TRUJILLO, Perú (AP) — En una zona desértica a lo largo de la costa del Pacífico del noroeste de Perú , Gladys Saavedra observaba con recelo a los extraños que llegaban al pequeño mercado donde trabaja junto a un grupo de mujeres que, a pesar de las escasas ventas, deben entregar colectivamente 300 dólares al mes a extorsionadores o arriesgarse a pagar un precio aún mayor .

El mercado de Trujillo fue incendiado en junio pasado cuando las mujeres se negaron a ceder ante las amenazas. Días después, se manifestaron exigiendo protección a las autoridades. Nada cambió. Pero eso no sorprendió a Saavedra, ya que la policía le había fallado en agosto de 2024, cuando su casa fue atacada con explosivos en otro intento de extorsión.

Ese nivel de violencia por parte de las pandillas peruanas es la principal preocupación de los votantes que elegirán a un nuevo presidente en la segunda vuelta electoral del domingo . Muchos saldrán de sus casas para votar con temor a ser víctimas de la delincuencia nuevamente durante su visita a las urnas.

“Ni siquiera puedes asomar la cabeza por miedo a que te disparen”, dijo Saavedra, de 49 años.

La minería ilegal de oro alimenta el crimen organizado.

Los primeros casos de extorsión denunciados en Trujillo ocurrieron hace más de 20 años, pero el delito se ha extendido por todo el Perú en los últimos cinco años. Durante ese período, las denuncias por extorsión se quintuplicaron, alcanzando los 28.948 casos el año pasado, mientras que los homicidios se duplicaron, llegando a 2.226 en 2025, según datos oficiales.

La policía y los expertos en seguridad atribuyen la expansión de las bandas criminales en Trujillo a su participación en la minería ilegal de oro . Afirman que, inicialmente, las bandas se beneficiaban brindando seguridad a mineros ilegales en un pueblo cercano, y luego usaban las ganancias para contratar sicarios, comprar armas y fortalecer su presencia en la ciudad.

Según datos oficiales, la minería ilegal genera aproximadamente 7.000 millones de dólares anuales, mucho más que los cerca de 1.200 millones de dólares que genera anualmente el narcotráfico.

Las primeras víctimas de la extorsión fueron las empresas de transporte público, cuyos conductores fueron asesinados si no se realizaba el pago. Los trabajadores del transporte siguen siendo blanco de la extorsión; según el Observatorio independiente de Delincuencia y Violencia, al menos 239 conductores fueron asesinados el año pasado en todo el país.

De los fallecidos, más de la mitad eran mototaxistas, un medio de transporte muy utilizado en las afueras de las ciudades, donde las carreteras suelen estar sin pavimentar. Sin embargo, han sido los asesinatos de conductores de autobús los que han desencadenado huelgas y protestas en el sector del transporte.

Los expertos atribuyen el creciente poder del crimen organizado en Perú a las ganancias que grupos criminales con décadas de antigüedad obtienen de la minería ilegal de oro en los Andes y la Amazonía. En 2025, Perú exportó 100 toneladas de oro extraído ilegalmente, una cifra casi igual a las 109 toneladas de oro extraído legalmente que exportó.

Incluso las escuelas son objetivos de la delincuencia.

En un barrio de Trujillo donde se fabrica una cuarta parte del calzado del país, el líder sindical Máximo Varas afirmó que alrededor de 1.500 pequeños empresarios de ese sector pagan a extorsionadores para poder trabajar.

“Todos pagan, incluso a mí me extorsionan. Nadie está a salvo”, dijo.

En Trujillo, varios autobuses, restaurantes, tiendas de barrio, discotecas e incluso escuelas tienen pegatinas en sus fachadas, incluyendo una de un puma, una cruz y el logo de Batman. La policía afirma que las pegatinas indican que los negocios han pagado sobornos. En ocasiones, las autoridades recorren Trujillo retirando estas pegatinas y reemplazándolas con otras de la policía.

Para el empresario Iván Díaz, de 58 años, la violencia ha aumentado de forma desmesurada en Trujillo. En 2023, fue secuestrado durante 11 días por delincuentes vestidos de policías que lo sacaron a rastras de su oficina. Para obtener un rescate de 250.000 dólares, sus captores le amputaron parte de dos dedos de la mano derecha y enviaron videos de la tortura a su familia para que adelantaran el pago.

“Tuve que adaptarme a la realidad y mantener la calma”, dijo Díaz.

En mayo, los tribunales condenaron a cadena perpetua a cuatro miembros del grupo criminal Los Pulpos, que surgió en Trujillo en la década de 1990 y posteriormente se extendió al vecino Chile, por el secuestro de Díaz.

Las autoridades tienen recursos limitados para combatir el crimen.

El Ministerio de Economía estimó en julio que la delincuencia le cuesta a los peruanos unos 5.000 millones de dólares anuales. Esta cifra incluye la inversión estatal para financiar las operaciones policiales, pero también el gasto privado en cámaras de vigilancia y guardias de seguridad.

Los barrios periféricos de Perú carecen de carreteras pavimentadas, agua potable y electricidad, pero sobre todo, carecen de presencia policial. En contraste, los municipios más prósperos, como San Borja, en la capital, donde residen los dos candidatos presidenciales —la conservadora Keiko Fujimori y el progresista Roberto Sánchez— , cuentan con un gran número de agentes uniformados, además de una fuerza adicional de agentes de seguridad privada que patrullan sus calles.

Los expertos en seguridad sostienen que para combatir la delincuencia se requiere una purga anticorrupción de la policía nacional, que cuenta con unos 130.000 agentes, y una financiación significativa para las investigaciones.

Un agente que investiga a grupos del crimen organizado, y que pidió no ser identificado porque no está autorizado a hablar con la prensa, declaró a The Associated Press que, debido a la falta de tecnología, la policía no puede rastrear los teléfonos asociados con las billeteras digitales que los delincuentes utilizan para recibir pagos de extorsión.

Harvey Colchado, diputado electo y policía retirado, afirmó que hace cinco años cada una de las 70 unidades de investigación policial del país contaba con un presupuesto mensual de 29.000 dólares, pero ahora carecen de fondos, ya que el Estado destinó el dinero a otros fines. Añadió que esta situación se ve agravada por leyes aprobadas en los últimos años con el apoyo de los partidos de Fujimori y Sánchez, que dificultan el enjuiciamiento de los delincuentes.

Las leyes a las que se refirió Colchado eliminaron la prisión preventiva en ciertos casos y elevaron el umbral para la incautación de bienes delictivos y la realización de registros.

“Esto es un cáncer”, dijo Saavedra. “(La policía) no tiene los recursos para rastrear las llamadas, para saber de dónde vienen los mensajes. Esa es la única manera de detenerlo”.

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Por  FRANKLIN BRICEÑO y RODRIGO ABD

(Foto AP/Rodrigo Abd)

Es un lema que durante mucho tiempo ha resumido la singular capacidad de la revolución ferozmente nacionalista de Hugo Chávez para mantenerse en el poder en Venezuela durante 27 años: "¡Unidos venceremos!".

Jóvenes y ancianos, líderes del partido gobernante y propagandistas por igual lo pregonan en actos oficiales, manifestaciones callejeras y en la televisión estatal, alzando los puños para demostrar su lealtad al autodenominado gobierno socialista y su tradicional antipatía hacia Estados Unidos. Incluso ante verdades abrumadoras que desmienten tal bravuconería, la diversa coalición de militares, ideólogos y oportunistas ha actuado al unísono.

Pero han surgido fisuras en esa unidad tras la sorprendente operación militar estadounidense que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro en enero. Los leales de larga data están manifestando desacuerdos con el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez e incluso discutiendo públicamente rumores de que una traición interna ayudó a Estados Unidos a derrocar a Maduro.

El acercamiento entre Estados Unidos y Estados Unidos genera críticas.

Rodríguez ha eliminado algunas de las políticas de Chávez, ha cumplido con las exigencias de Estados Unidos y ha reorganizado el gobierno a su antojo, destituyendo ministros, impulsando legislación en la Asamblea Nacional para reformar la industria petrolera del país y liberando a presos políticos .

Los partidarios del chavismo están manifestando su desaprobación. Muchos critican el acercamiento entre el gobierno de Rodríguez y la Casa Blanca, cuyo ocupante, independientemente de su partido, el chavismo ha considerado históricamente como su principal adversario.

La deportación en mayo de un exministro para que enfrente investigaciones penales en Estados Unidos y la reciente autorización de Rodríguez para que el ejército estadounidense realice un ejercicio de entrenamiento en la capital venezolana pusieron al descubierto las divisiones internas.

Mario Silva pasó años difundiendo propaganda progubernamental como presentador de un programa en la televisión estatal antes de ser apartado de la pantalla tras la captura de Maduro. Silva cuestionó la legalidad de la deportación de Alex Saab, un estrecho aliado de Maduro, argumentando que violaba una prohibición constitucional.

Sostuvo que Rodríguez no gobierna libremente, ya que algunas decisiones "se toman en la Embajada de Estados Unidos".

“Los imperialistas no negocian. Conquistan, ponen a prueba y sondean, hasta que nuestro país se desmorona”, dijo Silva en una transmisión en vivo. “Nadie está a salvo ahora mismo. Y ese es un hecho concreto y terriblemente peligroso”.

El 23 de mayo, unas pocas decenas de personas en Caracas protestaron contra el ejercicio militar en el que dos aeronaves Osprey del Cuerpo de Marines aterrizaron en la Embajada de Estados Unidos. Portaban una bandera venezolana con el mensaje "No al ejercicio yanqui" escrito sobre ella. La participación fue mínima, lo que resultó llamativo en una ciudad acostumbrada a manifestaciones frecuentes con miles de asistentes.

Elías Jaua, quien fue vicepresidente de Chávez y formó parte del gabinete de Maduro durante sus primeros años en el cargo, repudió la iniciativa en redes sociales. Posteriormente, declaró a The Associated Press que se pronunciaba para concienciar a los venezolanos sobre la situación “humillante” que atraviesa el país.

“En esta etapa, lo más importante es evitar que esta ocupación y esta administración colonial a la que está siendo sometida una nación como Venezuela se normalicen”, dijo Jaua.

Chávez y Maduro —así como Rodríguez, en sus anteriores cargos como vicepresidenta y ministra de Comunicaciones y Relaciones Exteriores— habían profetizado durante mucho tiempo que Estados Unidos usaría la fuerza para tomar el control de la industria petrolera venezolana, que se ha abierto al capital privado tras la captura de Maduro. La administración Trump supervisa las ventas de petróleo y administra los ingresos como parte de su plan gradual para revitalizar el problemático país sudamericano.

La destitución de Maduro desencadena una lucha por el poder.

La crisis social, política y económica que se desató cuando Maduro asumió la presidencia en 2013 provocó que más de 7,7 millones de personas abandonaran Venezuela y sumió a millones más en la pobreza. También dio lugar a varias rondas de protestas antigubernamentales y a sanciones económicas estadounidenses, de las cuales el partido gobernante logró salir ileso.

Los miembros más leales del partido celebraron una victoria de Maduro en las elecciones de 2024, a pesar de las abrumadoras pruebas que demostraban su derrota. También se hicieron eco de la negación de la cúpula del partido sobre un aumento de la migración. Su lealtad solía ser recompensada, ya fuera con alimentos y productos básicos para los pobres o con contratos multimillonarios y guardaespaldas para los más pudientes.

Andrés Izarra, ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Chávez y ministro de Turismo durante el de Maduro, afirmó que las divisiones no se basan en la ideología ni en una defensa del chavismo, que, según él, terminó con la muerte de su fundador en 2013. El interés de Maduro, añadió, radicaba en enriquecerse y mantenerse en el poder a toda costa.

Según él, el interés propio está creando división.

«Dado que no existe una base ideológica, se trata simplemente de una lucha por el poder, el dinero, los cargos y la supervivencia. ¿Crees que protestaría si hubiera conservado a sus guardaespaldas, o si ellos hubieran mantenido su escaso salario o su cuota de poder?», dijo Izarra, quien vive en el exilio desde que se convirtió en objetivo del gobierno la década pasada, refiriéndose a un crítico de los cambios bajo el mandato de Delcy. «Si tuvieran un interés ideológico, se habrían pronunciado mucho antes».

Los leales discuten una posible traición a Maduro.

Las críticas incluso se emitieron en la televisión estatal el mes pasado, cuando un líder izquierdista colombiano que se encontraba entre el público del programa del ministro del Interior, Diosdado Cabello, se puso de pie y cuestionó los esfuerzos de Venezuela para liberar a Maduro y a la primera dama Cilia Flores de la custodia estadounidense.

“Hemos visto una campaña muy débil por la libertad de Cilia y Nicolás”, dijo Manuel Caicedo ante una Cabello visiblemente atónita.

Otra ferviente chavista, la diputada Iris Varela, declaró en un podcast que creía que un informante del gobierno había ayudado a Estados Unidos a derrocar a Maduro. Esta idea ha circulado ampliamente desde que el presidente Donald Trump anunció la captura del líder autoritario el 3 de enero, pero no ha surgido ninguna prueba al respecto.

“Por supuesto que hay una traición”, dijo Varela. “Yo digo que todo Cristo tiene un Judas. Si nuestro Señor Jesucristo sabía que iba a ser traicionado y aun así dejó que Judas lo besara en la mejilla, ... ¿acaso no surgirá un traidor para Maduro?”

Por  REGINA GARCIA CANO

(Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

BRUSELAS (AP) — La Unión Europea ha impulsado una profunda reforma de su política migratoria , con el objetivo de intensificar las deportaciones y firmar acuerdos controvertidos para construir centros de detención en el extranjero. Organizaciones de derechos humanos la han criticado, comparando las nuevas regulaciones con las agresivas políticas migratorias de la administración Trump .

Al dar luz verde a los controvertidos "centros de retorno" fuera de la UE de 27 naciones, la normativa representa la postura más dura de la UE en materia de migración hasta la fecha y ha suscitado fuertes críticas de sus opositores, quienes advierten que pondrá en peligro a los migrantes y socavará los derechos humanos desde España hasta Rumanía.

“La nueva normativa agilizará el proceso de retorno y aumentará el número de personas que no tienen derecho legal a permanecer en la UE”, declaró Nicholas Ioannides, viceministro de Migración de Chipre, país que ostenta la presidencia rotatoria del bloque de 27 naciones.

El acuerdo se alcanzó entre las tres principales instituciones de la UE —la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo— durante un llamado "tridiálogo" celebrado el lunes por la noche.

“Europa no puede permitirse otro período de estancamiento”, declaró el diputado neerlandés Malik Azmani, quien impulsó la aprobación del reglamento en el Parlamento Europeo.

«Existe una necesidad urgente de una política de retorno eficaz con tasas de retorno más elevadas», afirmó, y añadió que solo el 28 % de los solicitantes de asilo rechazados regresan a su país de origen, mientras que la mayoría permanece en la UE. «Esta situación es profundamente preocupante. Socava la confianza pública en nuestras políticas migratorias comunes».

Los críticos compararon la regulación con las políticas migratorias de la administración Trump, que firmó una serie de acuerdos secretos con naciones de todo el mundo para deportar a miles de personas a países que no son los suyos. El Reino Unido también planeó deportar migrantes a Ruanda , pero el plan se estancó en trámites burocráticos y se abandonó cuando un nuevo gobierno asumió el poder en julio de 2024.

Varios gobiernos de la UE ya están en conversaciones con terceros países.

«Al otro lado del Atlántico, vemos la violencia y el miedo que genera la brutal represión migratoria del ICE», declaró Silvia Carter, portavoz de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, con sede en Bruselas, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. «Europa debería aprender de los perjuicios de ese modelo, en lugar de crear su propia versión».

Según explicó, los agentes del orden en todo el bloque ya no necesitan órdenes judiciales para allanar domicilios particulares o instituciones públicas como hospitales. «Esta normativa va a crear un sistema draconiano de detención y deportación».

El acuerdo provisional pasará ahora a manos de los legisladores y gobiernos de la UE, donde probablemente recibirá una aprobación rápida.

«Estas nuevas normas garantizarán procedimientos más rápidos, sencillos y eficaces en toda la Unión Europea para el retorno de nacionales extracomunitarios que no tienen derecho a permanecer en la UE, respetando plenamente el derecho internacional y los derechos fundamentales», declaró Henna Virkkunen, comisaria europea de Tecnología.

Los Estados miembros de la UE pronto podrán establecer acuerdos bilaterales con países fuera del bloque para construir centros de deportación. Al menos cinco países de la UE —Alemania, Austria, los Países Bajos, Dinamarca y Grecia— ya están en conversaciones con terceros países, principalmente en África, para albergar "centros de retorno" siguiendo el modelo del acuerdo de detención de Italia con Albania .

“Estamos proporcionando a los Estados miembros las herramientas necesarias para que puedan celebrar esos acuerdos y convenios con terceros países”, dijo Azmani.

Mélissa Camara, diputada del partido Los Verdes francés, afirmó que el acuerdo supone "un revés histórico" para los derechos humanos en el bloque.

“La legalización de los centros de retorno fuera de la Unión Europea, la luz verde para la detención de menores, las visitas domiciliarias inspiradas en las prácticas del ICE: el arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba ya está completo”, afirmó.

La política migratoria de la UE se ha desplazado progresivamente hacia la derecha.

La UE ha endurecido continuamente sus políticas migratorias después de que los partidos de derecha obtuvieran la mayoría de los votos en algunos países en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de la coalición de centroderecha Partido Popular Europeo, ha declarado que las nuevas medidas evitarán que se repita la crisis de 2015 provocada por la guerra civil siria, cuando cerca de un millón de personas llegaron para solicitar asilo.

Impulsada por personas que huían de conflictos y pobreza en África y Oriente Medio, la crisis de refugiados de 2015 y los sucesivos años de migración irregular a Europa provocaron un giro a la derecha en la política del bloque, similar al sentimiento antiinmigrante que impulsó una " ola roja " en las elecciones de 2024 en Estados Unidos.

Tras una exitosa campaña a favor de políticas migratorias más estrictas, los ganadores de esas elecciones, el Partido Popular Europeo, el grupo político más grande de la UE, comenzaron a negociar la reforma migratoria con partidos de centro e izquierda, para finalmente eludirlos aliándose con la extrema derecha, según Carter, activista por los derechos de los solicitantes de asilo. "Se produjo un cambio sin precedentes en el Parlamento Europeo".

Diversos grupos de defensa de los derechos humanos advirtieron que la normativa menoscabaría gravemente las protecciones otorgadas por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE sobre los derechos humanos y expondría a las personas a riesgos fuera del bloque.

«Este acuerdo otorgará a los gobiernos poderes mucho más amplios para detener y deportar personas», declaró Marta Welander, portavoz del Comité Internacional de Rescate, una organización humanitaria. «Todo apunta a que normalizará las redadas de inmigración, ampliará el uso de centros de detención similares a prisiones fuera del territorio de la UE, que son esencialmente agujeros negros legales, e incrementará el riesgo de que las personas sean deportadas a países donde podrían sufrir persecución, tortura o algo peor».

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Sam McNeilcubre Europa y otros lugares, centrándose en los conflictos y el medio ambiente.

(Foto AP/Jean-Francois Badias)

BOGOTÁ, Colombia (AP) — El extravagante abogado pro-Trump Abelardo de la Espriella tomó la delantera en la carrera por la presidencia de Colombia en la primera vuelta de las elecciones del fin de semana, capitalizando un creciente apetito por la represión enérgica contra los grupos criminales en toda América Latina.

Pero el candidato que quedó en segundo lugar, el senador progresista Iván Cepeda, y su aliado, el presidente Gustavo Petro, cuestionaron los resultados de las elecciones el domingo por la noche, sin aportar pruebas.

De la Espriella ganó terreno rápidamente en el período previo a las elecciones del domingo, obteniendo casi el 44% de los votos y superando a Cepeda, quien había liderado consistentemente las encuestas durante toda la campaña y obtuvo menos del 41% de los votos.

Está previsto que ambos candidatos pasen a una segunda vuelta electoral el 21 de junio, donde se espera que de la Espriella consiga votos adicionales de colombianos que apoyaron a otros candidatos conservadores en la primera vuelta.

Cepeda se enfrentará a una dura batalla en la segunda vuelta, afirmó Sergio Guzmán, analista político. “Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta. En otras palabras, se trata de un cambio en la opinión pública muy difícil de superar. Por lo tanto, ahora Abelardo se perfila como el favorito para ganar”.

Sumarse a un cambio político en las Américas

De la Espriella, conocido como “El Tigre”, nunca ocupó un cargo público en Colombia y se enorgullecía de llevar una vida lujosa en Italia antes de decidir postularse a la presidencia. Se presentó como un candidato ajeno al sistema que se acercaría al presidente Donald Trump y apoyaría la guerra contra las pandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele , la cual ha reducido las tasas de homicidio pero ha alimentado las acusaciones de violaciones de derechos humanos.

“Acabaré con el narcoterrorismo y con aquellos a quienes he declarado objetivo militar, como cucarachas, como ratas. Desataré sobre ellos la ira de Dios jamás vista”, dijo De la Espriella en una entrevista con The Associated Press en la recta final de la campaña, donde prometió abrir 10 megaprisiones para combatir el crimen.

Se une a un número creciente de líderes en toda América Latina, desde Chile hasta Honduras, que buscan adoptar el "modelo Bukele", ya que los votantes latinoamericanos están abandonando cada vez más a los líderes que propusieron políticas progresistas destinadas a abordar las causas profundas del conflicto, como la falta de oportunidades para los jóvenes y la corrupción.

Los seguidores de De la Espriella provienen de diversos orígenes. Yolanda Pérez, una mujer de 64 años que sirve café en el centro de Bogotá, la capital de Colombia, dijo con un guiño el día antes de las elecciones: "Estoy pensando en votar por El Tigre".

Miguel Maheca, un joven de 20 años que votaba por primera vez, le mostró a su madre un comprobante de su voto mientras salía del centro de votación el domingo, diciendo con una sonrisa: "El amor no es lo que nos va a mantener seguros en Colombia".

Pero los expertos afirman que los éxitos de El Salvador en materia de seguridad serán prácticamente imposibles de replicar en un lugar como Colombia, que es más de 50 veces más grande que la nación centroamericana y tiene muchos más grupos armados que luchan por el territorio.

La polarización de los votos se produce en un momento en que la administración Trump está desempeñando un papel más agresivo en América Latina que cualquier otro gobierno estadounidense en décadas, ejerciendo una presión creciente sobre países como Colombia, México y Ecuador para que repriman la delincuencia.

De la Espriella, de 47 años, se labró una reputación como abogado defensor de clientes de alto perfil como el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), así como de figuras controvertidas como Alex Saab, un estrecho aliado del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, que enfrenta problemas legales en Estados Unidos y a quien dejó de representar hace unos siete años.

Un duro golpe para Cepeda

El ascenso de De la Espriella como candidato presidencial supone un problema para el progresista Cepeda, quien lideró consistentemente las encuestas en el período previo a las elecciones del domingo, aunque su competidor rápidamente ganó terreno en las semanas previas a la votación.

Cepeda es un senador progresista que ha prometido continuar con el complejo plan de su aliado Petro para lograr la "paz total" mediante la negociación de pactos de paz con guerrilleros y bandas criminales.

Su movimiento político nació del rechazo vehemente de muchos colombianos a una ofensiva militarizada llevada a cabo por Uribe décadas atrás para repeler a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que terminó con la muerte de miles de civiles a manos de las fuerzas colombianas en un escándalo conocido como "falsos positivos".

“De la Espriella representa un retorno a la política paramilitar y al narcotráfico, un pasado plutocrático, corrupto y dominado por la mafia que el país vivió durante las dos administraciones de Álvaro Uribe”, declaró Cepeda el domingo.

Petro, un exrebelde, ganó la presidencia de Colombia en 2022 en unas elecciones históricas que pusieron fin a décadas de dominio de la derecha por parte de líderes del movimiento político de Uribe. Obtuvo un apoyo masivo de los colombianos de zonas rurales, indígenas y de bajos recursos, quienes sentían que los líderes colombianos nunca se habían dirigido directamente a ellos.

Ahora, ese movimiento se encuentra acorralado.

“Esta elección es de De la Espriella, a menos que la pierda”, escribió Renata Segura, directora del Programa para América Latina y el Caribe del International Crisis Group. “Cepeda pensó que podía ganar apelando directamente a la izquierda, y eso resultó ser un error garrafal. Su estrategia en el próximo mes determinará si tiene alguna posibilidad de ganar”.

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Esta versión corrige la ortografía del nombre del principal candidato a Abelardo.

Megan Janetsky cubre temas de migración, conflicto, derechos humanos y política en México y Centroamérica para Associated Press (AP), con sede en Ciudad de México. Anteriormente, cubrió Cuba y el Caribe para AP y trabajó como periodista independiente en Colombia, informando sobre diversos países de Sudamérica.

(Foto AP/Matias Delacroix)