Llamado TrumpWASHINGTON (AP) — Hace poco más de 23 años, el presidente republicano George W. Bush, sentado en un escritorio de una escuela secundaria en Hamilton, Ohio, firmó una ley que ampliaría enormemente el papel del Departamento de Educación y transformaría la educación estadounidense . El jueves, su sucesor republicano, el presidente Donald Trump, firmó un documento muy diferente: una orden ejecutiva diseñada para desmantelar el departamento .
Durante años, mientras activistas de derecha pedían la eliminación de la agencia, muchos republicanos solo apoyaban la causa de palabra, pero aun así votaron a favor de financiarla. Ahora Trump, envalentonado y sin complejos en su drástica reestructuración del gobierno federal, ha ignorado las preocupaciones que disuadieron a sus predecesores.
El anuncio del jueves sigue a otras decisiones agresivas, incluido el reclutamiento del multimillonario Elon Musk para reducir la burocracia federal a una velocidad sorprendente, o la revisión de hallazgos científicos que son fundamentales para combatir el cambio climático.
Desmantelar el Departamento de Educación siempre fue una prioridad para Trump. Habló de ello repetidamente durante su campaña, a menudo entre vítores de sus simpatizantes, incluyendo al grupo conservador Madres por la Libertad .
Pero a pesar de anunciar sus objetivos, la orden ejecutiva de Trump fue una sorpresa, incluso para un presidente que se nutre de la audacia. Margaret Spellings, secretaria de Educación de Bush, dijo estar realmente sorprendida de que cumpliera su promesa de campaña.
Durante años, según Spellings, hablar de la eliminación del departamento fue una forma de que los republicanos demostraran su adhesión a la ortodoxia del partido, incluso cuando votaron a favor de destinar miles de millones de dólares a su misión . Gran parte de ese dinero terminó en escuelas de sus propios distritos, financiando, por ejemplo, profesores adicionales para escuelas con dificultades económicas. Tan recientemente como en 2023, 60 republicanos de la Cámara de Representantes votaron en contra de un proyecto de ley para cerrar el departamento.
"Siempre fue un poco como un guiño", dijo Spellings. "Donald Trump ha descubierto el engaño".
Trump, en declaraciones desde la Casa Blanca, dijo: «La gente ha querido hacer esto durante muchísimos años, muchísimas décadas. Y no sé, ningún presidente lo ha hecho. Pero yo sí lo estoy haciendo».
Sostuvo la orden ejecutiva para fotos junto a la secretaria de Educación, Linda McMahon. Bromeó diciendo que tendrá que buscarle otro trabajo cuando su departamento desaparezca.
Es probable que la orden ejecutiva se vea envuelta en impugnaciones legales, y congresistas de ambos partidos afirmaron que el cierre del departamento no puede avanzar sin su aprobación. Sin embargo, Trump, a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental, ya ha reducido la presencia del departamento, planeando eliminar a aproximadamente la mitad de su personal.
La primera conversación sobre la eliminación del departamento surgió apenas un año después de su creación por parte del presidente Ronald Reagan , quien se opuso a sus esfuerzos por integrar las escuelas. Sin embargo, las propuestas para eliminarlo perdieron fuerza al final del primer mandato de Reagan. Para cuando George W. Bush asumió la presidencia, se consideraba un vehículo para implementar su visión política de un gobierno federal que exigiera a los estados supervisar de cerca el progreso estudiantil y exigir responsabilidades a las escuelas que no lo lograran.
Los llamados a eliminar el departamento resurgieron con el Tea Party, cuyos partidarios lo convirtieron en un símbolo de una burocracia inflada que usurpaba el poder que pertenecía a los gobiernos locales.
El impulso más reciente para cerrar el departamento surgió durante la pandemia de COVID-19, cuando padres de derecha, furiosos por lo que consideraban cierres de escuelas innecesarios, comenzaron a argumentar que el gobierno estaba adoctrinando a sus hijos.
Tiffany Justice, cofundadora de Mamás por la Libertad, estuvo entre el público de la Casa Blanca y fue reconocida por Trump en sus declaraciones. Justice afirmó que el departamento permitió que los sindicatos docentes ejercieran una influencia indebida en las escuelas, un problema que se hizo más evidente durante el cierre de las escuelas y el aprendizaje a través de Zoom.
“El pueblo estadounidense despertó y reconoció que había mucha gente tomando decisiones que no eran en el mejor interés de sus hijos”, dijo.
El ex presidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich, quien cuando era un joven legislador votó a favor del proyecto de ley de 1979 para crear el departamento, elogió la decisión de Trump y argumentó que la agencia no ha cumplido su misión original.
"En ese momento parecía una buena idea", dijo Gingrich sobre su apoyo al presidente demócrata Jimmy Carter, su compatriota georgiano, en una votación de 215 a 201.
Dos generaciones después, Gingrich argumentó: “Si tomamos los resultados de entonces y lo que gastábamos en educación entonces y lo comparamos ahora, es imposible escapar de la realidad de que ha sido un fracaso rotundo”.
A pesar de todo lo que se dice sobre extralimitaciones, la ley federal prohíbe explícitamente al gobierno federal dictar a las escuelas qué enseñar a sus alumnos. Las operaciones diarias de las escuelas son gestionadas, en gran medida, por las autoridades estatales y locales.
Y aunque Trump ha hablado de eliminar el departamento, imagina un papel más enérgico para el gobierno federal en las escuelas, moviéndose rápida y agresivamente para castigar a las escuelas que no se ajusten a la interpretación de la administración de las leyes de derechos civiles.
Al principio de su administración, ya tomó medidas sin precedentes al cortar las subvenciones federales a la Universidad de Pensilvania y a la Universidad de Columbia por su manejo de las protestas pro palestinas.
La orden ejecutiva para cerrar el departamento también incluyó un lenguaje para retirar la financiación federal a las escuelas que promueven la “diversidad, equidad e inclusión”, un término que ha llegado a abarcar todo, desde destacar los logros de los estadounidenses negros hasta permitir que los atletas transgénero compitan.
Defensores y estrategas demócratas han advertido que las medidas de Trump podrían ser contraproducentes para los votantes. Según encuestas recientes , seis de cada diez votantes registrados se oponen al cierre del departamento.
El encuestador demócrata John Anzalone, que ha trabajado en múltiples campañas presidenciales, incluida la victoriosa campaña de Joe Biden sobre Trump en 2020, dijo que las medidas del presidente son para complacer a las bases y que probablemente resulten contraproducentes para los republicanos ante el electorado más amplio.
Ante todo, dijo, «la educación es generalmente popular entre los votantes» como prioridad. Cualquier cosa que permita a los demócratas posicionarse como un mejor reflejo de esos valores, dijo, va en contra de Trump.
Los estados cuyas escuelas dependen más del dinero federal incluyen Misisipi, Dakota del Sur, Montana, Alaska, Arkansas y Carolina del Norte, todos los cuales apoyaron a Trump. Cualquier interrupción en la financiación federal los afectará más duramente.
Spellings dijo que desde hace mucho tiempo existe un consenso bipartidista de que “la educación es el camino hacia el sueño americano y debe estar disponible para todos, y el papel del gobierno federal es nivelar el campo de juego”.
“Si eso sigue siendo cierto, estamos en proceso de averiguarlo”.
Sharon Lurye y Linley Sanders contribuyeron.
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MORIAH BALINGIT
Balingit es un reportero nacional de Associated Press enfocado en el cuidado infantil, la educación preescolar y los primeros grados.
Chris Megerian
Megerian cubre la Casa Blanca para The Associated Press. Anteriormente escribió sobre la investigación de Rusia, el cambio climático, la aplicación de la ley y la política en California y Nueva Jersey.
Bill Barrow
Bill Barrow cubre política estadounidense. Reside en Atlanta.
(Foto AP/Ben Curtis)
Juez TrumpWASHINGTON (AP) — Un juez federal instruyó el jueves al gobierno de Trump que explique por qué su incapacidad de repatriar los vuelos que transportaban deportados a El Salvador no violó su orden judicial, en un creciente enfrentamiento entre los poderes judicial y ejecutivo.
El juez de distrito estadounidense Jeb Boasberg exigió respuestas después de que vuelos con inmigrantes venezolanos, presuntamente pandilleros según la administración Trump, aterrizaran en El Salvador después de que el juez bloqueara temporalmente las deportaciones en virtud de una ley de guerra del siglo XVIII . Boasberg había ordenado a la administración que devolviera los aviones estadounidenses que ya estaban en el aire cuando ordenó la suspensión.
Boasberg había dado a la administración hasta el mediodía del jueves para proporcionar más detalles sobre los vuelos o alegar que debían ser retenidos por atentar contra secretos de Estado. La administración se opuso a la petición del juez, calificándola de "pesca judicial innecesaria".
En una orden escrita, Boasberg calificó la última respuesta de los funcionarios de Trump de "lamentablemente insuficiente". El juez afirmó que la administración "volvió a evadir sus obligaciones" al limitarse a repetir "la misma información general sobre los vuelos". Y ordenó a la administración que "demostrara causa" sobre por qué no violó su orden judicial de devolver los aviones, lo que aumenta la posibilidad de que considere declarar a funcionarios de la administración por desacato.
El Departamento de Justicia ha dicho que las instrucciones verbales del juez no cuentan, que solo se debe seguir su orden escrita y que no puede aplicarse a vuelos que ya han salido de Estados Unidos. Un portavoz del Departamento de Justicia dijo el jueves que "sigue creyendo que el cuestionamiento superfluo por parte del tribunal de información sensible de seguridad nacional es una extralimitación judicial inapropiada".
Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos le dijo al juez el jueves que la administración necesitaba más tiempo para decidir si invocaría el privilegio de secretos de estado en un esfuerzo por bloquear la divulgación de la información.
Boasberg ordenó a los funcionarios de Trump que presenten el viernes una declaración jurada de una persona "con participación directa en las discusiones a nivel de gabinete" sobre el privilegio de secretos de estado y que le digan al tribunal el próximo martes si la administración lo invocará.
En un conflicto cada vez más profundo entre los poderes judicial y ejecutivo, Trump y muchos de sus aliados han pedido el impeachment de Boasberg, quien fue nominado a la magistratura federal por el presidente demócrata Barack Obama. En una inusual declaración a principios de esta semana, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechazó tales peticiones , afirmando que «el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial».
Alanna Durkin Richer es un reportero de Associated Press que cubre el Departamento de Justicia y asuntos legales desde Washington.
(Carolyn Van Houten/The Washington Post vía AP, archivo)
Representante MikeCOLUMBUS, Nebraska (AP) — Más de 200 personas se congregaron en el auditorio de una escuela secundaria del este de Nebraska el martes por la noche para una asamblea pública organizada por el representante republicano Mike Flood. Apenas minutos después, una cacofonía de burlas, abucheos y airadas exigencias de respuestas reveló que la mayoría estaban allí para expresar su descontento con el congresista.
Era un territorio desconocido para Flood, expresidente de la Legislatura de Nebraska y político popular en su estado, profundamente republicano. Había elegido Columbus, Nebraska, para su primer cabildo presencial este año, ciudad natal del gobernador republicano de Nebraska, Jim Pillen, y sede de un condado que votó casi 3 a 1 por Trump en noviembre.
Flood fue el último congresista republicano en enfrentar críticas internas por las medidas del presidente Donald Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk para recortar el gasto público. Estas medidas han generado temor entre la población ante la posibilidad de recortes en programas populares como Medicaid, Medicare y los servicios y beneficios del Seguro Social.
"Mi principal preocupación es que creo que lo que están haciendo Trump y Musk va mucho más allá de lo que debería hacerse en una democracia", dijo Pat Lostroh mientras hacía fila para entrar al evento. Viajó desde David City, a más de 53 kilómetros de distancia, para asistir.
Trump ha dicho repetidamente que "no recortará las prestaciones de la Seguridad Social, Medicare ni Medicaid", pero Musk —el hombre más rico del mundo y uno de sus asesores más influyentes— ha hecho declaraciones que sugieren lo contrario. Ha calificado la Seguridad Social como "la mayor estafa piramidal de la historia" e insinuado que podría ser un objetivo principal en su intento de reducir el tamaño del gobierno federal.
Aunque el temor a los recortes a los servicios sociales dominó la discusión, los asistentes expresaron una amplia gama de preocupaciones, desde la indignación por la falta de apoyo de la administración a Ucrania contra la invasión rusa hasta el temor de que el Servicio Postal de Estados Unidos sea desmantelado y privatizado.
La mayoría también reconoció el mérito de Flood por presentarse en persona para escuchar las preocupaciones. Es uno de los pocos miembros republicanos de la Cámara de Representantes que se han opuesto a la sugerencia de su líder, el presidente de la Cámara, Mike Johnson , de abstenerse de celebrar reuniones públicas con los electores.
Flood dijo que estaba preparado para la respuesta airada.
“Sé que hay gente enojada en mi distrito congresional”, dijo después del evento. “También sé que mucha gente cree que Estados Unidos ha vuelto a la normalidad. Esta noche, me presento porque creo que es valioso simplemente permitir que alguien venga a expresarse”.
Por  Margery A. Beck
(Foto AP/Margery Beck)
Trump casa blancaWASHINGTON (AP) — El estilo insinuante de Donald Trump mantuvo a los estadounidenses en vilo durante la campaña del año pasado. Pero ahora que habla como presidente y no como candidato, sus palabras se están usando en su contra en los tribunales, en medio de la vorágine de litigios que desafían su agenda .
La espontaneidad está complicando las posiciones legales de su administración. En ningún caso esto ha sido más evidente que en los casos que involucran a su asesor Elon Musk y al Departamento de Eficiencia Gubernamental, el motor de sus esfuerzos por reducir y reformar el gobierno federal.
El último ejemplo se produjo a principios de esta semana, cuando el juez de distrito estadounidense Theodore Chuang dictaminó que Musk probablemente había violado la Constitución al desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
La demanda giró en torno a si el multimillonario empresario se había excedido en su autoridad. Abogados del Departamento de Justicia y funcionarios de la Casa Blanca insisten en que Musk es simplemente un asesor presidencial, no el verdadero líder de DOGE.
Pero Trump ha dicho lo contrario (en discursos, entrevistas y comentarios públicos) y Chuang lo citó extensamente en su decisión.
Trump se jactó de la creación de DOGE durante su discurso en horario de máxima audiencia ante una sesión conjunta del Congreso, afirmando que estaba "dirigido por Elon Musk". Los republicanos ovacionaron de pie a Musk, quien lo saludó desde la galería sobre la Cámara de Representantes.
“Las palabras de Trump fueron esenciales, centrales e indispensables”, dijo Norm Eisen, uno de los abogados de los empleados de USAID que presentaron la demanda. “Sus admisiones simplificaron lo que habría sido un caso difícil”.
La imprecisión en las palabras es un cambio con respecto a predecesores como el presidente Barack Obama, quien solía decir que era cuidadoso porque cualquier cosa que dijera podía hacer marchar a las tropas o desplomar los mercados.
Trump no tiene ese sentido de moderación, y tampoco lo tienen otros miembros de su administración republicana, como Musk.
Chuang, quien tiene su sede en Maryland y fue designado por Obama, también citó publicaciones en las redes sociales de Musk, quien escribe con frecuencia en X, la plataforma de su propiedad.
Por ejemplo, Musk publicó "pasamos el fin de semana alimentando a USAID con la trituradora de madera" el 3 de febrero. La agencia estaba paralizada en ese momento, con el personal suspendido, el gasto detenido y la sede cerrada.
“Las declaraciones y publicaciones públicas de Musk… sugieren que tiene la capacidad de hacer que DOGE actúe”, escribió Chuang en su fallo.
Harrison Fields, subsecretario de prensa principal de la Casa Blanca, dijo que Trump estaba cumpliendo su promesa de campaña de “hacer que el gobierno federal sea más eficiente y responsable ante los contribuyentes”.
“Los burócratas rebeldes y los jueces activistas que intentan socavar este esfuerzo solo están subvirtiendo la voluntad del pueblo estadounidense y sus esfuerzos obstruccionistas fracasarán”, dijo.
Anthony Coley, quien dirigió los asuntos públicos del Departamento de Justicia durante la administración del presidente Joe Biden, dijo que las declaraciones relacionadas con litigios civiles siempre se coordinaban entre su oficina y el Ala Oeste.
“Las palabras podrían usarse para apoyar o socavar lo que hacemos”, dijo. “Es un esfuerzo cuidadosamente orquestado para asegurar que no haya ninguna discrepancia entre lo que se dijo en el tribunal de la opinión pública y lo que finalmente podría suceder en los tribunales”.
En comparación con cómo se hacían las cosas en el pasado, dijo Coley, Trump tiene un enfoque de “disparar y apuntar” para hacer negocios.
Trump no suele dejar que las disputas legales lo obliguen a bajar el volumen. Durante una investigación criminal sobre su decisión de mantener registros clasificados en Mar-a-Lago tras dejar la Casa Blanca tras su primer mandato, Trump habló extensamente sobre el caso en una entrevista con Fox News.
Los abogados defensores veteranos se sorprendieron; generalmente se anima a los acusados ​​a guardar silencio mientras enfrentan una acusación formal. Pero la situación resultó favorable para Trump. Su equipo legal retrasó el caso y la fiscalía especial retiró los cargos después de que ganara las elecciones, ya que los presidentes no pueden ser procesados ​​mientras ejercen el cargo.
DOGE ha sido objeto de casi dos docenas de demandas. Hasta la fecha, ha prevalecido con frecuencia en casos relacionados con el acceso a datos gubernamentales , donde varios demandantes han tenido dificultades para convencer a los jueces de que bloqueen las acciones de la organización.
Pero también se ha topado con desafíos, como una demanda sobre si DOGE debe cumplir con las solicitudes de registros públicos. La administración Trump afirmó ante el tribunal que DOGE forma parte de la Casa Blanca, lo que significa que está exento.
El juez Christopher Cooper, también designado por Obama, no estuvo de acuerdo y se puso del lado de un grupo de vigilancia del gobierno llamado Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, o CREW.
“Las declaraciones públicas de Musk y el presidente indican que USDS” —el acrónimo original de la organización que pasó a llamarse DOGE— “de hecho ejerce una autoridad independiente sustancial”, escribió Cooper, quien reside en Washington.
Cooper concluyó que DOGE puede identificar y despedir a empleados federales, programas federales y contratos federales. Realizar cualquiera de estas tres acciones parecería requerir una autoridad independiente sustancial; realizar las tres sin duda la requiere.
Ordenó a DOGE que comenzara a responder a las solicitudes sobre el papel del equipo en los despidos masivos y las interrupciones de los programas federales. La administración solicitó al juez, sin éxito, que reconsiderara su decisión, alegando que este "malinterpretó fundamentalmente" la estructura de la agencia.
El hecho de que Musk se atribuya el mérito en línea de los profundos recortes a las agencias no significa necesariamente que DOGE tenga autoridad ante la ley, argumentó el profesor de la Facultad de Derecho de Stanford, Michael McConnell, en un debate reciente sobre el tema.
DOGE está recomendando cambios, dijo, pero son los jefes de las agencias quienes realmente los están poniendo en práctica.
"Y eso es todo lo que les importará a los tribunales en cuanto a lo que hará la Corte Suprema", dijo McConnell en el debate organizado por el Centro Nacional de la Constitución.
Chris Megerian cubre la Casa Blanca para The Associated Press. Anteriormente escribió sobre la investigación de Rusia, el cambio climático, la aplicación de la ley y la política en California y Nueva Jersey.
Lindsay Whitehurst cubre la Corte Suprema, asuntos legales y justicia penal para The Associated Press en Washington, DC. Sus paradas anteriores incluyen Salt Lake City, Nuevo México e Indiana.
Por  CHRIS MEGERIAN y LINDSAY WHITEHURST
(Pool vía AP)
Pareja abusaCHARLESTON, W.Va. (AP) — Una pareja de Virginia Occidental condenada por maltratar a sus hijos adoptados, incluyendo encerrar a algunos en un cobertizo, deberá comparecer ante el tribunal el miércoles para recibir sentencia.
El 29 de enero, un jurado declaró a Jeanne Kay Whitefeather y a su esposo, Donald Lantz, culpables de múltiples cargos de trabajo forzoso, trata de personas y abuso y negligencia infantil. Whitefeather también fue condenada por violaciones de derechos civiles por motivos raciales.
Whitefeather enfrenta hasta 215 años de prisión y Lantz hasta 160 años cuando sean sentenciados el miércoles en el Tribunal de Circuito del Condado de Kanawha.
La pareja, que es blanca, adoptó a los cinco hermanos negros mientras vivían en Minnesota, se mudaron a una granja en el estado de Washington en 2018 y luego trajeron a la familia a Virginia Occidental en mayo de 2023, cuando los niños tenían entre 5 y 16 años.
Cinco meses después de su llegada a Sissonville, la pareja fue arrestada después de que los vecinos vieran a Lantz encerrar a la hija mayor y a su hermano adolescente en un cobertizo y salir de la propiedad. Un agente usó una palanca para sacarlos.
Dentro de la residencia principal, una niña de 9 años fue encontrada llorando sola en un desván, sin protección contra caídas, según una denuncia penal. Los niños fueron encontrados con ropa sucia y con mal olor corporal, informaron los agentes, y el mayor fue encontrado descalzo con lo que parecían ser llagas en los pies.
Un cuarto niño estaba con Lantz cuando finalmente regresó, y posteriormente los agentes fueron conducidos hasta una niña de 5 años. Los cinco fueron entregados a los Servicios de Protección Infantil tras el arresto de la pareja.
El mes pasado, la hija mayor, ahora adulta, demandó a la pareja, alegando severos abusos físicos y emocionales y negligencia que la han marcado permanentemente.
Durante el juicio, los vecinos declararon que nunca vieron jugar a los niños y que vieron a Lantz obligarlos a hacer fila o a realizar tareas difíciles en el jardín, como levantar objetos pesados. Después de que Lantz notara la curiosidad de los vecinos, los niños permanecieron mayormente dentro de casa.
La hija mayor testificó que el trabajo al aire libre se realizaba principalmente en Washington y que algunos de ellos eran obligados a usar las manos para cavar. También dijo que los niños eran insultados constantemente y que Whitefeather usaba lenguaje racista.
La hija dijo que Whitefeather le dio un trato preferencial al niño más pequeño, que no estaba involucrado en ninguno de los cargos, y que Whitefeather les había dicho a los otros niños que deseaba una vida sin ellos.
La hija también afirmó que los niños recibían una dieta constante de sándwiches de mantequilla de cacahuete a horas fijas, algunos de los cuales sobraban de una comida anterior. Algunos niños eran obligados a permanecer de pie en sus habitaciones durante horas con las manos sobre la cabeza. La niña y el niño mayores compartían habitación, los obligaban a dormir en el suelo y usaban el mismo cubo para el baño, mientras que el otro sostenía una sábana para protegerse de las cámaras de seguridad de la casa, según el testimonio.
La pareja y sus abogados rechazaron las acusaciones, y Lantz testificó que las tareas fueron asignadas para enseñarles responsabilidad a los niños.
La defensa argumentó que la pareja simplemente estaba desbordada al intentar obtener ayuda para los problemas de salud mental, el abuso y el trauma de los niños en su hogar biológico. El abogado de Lantz, John Balenovich, dijo que la agencia estatal de bienestar infantil, a la que la familia solicitó ayuda en varias ocasiones, "fue la que más falló en este caso".
Un psicólogo forense de la fiscalía testificó que el trato que la pareja daba a los niños había empeorado sus condiciones.
La fiscal adjunta Madison Tuck declaró que la pareja nunca buscó ayuda para el hijo mayor, a pesar de que una clínica de salud mental se encontraba a pocos minutos de su casa. El niño, cuyo altercado físico con Whitefeather en 2022 fue citado por los abogados como el inicio de los conflictos internos de la familia, actualmente recibe atención a tiempo completo en un centro psiquiátrico.
El abogado de Whitefeather, Mark Plants, dijo durante los argumentos finales que la pareja sólo era culpable de tomar malas decisiones como padres.
“Son campesinos que se dedican a las tareas agrícolas”, dijo Plants. “No se trataba de raza. No se trataba de trabajo forzado”.
Por  John Raby
(Chris Dorst/Charleston Gazette- Mail via AP, archivo)

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