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Expresidente SalvadorSAN SALVADOR (AP) — Un tribunal de justicia de El Salvador condenó el miércoles a ocho años de prisión al expresidente salvadoreño Mauricio Funes por lavado de dinero, por presuntamente licitar un puente a favor de una empresa guatemalteca a cambio de recibir un avión. El exmandatario, asilado en Nicaragua, tiene siete procesos penales en su contra y dos de ellos con condena.
“Se demostró que Funes favoreció a una empresa guatemalteca para que se le adjudicara la construcción del puente San Isidro sobre el Río Lempa”, indicó en comunicado la fiscalía sobre la tercera sentencia en contra del exmandatario salvadoreño, que vive en Nicaragua bajo el refugio del gobierno de Daniel Ortega.
El caso ventilado en un tribunal de San Salvador inició en diciembre de 2020 cuando el Ministerio Público presentó una nueva acusación y orden de captura contra Funes. Un año antes, el gobierno del nicaragüense Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad para evitar que fuera extraditado.
Funes, que gobernó El Salvador de 2009 a 2014, vive en Nicaragua bajo la protección del gobierno de Ortega y no ha estado presente en ninguno de los juicios en su contra. El exmandatario no nombró abogado defensor, por lo que le fue asignado uno de oficio.
Funes reaccionó a la nueva condena a través de X, antes Twitter, donde rechazó la acusación y afirmó que “este es otro caso montado por la Fiscalía siguiendo órdenes de la derecha oligárquica que me persigue desde el 2015”.
Mencionó al fiscal general, Rodolfo Delgado, y al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en su cuestionamiento: “Se ponen una medallita cada uno y pretenden hacernos creer que la guerra contra la corrupción va en serio”.
Funes está condenado también por negociar con pandillas durante su mandato a 14 años de prisión y, en otro proceso penal por enriquecimiento ilícito, fue sentenciado a devolver más de 400.000 dólares.
Según la acusación fiscal, el exmandatario entregó el proyecto de diseño y construcción de un puente en 2013 a una empresa guatemalteca por 8,4 millones de dólares. A cambio, Funes presuntamente recibió un avión modelo King Air TG ADL para uso de él y de un empresario, en el que viajaron con sus familias a Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Guatemala.
El exmandatario aseguró no conocer al empresario guatemalteco que participó en la licitación para construir el puente. “Nunca lo he visto en mi vida y menos he negociado la entrega de una dádiva con él”.
Por este proceso penal, el empresario José Miguel Menéndez —conocido como “Mecafé”— fue condenado a ocho años de prisión en agosto de 2022. El tribunal encontró evidencias de que hizo 47 viajes con la aeronave en cuestión entre el 27 de junio de 2013 y el 13 de septiembre de 2016.
Después de esa condena a Menéndez, se aprobó una reforma penal el 21 de septiembre de 2022 que permite realizar juicios con imputados ausentes, por lo que Funes pudo enfrentar el juicio penal sin estar presente.
El Ministerio Fiscal emitió en 2020 órdenes de captura también contra el empresario salvadoreño y contra otro guatemalteco, Jaime Ramón Aparicio Mejía, éste último acusado de soborno.
Durante el juicio, el empresario guatemalteco confirmó que entregó la avioneta a Funes antes de la adjudicación.
Además de este caso, Funes ha enfrentado otros seis procesos penales. Un tribunal de El Salvador lo condenó en mayo de 2023 a 14 años de prisión por negociar una tregua con las pandillas durante su mandato para bajar la tasa de homicidios a cambio de ofrecer beneficios para sus cabecillas en las cárceles.
Funes que llegó a la presidencia de El Salvador postulado por izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) también está siendo procesado por el desvío de 351 millones de dólares de la partida presidencial de gastos reservados.
El exgobernante tiene, además, procesos por el pago de 108,5 millones de dólares a una empresa para la construcción de una presa hidroeléctrica, por la divulgación de un reporte de Operaciones Sospechosas que reveló el desvío de 10 millones de dólares donados por Taiwán y por sobornos al exfiscal general Luis Martínez.
(AP Foto/Luis Romero, Archivo)
BY  MARCOS ALEMÁN

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Bolivia fallido GolpeLA PAZ, Bolivia (AP) — La calma regresó el jueves a las calles de La Paz-Bolivia horas después de un fallido golpe militar en contra del presidente Luis Arce que sumó al país en la incertidumbre y el caos político.
El tráfico era normal en las calles de la capital boliviana, los supermercados se disponían a abrir sus puertas y las filas se habían disipado en las estaciones de venta de combustibles. Simpatizantes del mandatario amanecieron en vigilia en puertas de la comisaría donde está detenido el general Juan José Zúñiga cabecilla del levantamiento militar que fracasó al no hallar eco en otras unidades militares.
Canales de televisión reportaron el jueves temprano tranquilidad en las puertas de los principales cuarteles de la ciudad. De la misma forma las terminales terrestres reportaban normalidad en los viajes al interior del país. “La policía de tráfico ha reportado total normalidad en las carreteras”, dijo Amelia Ruiz, una vendedora de boletos de autobús en La Paz.
En la vecina ciudad de El Alto, vecinos salieron a cortar las calles de uno de los barrios en protesta por “el golpe de Estado”.
En las calles todavía parecía flotar la duda sobre lo ocurrido en la tarde del miércoles cuando al mando de tanques y soldados armados Zúñiga, el destituido comandante general de las Fuerzas Armadas tomó por asalto el palacio presidencial en La Paz en lo que el gobierno llamó un “fallido golpe de Estado”.
Antes de ser arrestado por la policía en puertas del principal cuartel de las Fuerzas Armadas en La Paz, Zúñiga dijo a los medios que el propio presidente Arce la había encargado “hacer algo” para levantar la popularidad del mandatario afectada por una crisis económica, fuertes disputas en el partido gobernante y un creciente clima de malestar social.
Varios ministros del presidente Arce, entre ellos María Nela Prado, ministra de la Presidencia y brazo derecho de Arce, rechazaron las versiones de Zúñiga de un supuesto autogolpe. “Buscaban descabezar al gobierno y atentar contra el mandatario”, dijo la ministra al final de la agitada jornada del miércoles.
(AP Foto/Juan Karita)
BY  ASSOCIATED PRESS

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Argentina BulrichBUENOS AIRES (AP) — La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, indicó el martes que el caso por la desaparición de un niño de 5 años hace 12 días pasa a ser confidencial y que habrá sanciones para quienes pongan en riesgo la investigación, que apunta a una posible red de trata de personas.
Bullrich se reunió con autoridades locales y con la jueza que lleva la causa en Goya, en la provincia de Corrientes donde Loan Danilo Peña fue visto por última vez, e indicó que el expediente pasará al fuero federal en las próximas horas por el posible delito de secuestro de persona.
La ministra no dio detalles sobre si hay avances en la búsqueda del menor, que mantiene en vilo al país.
El niño de 5 años lleva 12 días desparecido desde el mediodía del jueves 13 de junio cuando estaba en un almuerzo con familiares en la vivienda de su abuela paterna. El lugar es una humilde casa de campo cercana a la localidad de 9 de Julio.
Hay seis personas en prisión preventiva, entre ellas, un tío del menor y un comisario policial señalado por presunto encubrimiento. Los otros cinco bajo la imputación de captación de personas con fines de explotación.
La ministra mantuvo una reunión de unas tres horas y media con la jueza que maneja la causa, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, y afirmó que a partir de ahora habrá confidencialidad en la investigación. “Cada dato que se haga público puede poner en peligro la situación”, justificó.
Advirtió además que habrá “sanciones a aquellos que puedan poner en peligro la investigación”.
La desaparición del menor, que acapara la atención de la opinión pública argentina, ha movilizado a distintas fuerzas de seguridad —entre provinciales y federales— que ya han rastrillado unas 30.000 hectáreas.
Funcionarios argentinos comenzaron a trabajar de manera conjunta el lunes con las policías de Paraguay y Brasil, países limítrofes y cercanos a 9 de Julio. Esa población está a 200 kilómetros al sur de territorio paraguayo.
La ministra de Seguridad cuestionó el día anterior la investigación “poco prolija” que habría hecho la justicia de Corrientes en la primera fase de la pesquisa y rechazó que recién el lunes pudieron acceder al expediente.
Uno de los detenidos es el comisario de la localidad, Walter Maciel, a quien acusan de presunto encubrimiento. “Son las cosas que duelen mucho”, comentó Bullrich. “Siempre duele que alguien que lleva un uniforme termine detenido”.
Los otros cinco sospechosos son un matrimonio integrado por un marino retirado y una exfuncionaria de la localidad de 9 de Julio, así como un tío del niño y una pareja amiga de este último.
La mayoría de los sospechosos participaron el 13 de junio en el almuerzo en la casa de la abuela. Los investigadores intentan determinar si el matrimonio detenido pudo haber trasladado en una camioneta y en un automóvil a Loan Danilo Peña el día de su desaparición, a raíz de que perros entrenados detectaron rastros del menor en ambos vehículos.
“Vinimos a ordenar los caminos de búsqueda de esta desaparición para que este caso de Loan llegue a una salida feliz”, declaró Bullrich.
BY  ASSOCIATED PRESS
(AP Foto/Gustavo Garello, Archivo)

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Periodista Jose RubenCIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Una corte de apelaciones de Guatemala revocó el martes el arresto domiciliario concedido recientemente al periodista José Rubén Zamora, reconocido por sus denuncias contra la corrupción y quien lleva casi dos años en prisión por lavado de dinero.
La Fiscalía Especial Contra la Corrupción guatemalteca apeló la decisión de mayo pasado de un tribunal de otorgarle arresto domiciliario para que pudiera ser excarcelado.
Esa medida sustitutiva revocaba una de las dos órdenes de prisión en contra del periodista por dos casos distintos que la fiscalía lleva contra el comunicador, y por los que nunca dejó la cárcel.
Zamora, de 67 años, está preso desde julio de 2022 cuando fue acusado por el Ministerio Público por lavado de dinero, por un monto de unos 38.000 dólares, y en junio del año pasado fue sentenciado a seis años de prisión. La condena también quedó en suspenso por decisión judicial por errores en el proceso.
El periodista ha negado las acusaciones y ha cuestionado que en el juicio no se le permitiera aportar pruebas a su favor para aclarar el origen del dinero.
En su fallo, los magistrados de la corte de apelaciones argumentan que la defensa de Zamora no presentó medios que demostraran que habían variado las circunstancias que motivaron la orden de prisión inicial.
Cuando el juez de la causa ordenó su prisión hace dos años dijo que lo hacía porque Zamora tenía un medio de comunicación que podía usar para obstruir la investigación. El diario El Periódico, del que el periodista era fundador, desapareció hace un año.
La sala de apelaciones también usó como argumento una formalidad procesal —por falta de información precisa— al cuestionar que en el audio grabado durante la audiencia donde le fue concedido el arresto domiciliar “no se escucha que la defensa, así como ninguno de los sujetos procesales... indiquen qué juzgado fue el que dictó el auto de prisión preventiva y la fecha del mismo”.
En consecuencia, ordenó al tribunal que dictó la medida a favor de Zamora que realice algunas diligencias para luego volver a tomar una decisión respecto de la solicitud de arresto domiciliar en lugar de cárcel.
“Lo que hizo la Sala es puro hostigamiento, es una guerra psicológica de la fiscalía y de los querellantes contra mi papá; demuestran su desesperación por continuar dilatando el proceso de forma maliciosa”, dijo José Zamora Marroquín, hijo del periodista.
Zamora Marroquín explicó que la resolución no hace nada más que ordenarle al tribunal realizar algunos formalismos adicionales. “Sabemos que más temprano que tarde a mi papá lo van a declarar inocente y dejar en libertad”, defendió.
“Lo que más extraña es que en casos de gran corrupción la fiscalía no apela las decisiones a favor de los corruptos, pero cuando se trata de criminalizar a operadores de justicia o periodistas allí sí apela todo”, cuestionó el hijo del comunicador.
Varias organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), la Sociedad Interamericana de Prensa y otros han levantado su voz en favor del periodista y denunciado que hay una criminalización en su contra por investigar hechos de corrupción
Zamora era presidente del diario guatemalteco El Periódico, un matutino especializado en denuncias anticorrupción que desapareció luego de su detención.
El periodista considera que las publicaciones de ese medio sobre casos de corrupción en la justicia y durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei motivaron la persecución de la fiscalía en su contra. La fiscal general, Consuelo Porras, que está sancionada en Estados Unidos por socavar la democracia y la lucha anticorrupción, fue nombrada por Giammattei.
Zamora reconoció en una entrevista reciente a la AP desde su celda que sus condiciones penitenciarias habían mejorado después de que el presidente Bernardo Arévalo asumió el poder en enero pasado.
El mandatario mantiene un enfrentamiento con la fiscal Porras, a quien le ha pedido la renuncia, desde que en periodo electoral la titular del Ministerio Público iniciara una arremetida judicial contra el partido del entonces candidato, contra el propio Arévalo y contra el proceso electoral para que fuera anulado.
(AP Foto/Moisés Castillo, Archivo)
BY  SONIA PÉREZ D.

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Colombia dialogo pazBOGOTÁ, Colombia (AP) — Colombia inició el lunes conversaciones de paz con el grupo rebelde Segunda Marquetalia, mientras el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro intenta pacificar las zonas rurales del país que han experimentado un aumento de la violencia a pesar de los esfuerzos por negociar altos el fuego con varios grupos armados.
Las conversaciones se anunciaron en Caracas, Venezuela, en una ceremonia que incluyó a delegados del gobierno y líderes rebeldes que firmaron un acuerdo de paz en 2016 pero luego tomaron las armas nuevamente después de decir que se habían desilusionado con la implementación del acuerdo.
“Queremos participar en la política sin recurrir al uso de las armas”, dijo el negociador principal de la Segunda Marquetalia, Walter Mendoza. “La condición para ello será que el gobierno cumpla su parte de los acuerdos”.
Con unos 2.000 combatientes, la Segunda Marquetalia es uno de los grupos rebeldes más pequeños del país. La decisión del gobierno de iniciar conversaciones de paz con el grupo ha sido criticada por líderes de la oposición colombiana que acusan a Petro de ser blando con el crimen.
Las negociaciones con la Segunda Marquetalia son controvertidas porque el grupo está liderado por miembros de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, que firmaron el acuerdo de paz pero retomaron las armas, ya que algunos de ellos enfrentaban investigaciones por narcotráfico.
“Por el bien de la paz, deseo buena suerte en estas conversaciones”, escribió en la plataforma de redes sociales X Humberto de la Calle, senador que fue el principal negociador del gobierno en las conversaciones de paz con las FARC de 2016. “Pero esto envía un terrible mensaje a la sociedad: que los tramposos y los que no cumplen su palabra pueden salir adelante”.
Los funcionarios del gobierno dijeron que la constitución de Colombia les otorga el mandato de poner fin a los conflictos por medios pacíficos.
“Ninguno de los conflictos actuales en Colombia comenzó con el presidente Petro”, dijo Armando Novoa, el principal negociador del gobierno. "Pero tenemos el deber ético y moral de proteger a las víctimas, las comunidades y las personas en zonas del país que han estado olvidadas durante mucho tiempo".
El grupo Segunda Marquetalia está dirigido por Luciano Marín, un ex comandante de las FARC que fue el principal negociador del grupo en las conversaciones de paz que llevaron al desarme de más de 13.000 combatientes rebeldes.
Los ex rebeldes se libraron de las penas de prisión y se les otorgaron 10 escaños en el Congreso de Colombia como parte del acuerdo de paz de 2016, incluido un escaño en el Senado que fue otorgado a Marín, más conocido por su nombre de guerra de Iván Márquez.
Pero el líder rebelde se cansó del acuerdo de paz en 2018, después de que uno de sus camaradas cercanos, Seuxis Paucias, fuera arrestado por la policía colombiana con una orden de arresto estadounidense, por presuntamente conspirar para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
A medida que la investigación se acercaba a Marin, el comandante rebelde desapareció de los eventos públicos, se retiró a la jungla y anunció la creación de su nuevo grupo rebelde en un video de agosto de 2019 en el que afirmaba haber sido traicionado por el gobierno.
Marín ha estado luchando contra el Estado colombiano desde entonces con su grupo Segunda Marquetalia, pero comenzó a mantener conversaciones en privado el año pasado con funcionarios de la administración Petro en lugares secretos de Venezuela.
El lunes, Marin hizo su primera aparición en público desde su vídeo de 2019.
El líder rebelde lució su característica barba y pronunció un discurso en el que acusó a los funcionarios colombianos de intentar “atrapar” a él y a otros exmiembros de las FARC con investigaciones de narcotráfico.
Marín señaló que Petro estaba haciendo “esfuerzos honestos” para abordar la pobreza y la desigualdad e insinuó que es necesaria una reforma de la constitución de Colombia para que prospere un acuerdo político, haciéndose eco de las declaraciones hechas por Petro en los últimos meses.
“En otros momentos de la historia, (los líderes políticos) han optado por cambiar los marcos legales existentes”, dijo Marín. “En nuestra visión, coincidimos con quienes dicen que es hora de poner en marcha procesos dinámicos que generen las condiciones para una redefinición de las normas que regulan nuestra sociedad”.
POR  MANUEL RUEDA
(Foto AP/Ariana Cubillos)
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