puntos políticos entre el electorado en medio de las disputas en el partido Movimiento al Socialismo (MAS), en el poder.
El alza del costo de vida y el deterioro de la economía, sumado a las disputas con Morales, han hecho que Arce pierda fuerza y credibilidad, según los críticos.
“No sé en qué lugar de Bolivia vive (Arce). Yo le invitaría a que pase por aquí para quedarse en este establecimiento por lo menos un día”, señaló Vargas, el comerciante de zapatos en el mercado de La Paz. “Pasarse al día siguiente al otro lado de mis vecinos para ver si hay economía”.
Vargas considera que la crisis económica se agudizó por la falta de dólares en los últimos tiempos. Dice que puede pagar hasta un 40% más que el tipo oficial de cambio por cada dólar, pues necesita los billetes verdes para comprar mercadería ante la escasez en los bancos y tiendas legales.
La crisis económica de Bolivia tiene sus raíces en una compleja combinación de hiperdependencia del dólar, agotamiento de las reservas internacionales, deuda creciente y fracasos en la producción de productos como el gas, que alguna vez fue motor de prosperidad en el país.
Esto ha representado que Bolivia se haya convertido en gran medida en una economía importadora “totalmente dependiente de los dólares”, dijo Gonzalo Chávez, analista económico y profesor de la Universidad Católica de Bolivia. Eso alguna vez funcionó a favor de Bolivia, convirtiéndola en una de las economías de más rápido crecimiento de la región.
La familia Vargas abrió el negocio de zapatos hace casi 30 años al considerarlo una forma de asegurar la estabilidad económica para las generaciones venideras. Ellos importan zapatos de China, los pagan en dólares y los venden en la moneda boliviana —los bolivianos—. Sin dólares, no tienen negocio.
En medio de la crisis, lo que ha surgido es un mercado negro de dólares en el que muchos vendedores traen dólares verdes de los vecinos Perú y Chile y los venden a precios especulativos.
Pascuala Quispe, de 46 años, pasó el sábado caminando por el mercado del centro de La Paz yendo a diferentes casas de cambio, buscando desesperadamente dólares para comprar repuestos de automóviles. Si bien el tipo de cambio oficial que figura en las casas de cambio es de 6,97 bolivianos por dólar, le dijeron que el precio real era de 9,30 bolivianos, demasiado alto para la dueña de un camión que exporta aceite vegetal. Así que siguió caminando, con la esperanza de encontrar suerte en otra parte.
“Como el dólar ha subido los repuestos de auto, las llantas, están más caras, ya no hay dólar y entonces todo está subiendo”, afirmó Quispe. “No hay forma de vivir en Bolivia”.
El alza de los precios está por todos lados, lo que hace que la gente deje de comprar zapatos, carne y ropa, mientras que la clase pobre y trabajadora se ha sumido en una mayor pobreza. Los bolivianos hacen bromas acerca de guardar su dinero en el “colchón bank (banco)” porque no confían en los bancos.
Otros vendedores como Vargas pegan carteles en las puertas de sus negocios con la esperanza de que los vendedores intercambien dólares a un precio más razonable.
Si bien Bolivia cuenta con las reservas de litio más grandes del mundo –un metal de alto valor clave para la transición verde– la inversión en ese y otros sectores sólo es viable en el largo plazo en gran medida debido a fracasos gubernamentales, dijo Chávez, el analista.
Todo este panorama económico adverso sólo se ve agravado por las peleas en curso entre Arce y Morales, quien recientemente regresó del exilio después de renunciar durante los disturbios de 2019, que el expresidente cocalero sostiene que fueron un golpe de Estado en su contra.
Mientras tanto, un mayor descontento ha alimentado oleadas de protestas y huelgas en los últimos meses. Las protestas y los bloqueos de carreteras le han dado otro golpe económico a Vargas, el vendedor de zapatos, porque clientes de todo el país ya no viajan a comprar productos con las marchas en curso.
“Arce y Evo Morales se pelean por quién es más poderoso”, dijo Vargas. “Pero ninguno de los dos gobierna para Bolivia... Hay mucha incertidumbre”.
Morales, que todavía ejerce un gran poder en Bolivia, ha impedido que el gobierno de Arce apruebe medidas en el Congreso para aliviar la agitación económica, algo que según dijo Arce a la AP es un “ataque político”.
Morales ha avivado los rumores de que un asalto militar al palacio de gobierno, encabezado por el ex comandante militar José Zúñiga, fue un truco político organizado por Arce para ganarse la simpatía de los bolivianos. Ese rumor lo inició el propio Zúñiga al ser detenido.
Las disputas políticas aumentan la preocupación de muchos, como el camionero Edwin Cruz, de 35 años, quien debe esperar en largas filas por horas e incluso días para adquirir diésel y gasolina debido a la escasez intermitente causada por la falta de divisas.
Cruz dijo que tiene que conducir hasta la ciudad desde zonas rurales fuera de La Paz para llenar su tanque de gasolina. Guarda una manta, una almohada y un colchón pequeño en su camioneta para las noches que tiene que esperar en las colas. Cruz se encuentra entre los que, sin interés en votar por Arce o Morales, dicen que Bolivia necesita un “outsider” que se postule para presidente.
“El diésel vale oro ahora”, dijo Cruz. “La gente no es idiota. Y con todo esto del ‘autogolpe’, este gobierno no puede quedarse”.
Vargas, por su parte, no sabe qué hará con la zapatería de su familia. La tienda que fue un motivo de orgullo se ha convertido en una sangría financiera. Sus cuatro hijos desean dejar Bolivia para estudiar o trabajar en otra parte. De hecho, uno de ellos ya se marchó a China para trabajar en ese país.
“Ya no quieren vivir aquí”, aseguró Vargas en su tienda vacía. “Así estamos en Bolivia, no hay futuro”.
LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente boliviano, Luis Arce, rechazó el jueves los señalamientos de que conocía los planes militares del intento fallido de golpe en Bolivia, que sumió al país el día anterior por varias horas en la incertidumbre y dejó 17 detenidos y 15 heridos.
“Para nada. Nunca estuvimos informados sobre el movimiento de tropa que hizo Zúñiga, yo quedé sorprendido”, respondió el mandatario el jueves en su primera aparición pública tras lo sucedido.
Por el despliegue militar masivo frente al palacio de gobierno, hay 17 personas detenidas, entre ellas el excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga.
Arce seguró que el mando militar, destituido el mismo miércoles, “actuó por cuenta propia” y recalcó que él no es “un político que se va a ganar popularidad con la sangre del pueblo”. Insistió en que el ambiente en el país ya ha vuelto a la normalidad y que, pese a las diferencias internas en el oficialismo, Evo Morales es un “compañero”.
Sobre Zúñiga, apuntó que tenía apetitos personales para movilizar a los militares contra el gobierno. “Él me dijo que no iba a acatar mi instrucción de replegar a la tropa. Estaba incumplimiento órdenes que le di como capitán general de las Fuerzas Armadas. Eso no puede ser una planificación de autogolpe”, recalcó.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó más temprano la detención de 17 personas, en su mayoría militares y un civil, y los presentó como promotores del fallido golpe militar en contra del presidente Arce.
El procurador general de Bolivia, César Siles, dijo que Zúñiga y los detenidos son investigados por alzamiento armado, seducción de tropa y atentado contra la infraestructura del Estado y que de las investigaciones se pueden desprender otros delitos. Se exponen a penas de 15 o más años de cárcel.
Según el ministro, los detenidos actuaron bajo la orden el general Zúñiga, considerado el líder de la revuelta que no prosperó por falta de apoyo de sectores de las Fuerzas Armadas, según dijo más temprano el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.
Junto a Zúñiga, también fue detenido y destituido la víspera el vicealmirante de la Armada Juan Arnez, como otro de los principales responsables del intento fallido de golpe que, según el presidente Arce, dejó 14 heridos. Varias de ellas, indicó, necesitaron ser intervenidas quirúrgicamente.
“Este grupo criminal planificó el golpe desde mayo”, dijo Del Castillo en rueda de prensa.
En su comparecencia de la tarde del jueves, Arce también mencionó la falta de respuesta de la cúpula militar en cuanto se detectó el despliegue de uniformados en torno al palacio de gobierno. “Intentamos comunicarnos con Zúñiga, ninguno de los tres comandantes respondió las llamadas para pedir explicaciones sobre el movimientos de tropa. Llamé en persona al comandante del Ejército y no recibí respuesta”.
También indicó que el comandante de la policía le informó que Zúñiga le había convocado para unirse al intento de golpe, pero que se negó a participar.
“¿Qué le espera a Zúñiga, eso lo dirá la justicia y las investigaciones”, subrayó Arce. “Hubo dos reuniones donde se preparó ejecutar el plan. No solo estaban involucrados militares... Jubilados del Ejército y personal civil y eso queremos investigar”.
Entre los aprehendidos, el ministro Del Castillo ya había mencionado en la mañana que un civil, identificado cono Aníbal Aguilar Gómez, fue uno de los presuntos “ideólogos” de la movilización militar. Además, que estaban buscando a tres uniformados más en servicio pasivo.
Al medio día del jueves cientos de simpatizantes del gobierno se habían apostado en la principal ruta que une La Paz con la vecina ciudad de El Alto para bloquearla. En el resto del país no se reportaron protestas.
No obstante, las actividades del comercio, la banca, las estaciones de venta de combustible y los colegios se desarrollaban con normalidad.
Por su parte, el cabecilla de la acción militar, el general del Ejercito Juan José Zúñiga, y una decena de mandos militares continuaban en celdas policiales a la espera de ser imputados por el delito de alzamiento armado.
Pero en las calles todavía parecía flotar la duda sobre lo ocurrido la tarde del miércoles cuando al mando de tanques y soldados armados Zúñiga tomó por asalto el palacio presidencial en La Paz en lo que el gobierno llamó un “fallido golpe de Estado”.
Antes de ser arrestado por la policía en puertas del principal cuartel de las Fuerzas Armadas en La Paz, Zúñiga dijo a los medios que el propio presidente Arce la había encargado “hacer algo” para levantar su popularidad, afectada por una crisis económica, fuertes disputas en el partido gobernante y un creciente clima de malestar social.
El expresidente Evo Morales, enfrentado a Arce por el liderazgo del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), se mantuvo en silencio el jueves, pero dirigentes leales al exmandatario calificaron de “golpe planificado” y señalaron como “autores intelectuales al presidente (Arce) y al vicepresidente” David Choquehuanca, dijo Gerardo García, un dirigente del MAS leal a Morales. “Este presidente no sabe cómo subir su imagen”, agregó en una rueda de prensa.
“La gestión del presidente (Arce) es mala. Lo que ocurrió con los militares le servirá para levantar su imagen, pero no será suficiente. La gente quiere respuestas que el gobierno no está dando”, dijo el profesor de Ciencia Política Paul Coca.
Varios ministros del presidente Arce, entre ellos María Nela Prado, ministra de la Presidencia y su brazo derecho, rechazaron las versiones de Zúñiga de un supuesto autogolpe. “Buscaban descabezar al gobierno y atentar contra el mandatario”, dijo la ministra al final de la agitada jornada del miércoles.
El jueves Arce estaba reunido con sus ministros en la casa de gobierno.
El levantamiento militar se produjo en un difícil momento para el mandatario. La crisis económica y la escasez de combustible y otros bienes han afectado la popularidad de Arce, que a su vez perdió gobernabilidad en la Asamblea Legislativa después de que el MAS quedó dividido por su disputa política con Morales. Ambos líderes han manifestado su intención de postularse por el partido gobernante para las elecciones presidenciales de 2025.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
Un ataque israelí mató a al menos nueve personas en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, dijeron el martes las autoridades de salud palestinas, un día después de que Israel ordenó la evacuación de algunas zonas de la ciudad antes de un posible operativo terrestre.
