WASHINGTON (AP) — El más reciente ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación acusada de transportar drogas en el este del océano Pacífico dejó tres muertos el domingo, según una publicación en redes sociales del Comando Sur de Estados Unidos.
La campaña del gobierno del presidente Donald Trump de hacer estallar embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en aguas de Latinoamérica se mantiene desde principios de septiembre y ha causado al menos 186 muertes en total. Otros ataques han ocurrido en el mar Caribe.
Las fuerzas militares estadounidenses no han aportado pruebas de que alguna de las embarcaciones llevara drogas.
Tras el ataque del domingo, el Comando Sur publicó un video en X en que se ve una embarcación desplazándose rápidamente sobre el agua antes que una explosión la dejara envuelta en llamas. Reiteró declaraciones previas al señalar que había atacado a los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.
Los ataques comenzaron cuando Estados Unidos incrementaba su mayor presencia militar en la región en generaciones y se produjeron meses antes de la redada de enero que capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y se ha declarado no culpable.
Trump ha dicho que Estados Unidos libra un “conflicto armado” con los cárteles en Latinoamérica y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
Los críticos, por su parte, han cuestionado la legalidad general de los ataques contra embarcaciones.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
WASHINGTON (AP) — Autoridades de seguridad en Estados Unidos están evaluando cómo proceder con una serie de eventos públicos de alto perfil en los que participa el presidente Donald Trump tras el ataque del sábado en la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
El tercer asalto violento en las inmediaciones de Trump en menos de dos años está reavivando la tensión central que enfrentan los defensores del presidente republicano: cómo atender las exigencias públicas de la presidencia y, al mismo tiempo, minimizar el riesgo de un ataque.
El episodio del sábado, en el que un hombre armado con pistolas y cuchillos intentó irrumpir en el salón de baile de un hotel de Washington donde el presidente tenía previsto dirigirse a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, ocurre antes de la esperada participación de Trump en una inusual seguidilla de grandes eventos de alto perfil, tanto en interiores como al aire libre, en los próximos meses. Entre ellos, tiene previsto conmemorar el 250 aniversario del país, supervisar la coorganización del Mundial por parte de Estados Unidos y encabezar mítines destinados a impulsar el apoyo a los republicanos antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.
La jefa de despacho de la Casa Blanca, Susie Wiles, mantendrá esta semana una reunión con funcionarios del equipo de operaciones de la Casa Blanca, el Servicio Secreto y el Departamento de Seguridad Nacional para discutir el protocolo de seguridad en eventos con el presidente, según un alto funcionario de la Casa Blanca. La reunión examinará las medidas de seguridad que tuvieron éxito el sábado mientras “exploran opciones adicionales” para futuros eventos, dijo el funcionario, que insistió en mantener el anonimato para confirmar las conversaciones privadas.
Una persona familiarizada con el asunto indicó que el Servicio Secreto de Estados Unidos ya estaba reevaluando su postura de seguridad para los próximos eventos. La postura de la agencia ya estaba elevada debido al número extraordinario de amenazas que enfrenta Trump —incluidos dos intentos de asesinato consecutivos en 2024— y a las realidades de acontecimientos recientes como la guerra entre Estados Unidos e Irán.
“No puedo imaginar que haya alguna profesión que sea más peligrosa”, manifestó Trump sobre la presidencia la noche del sábado desde la Casa Blanca.
Dentro del Servicio Secreto, agentes de los equipos de inteligencia de protección y evaluación de amenazas también están reexaminando las amenazas hechas contra Trump en los últimos meses. La violencia imitativa puede seguir a ataques de alto perfil, según la persona, que habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado del tema.
La Casa Blanca y el Palacio de Buckingham señalaron que la visita de Estado del rey Carlos y la reina Camila el lunes sigue adelante según lo previsto. Aun así, la organización de eventos a gran escala más adelante —incluido el combate de la UFC en el jardín de la Casa Blanca para conmemorar los 80 años de Trump en junio, partidos del Mundial y la carrera de IndyCar frente a la Casa Blanca— podría complicarse.
Una tensión inherente en la protección presidencial queda expuesta
Legisladores, asistentes al evento y algunos aliados del presidente vieron fallas en la planificación de seguridad de la cena de corresponsales, y cuestionaron por qué alguien como el atacante pudo reservar una habitación en el hotel para introducir armas a escondidas alrededor de la capa más externa de seguridad.
El legislador republicano de Texas, Michael McCaul, presidente emérito del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, afirmó que quizá sea necesario modificar los protocolos de seguridad para Trump y el vicepresidente JD Vance.
“Creo que el Servicio Secreto necesita reconsiderar tener al presidente y al vicepresidente juntos en algo así”, declaró McCaul a “State of the Union” de CNN.
Kari Lake, excandidata republicana a gobernadora en Arizona y elegida por Trump para dirigir la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, se quejó de que no tuvo que mostrar una identificación con foto que correspondiera con su boleto al evento al ingresar al hotel para la cena de corresponsales. “No puedo creer lo laxa que fue la seguridad”, escribió Lake en X.
El Servicio Secreto solo tiene a su cargo la seguridad de las personas bajo su protección, no la del evento en sí, y la agencia celebró de inmediato su respuesta, recibiendo un respaldo de alto perfil del propio Trump.
“Nuestra protección de múltiples capas funciona”, afirmó el director Sean Curran el sábado.
“Esos tipos hicieron un buen trabajo anoche. Hicieron un trabajo realmente bueno”, reiteró Trump el domingo en una entrevista con “60 Minutes” de CBS News.
Garrett Graff, autor de “Raven Rock: The Story of the U.S. Government’s Secret Plan to Save Itself — While the Rest of Us Die” (“Raven Rock: La historia del plan secreto del gobierno de EEUU para salvarse a sí mismo — mientras el resto de nosotros morimos”), escribió en un análisis sobre las múltiples capas de seguridad alrededor de Trump durante la cena: “Parece que el sistema básicamente funcionó como estaba diseñado, en medio de los compromisos siempre necesarios de la seguridad en una sociedad libre”.
El agente retirado del Servicio Secreto Thomas D. Quinn, quien ayudó a ser pionero de los equipos de contraasalto del Servicio Secreto, publicó en X que “el plan de seguridad del Servicio Secreto para la WHCD funcionó y el agresor fue detenido”. Continuó: “Mientras seamos un pueblo libre en una nación amante de la libertad, las responsabilidades del Servicio Secreto seguirán siendo inmensas”.
Más cambios de seguridad por delante
Ronald Kessler, autor de “In the President’s Secret Service: Behind the Scenes with Agents in the Line of Fire and the Presidents They Protect” (“En el Servicio Secreto del Presidente: Tras Bambalinas con Agentes en la Línea de Fuego y los Presidentes a los Que Protegen”) dijo que es probable que las autoridades consideren colocar vidrio antibalas alrededor del lugar donde Trump habla, tanto afuera como adentro, no muy distinto de lo que ocurrió tras el intento de asesinato en Butler, Pensilvania, en pleno fragor de la campaña presidencial de 2024.
Los asistentes, señaló Kessler, probablemente serán sometidos a controles más exhaustivos en adelante, lo que agravará las filas en los accesos, que ya pueden tardar horas en despejarse. Un ejemplo de lo que podría ocurrir se vio el otoño pasado, cuando Trump asistió a la final masculina del Abierto de Estados Unidos y provocó enormes filas de seguridad.
Este tipo de eventos subraya las complejas preguntas de seguridad que rodean la protección presidencial en un país donde los ciudadanos esperan que sus líderes se desplacen por espacios públicos, realicen mítines, asistan a eventos y se presenten ante multitudes.
“A los presidentes no les gusta tener demasiada protección”, comentó Kessler. “Creo que, por naturaleza, son muy extrovertidos. Quieren conocer gente. No quieren que los acusen de ser prisioneros de la Casa Blanca. Y entonces intentarán sortear algunas de estas mejoras”.
Los presidentes pueden tener relaciones de amor-odio con los equipos de seguridad
El Servicio Secreto asumió la responsabilidad de tiempo completo de proteger al presidente durante la administración del presidente Theodore Roosevelt, quien llegó al cargo después del asesinato de William McKinley en 1901. Sin embargo, a Roosevelt le resultaba agotadora la presencia constante de seguridad y, en ocasiones, se escabullía para hacer caminatas o paseos a caballo sin protección en el parque Rock Creek de Washington, según la Asociación Histórica de la Casa Blanca.
El personal de seguridad quería que el presidente Ronald Reagan saliera del edificio donde ocurrió el tiroteo del sábado por la noche, el Washington Hilton, a través de un garaje cubierto en 1981, dijo Kessler. Sin embargo, el equipo de Reagan temía que la imagen pública fuera mala, y el mandatario recibió un disparo al salir por una salida al aire libre, aunque sobrevivió.
Después de que se efectuaran disparos el sábado, agentes del Servicio Secreto rodearon a Trump, quien pareció resbalar ligeramente mientras lo retiraban a toda prisa. Otro equipo movió a Vance tan rápido que parecía que podrían sacarlo incluso mientras aún estaba sentado en una silla de banquete.
Trump dijo el domingo a “60 Minutes” que “no se lo estaba poniendo fácil” al Servicio Secreto por ser “un poco yo”.
“Quería ver qué estaba pasando”, explicó el presidente el domingo. “Y para entonces empezamos a darnos cuenta de que quizá era un problema grave —un tipo de problema distinto—, uno malo”.
“Probablemente hice que actuaran un poco más despacio. Dije: ‘Un momento, un momento. Déjenme ver. Un momento’”, relató Trump. Dijo que empezó a salir caminando, pero: “Me dijeron: ‘Por favor, bájese. Por favor, bájese al suelo’. Así que me bajé, y la primera dama también se bajó”.
Trump elogió repetidamente al Servicio Secreto y a su equipo de protección, y ha presionado a la asociación de corresponsales para que reprograme la cena. Dijo que tendría “aún más seguridad”.
“Y tendrán un perímetro de seguridad más grande”, afirmó. “Estará bien”.
El periodista de The Associated Press Mike Balsamo en Nueva York contribuyó.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
WILL WEISSERT covers the White House for The Associated Press. He is based in Washington.
RALEIGH, Carolina del Norte (AP) — Un soldado de las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos que participó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro comparecerá ante el tribunal el viernes tras ser acusado de utilizar información clasificada sobre la misión para ganar más de 400.000 dólares en un mercado de predicciones en línea.
Según los fiscales federales, Gannon Ken Van Dyke utilizó su acceso a información clasificada sobre la operación para capturar a Maduro en enero para ganar dinero en el sitio web de apuestas deportivas Polymarket.
Van Dyke, que estaba destinado en Fort Bragg, cerca de Fayetteville, Carolina del Norte, fue acusado el jueves de uso ilícito de información gubernamental confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de productos básicos, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilícita.
Podría enfrentarse a años de prisión. El número de teléfono de Van Dyke que figura públicamente no está en servicio, y los registros judiciales aún no mencionan a ningún abogado que lo represente.
Van Dyke, de 38 años, participó en la planificación y ejecución de la captura de Maduro durante aproximadamente un mes, según la fiscalía federal de Nueva York. Firmó acuerdos de confidencialidad comprometiéndose a no divulgar "ninguna información clasificada o sensible" relacionada con las operaciones, pero los fiscales afirman que utilizó esta información para realizar una serie de apuestas sobre la posible destitución de Maduro antes del 31 de enero de 2026.
“Este caso involucró a un soldado estadounidense que presuntamente se aprovechó de su cargo para lucrarse con una operación militar legítima”, dijo el director del FBI, Kash Patel, en una publicación en redes sociales.
Polymarket, uno de los mayores mercados de predicción, declaró haber descubierto a una persona que comerciaba con información gubernamental clasificada, alertó al Departamento de Justicia y "cooperó con su investigación".
Las enormes ganancias obtenidas gracias a apuestas oportunas atrajeron la atención pública días después de la redada en Venezuela y provocaron llamamientos bipartidistas para una regulación más estricta de los mercados, donde la gente puede apostar prácticamente a cualquier cosa.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la agencia federal que regula los mercados de predicción, anunció el jueves que había presentado una denuncia paralela contra Van Dyke.
Dicha denuncia alega que Van Dyke transfirió 35.000 dólares de su cuenta bancaria personal a una cuenta de intercambio de criptomonedas el 26 de diciembre, poco más de una semana antes de que las fuerzas estadounidenses llegaran a Caracas y detuvieran a Maduro.
Según la denuncia, Van Dyke realizó una serie de apuestas sobre cuándo Maduro podría ser destituido del poder. Hizo esas apuestas entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, y la gran mayoría se produjeron la noche del 2 de enero, apenas unas horas antes de que los primeros misiles impactaran en Caracas.
Según la denuncia, las apuestas generaron "más de 404.000 dólares en ganancias".
“Al acusado se le confió información confidencial sobre las operaciones estadounidenses y, sin embargo, tomó medidas que pusieron en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y arriesgaron la vida de los militares estadounidenses”, dijo Michael Selig, presidente de la comisión.
Un juez federal ordenó el jueves la liberación, bajo custodia de inmigración, de la familia de un hombre acusado del ataque incendiario mortal perpetrado en 2025 en Boulder, Colorado, contra manifestantes que apoyaban a los rehenes israelíes en Gaza.
El juez federal Fred Biery, de San Antonio, dictaminó que Hayam El Gamal y sus cinco hijos pueden ser liberados del centro de detención de inmigrantes en Dilley, Texas, siempre y cuando El Gamal y su hijo mayor, de 18 años, lleven dispositivos de monitoreo electrónico. Biery denegó la solicitud del gobierno de suspender su fallo para poder apelar. Uno de los abogados de la familia, Eric Lee, publicó en X que fueron liberados más tarde ese mismo día.
El Gamal nació en Arabia Saudita y tiene nacionalidad egipcia. Ella y su familia se encuentran detenidas en un centro de detención de inmigrantes desde junio, luego de que su esposo, Mohamed Sabry Soliman, fuera acusado de lanzar dos cócteles molotov contra manifestantes que protestaban por la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. Una mujer de 82 años que resultó herida en el ataque falleció posteriormente. El Gamal ha declarado estar conmocionada por el ataque.
Soliman es un ciudadano egipcio que, según las autoridades federales, residía ilegalmente en Estados Unidos . Está siendo procesado tanto en tribunales estatales como federales por el ataque, que, según la fiscalía, dejó 13 heridos. Los investigadores afirman que planeó el ataque durante un año y que lo motivó el deseo de "matar a todos los sionistas ". Se ha declarado inocente de los cargos estatales, incluido el de asesinato, y de los cargos federales por delitos de odio.
Tras el ataque, la administración Trump afirmó que la familia estaba siendo expulsada del país con urgencia. La Casa Blanca publicó en redes sociales que "PODRÍAN SER DEPORTADOS ESTA MISMA NOCHE" y que se habían comprado seis billetes de ida para ellos, y que su "embarque final se produciría pronto".
Biery decidió liberar a la familia a pesar de que un tribunal de apelaciones de inmigración había desestimado su solicitud de residencia y emitido una orden de deportación. Esto ocurrió después de que un juez federal recomendara el lunes su liberación.
Los abogados de la familia alegan que la orden de deportación fue dictada por la "dirección política" en Washington, lo cual fue negado por la abogada del gobierno, Anne Marie Cordova. Las personas con órdenes de deportación definitivas suelen estar sujetas a detención obligatoria.
En un comunicado, la subsecretaria interina de Seguridad Nacional, Lauren Bis, criticó la decisión de Biery.
“A pesar de haber recibido el debido proceso y una orden final de deportación, este juez activista nombrado por Bill Clinton está liberando a la familia de este terrorista en las calles estadounidenses”, dijo Bis.
Biery había prohibido la deportación de la familia hasta que pudiera celebrar la audiencia del jueves. Uno de los abogados de la familia, Chris Godshall-Bennett, le comunicó a Biery que también solicitarían al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos en Nueva Orleans que impidiera la deportación de la familia mientras solicitaban asilo y permiso para permanecer en los Estados Unidos.
Otro juez federal bloqueó su expulsión inmediata tras el ataque. Desde entonces, la familia ha intentado en varias ocasiones obtener la libertad bajo fianza y regresar a Colorado mientras se tramita su solicitud de asilo.
Esta semana, el juez de primera instancia recomendó su liberación después de que sus abogados argumentaran que no habían recibido un trato justo en los procedimientos de inmigración.
La decisión en Colorado de acusar a un agente de inmigración de agresión después de que un manifestante fuera agarrado por el cuello y arrastrado por la calle podría poner a prueba los límites de las disposiciones de inmunidad para los agentes federales, mientras los estados examinan el uso de la fuerza bajo la represión migratoria de la administración Trump .
Un fiscal de Colorado declaró el miércoles que el agente ha sido acusado de agresión en tercer grado y daños a la propiedad tras una investigación sobre el trato recibido por un manifestante en octubre.
Varios vídeos muestran a un agente federal enmascarado deteniendo a una mujer de 57 años, quien afirma que fue sometida a una llave de estrangulamiento, durante la protesta en Durango.
Colorado es uno de los estados que prohíben o limitan severamente el uso de estrangulamientos y sujeciones del cuello por parte de los agentes de policía. Sin embargo, las disposiciones de inmunidad de la Constitución de los Estados Unidos y la ley federal limitan el alcance de las autoridades locales para procesar a agentes federales.
Esto es lo que debes saber:
Se están llevando a cabo investigaciones en Minnesota y Chicago.
Las tácticas de control migratorio de la administración Trump han provocado una serie de investigaciones por parte de las autoridades estatales y locales.
A principios de este mes, un agente federal de inmigración fue acusado de dos cargos de agresión en segundo grado por un fiscal de condado en Minnesota, en medio de investigaciones sobre las acciones de varios agentes durante la represión migratoria en el área de Minneapolis .
El agente de Inmigración y Control de Aduanas, Gregory Donnell Morgan Jr., está acusado de apuntar con su arma a los ocupantes de un automóvil tras colocarse junto a ellos en una autopista del área de Minneapolis. Los investigadores afirman que Morgan declaró que temió por su seguridad después de que el vehículo se le cruzara bruscamente.
Las autoridades de Minnesota también han demandado a la administración para obtener acceso a las pruebas de las investigaciones sobre tres tiroteos ocurridos durante la represión, incluidos aquellos en los que fallecieron Renee Good y Alex Pretti .
En las afueras de Chicago, un agente del ICE fuera de servicio fue acusado de agresión menor por arrojar al suelo a un manifestante de 68 años que lo estaba filmando en una gasolinera en diciembre. El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, afirma que el agente actuó en defensa propia.
En California, el asesinato a tiros de Keith Porter, de 43 años, a manos de un agente del ICE fuera de servicio en la víspera de Año Nuevo, ha provocado protestas y peticiones de una investigación independiente.
Funcionarios federales y la cláusula de supremacía
Los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley gozan de amplias protecciones legales cuando actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales, y el Departamento de Justicia ha adoptado una postura firme contra los intentos estatales de arrestar o procesar a agentes federales.
A finales del año pasado, el subprocurador general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que las detenciones de agentes federales en el ejercicio de sus funciones serían "ilegales e inútiles", citando la cláusula de supremacía de la Constitución y la legislación federal.
Los expertos legales afirman que esas protecciones son importantes, pero no absolutas, y que la cláusula de supremacía no proporciona inmunidad total.
En un comunicado sobre los cargos presentados en Colorado, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que incluye la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dijo que los estados no tienen autoridad para investigar tales casos.
“Los funcionarios federales que actúan en el ejercicio de sus funciones solo pueden ser investigados por otras agencias federales”, decía el comunicado.
La conducta de los agentes del ICE está siendo objeto de un escrutinio adicional en medio de una rápida oleada de contrataciones y pruebas de que los solicitantes con antecedentes cuestionables no fueron investigados exhaustivamente .
Punto crítico en un pueblo de montaña de Colorado
El altercado en Colorado surgió a raíz de las manifestaciones por la detención, el 27 de octubre, de tres solicitantes de asilo colombianos —un hombre y dos niños— cuando se dirigían a la escuela por la mañana. A finales de octubre, los manifestantes se congregaron frente a un centro de detención del ICE en Durango, una ciudad universitaria y destino para actividades al aire libre en las montañas de San Juan, al suroeste de Colorado.
Varios videos muestran a un agente federal enmascarado aplicando a Franci Stagi lo que ella describió como una llave de estrangulamiento. Las llaves de estrangulamiento han estado en el centro del debate público y de las iniciativas legislativas estatales sobre qué constituye un uso excesivo de la fuerza desde que Eric Garner murió en Nueva York en 2014 tras ser sometido a una llave de estrangulamiento por un agente de policía.
Stagi, una hipnoterapeuta jubilada, dijo que intentó tocar el hombro del agente para llamar su atención y que él entonces la agarró del pelo, le puso el cuello en el hueco del brazo y la llevó al otro lado de la calle sujetándola por la cabeza antes de arrojarla por un terraplén junto a la calle.
Según los documentos judiciales, el agente de Aduanas y Protección Fronteriza Nicholas Rice cometió agresión en tercer grado al causar lesiones corporales a Stagi, pero no se describe cómo se produjo la lesión ni se menciona la aplicación de una llave de estrangulamiento. Los documentos judiciales no indican que el agente contara con ningún abogado.
Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que inició su propia investigación, no respondió de inmediato a las preguntas sobre los cargos.
Stagi afirma estar decepcionada de que Rice haya sido acusado de delitos menos graves, pero espera que la fiscalía envíe un mensaje de que los agentes de inmigración no pueden abordar a las personas indiscriminadamente ni usar fuerza excesiva.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
WASHINGTON (AP) — El más reciente ataque militar de Estados Unidos contra una embarcación acusada de transportar drogas en el este del océano Pacífico dejó tres muertos el domingo, según una publicación en redes sociales del Comando Sur de Estados Unidos.
