McALLEN, Texas (AP) — Un juez federal emitió el miércoles una orden que exige a la administración Trump que vuelva a considerar la posibilidad de otorgar protección contra la deportación a ciertos jóvenes inmigrantes vulnerables.El juez federal Eric Komitee ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que reconsidere la posibilidad de otorgar protección contra la deportación bajo un programa de 2022 que la agencia había cancelado en junio. Esta decisión permitirá que el programa continúe mientras prosigue la demanda presentada por los demandantes en julio .
Los niños y jóvenes afectados son aquellos que han sido maltratados, descuidados o abandonados por uno de sus padres y a quienes se les ha otorgado el estatus de Inmigrante Juvenil Especial a través de un tribunal estatal y el gobierno federal.
El programa SIJS, como se le conoce, fue creado en 1990 con el apoyo bipartidista del Congreso. Si bien no otorga estatus legal, permite que jóvenes que cumplen con los requisitos soliciten una visa para convertirse en residentes permanentes legales y obtener un permiso de trabajo. Debido a los límites anuales, la disponibilidad de una visa puede demorar años. Bajo la administración Biden, el USCIS podría considerar proteger a los beneficiarios de la deportación mientras esperan la visa.
Sin el programa de acción diferida, los jóvenes no reúnen los requisitos para obtener un permiso de trabajo, se enfrentan a la deportación y ya no serían elegibles para convertirse en residentes permanentes legales si son devueltos a su país de origen.
“El quid de la decisión del tribunal es que el gobierno no puede simplemente quitarles el piso a cientos de miles de jóvenes como lo hizo, sin considerar cómo construyeron toda su vida en torno a la política existente”, dijo Stephanie Ellie Norton, abogada de los demandantes que trabaja para el Proyecto Nacional de Inmigración.
El USCIS y el DHS no respondieron de inmediato a una solicitud de declaración.
Por orden del juez, tanto los solicitantes que contaban con esta protección como los nuevos solicitantes podrán presentar solicitudes para que se considere su renovación. El USCIS también deberá tomar decisiones sobre las solicitudes de permiso de trabajo de los nuevos solicitantes y de los designados que ya cuenten con el estatus de acción diferida.
El juez no se ha pronunciado sobre la certificación de la demanda colectiva, pero el litigio se reanudará.
(Foto AP/Wilfredo Lee, archivo)
Por VALERIE GONZALEZ