CARACAS, Venezuela (AP) — La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el jueves una ley que abre el sector petrolero del país a la privatización, revirtiendo un principio del autoproclamado movimiento socialista que ha gobernado el país durante más de dos décadas.

La reforma será sin duda la política emblemática de su gobierno, ya que posiciona al sector petrolero —motor de Venezuela— para atraer la inversión extranjera necesaria para revitalizar una industria que lleva mucho tiempo paralizada. Rodríguez promulgó la medida menos de un mes después del descarado secuestro del entonces presidente Nicolás Maduro en un ataque militar estadounidense en Caracas, la capital de Venezuela.

Rodríguez, frente a trabajadores petroleros y simpatizantes del partido gobernante, firmó el proyecto de ley menos de dos horas después de su aprobación por la Asamblea Nacional. Simultáneamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó oficialmente a flexibilizar las severas sanciones económicas impuestas al petróleo venezolano por la primera administración Trump y amplió la capacidad de las empresas energéticas estadounidenses para operar en el país sudamericano.

El jueves, Rodríguez también conversó con el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, quienes un día antes explicaron a los senadores estadounidenses en una audiencia cómo el gobierno planea gestionar la venta de decenas de millones de barriles de petróleo de Venezuela y supervisar el flujo de fondos. Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

Las medidas de ambos gobiernos están allanando el camino para otro cambio geopolítico y económico radical en Venezuela.

“Hablamos del futuro. Hablamos del país que les daremos a nuestros hijos”, dijo Rodríguez sobre la reforma.

Rodríguez propuso los cambios a principios de este mes, después de que Trump dijera que su administración tomaría el control de las exportaciones petroleras de Venezuela y revitalizaría la industria en crisis atrayendo inversión extranjera .

Las empresas privadas controlarán la producción petrolera

La legislación promete dar a las empresas privadas control sobre la producción y venta de petróleo, poniendo fin al monopolio de la estatal Petróleos de Venezuela SA sobre esas actividades, así como sobre los precios.

Una empresa privada asumirá la gestión integral de las actividades a su propio costo, cuenta y riesgo, tras demostrar su capacidad financiera y técnica mediante un plan de negocios aprobado por el Ministerio de Petróleo, según la ley. La legislación establece que la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos en los que una empresa realizará actividades seguirá siendo del Estado.

La nueva ley también permite el arbitraje independiente de disputas, eliminando la obligación de que los desacuerdos se resuelvan únicamente en los tribunales venezolanos, controlados por el partido gobernante. Los inversionistas extranjeros consideran crucial la participación de árbitros independientes para prevenir futuras expropiaciones.

El gobierno de Rodríguez espera que los cambios sirvan de garantía para las principales petroleras estadounidenses que hasta ahora han dudado en regresar al volátil país. Algunas de estas compañías perdieron inversiones cuando el partido gobernante promulgó la ley vigente hace dos décadas para favorecer a la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

Además, la ley revisada modifica los impuestos a la extracción, estableciendo un límite de regalías del 30% y permitiendo al poder ejecutivo fijar porcentajes para cada proyecto en función de las necesidades de inversión de capital, la competitividad y otros factores.

Posibles mejoras económicas

El diputado oficialista Orlando Camacho, presidente de la comisión de petróleo de la asamblea, dijo que la reforma “cambiará la economía del país”.

Mientras tanto, el diputado opositor Antonio Ecarri instó a la asamblea a incorporar disposiciones de transparencia y rendición de cuentas a la ley, incluyendo la creación de un sitio web para hacer pública la financiación y otra información. Señaló que la actual falta de supervisión ha propiciado una corrupción sistémica y argumentó que estas disposiciones también pueden considerarse garantías judiciales.

Esas garantías se encuentran entre los cambios clave que buscan los inversores extranjeros al considerar ingresar al mercado venezolano.

“Dejemos que la luz brille en la industria petrolera”, dijo Ecarri.

Trabajadores petroleros vestidos con monos rojos y cascos celebraron la aprobación del proyecto de ley, ondeando una bandera venezolana dentro del palacio legislativo y luego uniéndose a los legisladores en una manifestación con simpatizantes del partido gobernante.

Un cambio de políticas

La ley fue modificada por última vez hace dos décadas, cuando el mentor y predecesor de Maduro , el fallecido Hugo Chávez, hizo del fuerte control estatal sobre la industria petrolera un pilar de su revolución de inspiración socialista.

Chávez, elegido en 1998, amplió los servicios sociales, incluyendo la vivienda y la educación, gracias a la bonanza petrolera del país, que generó ingresos estimados en unos 981.000 millones de dólares entre 1999 y 2011, gracias al alza de los precios del crudo. Sus reformas a la ley de la industria petrolera en 2006 exigieron que PDVSA fuera el principal accionista en todos los grandes proyectos petroleros.

Al romper los contratos que firmaron empresas extranjeras en la década de 1990, Chávez nacionalizó enormes activos de empresas estadounidenses y occidentales que se negaron a cumplir, como ExxonMobil y ConocoPhillips. Estas aún esperan recibir miles de millones de dólares en laudos arbitrales.

Desde aquellos días de derroche de gastos estatales, la suerte de PDVSA cambió , junto con la del país, a medida que la caída de los precios del petróleo, la corrupción y la mala gestión erosionaron las ganancias y perjudicaron la producción, primero con Chávez y luego con Maduro. Para 2013, la economía se sumió en la grave crisis económica que ha obligado a más de 7,7 millones de venezolanos a migrar.

Las sanciones impuestas por sucesivas administraciones estadounidenses paralizaron aún más la industria petrolera.

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Foto AP/Ariana Cubillos)

Por  REGINA GARCIA CANO