Una oleada de cancelaciones de subvenciones del gobierno estadounidense afectó a investigadores centrados en la salud de personas gays, lesbianas y transgénero la semana pasada, como parte de las medidas que la administración del presidente Donald Trump ha estado tomando contra lo que describe como ciencia impulsada por ideologías.

El gobierno de Estados Unidos finiquitó la semana pasada al menos 68 subvenciones a 46 instituciones, que totalizaban casi 40 millones de dólares cuando fueron otorgadas, según un sitio web gubernamental. Parte del dinero de las subvenciones ya se ha gastado, pero al menos 1,36 millones de dólares en apoyo futuro fueron retirados como resultado de los recortes, aunque sólo había estimaciones disponibles para menos de un tercio de las subvenciones.

La mayoría estaban de alguna manera relacionadas con minorías sexuales, incluyendo investigaciones centradas en la prevención del VIH. Otros estudios cancelados se centraban en el cáncer, el suicidio juvenil y la salud ósea.

Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), dijo que la dependencia está “dedicada a restaurar nuestras agencias a su tradición de mantener un estándar de oro, basado en evidencia científica”. Las subvenciones fueron otorgadas por los Institutos Nacionales de Salud, una agencia que forma parte del HHS.

Un proyecto cancelado en la Universidad de Vanderbilt había estado siguiendo la salud general de más de 1.200 personas LGBTQ de 50 años o más. La mayor parte del dinero de la subvención que financiaba el proyecto ya se ha gastado, pero estaba programado para renovación en abril, dijo Tara McKay, quien lidera el Laboratorio de Políticas LGBTQ+ de la universidad.

Señaló que la subvención no será renovada debido a la rescisión, lo que pone en peligro cualquier resultado a largo plazo. Aun así, el proyecto de Vanderbilt ya había generado dos docenas de artículos publicados, incluyendo trabajos utilizados para capacitar a médicos para brindar mejor atención a personas LGBTQ, lo que eleva la probabilidad de que se realicen exámenes de detección de cáncer y otros cuidados preventivos.

“Eso nos ahorra mucho dinero en atención médica y salva vidas”, afirmó McKay.

Conocer mejor a las poblaciones minoritarias pueden aumentar el conocimiento que afecta a todos, señaló Simon Rosser, quien estudia el cáncer en hombres gays y bisexuales en la Universidad de Minnesota.

“Ahora ya no tenemos ningún lugar estudiando el cáncer LGBT en Estados Unidos”, dijo Rosser, cuyas subvenciones fueron canceladas el viernes.

“Cuando decides cancelar todas las subvenciones sobre minorías sexuales, realmente ralentizas el descubrimiento científico, para todos”, dijo Rosser. Los jóvenes investigadores perderán sus empleos, y el campo en su conjunto sufrirá, agregó.

“Es la pérdida de toda una generación de ciencia”, puntualizó Rosser.

Las cartas de rescisión vistas por The Associated Press daban como razones que la investigación era “no científica” o “no hacía nada para mejorar la salud de muchos estadounidenses”.

Ese lenguaje se sintió personal y doloroso, comentó McKay.

“Mi proyecto ha sido acusado de no tener beneficio para el pueblo estadounidense. Y, ya sabes, las personas queer y trans también son estadounidenses”, dijo McKay.

La periodista de The Associated Press Kasturi Pananjady contribuyó a este despacho.

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CARLA K. JOHNSON

Johnson covers research in cancer, addiction and more for The Associated Press. She is a member of AP’s Health and Science 

(AP Foto/Mark Lennihan, Archivo)

El movimiento #MeToo alcanzó su punto álgido en 2017, derrocando a políticos y figuras públicas de todo el país. Surgieron acusaciones de acoso y conducta inapropiada, algunas de ellas de muchos años atrás. Muchas legislaturas estatales respondieron adoptando o reforzando políticas contra la conducta sexual inapropiada.

En los años transcurridos desde entonces, la representación de las mujeres en los parlamentos estatales de Estados Unidos ha alcanzado un máximo histórico .

A medida que más mujeres ocupan cargos y puestos de liderazgo, legisladores y otros se muestran divididos sobre si algo ha cambiado. Sin embargo, siguen surgiendo acusaciones, tanto a nivel estatal como internacional .

Associated Press contabilizó las acusaciones contra legisladores estatales en todo el país, examinó las políticas de acoso sexual de las cámaras legislativas en los 50 estados y habló con legisladores, cabilderos y personal.

A continuación se presentan las conclusiones clave de la investigación:

144 legisladores estatales acusados ​​desde #MeToo

Desde 2017 , Associated Press ha catalogado al menos a 147 legisladores estatales en 44 estados acusados ​​de acoso o conducta sexual inapropiada. La mayoría de las acusaciones se reportaron durante los dos primeros años del movimiento #MeToo , pero desde entonces han surgido más cada año.

El total incluye denuncias de incidentes tanto en el gobierno estatal como fuera de él.

Solo en 2024, AP contabilizó al menos 14 legisladores estatales de 12 estados que fueron acusados, aproximadamente el doble que el año anterior.

En total, más de un tercio de los legisladores acusados ​​renunciaron o fueron expulsados ​​de sus cargos. Aproximadamente otro tercio sufrió repercusiones, como la pérdida de puestos en el partido o en comités. Una docena de altos funcionarios ejecutivos estatales, incluyendo gobernadores y fiscales generales, enfrentaron acusaciones similares durante ese periodo y la mayoría renunció.

Según la Liga Nacional de Defensa de las Mujeres, que aboga por políticas contra el acoso sexual en los parlamentos estatales y mantiene su propio recuento, los republicanos y los demócratas son acusados ​​casi por igual y el 94% de ellos en general son hombres.

Aún falta transparencia a pesar de las políticas y la capacitación actualizadas

Una encuesta de AP, realizada entre noviembre y enero del año pasado, reveló que casi la mitad de las cámaras legislativas habían actualizado sus políticas sobre acoso sexual en los últimos cinco años. Sin embargo, muchas políticas son difíciles de localizar para el público en general.

Cerca del comienzo de #MeToo, una encuesta de AP encontró que aproximadamente un tercio de las cámaras legislativas no exigían a los legisladores que tomaran capacitación sobre acoso sexual.

Casi todas las legislaturas estatales lo ofrecen actualmente, aunque no siempre es obligatorio y el contenido, el formato y la frecuencia varían. Solo alrededor de un tercio de las cámaras legislativas realizan capacitaciones anualmente, según una encuesta de AP.

El Senado de Arkansas es la única cámara legislativa sin una política específica sobre acoso sexual. Los funcionarios del Senado de Oklahoma, el Senado de Misisipi y ambas cámaras de la Legislatura de Virginia Occidental no proporcionaron sus políticas sobre acoso sexual a AP.

Menos un «club de chicos», pero con salvedades

Los legisladores y otros están divididos sobre si algo ha cambiado.

La senadora estatal de Michigan, Mallory McMorrow, quien presentó una denuncia por acoso sexual contra un colega legislador en 2020, dijo que cualquier mejora tiene menos que ver con "cambios de políticas o grupos de trabajo", y más con "simplemente el hecho de que tenemos significativamente más mujeres a cargo".

Otros todavía ven sexismo.

“A veces sentimos que deberíamos sonreír más, no ser disruptivos ni desafiar a nadie. Eso no ha desaparecido”, dijo la representante estatal de Georgia, Shea Roberts, quien renunció como tesorera del Caucus Demócrata en protesta contra un colega legislador acusado el año pasado de acosar sexualmente a una empleada.

La representación de las mujeres sigue siendo inferior al 50% en la mayoría de los lugares

Los defensores y legisladores dicen que el ambiente en las cámaras del estado todavía puede ser lo suficientemente hostil como para impedir que muchas mujeres se postulen para un cargo.

“Cuando los hombres se postulan a un cargo, se trata de si pueden desempeñar el trabajo”, dijo Erin Maye Quade, senadora de Minnesota. “Cuando las mujeres se postulan a un cargo, se trata de mucho más que eso”.

Los hombres todavía representan dos tercios de todos los legisladores estatales en Estados Unidos, y algunos dicen que #MeToo les dio espacio para unirse a la discusión y reconocer que se necesita más trabajo.

El representante estatal republicano Mark Schreiber, de Kansas, afirmó que las actitudes han evolucionado con los años, desde la filosofía de "los chicos son chicos" hasta reconocer el acoso, sin dejar de culpar a las mujeres. En años más recientes, añadió, los hombres se dieron cuenta de que "estamos culpando a la gente equivocada".

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ISABELLA VOLMERT cubre el gobierno y la política de Michigan para The Associated Press, con especial atención a las mujeres en el gobierno estatal. Tiene su sede en Lansing.

(Foto AP/Jenny Kane, Archivo)

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump invocó el lunes un “privilegio de secretos de Estado” y se negó a proporcionarle a un juez federal información adicional sobre la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de guerra del siglo XVIII, un caso que es motivo de disputa en medio de la creciente tensión con los tribunales federales.

La declaración fue efectuada mientras el presidente del tribunal, James Boasberg, evalúa si el gobierno desobedeció su orden de hacer que aviones que transportaban migrantes regresaran en pleno vuelo después de que él bloqueó las deportaciones de personas que presuntamente eran pandilleros sin que primero estuvieran sujetas al debido proceso.

Boasberg ha solicitado detalles sobre cuándo aterrizaron las aeronaves y quién iba a bordo, información que el gobierno de Trump dice perjudicaría “intereses diplomáticos y de seguridad nacional”.

Los abogados del gobierno también le pidieron a un tribunal de apelaciones que levantara la orden de Boasberg y permitiera que las deportaciones continuaran, una solicitud que pareció generar división entre los jueces.

La jueza Patricia Millett de la Corte de Circuito señaló que los nazis detenidos en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial recibieron un mejor tratamiento jurídico que los inmigrantes venezolanos que fueron deportados a El Salvador este mes bajo la misma ley.

“Ciertamente refutamos la analogía con los nazis”, respondió el abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, durante una audiencia de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia.

Millett es uno de tres jueces de apelaciones que decidirán si levantan una orden del 15 de marzo que prohíbe temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. No emitieron un fallo desde el estrado el lunes.

Un segundo juez pareció estar abierto al argumento del gobierno de que los migrantes deberían impugnar su detención en Texas en lugar de hacerlo en la capital del país. La tercera jueza del panel no hizo preguntas.

El gobierno ha transferido a cientos de inmigrantes venezolanos a El Salvador, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

En otro suceso el lunes, abogados que representan al gobierno venezolano interpusieron una acción jurídica en El Salvador para liberar a 238 venezolanos que están retenidos en una prisión de máxima seguridad salvadoreña después de que Washington los deportara.

El gobierno de Trump apeló después de que Boasberg bloqueó esas deportaciones y ordenó que los aviones con inmigrantes venezolanos regresaran a Estados Unidos. Eso no sucedió.

La Ley de Enemigos Extranjeros permite que extranjeros sean deportados sin tener la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o de un tribunal federal. Trump emitió una proclama en la que llama a la pandilla Tren de Aragua una fuerza invasora.

Ensign argumentó que la decisión de Boasberg fue una “intrusión sin precedentes y enorme sobre los poderes del poder ejecutivo”.

“El presidente tiene que cumplir con la Constitución y las leyes como cualquier otra persona”, señaló Millett, quien fue nominada por el presidente demócrata Barack Obama en 2013.

El juez Justin Walker, a quien Trump nominó en 2020, pareció ser más receptivo a los argumentos del gobierno basados en su serie de preguntas. Walker se refirió a los argumentos del gobierno de que los demandantes deberían haber presentado su demanda en Texas, donde los inmigrantes fueron detenidos.

“Podrían haber presentado en el tribunal de distrito de Texas la misma queja que presentaron aquí”, le dijo Walker al abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, Lee Gelernt.

“No tenemos idea si todos están en Texas”, respondió Gelernt.

Walker también presionó al abogado de los demandantes para que citara algún caso anterior en el que una orden judicial que bloqueaba “una operación de seguridad nacional con implicaciones extranjeras” sobreviviera a una revisión en una corte de apelaciones.

Gelernt acusó al gobierno de intentar valerse de la ley para “acortar” los procedimientos de inmigración. Los abogados de los demandantes no tuvieron forma de impugnar individualmente todas las deportaciones antes de que los aviones con venezolanos despegaran el 15 de marzo, agregó.

“Todo esto se ha hecho en secreto”, denunció Gelernt.

La jueza Karen LeCraft Henderson, quien fue nominada por el presidente republicano George H.W. Bush en 1990, fue la tercera jueza del panel. No hizo preguntas durante una audiencia que duró aproximadamente dos horas.

Boasberg, nominado por Obama, determinó que los inmigrantes que enfrentan deportación deben tener la oportunidad de impugnar el haber sido designados supuestos miembros de pandillas. Indicó que hay “un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas basándose en categorías que no tienen derecho a impugnar”.

“El público también tiene un interés significativo en que el gobierno se apegue a la ley”, escribió el juez.

Trump y sus aliados han pedido un juicio político a Boasberg. En una inusual declaración, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que “el juicio político no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.

Poco después de la medianoche del lunes, Trump publicó un mensaje en redes sociales cuestionando la imparcialidad de Boasberg y pidiendo que fuera despojado de su licencia.

Durante una audiencia el viernes, Boasberg se comprometió a determinar si el gobierno desobedeció la orden oral que dio desde el estrado para que los aviones regresaran en pleno vuelo. El Departamento de Justicia ha dicho que las instrucciones orales del juez no contaban, sino que sólo se necesitaba atender su orden escrita, y que no podía aplicarse a los vuelos que ya habían salido de Estados Unidos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

LINDSAY WHITEHURST Whitehurst covers the Supreme Court, legal affairs and criminal justice for The Associated Press in Washington, D.C. Past stops include Salt Lake City, New Mexico and Indiana.

POR  MICHAEL KUNZELMAN and LINDSAY WHITEHURST

(AP Foto/Salvador Melendez, archivo)

WASHINGTON (AP) — Mientras los legisladores del Congreso se esfuerzan por responder a los recortes del presidente Donald Trump al gobierno federal, un grupo ya está asumiendo un papel central: los veteranos militares .

Desde despidos en el Departamento de Asuntos de Veteranos hasta una purga del Pentágono de los archivos que documentaban la diversidad en las fuerzas armadas, los veteranos se han visto gravemente afectados por las acciones de Trump. Y con el presidente republicano decidido a seguir recortando el gasto del gobierno federal, la carga solo aumentará para los veteranos, quienes representan aproximadamente el 30% de la fuerza laboral federal y a menudo acceden a las prestaciones gubernamentales que obtuvieron con su servicio militar.

“En un momento de crisis para todos nuestros veteranos, el sistema de atención médica y beneficios del VA ha sido desastrosamente y vergonzosamente puesto en la guillotina por la administración Trump”, dijo el senador Richard Blumenthal, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos de Veteranos del Senado, en una conferencia de prensa la semana pasada.

La mayoría de los veteranos votaron por Trump el año pasado: casi 6 de cada 10, según AP Votecast , una encuesta nacional a más de 120.000 votantes. Sin embargo, los republicanos del Congreso se mantienen firmes en su apoyo a los objetivos de Trump, incluso mientras enfrentan una feroz oposición en sus distritos. En una serie de asambleas públicas celebradas esta semana, los veteranos confrontaron con enojo a los miembros republicanos al defender los recortes implementados bajo el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, asesor de Trump .

“¡Haz tu trabajo!”, le gritó Jay Carey, un veterano militar, al representante republicano Chuck Edwards en una asamblea pública en Carolina del Norte.

"Soy un oficial militar retirado", le dijo un asistente a otro foro en Wyoming a la representante republicana Harriet Hageman antes de cuestionar si DOGE realmente había descubierto algún "fraude".

Aunque el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, aconsejó a sus miembros que evitaran las reuniones públicas y afirmó que estaban llenas de manifestantes pagados, algunos republicanos todavía las estaban celebrando y tratando de responder a las críticas.

“Parece radical, pero no lo es. En mi opinión, lo llamo administración”, dijo el representante republicano Gus Bilirakis de Florida en una reunión virtual. “Creo que están haciendo lo correcto por el contribuyente estadounidense. Y apoyo ese principio de DOGE”.

Aun así, algunos republicanos han expresado su inquietud ante los despidos aparentemente indiscriminados de veteranos, especialmente cuando no han sido informados de los planes de la administración. En una asamblea pública el viernes, el representante republicano de Texas, Dan Crenshaw, dijo a la audiencia: «Estamos aprendiendo sobre esto a la velocidad de la luz, igual que ustedes. Creo que se han tirado algunos bebés junto con el agua de la bañera, pero aún estamos recopilando información al respecto».

Crenshaw, un ex SEAL de la Marina, agregó: "Si estás haciendo un trabajo que necesitamos que hagas, lo estás haciendo bien, sí, tenemos que luchar por ti".

El presidente republicano del Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara de Representantes, el representante Mike Bost, aseguró a los oyentes en una teleconferencia la semana pasada que él y el secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins, mantienen conversaciones regulares. Mientras el Departamento de Asuntos de Veteranos implementa planes para recortar aproximadamente 80,000 empleos, Bost ha afirmado que está siguiendo de cerca el proceso, pero ha expresado su apoyo y se ha hecho eco de las garantías de Collins de que la atención médica y las prestaciones de los veteranos no se verán recortadas.

“Han recortado muchos empleos, pero entiendan esto: no se están eliminando empleos esenciales”, dijo Bost, pero luego agregó que su oficina estaba ayudando a alertar al VA cuando, de hecho, se había despedido a personas con empleos esenciales.

Este mes, dos jueces federales ordenaron a la administración Trump recontratar a los empleados en período de prueba que fueron despedidos en los despidos masivos. En el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA), algunos de estos empleados han sido puestos en licencia administrativa, pero una sensación de temor y confusión aún se cierne sobre gran parte del personal federal.

"Todos nos preguntamos qué será lo próximo", dijo Dan Foster, un veterano del ejército del estado de Washington que perdió su trabajo cuando el VA canceló un contrato que apoyaba un programa que educa a los miembros del servicio sobre cómo acceder a sus beneficios y a los programas del VA.

Otros están enojados porque se les ha retratado como un peso muerto y se les ha cortado el trabajo que, según ellos, desempeñaban un papel directo en ayudar a los veteranos a obtener atención médica.

“Que alguien salga en las noticias y diga que somos incompetentes o perezosos, eso es simplemente falso”, dijo Future Zhou, una veterana del ejército que tenía un trabajo administrando inventarios de suministros médicos para quirófanos en las instalaciones del VA en Puget Sound, Washington, antes de ser despedida en febrero.

Mientras los demócratas buscan su base política y un punto de encuentro que los unifique, se han centrado en la causa de la protección de los veteranos. Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, los demócratas han presentado legislación que protegería a los veteranos de los despidos masivos. Y cuando Trump habló ante el Congreso este mes, muchos legisladores invitaron a veteranos.

“Están indignados”, dijo la senadora Tammy Duckworth, demócrata de Illinois, veterana de la guerra de Irak y exsecretaria adjunta del Departamento de Asuntos de Veteranos. “Dijeron que Donald Trump prometió cuidarlos. Y lo primero que hace es despedirlos”.

Los demócratas ya están presionando a sus colegas republicanos para que muestren su apoyo a los veteranos. En las negociaciones para la aprobación de un proyecto de ley de financiación gubernamental respaldado por los republicanos este mes, los demócratas lograron una votación para enmendar el paquete e incluir un texto que proteja a los veteranos de los despidos federales. Sin embargo, fracasó en las líneas del partido, en parte porque el cambio de último minuto habría impedido que el Congreso cumpliera con el plazo para evitar un cierre.

Con la vista puesta en las elecciones intermedias, VoteVets, un grupo de defensa de veteranos de izquierda, ya está lanzando anuncios en video que muestran a veteranos compartiendo sus historias de despidos y acusando a los congresistas de no hacer absolutamente nada. Los anuncios están dirigidos a cinco distritos electorales potencialmente clave, controlados por republicanos que también son veteranos.

El senador Rubén Gallego, demócrata de Arizona y también veterano, dijo que no estaba seguro de si los veteranos cambiarían su lealtad política.

Pero dijo que al menos está claro que los veteranos están "enojados".

Gallego dijo que existe una oportunidad para que los demócratas recalquen el mensaje de que "Elon Musk y sus amigos prefieren simplemente ocuparse del resultado final y tratar de ahorrar miles de millones de dólares para poder tener más recortes de impuestos a expensas de los veteranos".

Los escritores de Associated Press Meg Kinnard en Chapin, Carolina del Sur, y Kate Payne en Tallahassee, Florida, contribuyeron a este artículo.

STEPHEN GROVES cubre el Congreso para The Associated Press.

(Foto AP/Manuel Balce Ceneta, Archivo)