CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tras la deserción de dos senadores de la oposición, el partido gobernante de México señaló el miércoles que está más cerca de gozar de una mayoría de dos tercios en las dos cámaras del Congreso.

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al que pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que había sumado dos senadores del ahora extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual perdió su registro nacional después de no alcanzar el mínimo de 3% de los votos en las elecciones del 2 de junio.

Después de que se le otorgó la mayoría de dos terceras partes en la Cámara de Diputados, Morena y sus partidos aliados se encuentran a un voto de gozar de una mayoría similar en el Senado. Estas mayorías le permitirían a Morena promover controversiales cambios en la Constitución.

Estos cambios incluyen una propuesta para elegir a los jueces por votación popular, una medida que según los críticos concentraría aún más el poder en la presidencia, eliminaría la independencia del poder judicial y quedaría abierto a la influencia de aquellos que donan dinero a las campañas electorales. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó preocupaciones similares la semana pasada.

Después de varios días de especulación, la presidenta electa Claudia Sheinbaum —integrante de Morena— declaró el miércoles que dos senadores de oposición habían tomado la decisión de sumarse al bloque del partido gobernante en el Senado.

Antiguos aliados y miembros de partidos de la oposición no tardaron en calificar a los dos senadores, Araceli Saucedo y José Sabino, como traidores.

“La historia los juzgará por traidores y por ser parte del ataque a la democracia y las instituciones que sirven a los mexicanos”, escribió Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial de la oposición, en sus canales de redes sociales.

Los usuarios de redes sociales también destacaron videos de campaña de ambos senadores, en los que habían prometido no cambiar de bando.

“Así como tú, estoy cansado de los políticos chapulines (tránsfugas) de siempre”, señaló Sabino en su video de campaña. “Para ser buen político, hay que tener palabra”.

Muchos tenían la esperanza de que Sheinbaum fuera más abierta al consenso y las negociaciones que López Obrador —su mentor político que deja el cargo el 30 de septiembre—, pero no ha sido el caso.

Además, Morena nombró al senador Gerardo Fernández Noroña como líder del Senado. El senador es conocido por su actitud provocadora, sus discursos llenos de improperios y su firme rechazo a usar una mascarilla en las sesiones legislativas a pesar de que era obligatorio durante el punto más alto de la pandemia de COVID-19.

Como el partido con mayor número de escaños puede nombrar también al líder de la cámara baja, el Congreso será encabezado por Adán Augusto López, un político de vieja escuela que hace recordar a los antiguos jefes políticos regionales de las décadas de 1940 y 1950.

Ahora que los jueces del tribunal electoral aprobaron el miércoles la mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados tras una apelación final, no hay mucho que se interponga a los cerca de 20 cambios constitucionales que Morena quiere impulsar.

Morena probablemente sea capaz de atraer a otro senador de alguno de los partidos más pequeños. Los cambios constitucionales también requieren de la aprobación de dos terceras partes de las legislaturas estatales, y el partido y sus aliados controlan alrededor de dos docenas entre los 32 estados del país.

Salazar dijo la semana pasada que la propuesta de reforma judicial representaba un “riesgo” para la democracia de México y “amenaza la histórica relación comercial que hemos construido”.

Salazar señaló que la propuesta “hace más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”, y “creará turbulencia” a nivel económico y político durante años.

Estas declaraciones provocaron el enojo de López Obrador, quien esta semana declaró que había puesto “en pausa” las relaciones con la embajada de Estados Unidos tras los comentarios del embajador.

(AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

CARACAS, Venezuela (AP) — El presidente venezolano Nicolás Maduro nombró el martes a un jefe del gobernante partido socialista para supervisar las fuerzas policiales del país, empoderando a un partidario de línea dura que ha prometido perseguir a los opositores del gobierno como parte de una ofensiva que ha alarmado a grupos de derechos humanos.

Maduro nombró a Diosdado Cabello ministro del Interior como parte de una reorganización del gabinete tras las controvertidas elecciones presidenciales del mes pasado .

Junto con Maduro, Cabello es uno de los más fervientes defensores de la llamada revolución bolivariana iniciada por el fallecido Hugo Chávez y durante mucho tiempo ha sido considerado la segunda persona más poderosa de Venezuela después de Maduro. Teniente retirado del ejército, luchó junto a Chávez en un levantamiento militar fallido en 1992 y más tarde se desempeñó como presidente interino cuando el propio Chávez fue derrocado en un breve golpe de Estado una década después.

Sin embargo, Chávez lo pasó por alto cuando eligió a Maduro —un civil sin pedigrí militar— como su sucesor poco antes de que muriera de cáncer en 2013. Desde entonces, Cabello ha desempeñado varios cargos, entre ellos el de presidente de la Asamblea Nacional y jefe del partido socialista gobernante. Hasta ahora, nunca había formado parte del gabinete de Maduro, una omisión que ha alimentado durante mucho tiempo las especulaciones sobre una rivalidad tácita entre ellos.

Grupos de derechos humanos temen que el nombramiento de Cabello como ministro del Interior, con supervisión de las fuerzas policiales de Venezuela, intensificará la dura respuesta del gobierno a las protestas que estallaron después de las elecciones presidenciales del mes pasado, cuando Maduro fue declarado ganador a pesar de la fuerte evidencia presentada por la oposición de que su candidato prevaleció por un margen de 2 a 1.

“Si el nuevo gabinete es un indicador de lo que Maduro pretende hacer, el nombramiento de Cabello es un indicio de que habrá aún más represión”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.

Más de 2.000 personas, entre ellas periodistas, políticos y trabajadores humanitarios, han sido detenidas desde las elecciones del 28 de julio. Es probable que la ola de arrestos ocupe un lugar destacado en una reunión especial que la Organización de los Estados Americanos celebrará el miércoles en Washington para analizar un informe sobre la represión elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El último opositor detenido es un abogado de la poderosa oposición María Corina Machado , a quien se le prohibió postularse para un cargo contra Maduro y en su lugar hizo campaña en apoyo de un candidato suplente de último momento, el ex diplomático Edmundo González.

“Están tratando de someternos, de distraernos y de aterrorizarnos”, dijo Machado el martes al denunciar lo que llamó el “secuestro” del asistente, Perkins Rocha.

“Seguiremos adelante, por Perkins, por todos los presos y perseguidos, y por toda Venezuela”, escribió Machado en la plataforma de redes sociales X. “Seremos libres”.

Cabello, de 61 años, ha estado entre los principales dirigentes que han pedido una respuesta contundente a quienes ponen en duda la victoria de Maduro. Con profundas raíces en las fuerzas de seguridad, su influencia se ha expandido a medida que los venezolanos se han cansado de Maduro y lo culpan de arruinar la economía rica en petróleo.

“Están escondidos como ratas, pero los vamos a atrapar”, dijo Cabello sobre varios opositores destacados en un discurso ante la legislatura controlada por Maduro un día después de las elecciones.

Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Suiza son algunos de los gobiernos que han sancionado a Cabello por una serie de supuestos delitos que van desde lavado de dinero hasta violaciones de los derechos humanos. Estados Unidos también ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por su arresto para que enfrente cargos federales por liderar lo que los fiscales estadounidenses han llamado el “Cártel de los Soles”, una supuesta red de narcotráfico en la que participan militares venezolanos.

Cabello es quizás más conocido —y temido— por un programa de entrevistas semanal en la televisión estatal, llamado “Golpeándolo con un mazo”, en el que difama y ataca a los opositores del gobierno .

Maduro dijo que la reestructuración del gabinete tiene como objetivo “acelerar y profundizar los cambios que el pueblo necesita”. Como parte de la reestructuración, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, también será ministra de Petróleo. Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, que rodea a Caracas y a quien algunos veían como una alternativa más joven a Maduro, fue elegido para ocupar el cargo de ministro de Educación.

Goodman informó desde Miami.

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Josué Goodman

Goodman es un periodista de investigación radicado en Miami que escribe sobre la intersección del crimen, la corrupción, el narcotráfico y la política en América Latina. Anteriormente, pasó dos décadas informando desde América del Sur.

Por  JORGE RUEDA y JOSHUA GOODMAN

(Foto AP/Cristian Hernández)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente de México dijo a los periodistas el martes que ha puesto "en pausa" las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá luego de que los dos países expresaron preocupaciones sobre una propuesta de reforma judicial que, según los críticos, podría socavar la independencia del poder judicial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no dio más detalles sobre lo que implicaría una pausa. No es un término que se utilice en los códigos diplomáticos formales, y la cancillería mexicana no respondió a una solicitud de The Associated Press para que comentara sobre lo que implicaría.

La propuesta de reforma judicial, sugerida por el presidente mexicano durante sus últimas semanas en el cargo, incluye la elección de jueces, algo que analistas, jueces y observadores internacionales temen que llenaría los tribunales de jueces políticamente sesgados y con poca experiencia. La medida ha provocado importantes protestas y huelgas , así como numerosas críticas de inversores e instituciones financieras.

La semana pasada, el embajador estadounidense Ken Salazar calificó la propuesta como un “riesgo” para la democracia que pondría en peligro la relación comercial de México con Estados Unidos. López Obrador arremetió contra el embajador , diciendo que violaba la soberanía mexicana. Salazar desde entonces ha bajado el tono y ha escrito en X que estaba abierto a un diálogo.

López Obrador dijo durante su conferencia de prensa matutina del martes que creía que los duros comentarios no provenían de Salazar, sino del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“No le vamos a decir (a Salazar) que se vaya del país”, dijo, “espero que se comprometan a ser respetuosos con la independencia de México, con la soberanía de nuestro país. Pero hasta que eso suceda y sigan con estas políticas, esto está en pausa”.

Añadió con picardía: “Vamos a tomarnos nuestro tiempo”, provocando las risas de algunos periodistas.

López Obrador también acusó a Canadá de interferir en un asunto interno por expresar su aprensión ante la propuesta. Los tres países comparten una relación comercial crucial que alcanzó un intercambio estimado de 1,8 billones de dólares en 2022. Hasta ahora, las tensiones no muestran señales claras de cómo pueden afectar la relación económica y diplomática de larga data entre ellos.

Salazar ha suavizado su tono desde entonces y ha escrito en X que está abierto al diálogo y que respeta la soberanía mexicana. Pero mientras lo hacía, los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que es un organismo bipartidista y que incluye al senador republicano Marco Rubio y al senador demócrata Tim Kaine, emitieron una declaración conjunta en la que afirman que están “profundamente preocupados” por la reforma judicial y otras reformas propuestas a la Constitución, que según ellos podrían “contradecir los compromisos” asumidos en su acuerdo comercial.

Es probable que los comentarios sólo irriten aún más al líder populista.

La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, dijo en una publicación en X que apoya a López Obrador en su crítica a lo que llamó una política “intervencionista” de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, agregó en la misma publicación que la relación trilateral era una “prioridad” y que los vínculos continúan con “normalidad”.

No es la primera vez que el mandatario mexicano utiliza esta frase. En 2022 anunció una pausa diplomática con España por una disputa con empresas energéticas. En ese momento, López Obrador dijo que la pausa “no es una ruptura de relaciones” con España, sino “nada más que una protesta respetuosa y fraternal contra los abusos y agravios cometidos contra el pueblo de México y nuestro país”.

Sin embargo, los últimos comentarios dirigidos al embajador estadounidense se producen en medio de tensiones intensificadas entre los dos gobiernos en los últimos meses, después de que Estados Unidos atrapara al capo mexicano de la droga Ismael "El Mayo" Zambada en una serie de eventos peculiares. A medida que se ha revelado más información sobre el caso, López Obrador ha adoptado un tono cada vez más beligerante, dijo Carlos Pérez Ricart, analista político del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México.

“En otras circunstancias, en otro contexto, podría haberse limitado a escuchar y no haber intensificado el conflicto”, dijo Pérez Ricart. “En los últimos meses hemos visto declaraciones mucho más radicales hacia Estados Unidos”.

López Obrador se dispone a pasarle la posta a su aliada política y presidenta electa Claudia Sheinbaum , quien asumirá el cargo el 1 de octubre. Pérez Ricart dijo que si bien las tensiones recientes pueden afectar a la primera mujer presidenta de México, también pueden ayudarla a diferenciarse como una jefa de estado más moderada. ___

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Por  MEGAN JANETSKY

(Foto AP/Eduardo Verdugo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un exjefe de investigaciones de la Procuraduría General de la República de México dijo a los funcionarios que investigan la desaparición de 43 estudiantes en 2014 que la llamada “verdad histórica” presentada al público semanas después fue inventada por las más altas autoridades del gobierno durante reuniones presididas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, informó el lunes un medio de comunicación mexicano.

Tomás Zerón, un prófugo que se encuentra actualmente en Israel fuera del alcance de la policía mexicana, dijo a los investigadores que el presidente y miembros de su gabinete de seguridad estaban presentes, informó el colectivo de periodismo independiente Fábrica de Periodismo.

Citó las respuestas de Zerón a un extenso cuestionario que le envió en 2022 el principal funcionario de derechos humanos de México en ese momento, Alejandro Encinas, que se publicó bajo una solicitud de libertad de información.

La versión de la “verdad histórica” sostiene que los estudiantes fueron entregados por la policía local a una banda de narcotraficantes en la ciudad de Iguala. La banda supuestamente mató a los estudiantes, incineró sus cuerpos en un vertedero en la cercana Cocula y arrojó los restos a un río.

Investigaciones posteriores realizadas por expertos independientes y la Fiscalía General de la Nación, y corroboradas por la Comisión de la Verdad creada para el caso, han descartado la idea de que los cuerpos fueron quemados en el vertedero.

Determinaron que efectivamente estaba involucrada una banda local de narcotraficantes, pero la Comisión de la Verdad también cree que también lo estaban miembros corruptos del ejército mexicano, así como de la policía en todos los niveles.

Encinas, el funcionario de derechos humanos, se refirió anteriormente a reuniones de funcionarios de alto nivel para discutir la versión de la “verdad histórica”, pero sin identificar a todos los presentes.

Según Zerón, a las reuniones asistieron el presidente, así como su gabinete de seguridad y el entonces fiscal general Jesús Murillo Karam. A Murillo Karam se le atribuye haber calificado la explicación de la desaparición de los estudiantes como la “verdad histórica” y ha estado bajo arresto domiciliario a la espera de su juicio. Peña Nieto vive ahora en España.

Zerón, acusado de tortura y desaparición forzada , no proporcionó ningún detalle sobre la participación de Peña Nieto más allá de decir que estuvo en las reuniones.

Encinas, quien renunció a su cargo el año pasado, ha dicho que le ofreció a Zerón un acuerdo por su cooperación en la investigación.

Cuando se le preguntó sobre el caso el lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Zerón debería entregarse.

“Sería de mucha ayuda si viniera a hacer una declaración y asumir su responsabilidad”, dijo el presidente.

López Obrador tenía previsto reunirse el martes con las familias de los estudiantes desaparecidos, la última vez antes de dejar el cargo a fines de septiembre.

Las familias de los estudiantes desaparecidos realizaron el lunes su marcha mensual por justicia en la capital.

(Foto AP/Felix Márquez)