WASHINGTON (AP) — El gobierno federal ordenó el despliegue de 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregon para proteger a agentes de inmigración e instalaciones gubernamentales, según un memorando del Departamento de Defensa que fue recibido por funcionarios estatales el domingo.
El despliegue se llevará a cabo a pesar de las objeciones de las autoridades estatales y es similar a las acciones implementadas en junio pasado en Los Ángeles, donde se llevaban a cabo protestas contra las operaciones de deportación, pero a una escala mucho menor.
La Casa Blanca no comentó de momento. Ninguno de los funcionarios del Pentágono que fueron contactados confirmó o negó la autenticidad del memo.
El presidente Donald Trump había anunciado el sábado sobre el envío de tropas a Portland. La gobernadora del estado, la demócrata Tina Kotek, dijo el domingo que conversó vía telefónica con el presidente y le expuso su oposición al despliegue.
“Oregon es nuestro hogar, no un objetivo militar”, afirmó en un comunicado.
Dan Rayfield, el fiscal general del estado, dijo que presentará una demanda federal argumentando que Trump estaba excediendo su autoridad.
“Lo que estamos viendo no se trata de seguridad pública”, aseguró. “Se trata del presidente mostrando músculo político bajo la apariencia de la ley y el orden, buscando un impacto mediático a expensas de nuestra comunidad”.
El memorando del Pentágono que funcionarios de Oregon pusieron a disposición hizo una comparación directa entre el despliegue de miles de soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio y el despliegue propuesto para el estado, añadiendo: “Este memorando implementa aún más las instrucciones del presidente”.
Aunque el documento no menciona en específico a Portland como el objetivo del despliegue, Trump señaló el sábado en redes sociales que instruyó al Pentágono —a solicitud de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem—, “poner a disposición todas las tropas necesarias para proteger a una ciudad de Portland devastada por la guerra, y a cualquiera de nuestras instalaciones de ICE bajo asedio de los ataques de Antifa y otros terroristas nacionales”.
“También autorizo el uso de toda la fuerza, si es necesario”, añadió Trump.
A diferencia de Los Ángeles, no parece que Trump o el secretario de Defensa Pete Hegseth estén actualmente al frente del despliegue de efectivos en servicio activo. El gobierno federal desplegó alrededor de 700 marines en servicio activo a Los Ángeles, aunque fueron retirados poco más de un mes después.
La acción también sería mucho menor que el despliegue de Trump en Washington, D.C., donde más de 1.000 soldados de la Guardia Nacional, incluidas unidades de otros estados, han patrullado las calles durante semanas. También ha estado dejando entrever que enviará tropas a Chicago, algo que hasta el momento no ha hecho.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
CHRIS MEGERIAN covers the White House for The Associated Press. He previously wrote about the Russia investigation, climate change, law enforcement and politics in California and New Jersey.
WASHINGTON (AP) — Los líderes demócratas y republicanos en el Congreso acudían el lunes a la Casa Blanca para una reunión con el presidente Donald Trump en un esfuerzo tardío por evitar un cierre del gobierno, aunque ambas partes se han mostrado poco dispuestas a ceder de sus posiciones arraigadas.
Si el Congreso no aprueba la legislación de financiamiento gubernamental y Trump no la firma el martes por la noche, muchas oficinas gubernamentales en todo el país cerrarán temporalmente y los empleados federales no exentos serán suspendidos, lo que aumentará la presión sobre los trabajadores y la economía del país.
Los republicanos están desafiando a los demócratas a votar en contra de una legislación que mantendría el financiamiento gubernamental mayormente en los niveles actuales, pero los demócratas se han mantenido firmes. Están utilizando una de sus pocas opciones de influencia para exigir que el Congreso aborde la legislación para extender los beneficios de salud.
“El encuentro es un primer paso, pero solo un primer paso. Necesitamos una negociación seria”, afirmó el domingo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en “Meet the Press” de NBC.
Trump ha mostrado poco interés en considerar las demandas de los demócratas sobre sanidad, incluso cuando accedió a mantener una reunión el lunes con Schumer, junto con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries. El presidente republicano ha dicho repetidamente que espera plenamente que el gobierno entre en un cierre esta semana.
“Si tiene que cerrar, tendrá que cerrar”, dijo Trump el viernes. “Pero son ellos los que están cerrando el gobierno”.
El gobierno de Trump ha intentado presionar a los legisladores demócratas para que abandonen sus demandas, advirtiendo que los empleados federales podrían ser despedidos permanentemente en caso de una interrupción del financiamiento.
“Chuck Schumer dijo hace unos meses que un cierre del gobierno sería caótico, dañino y doloroso. Tiene razón, y por eso no deberíamos hacerlo”, comentó el domingo Thune, un republicano de Dakota del Sur, en “Meet the Press”.
Aun así, los demócratas argumentaron que el acuerdo de Trump para mantener una reunión muestra que siente la presión para negociar. Dicen que, dado que los republicanos controlan la Casa Blanca y el Congreso, los estadounidenses les culparán principalmente a ellos por cualquier cierre del gobierno.
Pero para mantener su influencia en la negociación, es probable que los demócratas del Senado tengan que votar en contra de un proyecto de ley para extender temporalmente el financiamiento gubernamental el martes, apenas unas horas antes de un cierre, una posición incómoda para un partido que ha denunciado durante mucho tiempo los cierres como inútiles y destructivos.
El proyecto de ley ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes controlada por los republicanos y mantendría al gobierno financiado por siete semanas más mientras el Congreso trabaja en el presupuesto anual.
Cualquier legislación para financiar el gobierno necesitará el apoyo de al menos 60 senadores. Eso significa que al menos ocho demócratas tendrían que votar por el proyecto de ley de financiamiento a corto plazo, ya que se espera que el senador republicano Rand Paul de Kentucky vote en contra.
Durante el último posible cierre del gobierno en marzo, Schumer y otros nueve demócratas votaron para romper un filibusterismo y permitir que un proyecto de ley de financiamiento liderado por republicanos avanzara a una votación final. El demócrata de Nueva York enfrentó una feroz reacción de muchos en su propio partido por esa decisión, y algunos incluso pidieron su renuncia como líder demócrata.
Esta vez, Schumer parece resuelto.
“Estamos escuchando del pueblo estadounidense que necesitan ayuda en la atención de salud y en cuanto a estos despidos masivos, ¿adivinen qué? Respuesta simple de una oración: Lo están haciendo de todos modos”, expresó.
Los demócratas reclaman una extensión de los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que han subsidiado el seguro de salud para millones de personas desde la pandemia de COVID-19. Está previsto que los créditos, que están diseñados para expandir la cobertura para personas de ingresos bajos y medios, expiraren a final de año.
Algunos republicanos están abiertos a extender los créditos fiscales pero quieren cambios. Thune dijo el domingo que el programa “necesita desesperadamente una reforma” y los republicanos quieren abordar el “desperdicio, fraude y abuso”. Ha presionado a los demócratas para que voten por el proyecto de ley de financiamiento y aborden el debate sobre los créditos fiscales más tarde.
Queda por ver si la reunión en la Casa Blanca ayudará o perjudicará las posibilidades de una resolución. Las negociaciones entre Trump y los líderes demócratas en el Congreso rara vez han ido bien, y Trump ha tenido poco contacto con el partido opositor durante su segundo mandato.
La negociación más reciente en agosto entre Schumer y el presidente para acelerar el ritmo de las votaciones de confirmación del Senado para funcionarios del gobierno terminó con Trump diciéndole a Schumer que “se fuera al infierno” en una publicación en redes sociales.
Trump también canceló abruptamente una reunión que estaba planeada con líderes del Congreso la semana pasada, calificando las demandas de los demócratas como “no serias y ridículas”.
Schumer argumentó que el hecho de que la Casa Blanca volviera a programar una reunión para el lunes mostró que “sintieron la presión”.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
STEPHEN GROVES covers Congress for The Associated Press.
CHICAGO (AP) — Un edificio tapiado en un pequeño suburbio de Chicago se ha convertido en la primera línea de una ofensiva federal contra la inmigración , con crecientes acusaciones de que la instalación destinada a procesar a los arrestados es de facto un centro de detención plagado de condiciones inhumanas.
La administración Trump ha puesto en la mira el área de Chicago para su última oleada de medidas de control migratorio, promocionando cientos de arrestos en las últimas tres semanas.
Familiares, abogados y activistas están preocupados por los relatos de los inmigrantes sobre lo que sucede una vez dentro del edificio de ladrillo en Broadview. Las protestas, antes habituales, frente al edificio han aumentado en las últimas semanas, con agentes federales utilizando agentes químicos y fuerza física para repeler a los manifestantes .
Los defensores afirman que hasta 200 personas permanecen detenidas allí a la vez, y algunas permanecen hasta cinco días en un espacio sin duchas ni cafetería. Los inmigrantes denuncian que reciben poca comida y agua, y acceso limitado a medicamentos. La comunicación, incluso con sus abogados, es limitada.
“Es un agujero negro”, dijo Erendira Rendón, del Proyecto Resurrección, que ha recibido solicitudes de asistencia legal de casi 250 inmigrantes arrestados. “No se puede llamar al centro. No se puede hablar con nadie”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos calificó el jueves de falsas las afirmaciones sobre las condiciones y agregó que “los detenidos son procesados brevemente” antes de ser transferidos.
Las preguntas se ciernen sobre el centro
Broadview, un suburbio con una población de aproximadamente 8,000 personas, también ha albergado el centro federal de procesamiento de inmigración durante décadas. Ubicado a lo largo de un corredor industrial, el centro ha provocado con frecuencia protestas pacíficas y se ha convertido en escenario de emotivas despedidas antes de la deportación.
Pero las preguntas en torno a su uso han aumentado desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca prometiendo deportaciones masivas.
Illinois tiene una de las leyes santuario más estrictas del país, que prohíbe ampliamente la cooperación entre la policía local y los agentes federales de inmigración, incluso en materia de detención.
El estado prohibió efectivamente la detención migratoria en 2021, al poner fin a los acuerdos de cooperación local entre el gobierno federal y las cárceles de los condados. Illinois prohibió la detención privada en 2019 tras los intentos fallidos de construir un nuevo centro de detención, y no existen centros federales de detención migratoria en el estado.
Los funcionarios de Illinois han alegado durante meses que los inmigrantes son retenidos en el centro de procesamiento durante días y se les dice que duerman en el piso, incluso en el baño.
El representante estadounidense Jesús “Chuy” García formó parte de un grupo de demócratas de Illinois que intentó recorrer las instalaciones en junio.
“Señalamos que este ha sido un centro de procesamiento, pero en realidad, personas que han estado detenidas allí durante varios días nos han dicho que, en realidad, es un centro de detención”, dijo. “No es adecuado para ser un centro de detención”.
Comida limitada y espacios abarrotados
Brenda Pérez dijo que su esposo fue arrestado este mes por agentes de ICE en el sur de Chicago mientras se dirigía a su trabajo como mecánico. Finalmente, confirmó que estaba en Broadview al verlo en un video grabado en redes sociales afuera del centro.
En breves llamadas, le contó que no podía dormir porque había demasiada gente para acostarse. Denunció que llevaba 24 horas sin comer.
“Les rogaba que le dieran comida y agua porque tenía hambre y mucha sed, y simplemente lo ignoraban”, dijo llorando. Más tarde lo llevaron a una cárcel de Michigan.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes también afirman que la administración Trump intenta hacer que las condiciones sean insoportables para que la gente acepte autodeportarse . Las autoridades intentan ampliar el espacio de detención en cárceles cercanas que cooperan con el programa, incluyendo las de Indiana.
Giselle Maldonado, de 23 años, dijo que sus dos tíos estuvieron detenidos en las instalaciones de Broadview durante dos días la semana pasada antes de ser deportados a Tijuana, México.
Maldonado describió las condiciones como “feas” y contribuyó a que firmaran rápidamente los papeles de deportación en lugar de abogar por sí mismos.
“Estaba abarrotado”, dijo. “No les daban de comer bien. No les daban agua cuando la pedían. Tenían luces brillantes encendidas todo el tiempo, y no podían dormir”.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha denegado solicitudes recientes de visitas guiadas por motivos de "seguridad operativa". Si bien la agencia publica el número de personas en centros de detención, el centro de procesamiento de Broadview no figura en la lista.
Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del DHS, rechazó el jueves las afirmaciones de "condiciones deficientes" y dijo que la instalación no se utiliza para detención.
“Los detenidos son procesados brevemente antes de ser trasladados a centros de detención”, dijo. “Todos reciben alimentación adecuada, atención médica y tienen la oportunidad de comunicarse con sus abogados y familiares”.
Choque con la comunidad
El centro ha causado problemas a los líderes de la aldea. Si bien la comunidad, ubicada a unos 19,31 kilómetros de Chicago, es pequeña, sus negocios pueden atraer hasta 55.000 trabajadores.
Los miembros de la fuerza policial de 25 oficiales de Broadview se desvían cada vez más al centro para ayudar a gestionar las protestas.
La tensión ha aumentado en las últimas semanas. Los manifestantes han bloqueado el paso de vehículos y los agentes federales han respondido con tácticas agresivas, incluyendo el uso de agentes químicos y fuerza física. Guardias armados patrullan la azotea.
"Tenemos este centro de procesamiento en nuestra ciudad y crea miedo", dijo la alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson.
El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido sus tácticas, citando el peligro que suponen para los agentes federales y caracterizando a los arrestados como “alborotadores”.
Inicialmente, los funcionarios federales avisaron a Thompson de que el centro se utilizaría como el "lugar principal de procesamiento" para la operación. Sin embargo, desde entonces las comunicaciones han sido limitadas, incluyendo solicitudes ignoradas de que se les informara si se utilizarían agentes químicos.
Las autoridades federales tapiaron las ventanas del edificio, lo que provocó la revisión de los códigos de construcción por parte de la ciudad. Tras la escalada de tensión en las protestas, las autoridades federales erigieron una valla durante la noche que se extiende hasta una vía pública.
Los funcionarios del pueblo exigieron al departamento de bomberos que retirara la valla "construida ilegalmente" por motivos de seguridad. La valla permaneció en su lugar el jueves.
La oficina del consulado mexicano es una de las pocas entidades en comunicación con las autoridades que supervisan las instalaciones de Broadview. Han ayudado a los ciudadanos mexicanos detenidos a obtener medicamentos.
La embajadora Reyna Torres Mendívil, cónsul general de México en Chicago, se negó a dar detalles específicos, alegando un proceso diplomático. Sin embargo, afirmó que el aumento de la aplicación de medidas migratorias que genera temor entre los ciudadanos mexicanos no tiene precedentes.
“El sufrimiento que estamos viendo es considerable”, dijo.
La reportera de Associated Press Christine Fernando contribuyó a este informe.
DALLAS (AP) — El hombre armado que abrió fuego en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas odiaba al gobierno de Estados Unidos y quería incitar al terrorismo matando a agentes federales, dijeron funcionarios el jueves, ofreciendo el primer indicio de un motivo en el ataque.
Citando notas escritas a mano encontradas en su casa suburbana, las autoridades dijeron que Joshua Jahn, de 29 años, se propuso emboscar a la agencia y luego se disparó fatalmente después del asalto.
El tiroteo ocurrido al amanecer del miércoles tuvo como blanco el edificio de oficinas del ICE, incluyendo una camioneta en una entrada cerrada que albergaba detenidos. Un detenido murió y otros dos resultaron gravemente heridos. Ningún miembro del personal del ICE resultó herido.
Jahn “tenía la intención específica de matar a agentes del ICE”, disparando contra vehículos que transportaban personal del ICE, agentes federales y detenidos. “También disparó varias veces contra las ventanas del edificio de oficinas donde numerosos empleados del ICE trabajan a diario”, declaró Joseph Rothrock, agente a cargo de la oficina local del FBI en Dallas.
Las notas de Jahn indicaban que «no esperaba sobrevivir a este suceso», dijo Rothrock. «Quería sembrar el terror».
El pistolero, que según las autoridades disparó indiscriminadamente desde un tejado cercano, estaba involucrado en un "alto grado de planificación previa al ataque", dijo el director del FBI, Kash Patel, en la plataforma social X.
Patel citó una nota que decía: «Ojalá esto les dé verdadero terror a los agentes del ICE, y se pregunten: ¿Hay un francotirador con munición antiblindaje en ese tejado?». La nota utilizaba una aparente abreviatura de balas perforantes.
El ataque ocurrió mientras una intensificación de la aplicación de leyes migratorias ha generado una reacción contra los agentes de ICE y ha despertado temor en las comunidades inmigrantes de todo el país.
El agresor parecía haber actuado solo. Nancy Larson, fiscal federal interina del Distrito Norte de Texas, afirmó que los investigadores descubrieron las notas en la residencia de Jahn. Otra nota decía: «Sí, solo fui yo». Otras notas criticaban duramente a los agentes del ICE e indicaban que esperaba evitar causar daño a los detenidos.
Los investigadores no han determinado que el pistolero perteneciera a ningún grupo o entidad en particular, afirmó Larson. Y si bien escribió extensamente sobre su odio al gobierno federal, no mencionó ninguna agencia federal aparte del ICE, añadió.
El pistolero también había descargado un documento titulado “Oficina de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias del Condado de Dallas” que contenía una lista de instalaciones de Seguridad Nacional, dijo Patel.
Horas antes del tiroteo, el agresor realizó múltiples búsquedas en internet de información balística y videos del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario de Utah este mes, dijo Patel. El mes pasado, el hombre buscó aplicaciones que rastreaban la presencia de agentes de ICE, añadió.
El miércoles, Patel publicó una foto en redes sociales que mostraba una bala encontrada en el lugar de los hechos con la inscripción "ANTI-ICE". La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó reforzar la seguridad en las instalaciones de ICE en todo Estados Unidos, según una publicación del DHS en X.
El tirador llegó antes del amanecer con una escalera.
La instalación de ICE está ubicada a lo largo de la carretera interestatal 35 este, justo al suroeste de Dallas Love Field, un gran aeropuerto que sirve al área metropolitana de Dallas-Fort Worth, y a cuadras de los hoteles.
Jahn fue visto conduciendo hacia la zona alrededor de las 3 a. m. con una gran escalera encima de su vehículo, dijo Larson. Se cree que la usó para subir al tejado de un edificio cercano.
El tiroteo comenzó alrededor de las 6:30 a. m., dijo Larson. Los disparos se extendieron por todo el centro de ICE, hacia las ventanas y la camioneta, añadió.
Jahn obtuvo legalmente el rifle de cerrojo utilizado en el tiroteo en agosto, dijo Rothrock.
También reconoció la posibilidad de otras víctimas, dijo Rothrock. Sabía que era muy probable que los detenidos del ICE fueran trasladados esa mañana al mismo lugar que él veía desde su posición privilegiada en el tejado.
Siguiendo los procedimientos de ICE, los detenidos fueron sujetos dentro de la camioneta, dijo Marcos Charles, director de la oficina de campo de operaciones de cumplimiento y deportación de ICE.
“Bajo disparos, varios agentes federales corrieron hacia el incendio para sacar a estas personas e intentar brindarles ayuda vital en las circunstancias más extremas”, dijo Rothrock.
Las autoridades no han revelado los nombres de las víctimas .
¿Quién era el pistolero?
Noah Jahn describió a su hermano como “único” y le dijo a NBC News que los mensajes anti-ICE fueron sorprendentes.
"Que yo sepa, no tenía sentimientos encontrados sobre ICE", dijo Noah Jahn. "Que yo sepa, no le interesaba la política de ninguno de los dos bandos".
Dijo que ambos crecieron a unos 48 kilómetros de distancia, en Allen, Texas, y que su hermano se interesaba por la programación, pero estaba desempleado. Noah Jahn dijo que vio a su hermano por última vez hace dos semanas en casa de sus padres y que nada parecía fuera de lo común.
Un portavoz del Collin College, en la cercana McKinney, dijo por correo electrónico que Joshua Jahn estudió allí "en varios momentos" entre 2013 y 2018.
A fines de 2017, Jahn condujo a través del país para trabajar en un empleo por el salario mínimo cosechando marihuana durante varios meses, dijo Ryan Sanderson, propietario de una granja legal de cannabis en el estado de Washington.
ICE ha sido blanco de ataques en otros lugares
Noem notó un aumento reciente en los ataques a agentes del ICE.
El 4 de julio, atacantes vestidos con ropa negra de estilo militar abrieron fuego frente al Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas, según informaron los fiscales federales. Un policía resultó herido. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con el ataque.
Días después, un hombre con un rifle de asalto disparó decenas de veces contra agentes federales que salían de unas instalaciones de la Patrulla Fronteriza en McAllen. El hombre, identificado como Ryan Louis Mosqueda, hirió a un policía que acudió al lugar antes de que las autoridades le dispararan y lo mataran.
Williams informó desde Detroit. Los periodistas de Associated Press Jack Brook (Nueva Orleans); Mike Balsamo (Nueva York); Alanna Durkin Richer (Washington); Sophia Tareen (Chicago); y Tim Sullivan (Minneapolis) contribuyeron a este informe.
Sean Murphy es reportero de The Associated Press en Oklahoma City para la legislatura estatal. Ha cubierto noticias y política de Oklahoma desde 1996.
MEMPHIS, Tennessee (AP) — Cuando el presidente Donald Trump creó un grupo de trabajo para combatir el crimen en Memphis, su orden incluyó el despliegue de la Guardia Nacional y varias agencias federales para, entre otros objetivos, hacer cumplir la ley federal de inmigración en la ciudad de Tennessee.
Uno de los departamentos incluidos en el Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis es Seguridad Nacional, que supervisa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esto preocupa a algunos latinos, ya que el aumento de personal se utilizará para atacarlos en sus hogares, escuelas y lugares de trabajo, como parte del plan de Trump de detenciones masivas y deportaciones de inmigrantes en todo el país.
Sandra Pita, madre de seis hijos y ciudadana estadounidense de ascendencia mexicana, dijo que ella y otras personas hispanas en Memphis temen que sus amigos y familiares, incluso aquellos que están legalmente en Estados Unidos, puedan verse atrapados en la represión.
“Mi preocupación como latina es que se enfocarán en las personas de piel morena, de piel negra, incluso en mis hijos que son ciudadanos y en los hijos de otras madres que nacieron aquí en Memphis”, dijo Pita, quien nació en California.
Quienes se oponen al despliegue lo consideran una medida innecesaria y una ocupación federal de una ciudad que, en cambio, necesita más fondos para abordar la pobreza y otras causas de la delincuencia. Quienes lo apoyan afirman que se trata de una bienvenida inyección de personal policial que, a pesar de las recientes mejoras en las estadísticas de delincuencia, aún necesita ayuda para combatir actos violentos como robos de vehículos y asesinatos.
"Esto no es una ocupación. Es una inversión", declaró el senador estatal de Tennessee, Brent Taylor, republicano que apoya el despliegue, durante un reciente mitin republicano.
El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, ha declarado públicamente que no prevé el envío de más de 150 miembros de la Guardia Nacional a Memphis. Lee aún no ha firmado oficialmente una orden ejecutiva para el despliegue de miembros. También participaría un número indeterminado de oficiales de otras agencias, desde autoridades federales de inmigración hasta agentes antidrogas.
El alcalde Paul Young, demócrata, ha declarado que no solicitó el despliegue y que no cree que sea la manera de reducir la delincuencia. En su boletín semanal, publicado el viernes, comentó que habló con funcionarios en Washington, quienes afirmaron que la Guardia Nacional en esa ciudad servía como "ojos y oídos en las calles, más como una vigilancia vecinal a gran escala que como policías de primera línea", trabajando para embellecer la ciudad y abordar la situación de las personas sin hogar, lo que, según él, también ayudaría a Memphis.
Aún así, los datos de la operación federal en Washington muestran que más del 40% de los arrestos realizados durante la operación que duró un mes estaban relacionados con la inmigración, según un análisis de Associated Press .
No está claro cuándo llegarán las tropas de la Guardia Nacional, aunque los funcionarios han dicho que podría suceder dentro de una semana.
El consentimiento del gobernador para la Guardia Nacional contrasta marcadamente con los líderes demócratas en estados como California e Illinois , quienes argumentan que despliegues similares socavan la autoridad local y exacerban las tensiones. El presidente también ha sugerido que podría enviar soldados a Nueva Orleans , otra ciudad de mayoría negra liderada por demócratas en un estado de tendencia republicana.
Grupos locales se preparan para la aplicación de leyes migratorias
Aproximadamente el 10% de la población de Memphis es hispana, según datos del Censo. Desde que Trump asumió el cargo en enero, grupos comunitarios han estado educando a los latinos de Memphis sobre sus derechos y qué hacer si agentes se acercan a ellos y cuestionan su estatus migratorio.
Estas organizaciones han repartido pequeñas tarjetas rojas con instrucciones en inglés y español, como que las personas deben evitar abrir sus puertas a agentes que no tengan una orden judicial y no firmar nada sin un abogado presente.
Otros grupos están trabajando para informar a los residentes en las redes sociales sobre la actividad policial en tiempo real que podría involucrar operaciones de inmigración.
Mauricio Calvo, director ejecutivo de Latino Memphis, reconoció que la delincuencia es un problema importante en Memphis, pero no apoya el despliegue de la Guardia Nacional. Calvo comentó que le sorprendió que muchos latinos con los que habló aprobaran el despliegue y le preocupa que algunas personas no comprendan las implicaciones.
"No creo que entiendan las posibles consecuencias de la discriminación racial y las deportaciones reales", dijo Calvo.
Calvo señaló que una antigua prisión en la ciudad rural de Mason, ubicada al este de Memphis, se ha convertido en un centro de detención de ICE con cientos de camas.
"Me temo que esto podría derivar rápidamente en un gran número de detenciones de inmigrantes o de personas que parecen o suenan como inmigrantes", dijo.
Casey Bryant, una abogada que trabaja con inmigrantes latinos, dijo que le preocupa que algunos agentes de la Guardia Nacional y de las fuerzas del orden puedan no estar familiarizados con la ley de inmigración.
“Podría causar mucho caos y confusión y tiene el potencial de privar a las personas de sus derechos al debido proceso en el contexto migratorio, y probablemente también en el contexto penal”, dijo Bryant.
Los inmigrantes deben estar preparados para posibles enfrentamientos con la policía, lo que incluye hacer preparativos para sus familias si son detenidos y contactar a un abogado que pueda ayudarlos, dijo Bryant.
“Todo el mundo está intentando prepararse para vivir con este tipo de presencia”, dijo.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
WASHINGTON (AP) — El gobierno federal ordenó el despliegue de 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregon para proteger a agentes de inmigración e instalaciones gubernamentales, según un memorando del Departamento de Defensa que fue recibido por funcionarios estatales el domingo.
