BOGOTÁ, Colombia (AP) — El tribunal de paz de Colombia emitió el martes su primera sentencia sobre crímenes de guerra cometidos durante décadas de conflicto interno, encontrando a siete ex líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, culpables de imponer políticas que llevaron al secuestro de 21.000 personas.

El tribunal afirmó que el grupo rebelde secuestró a civiles para pedir rescate para financiar sus operaciones, mientras que también privó a soldados y políticos de su libertad con la esperanza de intercambiarlos por rebeldes encarcelados.

Durante los próximos ocho años, los exlíderes rebeldes deberán trabajar en proyectos para encontrar los cuerpos de las personas desaparecidas y retirar las minas terrestres de las zonas rurales. También deberán realizar actos simbólicos de reparación con sus víctimas. Para garantizar su cumplimiento, los siete líderes seguirán un estricto cronograma y sus movimientos serán monitoreados con dispositivos electrónicos.

“Esta sentencia no borra el sufrimiento de las víctimas”, declaró Camilo Suárez, juez principal del caso. “Pero es la voz que reconoce que lo que sufrieron fue injustificable e inhumano”.

El tribunal, conocido como Jurisdicción Especial para la Paz, se creó como parte del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC . Ha sido elogiado por juristas que argumentan que ha ayudado a documentar y revelar los espeluznantes detalles de la guerra civil colombiana. Sin embargo, también ha sido criticado por los colombianos que desean castigos más severos para los autores de crímenes de guerra.

Sebastián Velásquez, portavoz de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia, que representa a más de 1.200 víctimas del conflicto colombiano, dijo estar decepcionado con el fallo, porque no obliga a la antigua cúpula rebelde a brindar compensaciones económicas a las comunidades afectadas por los secuestros.

El grupo de víctimas sostiene que durante el conflicto colombiano los líderes de las FARC acumularon dinero en cuentas bancarias y compraron casas, fincas y ganado que fueron transferidos a terceros y podían venderse para compensar a las víctimas, una afirmación negada por los antiguos líderes de las FARC.

“Evitaron ir a prisión a cambio de decir la verdad”, dijo Velásquez. “En nuestra opinión, no han cumplido plenamente con ese acuerdo”.

Quienes son citados por el tribunal, aceptan sus cargos y colaboran con sus investigaciones, generalmente se libran de la cárcel y en cambio se les exige trabajar en proyectos que incluyan esfuerzos para brindar reparaciones a las víctimas del conflicto armado de Colombia.

Los sospechosos que no aceptan los cargos del tribunal de paz pero son declarados culpables de crímenes de guerra pueden enfrentarse a largas penas de prisión.

En los primeros días de la investigación del secuestro, el ex secretariado de las FARC aceptó acusaciones de que sus políticas llevaron al secuestro de 21.000 personas, y sus siete miembros asistieron a varias audiencias donde fueron interrogados por jueces y víctimas.

Durante su investigación, el tribunal concluyó que muchas víctimas fueron encadenadas o enjauladas por los rebeldes, y que hubo casos de abuso sexual. Los líderes rebeldes que fueron juzgados hoy también reconocieron no haber controlado la conducta de los combatientes bajo su mando.

Se espera que a finales de esta semana, el tribunal de paz se pronuncie sobre un segundo caso relacionado con ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército colombiano.

Siga la cobertura de AP sobre América Latina y el Caribe en https://apnews.com/hub/latin-america

(Foto AP/Fernando Vergara)

Por  MANUEL RUEDA