NUEVA ORLEÁNS (AP) — Una carrera electoral para secretario del tribunal penal de Nueva Orleans se ha vuelto polémica, ya que el candidato Calvin Duncan, quien pasó tres décadas en prisión antes de que su condena fuera anulada, enfrenta ataques del fiscal general de Luisiana y del secretario en ejercicio sobre si fue realmente exonerado.

Duncan, de 62 años, aprendió derecho por su cuenta mientras estaba en prisión y tuvo dificultades durante años para acceder a sus antecedentes. Dice que eso hace que su aspiración a convertirse en el principal encargado de los registros penales de la ciudad sea algo personal.

"No quiero que lo que me pasó a mí le pase a nadie más", dijo Duncan, cuya condena por asesinato fue anulada por un juez en 2021. Está incluido en el Registro Nacional de Exoneraciones junto a figuras como Yousef Salaam , miembro de los "Cinco de Central Park" y ahora concejal de la ciudad de Nueva York.

Pero la campaña de Duncan se ha visto ensombrecida por las disputas sobre el término "exoneración" en su caso, lo que ha añadido dramatismo a la recta final de una contienda municipal por lo demás tranquila. Los votantes acuden a las urnas el sábado.

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, y el secretario en funciones, Darren Lombard, han negado la inocencia de Duncan, alegando un acuerdo de culpabilidad de 2011 por homicidio involuntario y robo a mano armada que Duncan afirma haber aceptado solo para asegurar su liberación. En debates televisados, entrevistas con medios y anuncios de campaña, Lombard ha tildado a Duncan de asesino.

Duncan, demócrata, acusa a sus oponentes de intentar engañar a los votantes. Sus partidarios afirman que es un ejemplo de política agresiva en Nueva Orleans, donde más de 10 candidatos también se postulan para reemplazar a la alcaldesa LaToya Cantrell, cuyo mandato está limitado y quien se declaró inocente en septiembre de cargos de corrupción.

Jessica Paredes, directora ejecutiva del registro de exoneraciones, dijo que no debe haber duda de que el caso de Duncan merece figurar entre las más de 3.700 exoneraciones registradas desde 1989.

“Actuamos con cautela para mantener la integridad de la base de datos”, dijo. “La exoneración de Calvin no fue una de esas decisiones difíciles. Su caso cumple claramente con nuestros criterios de inclusión”.

Una declaración de culpabilidad y una condena anulada

Duncan presentó nuevas pruebas de su inocencia en un tiroteo fatal de 1981, incluyendo que los agentes de policía habían mentido en el tribunal, antes de ser liberado de prisión. Posteriormente, un juez anuló la condena de Duncan amparándose en el estatuto legal de "inocencia factual" y la fiscalía desestimó los cargos.

Los expertos legales dicen que no existe un estándar legal general para la exoneración, pero el grupo de Paredes generalmente la define como aquello que ocurre “cuando una persona que ha sido condenada por un delito queda oficialmente absuelta después de que se disponga de nueva evidencia de inocencia”.

Incluso antes de que Duncan se postulara, su caso atrajo el escrutinio de Murrill, el fiscal general republicano del estado. Tras obtener su título en derecho en 2023 y solicitar una indemnización estatal de 330.000 dólares por su condena injusta, Murrill amenazó con impugnar su derecho a ejercer la abogacía a menos que retirara su reclamación, según Jacob Weixler, su abogado.

El portavoz de Murrill, Lester Duhe, confirmó esa versión, afirmando que Duncan "se declaró culpable de homicidio involuntario ante el tribunal, a sabiendas e intencionadamente". Duncan retiró su demanda para evitar cualquier impedimento en el ejercicio de la abogacía, afirmó Weixler.

Menos de dos semanas antes de las elecciones, Murrill intensificó la disputa al publicar una carta pública en la que acusaba a Duncan de "tergiversación flagrante" por declararse exonerado. El lunes, decenas de abogados en Luisiana firmaron una carta rechazando sus afirmaciones.

Un abogado autodidacta

En la comunidad jurídica, Duncan ya había alcanzado cierto grado de celebridad antes de postularse para el cargo.

Recuerda en sus memorias cómo un recluso mayor le aconsejó que aprendiera derecho para salvarse. Con solo octavo grado de educación, Duncan perfeccionó sus habilidades legales y pudo ayudar a otros reclusos a preparar documentos judiciales como parte de un programa legal en la prisión.

Su persistencia finalmente moldeó la legislación nacional. Duncan fue la fuerza impulsora de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2020 que puso fin a las condenas no unánimes por jurado en Luisiana y Oregón, los únicos dos estados que aún permitían una práctica arraigada en la era de las Leyes de Jim Crow, según G. Ben Cohen, abogado del caso.

Duncan afirmó que obtener un informe policial, y mucho menos una transcripción del juicio, podría llevar años para los reclusos. El sistema judicial penal de Nueva Orleans aún depende en gran medida de los registros en papel, y miles de archivos se perdieron durante el huracán Katrina. En agosto, se desecharon por error grandes cantidades de expedientes judiciales penales, lo que obligó a la secretaría a rescatarlos de un vertedero .

Lombard afirmó que este año se implementará un nuevo sistema de archivo digital. Considera a su oponente incompetente, mientras que Duncan argumenta que aportaría una apreciación única del peso del cargo.

“He visto y experimentado de primera mano cuando una oficina administrativa no funciona correctamente”, dijo.

El periodista de Associated Press, Stephen Smith, contribuyó a este informe. Brook es miembro del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco conocidos.

JACK BROOKcubre temas del gobierno, la infraestructura y el medio ambiente de Luisiana desde Nueva Orleans. Es miembro del equipo de Report for America

(Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate vía AP)