CARACAS, Venezuela (AP) — La líder opositora venezolana María Corina Machado prometió el jueves mantener la presión sobre el presidente Nicolás Maduro para que deje el cargo en enero.

También instó a la comunidad internacional a estar a la altura de las circunstancias y reconocer de inmediato al candidato presidencial de su facción como ganador de las elecciones de julio, e implementar medidas para exigir a los funcionarios del gobierno que rindan cuentas por los abusos desatados después de la votación.

Machado, hablando con periodistas en línea desde un lugar no revelado en Venezuela, reafirmó su compromiso de negociar incentivos y garantías que puedan conducir a una transición pacífica del poder.

“Nosotros, el pueblo venezolano, lo hemos hecho todo”, afirmó. “Competimos con las reglas de la tiranía… y ganamos, y lo demostramos. Entonces, si el mundo o algún gobierno está pensando en mirar para otro lado, imagínense dónde termina la voluntad soberana y la soberanía popular en el mundo occidental. Significaría que las elecciones no valen nada”.

Sus comentarios se produjeron tres días después de que el sistema de justicia del país, leal al partido gobernante, emitiera una orden de arresto contra el ex diplomático Edmundo González, quien representó a la principal coalición opositora en las elecciones del 28 de julio.

Aunque el Consejo Nacional Electoral, repleto de simpatizantes del partido gobernante, declaró a Maduro como ganador, nunca publicó los resultados de las votaciones que respaldaban su afirmación. Sin embargo, la coalición opositora afirmó que González derrotó a Maduro por un margen de 2 a 1 y presentó como prueba los resultados de más del 80% de las máquinas de votación electrónica utilizadas en las elecciones.

Miles de personas, incluidos menores de edad, salieron a las calles en toda Venezuela horas después del anuncio del consejo electoral. Las protestas fueron en su mayoría pacíficas, pero los manifestantes también derribaron estatuas del predecesor de Maduro , el fallecido líder Hugo Chávez, lanzaron piedras a agentes de la ley y edificios, y quemaron motocicletas policiales y propaganda del gobierno.

El gobierno de Maduro respondió a las manifestaciones con toda su fuerza. Un informe publicado el miércoles por Human Rights Watch implicó a las fuerzas de seguridad del Estado y a bandas afines al partido gobernante en algunas de las 24 muertes ocurridas durante las protestas.

"No tienen límites en su crueldad", dijo Machado a los periodistas el jueves.

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, condenó el martes la “orden de arresto injustificada” contra González, calificándola como “otro ejemplo de los esfuerzos del señor Maduro por mantener el poder por la fuerza”. Kirby dijo que Estados Unidos está considerando una serie de opciones para mostrarle a Maduro y sus aliados que “sus acciones en Venezuela tendrán consecuencias”.

Bajo la administración Biden, el gobierno de Venezuela ha recibido diversas formas de alivio económico de las sanciones económicas que Estados Unidos impuso a lo largo de los años para tratar de derrocar a Maduro. A principios de este año, el gobierno puso fin a parte de ese alivio cuando aumentó los esfuerzos de represión contra miembros de la oposición, la sociedad civil y otros a los que considera adversarios.

El fiscal general Tarek William Saab, un aliado incondicional de Maduro, insistió el jueves que su oficina había solicitado la orden de arresto porque González, de 75 años, no se presentó tres veces a responder preguntas en una investigación penal centrada en la publicación en línea de las actas obtenidas por la oposición. Saab dijo a los periodistas que la publicación constituye una usurpación de poderes exclusivos del Consejo Nacional Electoral y afirmó que los registros de votación de la oposición son falsos.

“Usted compartió la página web en sus redes sociales”, dijo Saab, refiriéndose a González. “Explique por qué la compartió si es falsa”.

La afirmación de Saab contradice a los expertos de las Naciones Unidas y del Centro Carter, que, por invitación del gobierno de Maduro, observaron las elecciones y luego determinaron que los resultados anunciados por las autoridades electorales carecían de credibilidad. En una declaración crítica sobre las elecciones, los expertos de la ONU no llegaron a validar la afirmación de la victoria de la oposición, pero dijeron que los registros de votación de la facción publicados en línea parecen exhibir todas las características de seguridad originales.

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(foto AP/Cristian Hernandez)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A pesar de su trabajo bien remunerado en el sector tecnológico, Li Daijing no lo dudó cuando su prima le pidió ayuda para administrar un restaurante en Ciudad de México. Hizo las maletas y se marchó de China con la ilusión de empezar una nueva aventura.

Li, de 30 años y originaria de Chengdú, capital de la provincia de Sichuan, espera algún día emprender un negocio en línea de importación de muebles de su país natal.

“Quiero más”, dijo. “Quiero ser una mujer fuerte, quiero independencia”.

Li forma parte de una nueva oleada de emigrantes chinos que salen de su país en busca de oportunidades, más libertad o mejores perspectivas financieras en tiempos en que la economía china se ha ralentizado, las tasas de desempleo juvenil siguen siendo altas y las relaciones con Estados Unidos y sus aliados se han deteriorado.

Aunque la patrulla fronteriza estadounidense detuvo a decenas de miles de chinos en la frontera entre Estados Unidos y México el año pasado, miles de ellos están haciendo del país latinoamericano su destino final. Muchos tienen la esperanza de crear sus propias empresas, aprovechando la proximidad de México con Estados Unidos.

El año pasado, el gobierno mexicano expidió 5.070 permisos de residencia temporal a migrantes chinos, el doble que el año anterior. Esto sitúa a China en tercer lugar —después de Estados Unidos y Colombia— como origen de los migrantes a los que se concedió este tipo de permiso.

Una diáspora profundamente arraigada que ha forjado sólidas redes familiares y empresariales durante décadas hace que México resulte atractivo para los chinos recién llegados. Lo mismo ocurre con la creciente presencia de multinacionales chinas en México, que se han establecido para estar cerca de los mercados del continente americano.

“Hace dos años muchos chinos llegaron aquí y esa gente necesita comer”, dijo Duan Fan, dueño de “Nueve y media”, un restaurante de la elegante colonia Roma Sur de Ciudad de México que sirve la comida picante típica de Sichuan, su provincia de origen.

“Por eso yo abrí un restaurante de comida china, para que la gente pueda venir aquí y comer como en casa”, explicó.

Duan, de 27 años, llegó a México en 2017 para trabajar con un tío que es propietario de una tienda mayorista en Tepito, cerca del centro histórico de la capital. Sus padres se le unieron más tarde.

A diferencia de las generaciones anteriores de chinos que llegaron al norte de México desde la provincia meridional de Guangdong, los recién llegados proceden más bien de toda China.

Los datos del último censo de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México muestran que los migrantes chinos se concentran principalmente en Ciudad de México. Hace una década, el censo registró la mayor concentración de chinos en el estado septentrional de Baja California, en la frontera con Estados Unidos, frente a California.

La llegada de multinacionales chinas está provocando una afluencia de “personas que vienen del este de China, más educadas y con una trayectoria más amplia a nivel global”, señaló Andrei Guerrero, coordinador académico del Centro de Estudios China-Baja California.

A unos kilómetros del centro histórico está la colonia Viaducto-Piedad, donde desde finales de los años noventa ha ido asentándose una nueva comunidad china. Los migrantes chinos no sólo han abierto negocios sino que han creado espacios comunitarios para actos religiosos y recreo infantil.

Viaducto-Piedad es reconocido por los propios chinos como el verdadero “barrio chino” de la capital mexicana, indicó Mónica Cinco, especialista en migración china y directora general de la Fundación EDUCA México.

“Cuando les preguntaba por qué, me decían porque nosotros sí vivimos aquí. Tenemos tiendas para consumos de chinos, estéticas y restaurantes sólo para chinos”, explicó. “Ellos viven ahí, sí hay una comunidad y varias escuelas públicas de la zona tienen una población china importante”.

En el centro de Ciudad de México los empresarios chinos no sólo han abierto nuevas tiendas al por mayor, sino que también han ocupado decenas de edificios. En ocasiones, esto se ha convertido en una fuente de tensiones con comerciantes y residentes locales que afirman que la expansión de las empresas de propiedad china los está desplazando.

En un minimercado del bullicioso del centro de la ciudad, donde se venden productos chinos como hongos de oreja de madera deshidratados y alitas de pato picantes envasadas al vacío, Dong Shengli, de 33 años, dice que se trasladó a Ciudad de México desde Beijing hace unos meses para ayudar a unos amigos a gestionar la tienda.

Dong —que desde entonces ha encontrado trabajo con un comerciante de ropa y calzado deportivo de imitación— dijo que trabajaba en la Comisión Nacional de Energía de China, pero que sus amigos lo convencieron para venir aquí.

Piensa explorar posibilidades de negocio en México, pero el vínculo con China sigue fuerte. “Mi esposa y mis padres están en China. Mi madre es mayor, me necesita”, afirmó.

Otros se van de China en busca de mayor libertad. Es el caso de Tan, de 50 años, que sólo dio su apellido por preocupación por la seguridad de su familia, que permanece en China. Llegó a México este año procedente de la provincia meridional de Guangdong y consiguió trabajo durante unos meses en una cadena de almacenes. En su país se las ingeniaba haciendo varios trabajos, entre ellos en una empresa del sector químico y escribiendo artículos para revistas durante la pandemia.

Pero en China no soportaba lo que describió como un ambiente represivo.

“No es sólo la opresión en el trabajo, es la mentalidad”, indicó. “Puedo sentir la regresión política, el retroceso de la libertad y la democracia. Las implicaciones de eso realmente hacen que la gente se sienta trastornada y enferma. Por tanto, la vida es muy dolorosa”.

Lo que más le ha llamado la atención de Ciudad de México son las protestas que a menudo abarrotan las principales avenidas de la ciudad, evidencia, según él, de que la libertad de expresión que anhela existe en este país.

En el restaurante donde sigue ayudando en el lujoso barrio de Juárez, Li dijo que México destaca como tierra de oportunidades para ella y otros chinos que no tienen familiares en Estados Unidos que les ayuden a establecerse allí. Explicó que se fue de China en parte debido a la cultura competitiva en el lugar de trabajo y a los elevados precios de la vivienda.

“En China todo el mundo ahorra dinero para comprar una casa, pero es muy caro conseguir una”, afirmó.

Confiada en sí misma y con una sonrisa contagiosa, Li dijo que espera que las habilidades adquiridas trabajando como promotora de ventas para el gigante tecnológico chino Tencent Games la ayuden a salir adelante en México.

En Ciudad de México no ha conocido a muchas mujeres chinas como ella: recién llegadas, jóvenes, solteras. La mayoría están casadas y se reúnen en México con sus maridos.

“Venir aquí es enfrentarse a algo desconocido”, dijo.

Li no sabe si logrará emprender su ambicioso proyecto personal, pero tiene varias ideas. Se imagina, por ejemplo, que en la provincia de Henan podría conseguir mobiliario a buen precio. Mientras tanto, vende muebles importados a México por un amigo chino en la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre.

“No estoy casada, no tengo novio, sólo soy yo”, comentó, “así que trabajaré duro y lucharé”.

By  CATERINA MORBIATO

(AP Foto/Eduardo Verdugo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La justicia mexicana tiene problemas serios pero no está nada claro que se solucionen eligiendo en las urnas a todos los jueces que hay en el país.

Y ese es el punto central de la reforma al Poder Judicial que avanza estos días en el Congreso, una iniciativa que remodela por completo la judicatura y hará que casi 7.000 jueces vayan a elección popular.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, asegura que acabará con la corrupción y democratizará la justicia. Sus críticos —colegios profesionales, académicos, estudiantes, organizaciones civiles y países como Estados Unidos y Canadá— insisten en que la politizará y pondrá en riesgo la independencia judicial y libertades básicas del Estado de derecho.

Pese a las protestas, los paros en el sector, las tensiones diplomáticas y en los mercados financieros y los recursos en tribunales para pararla, la reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados gracias a la abrumadora mayoría lograda por el oficialismo en las elecciones de junio.

Para que entre en vigor falta que se vote en el Senado y luego la ratifiquen 17 de los 32 estados. En ambos casos, el oficialismo tiene apoyos suficientes prácticamente garantizados.

El presidente lanzó su propuesta en febrero después de fuertes enfrentamientos con la judicatura porque los tribunales cuestionaron o paralizaron algunas de sus grandes reformas. Quiere que salga adelante antes del fin de su mandato, el 30 de septiembre.

Su sucesora, Claudia Sheinbaum, se mostró más abierta al diálogo pero, de momento, asiente.

¿Cómo se llega a juez ahora?

A través de la carrera judicial, que es un sistema de méritos y exámenes por concurso de oposición con el que los funcionarios van ascendiendo en responsabilidades poco a poco. Está pensado para garantizar la estabilidad, la formación y la experiencia de los jueces aunque muchos aseguran que debería mejorarse la transparencia de los concursos para evitar casos de discrecionalidad.

Para la Suprema Corte, es el Senado el que selecciona a sus integrantes entre los propuestos por el presidente.

¿Cuál es el principal cambio de la reforma?

Todos los jueces, federales y estatales, desde los de escalafón más bajo hasta la Suprema Corte, serán elegidos en las urnas. También los miembros de los órganos de gobierno judicial. Casi 7.000 cargos.

Las exigencias para ser juez se reducen notablemente. Basta tener licenciatura en Derecho y cinco años de experiencia; para la Suprema Corte serán 10. No hacen falta exámenes; solo buenas calificaciones y cartas de recomendación (de cualquier procedencia).

La primera elección, que abarcará en torno a la mitad de los jueces, se haría en 2025. El resto debería coincidir con las elecciones ordinarias de 2027. Pero muchos detalles de cómo se organizará la votación son inciertos todavía.

Se abre la convocataria, se presentan los aspirantes y, de entre ellos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial escoge cada uno a su lista de candidatos para cada puesto. Después, habrá un primer filtro de un comité y, finalmente, se celebrará un sorteo donde el azar determinará los que estarán en boletas electorales

Cada ciudadano deberá elegir previsiblemente entre aspirantes relativamente desconocidos e informarse sobre ellos será una labor titánica. Eso abriría la puerta a que cualquier poder fáctico (político, económico, criminal) influyera en su decisión, así como en las campañas electorales de los jueces. Muchos temen que suponga un mayor acoso para ellos.

¿Cómo se regirá el poder judicial?

El actual órgano rector, el Consejo de la Judicatura Federal, será sustituido por dos entes: un organismo de control administrativo, encargado de todos los presupuestos, y un tribunal disciplinario.

La Suprema Corte verá reducido de 11 a nueve el número de jueces con mandatos de 12 años; ahora son 15 años.

¿Podrá reducir la corrupción o mejorar la justicia?

El gobierno afirma que dejar que los votantes decidan hará que no se elija a los corruptos y, además, que se reducirán beneficios de los integrantes de la Suprema Corte, que López Obrador siempre consideró excesivos. Por ejemplo, no podrán ganar más que el presidente y ya no tendrán pensiones vitalicias.

Analistas y jueces lo dudan. En primer lugar, porque el principal problema no es sólo que haya jueces corruptos que desestimen ciertos casos, sino que la policía y los fiscales —funcionarios que dependen del gobierno— están tan mal formados y desbordados. Más del 90% de los delitos nunca llega a los tribunales.

Además, aunque el nuevo tribunal disciplinario podría suponer un mejor instrumento para sancionar irregularidades que el actual —que es muy enrevesado—, preocupa su diseño, su enorme poder y que sus cinco integrantes también sean elegidos en las urnas.

Juan Pablo Campos, de la Fundación Konrad Adenauer, dedicada al fortalecimiento democrático, pone un ejemplo: no solo se podrá iniciar un procedimiento disciplinario a un funcionario por una falta o por un delito como recibir un soborno sino por otros motivos muy ambiguos que podrían conllevar que jueces sean investigados veladamente por el sentido de sus sentencias. Eso pondría en riesgo la imparcialidad de las resoluciones y desatar una “cacería de brujas” por motivos políticos.

¿Qué significa que habrá jueces sin rostro?

La idea de que en juicios delicados, como los de crimen organizado, haya jueces en una sala con su identidad oculta —sin que se haya explicado cómo trabajarían— es algo que ya plantearon gobiernos anteriores pero la ONU asegura que si no se sabe quién juzga no se puede valorar su idoneidad.

“Hay que proteger a las personas juzgadoras, sin vulnerar el derecho a un juicio justo, ante un tribunal independiente e imparcial”, indicó recientemente en sus redes.

Para Susana Camacho, de la ONG México Evalúa que somete a escrutinio acciones gubernamentales, “demuestra la debilidad del Estado para proteger a sus jueces”.

¿Cuánto costará la reforma?

Las autoridades no han dado cifras pero, según Camacho, se necesitará un monto importante tanto para la celebración de las elecciones, así como para pagar las liquidaciones de los jueces salientes que sean sustituidos por los electos.

Además, existe el riesgo de que se retrasen juicios en marcha; de ahuyentar a inversores, como alertaron Estados Unidos y Canadá; o incluso de que se pudiera multar a México por incumplimiento de tratados internacionales que exigen garantías de seguridad e imparcialidad jurídica.

¿Existen iniciativas similares en otros países?

En ningún país del mundo se elige a todos los jueces por votación pero en algunos sí votan para seleccionar determinados magistrados. En Estados Unidos, por ejemplo, hay distintos sistemas de voto de jueces locales que funcionan sin mayores problemas.

Bolivia apostó en 2009 por el voto popular de ciertos magistrados, aunque no tuvo mucho éxito porque se multiplicaron los votos nulos de quienes veían excesiva influencia del partido en el poder. Ahora el proceso de renovación de esos jueces está bloqueado desde hace meses.

(Foto AP/Félix Márquez)

By  MARÍA VERZA

SAN SALVADOR (AP) — Días después que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, planteara en una entrevista reciente la posibilidad de prescindir a corto plazo del régimen de excepción, el Congreso aprobó el martes la trigésima prórroga de esta medida como parte de la estrategia de mano dura para el combate a las pandillas.

La excepción regirá por otros 30 días días en todo el territorio nacional, dada la última aprobación con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral controlado por el partido de Bukele. Los partidos de oposición nuevamente negaron sus votos. Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se abstuvieron y la diputada del partido VAMOS votó en contra.

El gabinete de seguridad del gobierno de Bukele pidió al Congreso aprobar la nueva prórroga del régimen de excepción en todo el territorio nacional por considerar que “aún existen grupos terroristas que, de no erradicarse por completo, su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos”.

En su petición sostuvo que, si bien es cierto que las medidas extraordinarias “han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción de los delitos y la captura de más de 81.900 terroristas”, es necesario prolongar el régimen de excepción para perseguir y capturar a los remanentes de las pandillas. El gobierno ha reconocido que ha tenido que liberar a más de 7.000 detenidos por falta de pruebas.

Un argumento similar planteó Bukele en una entrevista días atrás en la que mencionó la posibilidad de retirar el régimen de excepción en algún momento, sin precisar la fecha.

La medida, de naturaleza temporal, lleva en vigor en El Salvador desde hace más de dos años y medio y ha sido recurrentemente cuestionada por organismos y activistas de derechos humanos.

Bukele consideró que los logros alcanzados en la reducción de asesinatos y con la captura de miles de supuestos pandilleros y sus colaboradores, podrían mantenerse en el futuro sin el régimen de excepción, indicó a la revista Time.

Desde que entró en vigor la medida, organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos han registrado más de 6.000 denuncias hechas por las víctimas bajo el régimen de excepción dicen haber documentado que han muerto 305 personas adultas y cuatro bebés hijos de personas privadas de libertad.

Las autoridades, por su parte, estiman que todavía hay más de 8.000 pandilleros libres, algunos en el país y otros en el extranjero.

Aseguran que las pandillas por más de tres décadas con presencia en comunidades y barrios populares del país “persisten en su funcionamiento delictivo, su recomposición e intencionalidad de fortalecimiento”.

El estado de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022 —un día después de que en 24 horas las pandillas asesinaran a 62 personas— suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado.

Bajo ese régimen, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.

Como parte de la estrategia de combate a las pandillas el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.

Según cifras oficiales, en lo que va de 2024 se reportan 176 días sin homicidios y una considerable reducción de la violencia criminal en el país centroamericano que en 2015 era considerado uno de los países más violentos del mundo con 6.656 homicidios.

En 2023, el país cerró con 214 homicidios, entre ellos, 38 muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con policías o militares. En lo que va del año la policía ha registrado 90 homicidios que incluyen la muerte de tres presuntos pandilleros también en supuestos enfrentamientos con la policía o las Fuerzas Armadas.

(AP Foto/Salvador Melendez)

By  MARCOS ALEMÁN