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Carteles MexicanosCIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno estadounidense ha designado a dos nuevos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
Se trata del Cártel de Juárez, en la frontera con Texas, y Los Viagras, un grupo criminal del estado occidental de Michoacán. El Registro Federal, la gaceta del gobierno estadounidense, publicó la designación el jueves.
Se unieron a otras seis organizaciones criminales mexicanas que Estados Unidos considera grupos terroristas, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Bandas criminales de otros países latinoamericanos, como Venezuela, Brasil, Ecuador y El Salvador, también han sido designadas como organizaciones terroristas extranjeras por la administración Trump.
En febrero de 2025, el presidente Donald Trump comenzó a extender la etiqueta de organización terrorista a los cárteles latinoamericanos para permitir que las autoridades estadounidenses tomaran medidas más agresivas contra ellos o contra cualquiera que Estados Unidos considere que ayuda a estos grupos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que ambos grupos criminales han cometido actos terroristas o representan un grave riesgo de cometer actos que amenacen la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos.
Esta medida representa un aumento adicional de la presión sobre la administración de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum tras la acusación formal de 10 funcionarios actuales y anteriores del estado de Sinaloa por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, así como por las controversias en torno a las operaciones estadounidenses en México .
Mayor presión en la frontera de Texas.
El Cártel de Juárez es una de las organizaciones de narcotráfico más antiguas de México, que durante décadas ha controlado un punto de cruce clave en la zona central de la frontera entre México y Estados Unidos : Ciudad Juárez, frente a El Paso, Texas. Se considera que una de sus facciones es responsable de la muerte en 2019 de nueve ciudadanos estadounidenses , seis de ellos menores de edad.
Tanto su fundador, Amado Carrillo Fuentes —conocido como “El Señor de los Cielos” por el contrabando de enormes cargamentos de droga en avionetas durante la década de 1990— como los hermanos e hijos que lo sucedieron, convirtieron el tráfico de toneladas de droga en un negocio multimillonario. A pesar de la detención de muchos de sus líderes, el cártel y sus bandas aliadas mantuvieron el control de una vasta infraestructura para el contrabando de cargamentos ilegales hacia Estados Unidos.
Según el analista mexicano David Saucedo, esta designación es clave para que Estados Unidos pueda tomar medidas más decisivas a lo largo de la frontera, donde otros dos grupos, ambos ubicados en el extremo oriental de la frontera con Texas —el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste— fueron declarados organizaciones terroristas en febrero de 2025.
Estados Unidos vuelve a poner en el punto de mira a Michoacán.
Los Viagras es un cártel local del estado occidental de Michoacán , donde ya operan otros dos grupos criminales designados como organizaciones terroristas: Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana. El Cártel Jalisco Nueva Generación y socios del Cártel de Sinaloa también operan en este estado.
Los Viagras surgieron tras el levantamiento armado de 2013-2014 liderado por campesinos que lograron expulsar a muchos de los antiguos cárteles, solo para verlos reemplazados por otros nuevos.
El cártel está liderado por Nicolás Sierra Santana, quien enfrenta una acusación formal en el Distrito de Columbia por conspiración para traficar drogas, presentada en junio de 2025. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
El grupo ha cambiado sus lealtades y alianzas para consolidar su control regional del territorio mediante la extorsión que afecta a exportaciones clave a Estados Unidos, como el aguacate. También produce drogas sintéticas, que vende a otros cárteles que las trafican hacia Estados Unidos.
MARÍA VERZA se ha centrado en historias de inmigración, violencia y derechos humanos en México y Centroamérica durante más de una década.
(Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

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Pandilla MS13SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — El miércoles concluyó en El Salvador un juicio masivo de tres meses contra cientos de presuntos miembros de la pandilla MS-13 , donde los fiscales presentaron sus alegatos finales y solicitaron las penas máximas.
Los procesos judiciales contra 485 miembros de la banda criminal internacional Mara Salvatrucha, o MS-13, por cargos que incluyen homicidio, extorsión, narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas, han suscitado críticas por parte de grupos de derechos humanos, que afirman que infringen los derechos de los acusados ​​en el marco del estado de emergencia que rige en el país latinoamericano .
El estado de emergencia, decretado en marzo de 2022, suspendió algunos derechos constitucionales y, desde entonces, decenas de miles de salvadoreños han sido detenidos.
“Primero, la policía arrestó a miles de personas sin investigación. Ahora, los tribunales están dictando condenas masivas a cientos de personas sin pruebas creíbles ni ninguna posibilidad real de defensa”, dijo Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch.
“Esto no es justicia; es dar una apariencia de legalidad a las detenciones de personas inocentes que nunca debieron haber ocurrido.”
Según la Fiscalía, los miembros de la banda están siendo juzgados por su participación en un total de 14.420 delitos, incluidos 444 homicidios, cometidos entre 2012 y 2022. La fiscalía ha solicitado la pena máxima para cada delito, que podría ascender a cadena perpetua para algunos y a 9 millones de dólares en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
La fiscalía argumentó que la MS-13, designada como organización terrorista extranjera por Estados Unidos , utilizó a unos 1.200 niños en sus actividades delictivas, explotó a 638 mujeres y formó 32 grupos, dos de los cuales operaban desde fuera de El Salvador.
Durante las audiencias, los fiscales reprodujeron grabaciones de audio de llamadas atribuidas a líderes de pandillas en las que supuestamente ordenaban asesinatos y otros delitos.
El juicio se llevó a cabo virtualmente y los acusados ​​comparecieron ante la cámara desde su centro de detención: el Centro de Confinamiento por Terrorismo, o CECOT , una megaprisión construida por el gobierno del presidente Nayib Bukele . En estas instalaciones, donde están prohibidas las visitas, la recreación y la educación, también se han alojado cientos de migrantes deportados de Estados Unidos.
Se desconoce cuándo se espera el veredicto.
El Salvador ha hecho posible esta forma de juicios colectivos gracias a una reforma de su código penal de julio de 2023 , que permite agrupar a los detenidos durante el estado de emergencia según sus pandillas o territorios.
Según las autoridades, desde que se impuso el estado de emergencia, más de 92.480 personas acusadas de pertenecer a bandas criminales o de tener vínculos con ellas han sido encarceladas.
Bukele ha declarado que 8.000 personas inocentes han sido liberadas. Por su parte, las organizaciones de derechos humanos afirman haber registrado más de 6.000 denuncias de violaciones de derechos humanos y detenciones arbitrarias, y haber documentado la muerte de al menos 547 personas bajo custodia.
A pesar de las críticas, el estado de emergencia sigue siendo popular en El Salvador , donde muchos residentes se han cansado de años de violencia y elogian a Bukele por su enfoque para mejorar la seguridad.
Este es el segundo juicio masivo contra pandilleros en el país. En noviembre pasado, 45 miembros de la pandilla Barrio 18 fueron declarados culpables de diversos delitos, entre ellos extorsión y homicidio. Uno de los líderes de la pandilla fue sentenciado a 397 años de prisión.
Entre los líderes de la MS-13 actualmente procesados ​​se encuentran Dionisio Arístides Umanzor Osorio, conocido por su alias “El Sirra de Teclas”, así como Borromeo Henríquez Solórzano, alias “Diablito de Hollywood”, Carlos Tiberio Ramírez Valladares o “Snayder” y César Antonio López Larios, alias “Greñas”.
La reportera de Associated Press, Anna-Catherine Brigida, informó desde la Ciudad de México.
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Por  MARCOS ALEMÁN y ANNA-CATHERINE BRIGIDA
(Foto AP/Salvador Meléndez, archivo)

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Mexico ICECIUDAD DE MÉXICO (AP) — México solicitó formalmente a los fiscales generales estatales de Estados Unidos que investiguen penalmente los casos de migrantes que han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o durante redadas, informó el martes el gobierno mexicano.
La solicitud surge tras la muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo , quien fue asesinado a tiros por un agente del ICE en Houston. Desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, 17 migrantes mexicanos han fallecido durante operativos de control migratorio: 14 bajo custodia del ICE y tres en operaciones de la agencia.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México había anunciado previamente que presentaría la solicitud , la cual se formalizó el martes, según informó la propia secretaría. Añadió que también se enviará una solicitud similar al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Estados Unidos no está legalmente obligado a atender las solicitudes.
Asimismo, el gobierno mexicano ha anunciado que ha comenzado a enviar cartas a los centros de detención estadounidenses donde han fallecido migrantes mexicanos, exigiéndoles que “cesen de inmediato las acciones u omisiones que provocaron estas muertes, como impedir el acceso a atención médica rápida y eficaz, así como la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios”.
El primer centro en recibir la carta fue Adelanto, en California, donde murieron cuatro migrantes mexicanos .
Según el ministerio, estas cartas constituyen un primer paso hacia la eventual presentación de demandas civiles contra las empresas que gestionan los centros de detención para poner fin a las violaciones de los derechos humanos.
La semana pasada, el canciller mexicano Roberto Velasco dijo que su país acudiría directamente a las autoridades estadounidenses para solicitar investigaciones penales en casos de mexicanos muertos bajo custodia del ICE o en operaciones de control migratorio.
Salgado Araujo, quien no tenía antecedentes penales y había vivido en Estados Unidos durante 35 años, fue asesinado a tiros el martes pasado mientras conducía a su equipo de construcción a una obra en Houston. Su muerte provocó protestas en Houston y exigencias de una investigación independiente por parte de los demócratas y la familia de Salgado Araujo.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el ICE, dijo que Araujo, de 52 años, había embestido un vehículo del ICE y que un agente federal disparó un arma en defensa propia.
Velasco también envió una carta a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solicitando que las autoridades estadounidenses recaben información sobre las muertes de los migrantes mexicanos bajo custodia del ICE y analicen la “compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
El ministro de Asuntos Exteriores también pidió a Türk que solicitara la opinión del Consejo de Derechos Humanos, un organismo intergubernamental de la ONU que promueve los derechos humanos, sobre los casos en cuestión y que ofreciera recomendaciones.
Estos acontecimientos marcan una escalada en la respuesta de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum a la represión migratoria de Trump. A principios de este año, Sheinbaum ordenó a las misiones diplomáticas de México en Estados Unidos que se comunicaran periódicamente con los detenidos por el ICE, e incluso su gobierno presentó una queja ante Türk.
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Por  FABIOLA SÁNCHEZ
(Foto AP/Karen Warren)

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Contrabando SiriaDAMASCO (AP) — Las autoridades sirias frustraron un intento de contrabando de armas que venían desde Irak e iban para el grupo libanés Hezbollah, informó el jueves la prensa estatal.
El camión que fue incautado transportaba armas avanzadas y cohetes, declaró un funcionario no identificado del Ministerio del Interior, citado por la agencia estatal de noticias SANA. Una investigación preliminar concluyó que su destino previsto era Hezbollah, grupo chií libanés respaldado por Irán y que desde principios de marzo está en guerra con Israel.
El nuevo liderazgo en Siria, que derrocó al dictador Bashar Assad en 2024, ha intensificado la represión contra el contrabando de armas y drogas ilícitas a lo largo de sus fronteras, especialmente con Irak y Líbano, que durante décadas han servido como rutas estratégicas para abastecer a Hezbollah y a otros grupos respaldados por Irán.
El presidente estadounidense Donald Trump ha insistido en que Siria emprenda acciones contra Hezbollah, mientras el mandatario sirio Ahmad al-Sharaa evita que su país sea arrastrado a un conflicto regional más amplio.
Hezbollah no comentó sobre las acusaciones.
El primer ministro iraquí Ali al-Zaidi viajó a Washington a principios de esta semana para reunirse con Trump, quien ha estado presionando a Bagdad para que desarme a las milicias respaldadas por Teherán.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
POR  THE ASSOCIATED PRESS
(Foto AP/Alastair Grant, archivo)

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Dos madres BrasilRÍO DE JANEIRO (AP) — Cuando un policía brasileño mató al hijo de 19 años de Ana Paula Oliveira en una favela de Río de Janeiro en 2014, la madre de dos hijos no pensó que sobreviviría al dolor.
Según Oliveira, fundar un grupo con otras madres afligidas —asistir juntas a audiencias judiciales, protestas y actos conmemorativos, y brindarse apoyo psicológico esencial entre sí— le salvó la vida.
“Sin duda alguna, si hubiera estado sola no habría llegado hasta aquí, doce años después”, dijo en un acto reciente en la antigua escuela de su hijo, conmemorando el aniversario de su muerte. “Nos necesitamos los unos a los otros para llorar juntos, para sonreír juntos y para luchar juntos”.
Oliveira y otras madres brasileñas recurren al activismo para asegurar que sus hijos sean recordados como algo más que una estadística. Ahora, exigen una política nacional de apoyo a los familiares de las víctimas de la violencia estatal y buscan financiación pública para sus actividades.
Según el Instituto Crossfire, una organización sin ánimo de lucro, 460 personas murieron durante las operaciones policiales en Río de Janeiro el año pasado, la cifra más alta desde 2016 y un aumento del 52% con respecto al año anterior.
Al igual que las Madres de Plaza de Mayo , una organización de derechos humanos creada por mujeres cuyos hijos fueron secuestrados por la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, Oliveira y su grupo llaman la atención sobre el dolor generado por los asesinatos policiales y buscan que la justicia rinda cuentas, a veces con éxito.
El año pasado viajaron a la capital, Brasilia, y se reunieron con los poderes judicial, legislativo y ejecutivo para presentar su proyecto, desarrollado con el apoyo de Raave, una red de organizaciones que apoyan a las personas afectadas por los asesinatos policiales en Río de Janeiro.
“Raave está negociando con el gobierno federal para implementar un proyecto piloto… desarrollado por las madres, para que podamos brindar atención y garantizar los derechos de esta población”, dijo Guilherme Pimental, coordinador de Raave.
Convertir el dolor en lucha
Al igual que en otros países latinoamericanos, como Perú y Colombia , la delincuencia es un tema clave para los votantes en las elecciones brasileñas de octubre.
Los partidarios y aliados del aspirante a la presidencia, el senador Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente Jair Bolsonaro , argumentan que se debe brindar todo el apoyo a la policía en su lucha contra las bandas fuertemente armadas en las favelas, o comunidades urbanas extensas y empobrecidas.
Pero las madres afligidas y las organizaciones sin ánimo de lucro sostienen que la policía brasileña utiliza con demasiada frecuencia una fuerza excesiva, que en ocasiones acaba con la vida de las víctimas.
Según relató su madre, Johnatha, hijo de Oliveira, recibió un disparo por la espalda cuando transitaba por una calle de la favela de Manguinhos, en Río de Janeiro, tras visitar a su abuela. Posteriormente falleció a causa de las heridas.
“Los agentes de policía alegan que le dispararon para dispersar a una multitud que protestaba”, declaró Oliveira, quien busca que el agente que efectuó el disparo sea condenado por homicidio intencional. En 2024, un jurado lo declaró culpable de homicidio involuntario sin intención de matar. La fiscalía apeló con éxito, pero aún no se ha fijado una nueva fecha para el segundo juicio.
Al igual que Oliveira, Monica Cunha también transformó su dolor en activismo. Después de que su hijo de 20 años fuera asesinado por la policía en 2006, se convirtió en concejala y este mes lanzará su precandidatura para postularse como legisladora estatal en las próximas elecciones de octubre.
“Lucho por la memoria, la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de que no se repita, no solo por mí, sino para que ninguna otra familia tenga que sufrir este dolor”, dijo Cunha en una publicación de Instagram en el 18.º aniversario de la muerte de su hijo. “El racismo que mata a nuestros hijos y seres queridos no es un problema aislado y debe ser enfrentado a través de políticas estatales. Seguiré adelante, transformando el dolor en lucha”.
Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública , una destacada organización sin fines de lucro, la policía brasileña ha matado a más de 6.000 personas cada año desde 2018. La mayor parte de las víctimas tienen entre 18 y 24 años, y el 82% de las víctimas de violencia policial letal son negras, según indicó la organización en su publicación anual de 2025 sobre la violencia en Brasil .
Las tácticas antigangas en las favelas de Río volvieron a ser objeto de escrutinio el año pasado, cuando la policía abatió a 117 presuntos pandilleros en la redada más letal jamás realizada en el estado, dirigida contra miembros del grupo criminal Comando Rojo en dos favelas. Cinco policías también perdieron la vida. Según la policía, en esa operación se arrestó a 113 personas, se incautaron 118 armas y se confiscaron más de una tonelada de drogas.
El entonces gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado de Bolsonaro, defendió la operación, que según él iba dirigida contra “ narcoterroristas ”, un término que recuerda al del presidente estadounidense Donald Trump. El mes pasado, la administración Trump clasificó al Comando Rojo, así como a su rival, el Primer Comando Capital, como organizaciones terroristas extranjeras .
'Necesitamos soluciones'
Los hijos de Nadia dos Santos, Cleyton y Cleyverson, fueron asesinados por la policía: el primero en 2015, a los 18 años, y el segundo, a los 17, en 2022. La policía también mató al hijo de su hermana, Glaucia dos Santos, Fabricio, en 2014, cuando tenía 17 años. Un monumento en honor a los tres jóvenes cubre la pared frontal de la casa familiar en el complejo de favelas de Chapadão, en Río de Janeiro.
Las hermanas fundaron grupos de apoyo y comenzaron la larga labor de investigar las circunstancias de la muerte de cada niño, buscando que se rindieran cuentas a través de los tribunales.
En 2023, los policías implicados en la muerte de Fabricio fueron condenados a nueve años de prisión, una decisión que fue celebrada por otras madres y les dio esperanza, según declaró Glaucia dos Santos.
“Queremos que otros sigan con vida, así que tenemos que mantenernos en pie” a pesar del inmenso dolor, dijo Glaucia dos Santos.
Su hermana Nadia dijo que las madres necesitan una política pública nacional sobre restitución, y que ella fue a Brasilia a exigirla.
“El Estado debería tener la obligación de indemnizarnos a las madres que perdemos a nuestros hijos a causa de la violencia estatal. … Luchamos, trabajamos, pero enfermamos. Necesitamos soluciones”, afirmó.
Oliveira sugirió que la reparación podría consistir en colocar los nombres de las víctimas en lugares públicos y dar su nombre a instalaciones como escuelas, hospitales y guarderías.
“También existen otras formas de reparación, como la creación de otras políticas públicas de no repetición que ayuden a prevenir nuevos casos. … Hay muchas cosas que deben hacerse, muchas reparaciones, para que esta barbarie no continúe”, afirmó.
La periodista de Associated Press, Diarlei Rodrigues, contribuyó a este reportaje.
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Por  ELÉONORE HUGHES
(Foto AP/Silvia Izquierdo)
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