Denuncia electoralMIAMI (AP) — Un funcionario electoral venezolano denunció lo que llama una “grave falta de transparencia y veracidad” en los resultados electorales del mes pasado, reprendiendo a las autoridades que declararon ganador al presidente Nicolás Maduro pese a la fuerte evidencia de lo contrario presentada por sus oponentes y las dudas de varios gobiernos extranjeros.
Juan Carlos Delpino es uno de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el único que previo a la votación había mostrado voluntad de ir en contra de los deseos del gobierno de Maduro.
El lunes, publicó una carta en las redes sociales en la que detalla varias supuestas irregularidades antes y durante las elecciones del 28 de julio. Dijo que los centros de votación tardaron en informar los resultados de las máquinas de votación automatizadas y que varios voluntarios de la oposición fueron expulsados, en violación de las reglas electorales que garantizan la transmisión transparente de los resultados a la sede del CNE.
Delpino dijo que le informaron que el retraso de varias horas se debió a un supuesto hackeo de la plataforma del CNE y que solo se había recopilado el 58% de los resultados. Dijo que decidió en protesta no unirse a sus colegas rectores para monitorear el recuento de votos desde el centro de datos del CNE ni asistir a la conferencia de prensa de medianoche cuando el presidente del CNE, Elvis Amoroso, un leal al partido gobernante, declaró a Maduro como ganador.
“Lamento profundamente que los resultados no sirvan al pueblo venezolano, que no ayuden a resolver nuestras diferencias ni promuevan la unidad nacional sino que alimenten dudas en la mayoría de los venezolanos y la comunidad internacional”, escribió Delpino.
Delpino, un experto electoral cercano a uno de los partidos tradicionales de oposición de Venezuela, fue nombrado para el CNE por la Asamblea Nacional controlada por los aliados de Maduro el año pasado después de que varios predecesores fueron removidos.
Su carta llega en un momento en que Maduro redobla sus afirmaciones de que ganó la reelección por más de un millón de votos. Su gobierno ha desafiado los llamados de Estados Unidos, la Unión Europea e incluso de aliados izquierdistas de Brasil, Colombia y México para que publique los registros de votación que respaldarían tales afirmaciones.
Mientras tanto, la oposición ha publicado en línea lo que parecen ser recuentos auténticos del 80% de las máquinas de votación que muestran que su candidato, Edmundo González , ganó por un margen de más de 2 a 1.
La semana pasada, el Tribunal Supremo de Venezuela certificó los resultados y dijo que los recuentos de votos publicados en línea por la oposición fueron falsificados. El fiscal general Tarek William Saab ordenó a González que testificara esta semana en una investigación penal por supuestos intentos de sembrar el pánico en la nación sudamericana impugnando los resultados.
El domingo, González indicó que no tenía intención de cumplir con la orden, y afirmó que se estaban pisoteando sus derechos al debido proceso y la constitución venezolana y que la única autoridad a la que debe rendir cuentas son los votantes. Reiteró sus llamados a Maduro para que publique los registros de votación de unas 30.000 máquinas en todo el país para que los resultados puedan ser verificados independientemente por expertos internacionales.
“Venezuela vive momentos de incertidumbre y desasosiego por sus intentos de violentar la voluntad de cambio”, dijo González dirigiéndose directamente a Maduro en un video publicado en las redes sociales. “La divulgación del escrutinio es garantía de paz”.
El ex diplomático González y su principal partidaria, la poderosa opositora María Corina Machado, se escondieron después de las elecciones mientras las fuerzas de seguridad arrestaron a más de 2.000 personas y reprimieron las manifestaciones en todo el país que protestaban por los resultados.
Ambos han llamado a los venezolanos a salir a las calles el miércoles para conmemorar un mes desde su supuesta victoria en las urnas.
Mientras tanto, las madres de varias personas detenidas por las fuerzas de seguridad se congregaron el lunes en el exterior de una prisión de alta seguridad en el centro de Venezuela, a donde han comenzado a llegar decenas de detenidos como resultado de una orden de traslado. Con carteles que decían “No son terroristas” y “Liberen a nuestros niños”, varias dijeron que sus seres queridos fueron arrestados lejos de cualquier manifestación contra Maduro.
Eliana Pérez dijo que sus dos hijos adultos regresaban a casa del trabajo y estaban sentados dentro de un automóvil cuando fueron arrestados en un puesto de control policial.
“No había restricciones de tránsito, ni toque de queda”, dijo Pérez mientras contenía las lágrimas. “Están en agonía porque nunca antes habían tenido problemas con la ley”.
Delpino, en una entrevista con The New York Times publicada el lunes, dijo que él también se había escondido.
Su carta también destacó lo que llamó una serie de decisiones irregulares del CNE, incluida la falta de reuniones previas a la votación, lo que dificultó establecer reglas claras sobre la participación de los trabajadores electorales de la campaña, los observadores internacionales y los millones de venezolanos que viven en el exterior. ___
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Josué Goodman
Goodman es un periodista de investigación radicado en Miami que escribe sobre la intersección del crimen, la corrupción, el narcotráfico y la política en América Latina. Anteriormente, pasó dos décadas informando desde América del Sur.
(Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo)
Hombres armadosQUETTA, Pakistán (AP) — Hombres armados en el suroeste de Pakistán mataron al menos a 38 personas en tres ataques separados el lunes, dijeron las autoridades, mientras que el ejército dijo que las fuerzas de seguridad mataron a 21 insurgentes, marcando uno de los días más letales de violencia en la agitada provincia de Baluchistán , con informes de otros tiroteos y destrucción en el área también.
Veintitrés personas fueron asesinadas a tiros durante la noche después de ser rescatadas de autobuses, vehículos y camiones en Musakhail, un distrito de Baluchistán, según informó el alto oficial de policía Ayub Achakzai. Los atacantes quemaron al menos 10 vehículos antes de huir.
En otro ataque, hombres armados mataron al menos a nueve personas, incluidos cuatro agentes de policía y cinco transeúntes, en el distrito de Qalat, en Baluchistán, según las autoridades. Se encontraron los cadáveres de seis personas en Bolan, donde los insurgentes también hicieron estallar una vía del tren. También atacaron una comisaría de policía en Mastung y atacaron y quemaron vehículos en Gwadar, todos ellos distritos de Baluchistán. No se informó de víctimas en esos ataques.
El ejército dijo que 14 miembros de las fuerzas de seguridad fueron “martirizados” al responder a los ataques. Éstos parecen estar incluidos en el total de muertos.
“Se están llevando a cabo operaciones de saneamiento y los instigadores, autores, facilitadores y cómplices de estos actos atroces y cobardes, dirigidos contra civiles inocentes, serán llevados ante la justicia”, afirmó el ejército en un comunicado.
Baluchistán ha sido escenario de una prolongada insurgencia en Pakistán, en la que diversos grupos separatistas han perpetrado ataques, principalmente contra las fuerzas de seguridad. Los separatistas han estado exigiendo la independencia del gobierno central de Islamabad. Aunque las autoridades paquistaníes afirman haber sofocado la insurgencia, la violencia en Baluchistán ha persistido.
El ataque en Musakhail se produjo horas después de que el grupo separatista ilegalizado Ejército de Liberación Baluchistán advirtiera a la gente que se mantuviera alejada de las carreteras mientras lanzaban ataques contra las fuerzas de seguridad en varias partes de la provincia.
Pero nadie se atribuyó inmediatamente la responsabilidad de los últimos asesinatos.
En un comunicado emitido el lunes, el BLA se limitó a decir que había infligido graves pérdidas a las fuerzas de seguridad en los ataques en la provincia. El ejército y el gobierno de Pakistán no hicieron comentarios inmediatos sobre esa afirmación. El grupo suele proporcionar cifras exageradas de bajas entre sus tropas.
Se sabe que los separatistas piden a la gente sus documentos de identidad y luego secuestran o matan a quienes no son de la provincia. Muchas de las víctimas recientes proceden de la vecina provincia de Punjab.
Uzma Bukhari, portavoz del gobierno provincial de Punjab, denunció los últimos asesinatos el lunes, diciendo que los “ataques son un motivo de grave preocupación” e instó al gobierno provincial de Baluchistán a “intensificar los esfuerzos para eliminar a los terroristas del BLA”.
El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, dijo en un comunicado que las fuerzas de seguridad de Baluchistán respondieron a los últimos ataques del lunes y mataron a 12 insurgentes. Agregó que las autoridades revelarán quién está detrás de los últimos ataques después de completar una investigación, pero señaló que “los terroristas y sus facilitadores no tendrán ningún lugar donde esconderse” en el país.
El presidente paquistaní, Asif Ali Zardari, el primer ministro, Shehbaz Sharif, y el ministro del Interior, Naqvi, en declaraciones separadas, calificaron el ataque en Musakhail de “bárbaro” y prometieron que los responsables no escaparían a la justicia.
Más tarde, Naqvi también condenó los asesinatos en Qalat.
En mayo, hombres armados mataron a tiros a siete barberos en Gwadar , una ciudad portuaria de Baluchistán.
En abril, los separatistas mataron a nueve personas tras secuestrarlas de un autobús en una carretera de Baluchistán, y los atacantes también mataron a dos personas e hirieron a seis en otro vehículo al que obligaron a detenerse. El BLA se atribuyó la responsabilidad de esos ataques en ese momento.
Syed Muhammad Ali, un analista de seguridad con sede en Islamabad, dijo que los últimos asesinatos de personas no baluchis son un intento de los separatistas de dañar económicamente a la provincia.
Ali dijo a The Associated Press que la mayoría de esos ataques se llevan a cabo con el objetivo de debilitar económicamente a Baluchistán, y señaló que “el debilitamiento de Baluchistán significa el debilitamiento de Pakistán”.
Dijo que los ataques insurgentes podrían obstaculizar el trabajo de desarrollo que se realiza en la provincia.
Los separatistas de Baluchistán han asesinado con frecuencia a trabajadores y otras personas de la región de Punjab, al este del país, como parte de una campaña para obligarlos a abandonar la provincia, que durante años ha experimentado una insurgencia de bajo nivel.
La mayoría de los asesinatos anteriores se han atribuido al grupo ilegalizado y a otros que exigen la independencia del gobierno central de Islamabad. Los talibanes paquistaníes también tienen presencia en la provincia y están estrechamente vinculados con el BLA.
En un ataque separado ocurrido el lunes en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, una bomba al costado del camino mató a cuatro personas e hirió a otras 12 en el distrito de Waziristán del Norte, dijo el funcionario de la administración local Abid Khan.
Los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan, son un grupo separado pero aliado de los talibanes afganos, que tomaron el poder en Afganistán en 2021 cuando las tropas estadounidenses y de la OTAN estaban en las etapas finales de su retirada del país después de 20 años de guerra.
Ahmed informó desde Islamabad. Los periodistas de Associated Press Asim Tanveer en Multan, Pakistán, y Riaz Khan en Peshawar, Pakistán, contribuyeron a este despacho.
Por  ABDUL SATTAR y MUNIR AHMED
(Foto AP/Arshad Butt)
11paisesBUENOS AIRES (AP) — Estados Unidos y 10 países de América Latina rechazaron el viernes “categóricamente” la certificación de la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y reclamaron una auditoría imparcial de todos los votos.
En tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, uno de los mayores aliados de Maduro en la región junto a sus pares de Brasil y Colombia, dijo que su gobierno esperará a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publique las actas electorales para decidir si reconoce al presidente venezolano como ganador. “Al parecer el tribunal le pide al Consejo Electoral a que se dé a conocer las actas, entonces vamos a esperar,” afirmó López Obrador.
La secretaría de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encabezada por el uruguayo Luis Almagro, se sumó a las críticas y rechazó “rotundamente” el fallo del tribunal de la víspera. A su vez afirmó que “resulta a todas luces evidente” que Maduro “judicializó el proceso electoral con miras a buscar un sello de ‘legitimidad’ por parte de un tribunal parcializado”, lo que calificó de “burdo”.
“Reconocer como válidos los resultados del CNE con base en la sentencia del TSJ es convalidar un fraude electoral y dar la espalda al pueblo venezolano que, en medio de una brutal ola de represión, ha continuado reclamando por su derecho a vivir en libertad”, dijo la secretaría de la OEA, para la que “el único camino para Venezuela es el de la Justicia Internacional de la Corte Penal Internacional”.
Por su lado, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay cuestionaron en un comunicado conjunto el anuncio del tribunal que, según apuntaron, dijo “haber concluido una supuesta verificación de los resultados” difundidos por el CNE.
“Nuestros países ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas”, acotaron los 11 países en el comunicado que difundió la cancillería argentina.
Asimismo expresaron su “profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto al voto de la ciudadanía”.
Además de certificar el jueves la victoria de Maduro “de manera irrestricta e inequívoca”, el tribunal sostuvo que las actas de votación difundidas por la oposición, que dan como ganador a Edmundo González, son falsas.
La intervención del máximo tribunal, que fue solicitada por Maduro, ha sido cuestionada por observadores locales y extranjeros que dudan de la independencia del organismo.
Junto con suscribir el comunicado con los otros 10 países, Estados Unidos cuestionó por separado el pronunciamiento del máximo tribunal venezolano y advirtió que los continuos intentos de reclamar “fraudulentamente” la victoria del dirigente izquierdista “sólo exacerbará” la crisis actual.
El pronunciamiento del tribunal “carece de toda credibilidad, dada la abrumadora evidencia de que González recibió el mayor número de votos”, declaró Vedant Patel, portavoz adjunto principal en la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado.
Al respecto, consideró válido el triunfo de González basándose en “las actas de escrutinio disponibles públicamente y verificadas de forma independiente” que fueron difundidas por la oposición.
Asimismo consideró que es el momento para que los partidos venezolanos inicien conversaciones de cara a “una transición respetuosa y pacífica” y sostuvo que el gobierno estadounidense está dispuesto a “apoyar un proceso inclusivo, dirigido por Venezuela, para restablecer las normas democráticas”.
El funcionario instó además a Maduro a que libere a las personas que han sido detenidas por “ejercer su derecho a la libertad de expresión” en las protestas postelectorales.
El presidente venezolano ha calificado el trabajo del tribunal de “profesional y jurídico” y la sentencia de “histórica y contundente”. La líder opositora María Corina Machado dijo que Maduro y sus aliados “pretenden desconocer la soberanía popular y la verdad”.
Según las autoridades electorales, Maduro obtuvo 6,4 millones de votos y González 5,3 millones. Mientras que la oposición afirma haber recopilado registros de más del 80% de las 30.000 máquinas de votación electrónica en todo el país que muestran que González salió victorioso.
En un mensaje en su cuenta de la red social X, antes Twitter, Machado agradeció el respaldo de los 11 países afirmando que “el mundo democrático se cuadra con el pueblo de Venezuela y el respeto a nuestra soberanía popular” y agregó que “nadie se traga la burda maniobra del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) para esconder las actas que demuestran la apabullante victoria de @EdmundoGU (Edmundo González)”.
AP Foto/Cristian Hernández )
By  ASSOCIATED PRESS
Edmundo GonzalesCARACAS (AP) — El excandidato presidencial opositor Edmundo González cuestionó el domingo la citación a declarar que emitió la Fiscalía General venezolana, y considera que no cuenta con las garantías del debido proceso como parte de una investigación penal por la publicación de las actas electorales que, según la coalición opositora, demuestran que obtuvo más votos que el presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio.
En un video publicado en la red social X, Gonzalez señaló que el fiscal general Tarek William Saab, “se ha comportado reiteradamente como un acusador político, condena por anticipado” y lo cita sin las garantías de independencia y debido proceso.
El exdiplomático aseguró que se pretende someterlo a una entrevista “sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”.
“Rindo declaración ante ustedes que son los garantes de la soberanía popular”, continuó González y, dirigiéndose a Maduro, dijo: “Es hora de que entienda de una buena vez que la solución no está en la represión” sino en la verificación independiente y confiable de las actas electorales.
El fiscal general --cercano colaborador de Maduro y exlegislador oficialista-- llamó a declarar el lunes a González como parte de la investigación penal en la que se le acusa de usurpar competencias que le corresponden al poder electoral, por la publicación de una plataforma digital en la dio a conocer lo que, según la oposición, son las actas de más del 80% de las 30.000 máquinas de votación electrónica que muestran que su candidato obtuvo la victoria.
El jueves, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela —integrado por magistrados que formaron parte del gobierno— certificó la victoria de Maduro, quien le solicitó realizar el peritaje de los resultados electorales. Organismos de observadores internacionales han cuestionado la independencia e imparcialidad del tribunal.
Maduro fue proclamado vencedor de los comicios presidenciales por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que hasta el momento no ha publicado las actas a pesar de la presión de la comunidad internacional.
Tanto González como la lideresa opositora María Corina Machado, quien promovió su candidatura tras ser inhabilitada para participar, se mantienen a resguardo desde el 29 de julio, después de que la fiscalía general abrió una investigación penal en contra de ambos después de que llamaron a militares y policías para que retiraran su respaldo a Maduro.
Machado ha aparecido en las convocatorias masivas de la oposición para alentar a sus seguidores a continuar defendiendo la que considera su victoria en las urnas. González, por su parte, no ha sido visto en público.
(AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo)
By  ASSOCIATED PRESS
EEUU MexicoCIUDAD HIDALGO, México (AP) — En cuanto pisó el sur de México esta semana, la venezolana Yuri Carolina Meléndez descargó en su teléfono celular la aplicación del gobierno estadounidense CBPOne para solicitar asilo en Estados Unidos.
“Tengo que esperar a ver si en verdad funciona”, dijo la mujer mientras descansaba bajo un árbol junto con sus hijas de 16 y 18 años en la carretera entre el río Suchiate — fronterizo con Guatemala— y Tapachula, considerada la capital de la frontera sur del país.
La aplicación no es nueva pero a partir de este viernes podrá utilizarse no solo desde el norte y el centro de México sino también desde los estados fronterizos con Guatemala —Chiapas y Tabasco—, algo que México lleva tiempo solicitando a Estados Unidos y que podría frenar el flujo hacia el norte y reducir riesgos a los migrantes que cruzan el país de forma irregular y muchas veces son víctimas del crimen organizado o de cualquier tipo de abusos.
Algunos migrantes, como el hondureño Germin Alemán, de 31 años, que dejó en su país a su esposa y tres hijos, es lo que hará apenas llegue a Tapachula. “Aquí la vamos a tramitar, vamos a esperar la cita”, dijo mientras caminaba hacia esa ciudad tras cruzar el río fronterizo.
Otros no. Meléndez, la venezolana, quiere seguir avanzando para llegar a una zona de México donde pueda conseguir trabajo porque en el sur, los empleos escasean.
CBPOne ha sido una de las medidas de mayor impacto puestas en marcha por la administración de Joe Biden para favorecer la inmigración legal a Estados Unidos y desde que empezó a funcionar, en enero de 2023 más de 765.000 personas programaron citas para solicitar asilo en línea.
Además, desde junio, cuando Washington suspendió temporalmente la tramitación de asilo para quienes cruzaran la frontera irregularmente, la aplicación se convirtió en una de las pocas vías para pedir asilo. Ofrece casi 1.500 citas diarias.
Tras una llegada de migrantes sin precedentes a la frontera de Estados Unidos a finales de 2023 —en todo ese año fiscal la Patrulla Fronteriza interceptó a más de 2,4 millones de personas— México incrementó los controles para contener ese flujo y aumentó los traslados de indocumentados del norte al sur del país.
Las llegadas se redujeron pero para las autoridades mexicanas la expansión geográfica de CBPOne es un gran logro porque permite descongestionar aún más la frontera norte y la Ciudad de México, donde proliferan los campamentos de migrantes irregulares que esperan una cita.
“Eso nos va a ayudar muchísimo”, dijo la secretaria de Exteriores Alicia Bárcena a inicios de agosto cuando adelantó la medida. La migración es uno de los temas clave en las relaciones bilaterales.
Sin embargo, para más de medio centenar de organizaciones tanto estadounidenses como latinoamericanas —entre ellas algunas tan conocidas como Amnistía Internacional, WOLA, HIAS o IMUMI— hay poco que celebrar.
En una carta abierta al gobierno de México divulgada el jueves, afirman que CBPOne “es una transgresión al derecho internacional” porque por esa vía Estados Unidos limita el acceso a su territorio de personas con necesidades de protección.
En concreto, denuncian que muchos de sus usuarios se ven varados hasta por siete meses en México, en albergues saturados o campamentos sin condiciones dignas para vivir o han denunciado secuestros, abusos sexuales, tortura, y extorsiones a manos del crimen organizado y de autoridades.
En teoría, el Instituto Nacional de Migración (INM) permite el libre tránsito por el país a los migrantes que ya tienen cita de CBPOne pero, según los firmantes de la carta, ha habido casos en que personas con cita han sido llevadas a centros de detención migratoria y “retornadas al sur del país con el fin de evitar que se presenten en los puertos de entrada de Estados Unidos”.
El INM no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentario al respecto.
Además, dado que la situación en la frontera entre México y Guatemala —antaño una región relativamente tranquila— ha cambiado radicalmente y se ha convertido en escenario de una sangrienta batalla entre cárteles por el control de las rutas de tráfico de migrantes, drogas y armas, las ONG piden una “intervención integral” del gobierno mexicano para garantizar la seguridad de todas las personas migrantes.
Mientras tanto, en la plaza central de Ciudad Hidalgo, la localidad junto al río fronterizo con Guatemala, la gran pregunta era ¿quedarse a esperar la cita o avanzar?
Un grupo de migrantes sopesaba sus opciones y el tema económico era lo primero a tener en cuenta porque todos han oído que en el centro y el norte de México hay más posibilidades de empleo, aunque sea informal, mientras esperan respuesta de las autoridades norteamericanas.
“Si hay oportunidades de trabajo nos quedamos; si no, seguimos avanzando mientras nos dan la cita”, aseguró Yuleidi Banqué una venezolana de 28 años, recién llegada a México con su pareja y su hija de 7 años. “Mi niña está mala...se alimentan por un botón gástrico, necesitamos ayuda”.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es cauteloso ante el nuevo escenario.
Giovanni Lepri, responsable de ACNUR en México, indicó en un mensaje a AP que la ampliación del acceso al CBPOne puede significar menos riesgos para los migrantes en su ruta hacia el norte pero alertó que para atender la migración en la región es necesario combinar medidas distintas “tales como estabilización en los países de origen, protección en los países de tránsito y opciones de regularización y asilo en los países de destino”.
Para la salvadoreña Noemí Ramírez de 47 años, escuchar en las noticias que podría iniciar su trámite en Estados Unidos desde Chiapas, la decidió a emprender inmediatamente el viaje con su hija de 19 años hasta Tapachula.
“Vamos a esperar hasta que nos salga la cita, no me pienso mover más”, dijo mientras caminaba hacia esa ciudad, preocupada por la violencia en la ruta. “No me voy arriesgar con mi hija, somos solas”, agregó.
Verza informó desde la Ciudad de México.
(AP Foto/Edgar H. Clemente, archivo)
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