El único pasajero que sobrevivió al choque de un avión de Air India que mató a 241 personas a bordo el jueves cayó cerca de los escombros después de ser expulsado de la aeronave, y caminó hacia una ambulancia cercana para recibir ayuda, dijo un médico.
Un doctor del Hospital Civil de Ahmedabad identificó al hombre como Vishwashkumar Ramesh, y el ministro del Interior de la India, Amit Shah, dijo que se reunió con el sobreviviente. La aerolínea informó que era un ciudadano británico de origen indio.
“Estaba desorientado, con múltiples heridas por todo el cuerpo”, comentó el doctor Dhaval Gameti, quien trató a Ramesh, a The Associated Press. “Pero parece estar fuera de peligro”.
Otro médico dijo que Ramesh le contó que inmediatamente después de que el avión despegó, comenzó a descender y de repente se partió en dos, expulsándolo antes de que se oyera una fuerte explosión.
Un video transmitido por canales de noticias indios parecía mostrar a Ramesh ensangrentado alejándose del lugar del accidente y a personas corriendo detrás de él.
Ramesh, quien tenía su tarjeta de embarque con él en el hospital, dijo al periódico local Hindustan Times que vio cuerpos y partes del avión esparcidos en el lugar del choque.
“Cuando me levanté había cuerpos a mi alrededor. Estaba asustado. Me levanté y corrí", le dijo al periódico.
Ramesh viajaba a Londres con su hermano y llamó a familiares en Leicester después del choque, relató su primo, Ajay Valgi, a la cadena BBC.
“Sólo dijo que está bien, nada más”, comentó Valgi, agregando que la familia está “feliz de que esté bien, pero aún estamos preocupados por el otro hermano”.
Nayan Kumar Ramesh contó a Sky News que su hermano llamó a su padre momentos después del choque para decirle que había sobrevivido.
“Llamó por video a mi papá mientras se estrellaba y dijo: ‘Oh, el avión se estrelló. No sé dónde está mi hermano. No veo a ningún otro pasajero. No sé cómo estoy vivo, cómo salí del avión’”, contó a Sky.
Saaliq y Hussain informaron desde Srinagar, India. Kirka informó desde Londres.
SHEIKH SAALIQ covers news across India and the South Asia region for The Associated Press, often focusing on politics, democracy, conflict and religion. He is based in New Delhi.
AIJAZ HUSSAIN is a senior reporter for The Associated Press covering the Kashmir conflict, Indian politics and strategic affairs, and climate. He has worked for the AP for nearly two decades.
SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Días antes de su arresto frente a la casa de su hija en las afueras de San Salvador, el abogado constitucional Enrique Anaya llamó al presidente salvadoreño Nayib Bukele “dictador” y “déspota” en televisión en vivo.
Esta semana, el abogado Jaime Quintanilla se encontraba afuera de un centro de detención en la capital de El Salvador con una caja de comida y ropa para su cliente, sin estar seguro de si Anaya alguna vez sería liberado.
El arresto de Anaya, un feroz crítico de Bukele, el sábado, marca la última acción en lo que los organismos de control describen como una ola de represión contra la disidencia por parte del líder centroamericano. Afirman que Bukele se siente envalentonado por su alianza con el presidente estadounidense Donald Trump , quien no solo lo ha elogiado, sino que también ha evitado criticar acciones que defensores de derechos humanos, autoridades internacionales y expertos legales consideran autoritarias.
Las autoridades de El Salvador han atacado a abogados que se expresan abiertamente como Anaya, a periodistas que investigan los presuntos acuerdos de Bukele con pandillas y a defensores de derechos humanos que exigen el fin de un estado de excepción de tres años , que ha suspendido derechos civiles fundamentales. Algunos afirman que se han visto obligados a huir del país.
“Intentan silenciar a cualquiera que opine —profesionales, ideólogos, cualquiera que sea crítico— y ahora están encarcelados”, dijo Quintanilla. “Es una venganza”.
La oficina de Bukele no respondió a una solicitud de comentarios.
"No me importa si me llamas dictador"
Los observadores observan una preocupante escalada por parte del popular presidente, quien goza de altísimos índices de aprobación debido a su ofensiva contra las pandillas del país . Al suspender los derechos fundamentales, Bukele ha debilitado gravemente a las pandillas, pero también ha encarcelado a 87.000 personas por presuntos vínculos con ellas, a menudo con escasas pruebas y sin el debido proceso. Varios de los detenidos también eran críticos.
Bukele y su partido Nuevas Ideas han tomado el control de los tres poderes del gobierno, llenando la Corte Suprema del país con sus leales. El año pasado, en una medida considerada inconstitucional , se postuló a la reelección y obtuvo una contundente victoria.
"No me importa que me llamen dictador", dijo Bukele a principios de mes en un discurso. "Mejor eso que ver a salvadoreños asesinados en las calles".
En las últimas semanas, quienes durante mucho tiempo han sido una molestia para Bukele afirman que las amenazas inminentes han llegado a un punto de inflexión. La represión se produce en un momento en que Bukele ha atraído la atención mundial por mantener a unos 200 deportados venezolanos detenidos en una megaprisión construida para pandillas como parte de un acuerdo con la administración Trump.
«Por supuesto que tengo miedo»
Anaya fue detenido por las autoridades bajo acusaciones no probadas de lavado de dinero. La fiscalía afirmó que sería remitido a los tribunales competentes en los próximos días. Quintanilla, su abogado, rechaza las acusaciones y afirma que su arresto se debe a años de cuestionar abiertamente a Bukele.
Quintanilla, colega de Anaya desde hace mucho tiempo, dijo que decidió representar a su amigo en parte porque muchos otros abogados del país tenían demasiado miedo de presentarse. El martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por el arresto de Anaya.
Anaya, de 61 años, es un respetado abogado y comentarista salvadoreño, doctor en derecho constitucional. Ha criticado la represión de Bukele contra las pandillas y su manipulación del Tribunal Supremo de El Salvador. El año pasado, fue uno de los que solicitaron, sin éxito, a la máxima autoridad electoral del país que rechazara la reelección de Bukele, alegando que violaba la Constitución .
Días antes de su arresto, Anaya despotricó en televisión contra la detención de la abogada de derechos humanos Ruth López , quien la semana pasada gritó: “No me van a silenciar, quiero un juicio público”, mientras la policía la escoltaba esposada al tribunal.
"Claro que tengo miedo", le dijo Anaya al presentador. "Creo que cualquiera que se atreva a hablar, habla con miedo".
Si bien algunos de los críticos más acérrimos de Bukele, como Anaya y López, han sido detenidos públicamente, otros defensores de derechos humanos han huido discretamente del país con la esperanza de buscar asilo en otros lugares de la región. Se negaron a hacer comentarios o a ser identificados por temor a ser objeto de persecución incluso fuera de El Salvador.
El miedo y un aliado en Trump
El mes pasado, una protesta frente a la casa de Bukele fue violentamente reprimida por la policía y algunos manifestantes fueron arrestados. Bukele también ordenó el arresto de los directores de las compañías locales de autobuses por desobedecer su orden de ofrecer transporte gratuito mientras una importante autopista estaba bloqueada.
A finales de mayo, el Congreso de El Salvador aprobó una ley de "agentes extranjeros" , impulsada por el presidente populista. Esta ley se asemeja a la legislación implementada por los gobiernos de Nicaragua, Venezuela, Rusia, Bielorrusia y China para silenciar y criminalizar la disidencia presionando a organizaciones que dependen de financiación extranjera.
Verónica Reyna, coordinadora de derechos humanos del Servicio Social Pasionista, una organización salvadoreña sin fines de lucro, dijo que ahora los coches de policía esperan regularmente afuera de las oficinas de su grupo como una amenaza persistente.
“Ha sido poco a poco”, dijo Reyna. “Desde que Trump llegó al poder, hemos visto que (Bukele) siente que ningún gobierno lo va a criticar duramente ni va a intentar frenarlo”.
La influencia de Trump se extiende más allá de su apoyo vocal a Bukele , ya que su administración está presionando los límites legales para impulsar su agenda, dijeron Reyna, otros defensores de derechos humanos y periodistas.
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador, que antes denunciaba regularmente las acciones del gobierno, ha guardado silencio durante los arrestos y las persistentes amenazas. No respondió a una solicitud de comentarios. En su último año, el gobierno de Biden también moderó sus críticas al gobierno de Bukele, ya que este contribuyó a frenar la migración hacia el norte en vísperas de las elecciones de 2024.
El martes, Quintanilla visitó a Anaya detenido por primera vez desde su arresto mientras era vigilado por agentes de policía.
A pesar de la detención, ni Anaya ni Quintanilla han sido informados oficialmente de los cargos. Quintanilla teme que las autoridades utilicen las amplias facultades otorgadas a Bukele por el "estado de excepción" para mantenerlo en prisión indefinidamente.
Periodistas varados
Óscar Martínez, editor jefe del sitio de noticias El Faro, y otros cuatro periodistas abandonaron el país y no pueden regresar de manera segura, ya que enfrentan la posibilidad de ser arrestados a causa de sus reportajes.
En un momento en que muchos otros reporteros han guardado silencio por miedo, el sitio de noticias de Martínez ha investigado a Bukele con más rigor que quizás cualquier otro, exponiendo la corrupción oculta y los abusos de los derechos humanos en el marco de su ofensiva contra las pandillas.
En mayo, El Faro publicó una entrevista en tres partes con un exlíder de pandillas que afirmó haber negociado con el gobierno de Bukele. Poco después, Martínez afirmó que la organización recibió la noticia de que las autoridades estaban preparando una orden de arresto contra media docena de sus periodistas. Esto ha mantenido al menos a cinco periodistas de El Faro, incluido Martínez, varados fuera de su país durante más de un mes.
El sábado, cuando los periodistas intentaban regresar a casa en un vuelo, una fuente diplomática y un funcionario del gobierno les informaron que la policía había sido enviada al aeropuerto para esperarlos y probablemente arrestarlos.
Los periodistas descubrieron posteriormente que sus nombres, junto con los de otros líderes de la sociedad civil, figuraban en una lista de "objetivos prioritarios" de las autoridades aeroportuarias. Martínez afirmó que el nombre de Anaya también figuraba en la lista.
Ahora, en un país centroamericano cercano, Martínez dijo que no sabe cuándo podrá abordar otro vuelo a casa. Y si lo hace, no sabe qué pasará al desembarcar.
“Tememos que, si regresamos —porque algunos seguramente lo intentaremos—, nos encarcelen”, dijo. “Estoy seguro de que si encarcelan a los periodistas de El Faro, nos torturarán y, posiblemente, incluso nos matarán”.
MEGAN JANETSKY Janetsky cubre migración, conflictos, derechos humanos y política en México y Centroamérica para AP, con sede en la Ciudad de México. Anteriormente, cubrió Cuba y el Caribe para AP y trabajó como periodista independiente en Colombia, informando sobre toda Sudamérica.
BUENOS AIRES, Argentina (AP) — El máximo tribunal de Argentina confirmó el martes una sentencia de seis años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un fallo que la inhabilitó permanentemente para ejercer cargos públicos tras la condena por corrupción que determinó que había encomendado contratos estatales a un amigo mientras era primera dama y presidenta.
El explosivo fallo de la Corte Suprema dejó a Fernández, la carismática pero profundamente divisiva ex líder de Argentina, sujeta a arresto y provocó que sus partidarios salieran a las calles de Buenos Aires, la capital de Argentina, y bloquearan las principales autopistas en protesta.
El tribunal solicitó al Ministerio de Seguridad de Argentina la creación de un centro de detención para Fernández, de 72 años. Su abogado defensor, Carlos Beraldi, declaró a C5N, un canal de televisión de Buenos Aires, que había solicitado que se le permitiera a Fernández cumplir su condena en arresto domiciliario dada su edad.
El fallo prohíbe a Fernández presentarse a las elecciones legislativas de Buenos Aires de este otoño, pocos días después de haber lanzado su campaña.
Fernández, quien dominó la política argentina durante dos décadas y forjó el principal movimiento populista de izquierda del país conocido como kirchnerismo, después de que ella y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, rechazaran las acusaciones por considerarlas motivadas políticamente.
Durante los ocho años de mandato de Fernández (2007-2015), Argentina amplió los pagos en efectivo a los pobres e impulsó importantes programas de asistencia social. Sin embargo, sus gobiernos financiaron el gasto público descontrolado mediante la emisión de moneda, lo que le dio a Argentina mala fama por sus enormes déficits presupuestarios y su inflación desmesurada.
Los críticos atribuyeron los años de volatilidad económica de Argentina a las políticas de Fernández, y la indignación por las sucesivas crisis económicas y la inflada burocracia del país ayudaron a catapultar al presidente libertario radical Javier Milei a la presidencia a fines de 2023.
El fallo asestó un duro golpe a la oposición de Milei durante un año crucial de elecciones intermedias. Él celebró el fallo escribiendo en redes sociales: «Justicia. Punto».
Fernández se vio envuelta en múltiples escándalos de corrupción durante su mandato. Fue condenada en 2022 por este caso de corrupción, centrado en 51 contratos públicos de obras públicas adjudicados a empresas vinculadas a Lázaro Báez, magnate de la construcción convicto y amigo de la pareja presidencial, a precios un 20 % superiores a la tarifa estándar, en un esquema que le costó al estado decenas de millones de dólares.
El alto tribunal rechazó en marzo la solicitud de Fernández de que el tribunal revisara su condena de prisión. En una resolución obtenida por The Associated Press, el tribunal declaró que la pena de prisión "no hace más que proteger nuestro sistema republicano y democrático".
Los gobiernos de Kirchner llevaron a cabo “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses del gobierno y resultó en el desfalco de aproximadamente 70 millones de dólares al tipo de cambio actual, señala la resolución.
Partidarios de Fernández y su movimiento político bloquearon las principales vías de acceso a Buenos Aires e irrumpieron en las oficinas de Canal 13 y Todos Noticias, las dos principales cadenas de cable argentinas consideradas críticas con la expresidenta, destrozando televisores, vandalizando vehículos y rompiendo cristales. No se reportaron heridos.
Fernández rechazó la decisión y calificó a los jueces de la corte de “títeres” de quienes ejercen el poder económico en el país.
“Son tres marionetas que responden a quienes gobiernan muy por encima de ellos”, dijo a sus simpatizantes en un discurso conmovedor frente a la sede de su partido. “No es la oposición. Es el poder económico concentrado del gobierno argentino”.
Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Fernández, se comprometió a “llevar este caso ante todos los organismos internacionales de derechos humanos”.
Fernández ha cuestionado la imparcialidad de los jueces. Afirma que su defensa no tuvo acceso a gran parte de las pruebas y que estas se obtuvieron sin respetar los plazos legales.
Fernández enfrenta una serie de otros juicios próximos por cargos de corrupción.
El periodista de Associated Press Sergio Farella contribuyó a este informe.
LA PAZ (AP) — Vecinos, transportistas y comerciantes de una ciudad minera al sur de Bolivia, que salieron el martes a despejar rutas bloqueadas desde hace nueve días, se enfrentaron el martes con seguidores del expresidente Evo Morales que protestan contra la inhabilitación de su líder ante las elecciones de agosto.
“Más de 30 personas resultaron heridas a manos de bloqueadores evistas (afines a Morales)”, informó el presidente Luis Arce en su cuenta de X, antes Twitter, en donde lamentó una de las jornadas que consideró como de las “más violentas”.
El enfrentamiento entre manifestantes y pobladores se dio el martes en la pequeña ciudad de Llallagua, a unos 290 kilómetros al sur de La Paz, en la región de Potosí, que es una de las más castigadas por el desabastecimiento de productos de la canasta familiar debido a los cortes de las principales rutas.
A nivel nacional los bloqueos de carretera y las manifestaciones por parte de cocaleros y campesinos simpatizantes de Morales llevan nueve días afectando a siete de nueve regiones del país. El gobierno boliviano calculó en unos 100 millones de dólares las pérdidas en productos agrícolas y producción avícola, de res y cerdo, entre otros.
La policía y el Ministerio Público reportaron saqueos y la quema de oficinas y de mobiliario en un puesto policial de Llallagua, después del intento de desbloqueo. Anunciaron una investigación sobre los autores. La policía preliminarmente señaló inicialmente a los seguidores a Morales.
Hay “un poblador con heridas de gravedad”, informó el fiscal en la región de Potosí, Gonzalo Aparicio.
Los habitantes de esa zona se reunieron horas antes y aseguraron que la localidad quedó desabastecida y tomaron la decisión de salir a despejar las vías. Los protestantes los esperaron con piedras y cargas de dinamita, explicó el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, en conferencia de prensa
Según Aguilera, los simpatizantes de Morales son indígenas quechuas del norte de Potosí, que se trasladaron a esa localidad para protestar.
El exmandatario se encuentra en la región cocalera del Chapare, en el centro del país, desde que la justicia ordenó su arresto hace nueve meses por negarse a responder por una denuncia de abuso a una menor cuando era mandatario.
Un total de 80 personas están detenidas, mientras que más de 30 resultaron heridas en las actuales protestas. La semana pasada el gobierno presentó una denuncia contra Morales por terrorismo, al responsabilizar de incitar las movilizaciones.
Los puntos principales de conexión ente el Oriente y el Occidente bolivianos fueron cortados por cocaleros y campesinos leales a Morales —quien se desempeñó como presidente en tres ocasiones entre 2006-2019— en protesta por la inhabilitación su líder como candidato presidencial.
El exmandatario quedó fuera de los comicios generales del 17 de agosto debido a un fallo del Tribunal Constitucional que declaró ilegal su intención de reelegirse por un cuarto mandato.
Los manifestantes también piden la renuncia del presidente Luis Arce por la crisis económica, una situación que llevó a otros sectores también a realizar acciones en los últimos días.
Hubo protestas de transportistas y juntas vecinales, en contra de la escasez de gasolina y diésel y de los altos precios de los alimentos.
LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente de Bolivia Luis Arce anunció el sábado que interpondrá una denuncia ante la comunidad internacional por el ataque de seguidores del expresidente Evo Morales a una ambulancia que transportaba heridos en las protestas que convocó el exmandatario en contra del gobierno.
En la madrugada del sábado seguidores de Morales que mantienen tomadas varias carreteras desde hace seis días atacaron una ambulancia que transportaba policías heridos durante las protestas, “agredieron” al personal médico que iba a bordo y quemaron el vehículo, según denunció la ministra de Salud, María Renée Castro.
“Esto no se ha visto en ningún lugar. Es reprochable y vamos a hacer la denuncia internacional porque no puede ser que nuestro país, so pretexto de una candidatura absolutamente injustificada e inconstitucional, estén tomando este tipo de acciones contra el personal médico y personeros de la policía que lo único que hacen es cumplir su deber”, declaró Arce a la prensa.
Seguidores de Morales (2006-2019) mantienen tomadas varias carreteras principales y se han enfrentado a la policía con dinamita para presionar por la inscripción de su líder como candidato presidencial después que Morales quedó fuera de los comicios presidenciales del 17 de agosto por un fallo del Tribunal Constitucional que declaró ilegal buscar un tercer mandato.
Los manifestantes también demandan la renuncia de Arce a quien culpan por la aguda crisis económica y la escasez de combustibles. Las autoridades han reportado medio centenar de heridos en su mayoría policías y numerosos detenidos.
Cientos de vehículos están varados en las carreteras y están escaseando los alimentos en los mercados.
Arce, quien fue ministro de Economía de Morales por una década, acusó a su mentor de “convulsionar el país para perjudicar los comicios” y presionar por su renuncia.
“Aunque el evismo (seguidores de Evo Morales) busque derrocar a un gobierno legítimo y constitucional, y evitar elecciones generales, nunca se debe tolerar un ataque a ambulancias”, subrayó el mandatario.
Morales ha dicho que las protestan que ha convocado buscan “defender la democracia” y luchar contra la crisis económica agravada por el gobierno que, afirma, “responde con silencio, represión y medidas improvisadas”.
El exmandatario tiene una orden de detención y está refugiado en su feudo cocalero del Chapare, en el centro de Bolivia, por negarse a responder ante la justicia por una acusación de presunto abuso de una menor cuando era mandatario. A raíz de los cortes carreteros y los choques con las fuerzas del orden, el gobierno le inició otra querella esta semana por terrorismo.
Las elecciones presidenciales y legislativas del 17 de agosto se desarrollan en medio de la peor crisis económica en 40 años y en un clima de alta tensión social y política, con el partido gobernante fracturado con tres candidatos y en medio de una pelea intestina entre Morales y Arce que pone en riesgo la hegemonía de casi 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
Ni Arce ni Morales son candidatos. El bloque opositor concurre con siste candidaturas de centro y de derecha. Las encuestas vaticinan una elección fragmentada.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
El único pasajero que sobrevivió al choque de un avión de Air India que mató a 241 personas a bordo el jueves cayó cerca de los escombros después de ser expulsado de la aeronave, y caminó hacia una ambulancia cercana para recibir ayuda, dijo un médico.
