GREENBELT, Maryland (AP) — Un juez federal en Maryland podría convertirse pronto en el segundo en bloquear la orden del presidente Donald Trump que restringe la ciudadanía por derecho de nacimiento y evitar que entre en vigor a nivel nacional, si un tribunal de apelaciones lo permitiera.
La jueza federal de distrito, Deborah Boardman, declaró el miércoles en un dictamen que otorgaría la categoría de demanda colectiva en nombre de todos los menores afectados por la orden y otorgaría una orden preliminar para bloquearla. Sin embargo, no emitió un fallo inmediato, señalando que una decisión previa suya para bloquear la orden se encontraba en apelación ante el Cuarto Tribunal de Circuito de EE. UU., y que dicho tribunal tendría que devolverle el caso.
Boardman dijo que un fallo inmediato de su parte “promovería la eficiencia y la economía judicial porque permitiría al Cuarto Circuito considerar los méritos de una orden judicial preliminar para todo el grupo más temprano que tarde”.
Un juez federal de New Hampshire emitió un fallo la semana pasada que prohíbe que la orden ejecutiva de Trump entre en vigor en todo el país.
El juez federal de distrito Joseph LaPlante emitió una orden judicial preliminar y certificó una demanda colectiva que incluye a todos los menores afectados. La orden, dictada tras una audiencia de una hora, incluyó una suspensión de siete días para la apelación.
La decisión aceleró el proceso de la cuestión de la ciudadanía por nacimiento para que regrese a la Corte Suprema. Se podría solicitar a los jueces que determinen si la orden cumple con su decisión del mes pasado , que limitó la autoridad de los jueces para emitir órdenes judiciales a nivel nacional. El alto tribunal declaró que, por lo general, los jueces de distrito no pueden emitir órdenes judiciales a nivel nacional o universal. Sin embargo, no descartó que los jueces pudieran hacerlo mediante una demanda colectiva.
La orden de enero de Trump negaría la ciudadanía a los bebés nacidos de padres que viven en Estados Unidos ilegalmente o temporalmente.
SAN DIEGO (AP) — El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ha tomado medidas para detener a muchas más personas que antes al recurrir a una autoridad legal para encarcelar a cualquiera que haya ingresado al país ilegalmente sin permitirle una audiencia de fianza.
Todd Lyons, director interino de ICE, escribió a sus empleados el 8 de julio que la agencia estaba revisando su autoridad, "extraordinariamente amplia e igualmente compleja", para detener a personas y que, con efecto inmediato, estas no serían elegibles para una audiencia de fianza ante un juez de inmigración . En cambio, no podrán ser liberadas a menos que el Departamento de Seguridad Nacional haga una excepción.
La directiva, reportada por primera vez por The Washington Post, señala un uso más amplio de una ley de 1996 para detener a personas a las que anteriormente se les había permitido permanecer libres mientras sus casos se procesan en el tribunal de inmigración.
Al ser solicitada el martes una declaración sobre el memorando, del cual The Associated Press obtuvo una copia, la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró: «El gobierno de Biden liberó peligrosamente a millones de inmigrantes ilegales sin antecedentes penales en el país, y utilizó numerosas lagunas legales para hacerlo. El presidente (Donald) Trump y la secretaria (Kristi) Noem están aplicando esta ley tal como fue redactada para mantener a Estados Unidos seguro».
McLaughlin afirmó que el ICE tendrá "mucho espacio para camas" tras la firma por parte de Trump de una ley que destina aproximadamente 170 mil millones de dólares a la aplicación de medidas migratorias y fronterizas. Esto sitúa al ICE al borde de un crecimiento vertiginoso, con una dotación de 76.5 mil millones de dólares en cinco años, casi 10 veces su presupuesto anual actual. Esto incluye 45 mil millones de dólares para detenciones.
Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, comenzó a recibir noticias de abogados de todo el país la semana pasada sobre la detención de clientes en tribunales de inmigración bajo la nueva directiva. Una persona detenida vivió en Estados Unidos durante 25 años.
Si bien no afectará a las personas que llegaron legalmente y se quedaron más tiempo del permitido por sus visas, la iniciativa se aplicaría a cualquiera que haya cruzado la frontera ilegalmente, dijo Chen.
La administración Trump "ha actuado con gran rapidez para intensificar la política de detenciones masivas y detener al mayor número posible de personas sin ninguna revisión individualizada por parte de un juez. Esto convertirá a Estados Unidos en una nación que encarcela a la gente como si nada", declaró Chen.
Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, afirmó que el gobierno está "adoptando una interpretación draconiana del estatuto" para encarcelar a personas que hayan vivido en Estados Unidos durante décadas, no tengan antecedentes penales y tengan cónyuges, hijos y nietos ciudadanos estadounidenses. Su organización demandó al gobierno en marzo por lo que, según afirmó, era una práctica creciente entre los jueces de inmigración de Tacoma, Washington, de encarcelar a personas durante periodos prolongados y obligatorios.
Lyons escribió en su memorando que la detención era totalmente discrecional para el ICE, pero reconoció la probabilidad de una impugnación legal. Por ello, instó a los abogados del ICE a seguir recopilando pruebas para argumentar la detención ante un juez de inmigración, incluyendo el posible peligro para la comunidad y el riesgo de fuga.
El ICE tenía detenidas a unas 56.000 personas a finales de junio, cerca de un máximo histórico y por encima de su capacidad presupuestada de unas 41.000. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la nueva financiación permitirá una población diaria promedio de 100.000 personas.
En enero, Trump firmó la Ley Laken Riley , llamada así por el estudiante de enfermería de Georgia asesinado, que exige la detención de personas que se encuentran en el país ilegalmente y que son arrestadas o acusadas de delitos relativamente menores, entre ellos robo, hurto y hurto en tiendas, además de delitos violentos.
WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema le permitió al presidente Donald Trump volver a poner en marcha su plan de desmantelar el Departamento de Educación y seguir adelante con el despido de casi 1.400 empleados.
Ante el voto disidente de los tres jueces liberales, el tribunal suspendió el lunes una orden del juez federal de distrito Myong Joun en Boston, quien emitió una orden preliminar que revoca los despidos y cuestiona el plan general. Los despidos "probablemente paralizarán al departamento", escribió Joun. Un tribunal federal de apelaciones se negó a suspender la orden mientras la administración apelaba.
La acción del tribunal superior permite a la administración reanudar el trabajo para liquidar el departamento, una de las mayores promesas de campaña de Trump.
En una publicación del lunes por la noche en sus redes sociales, Trump afirmó que el Tribunal Supremo "ha otorgado una gran victoria a padres y estudiantes de todo el país". Añadió que la decisión permitirá a su administración iniciar el "importantísimo proceso" de devolver muchas de las funciones del departamento a los Estados Unidos.
El tribunal no explicó su decisión a favor de Trump, como es habitual en las apelaciones de emergencia. Sin embargo, en su voto discrepante, la jueza Sonia Sotomayor se quejó de que sus colegas estaban permitiendo acciones legalmente cuestionables por parte de la administración.
“Cuando el Ejecutivo anuncia públicamente su intención de violar la ley y luego cumple esa promesa, es deber del Poder Judicial controlar esa ilegalidad, no acelerarla”, escribió Sotomayor para ella misma y los jueces Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan.
El secretario de Educación elogia la decisión
La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo que es una "vergüenza" que haya sido necesaria la intervención de la Corte Suprema para permitir que el plan de Trump siga adelante.
“Hoy, la Corte Suprema confirmó nuevamente lo obvio: el Presidente de los Estados Unidos, como jefe del Poder Ejecutivo, tiene la máxima autoridad para tomar decisiones sobre los niveles de personal, la organización administrativa y las operaciones diarias de las agencias federales”, dijo McMahon en un comunicado.
Un abogado de las ciudades y grupos educativos de Massachusetts que demandaron por el plan dijo que la demanda continuará y agregó que ningún tribunal ha dictaminado aún que lo que la administración quiere hacer sea legal.
Sin explicar al pueblo estadounidense su razonamiento, la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos han asestado un golpe devastador a la promesa de esta nación de brindar educación pública a todos los niños. En su expediente paralelo, la Corte ha decidido una vez más anular la decisión de dos tribunales inferiores sin argumentos, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.
La Corte Suprema le ha otorgado a Trump una victoria tras otra en su esfuerzo por reestructurar el gobierno federal, después de que tribunales inferiores determinaran que las acciones de la administración probablemente violan la ley federal. La semana pasada, los jueces allanaron el camino para el plan de Trump de reducir significativamente el tamaño de la fuerza laboral federal. En materia de educación, el alto tribunal ha permitido previamente que se sigan adelante los recortes en las becas para la formación docente.
Por otra parte, el lunes, más de 20 estados demandaron a la administración por miles de millones de dólares en fondos educativos congelados para cuidados después de la escuela, programas de verano y más.
Los empleados del Departamento de Educación están de licencia
Los empleados del Departamento de Educación que fueron objeto de despidos han estado en licencia paga desde marzo, según un sindicato que representa a parte del personal de la agencia.
La orden de Joun había impedido que el departamento los despidiera por completo, aunque a ninguno se le había permitido regresar a trabajar, según la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales Local 252. Sin la orden de Joun, los trabajadores habrían sido despedidos a principios de junio.
El Departamento de Educación había declarado a principios de junio que estaba evaluando activamente la reincorporación de los empleados. En un correo electrónico, el departamento les pidió que informaran si habían conseguido otro empleo, explicando que la solicitud tenía como objetivo facilitar una reincorporación al trabajo fluida e informada.
El caso actual involucra dos demandas consolidadas que dicen que el plan de Trump equivalía a un cierre ilegal del Departamento de Educación.
Una demanda fue interpuesta por los distritos escolares de Somerville y Easthampton en Massachusetts, junto con la Federación Americana de Maestros y otros grupos educativos. La otra acción legal fue interpuesta por una coalición de 21 fiscales generales demócratas.
Las demandas argumentaron que los despidos dejaron al departamento incapaz de llevar a cabo las responsabilidades requeridas por el Congreso, incluidos los deberes de apoyar la educación especial , distribuir ayuda financiera y hacer cumplir las leyes de derechos civiles .
MARK SHERMAN ha cubierto la Corte Suprema para The Associated Press desde 2006. Su carrera periodística abarca cinco décadas. Reside en Washington, D. C., y anteriormente vivió en Nueva York, París y Atlanta.
WASHINGTON (AP) — Diecisiete jueces de tribunales de inmigración han sido despedidos en los últimos días, según el sindicato que los representa, mientras el gobierno de Trump avanza con sus deportaciones masivas de inmigrantes en el país.
La Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, que representa a jueces de tribunales de inmigración, así como a otros profesionales, informó en un comunicado de prensa que 15 jueces fueron despedidos sin causa el viernes y otros dos el lunes. El sindicato indicó que trabajaban en tribunales de 10 estados del país: California, Illinois, Luisiana, Maryland, Massachusetts, Nueva York, Ohio, Texas, Utah y Virginia.
“Es indignante y contrario al interés público que, al mismo tiempo que el Congreso ha autorizado a 800 jueces de inmigración, estemos despidiendo a un gran número de jueces de inmigración sin causa justificada”, declaró Matt Biggs, presidente del sindicato. “Esto es absurdo. La solución es dejar de despedir y empezar a contratar”.
Los despidos se producen con los tribunales en el centro de los esfuerzos de la administración
Los despidos ocurren mientras los tribunales han estado cada vez más en el centro de los esfuerzos de aplicación de la línea dura de la inmigración por parte de la administración Trump, con oficiales de Inmigración y Control de Aduanas arrestando a inmigrantes cuando se presentan ante el tribunal para los procedimientos.
Una portavoz de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que es la parte del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales, dijo en un correo electrónico que la oficina no haría comentarios sobre los despidos.
Los arrestos a gran escala comenzaron en mayo y han sembrado el temor entre los solicitantes de asilo e inmigrantes que comparecen ante el tribunal. En lo que ya es una escena habitual , un juez concede la solicitud de un abogado del gobierno de desestimar el proceso de deportación contra un inmigrante. Mientras tanto, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. esperan en el pasillo para arrestar a la persona y acelerar su deportación en cuanto salga de la sala.
Los jueces de los tribunales de inmigración también lidian con una enorme acumulación de aproximadamente 3,5 millones de casos, que se ha disparado en los últimos años. Los casos pueden tardar años en llegar a una decisión final, y los jueces y abogados suelen programar audiencias finales sobre el fondo del caso con más de un año de anticipación. A diferencia de los tribunales penales, el gobierno no está obligado a proporcionar abogados a todos los que pasan por los tribunales de inmigración; los inmigrantes pueden contratar a su propio abogado, pero si no pueden costearlo, se representan a sí mismos, a menudo utilizando un intérprete para presentar su caso.
Senador alega que un despido es un castigo
El senador demócrata estadounidense Dick Durbin, de Illinois, afirmó que uno de los jueces despedidos estaba siendo esencialmente castigado por hablar con él durante una visita que el senador realizó hace unas semanas al Tribunal de Inmigración de Chicago.
En un comunicado de prensa emitido el martes, Durbin afirmó que la jueza "se tomó el tiempo de mostrarme el tribunal y explicarme sus funciones". Añadió que, tras la visita, la jueza recibió un correo electrónico del Departamento de Justicia en el que se le informaba que todas las comunicaciones con las oficinas del Congreso debían canalizarse a través de la sede central y que los jueces de inmigración no debían comunicarse directamente con los miembros del Congreso.
"Su despido abrupto es un abuso de poder por parte de la Administración para castigar a una jueza apolítica simplemente por hacer su trabajo", dijo Durbin, quien es el miembro de mayor rango del Comité Judicial del Senado.
Los tribunales están recibiendo una inyección de efectivo
Según la legislación recientemente aprobada, que destinará 170 000 millones de dólares a impulsar la aplicación de las leyes de inmigración, los tribunales recibirán una inyección de 3300 millones de dólares. Esta cantidad se destinará a aumentar el número de jueces a 800 y a contratar más personal para apoyarlos.
Sin embargo, el sindicato afirmó que, desde que la administración Trump asumió el cargo, más de 103 jueces han sido despedidos o han renunciado voluntariamente tras aceptar las llamadas ofertas de "bifurcación en el camino" al inicio de la administración. El sindicato señaló que, en lugar de acelerar el proceso judicial de inmigración, los despidos del Departamento de Justicia agravarían los retrasos. El sindicato indicó que reclutar, contratar y capacitar a nuevos jueces de tribunales de inmigración puede tardar hasta un año.
Actualmente hay unos 600 jueces, según cifras del sindicato. Los tribunales de inmigración dependen del Departamento de Justicia.
REBECCA SANTANA cubre el Departamento de Seguridad Nacional para The Associated Press. Tiene amplia experiencia reportando en lugares como Rusia, Irak, Afganistán y Pakistán.
WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump amenazó el lunes a Rusia con fuertes aranceles y anunció un oleoducto renovado para que las armas estadounidenses lleguen a Ucrania, endureciendo su postura hacia Moscú después de meses de frustración por las negociaciones infructuosas para poner fin a la guerra .
Las últimas medidas reflejan un cambio de enfoque por parte del presidente republicano, quien prometió resolver rápidamente la guerra iniciada por el presidente ruso Vladimir Putin cuando invadió Ucrania hace tres años. Trump centró sus críticas en el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy , a quien describió como reacio a ceder, pero recientemente ha expresado una creciente irritación hacia Putin.
"Mis conversaciones con él son muy agradables, y luego los misiles explotan por la noche", dijo Trump. Se quejó de que "simplemente sigue y sigue y sigue".
Trump afirmó que implementaría aranceles severos a menos que se alcanzara un acuerdo de paz en un plazo de 50 días. Ofreció pocos detalles sobre cómo se implementarían, pero los describió como aranceles secundarios, lo que significa que afectarían a los socios comerciales de Rusia en un intento de aislar a Moscú de la economía global.
Además, Trump afirmó que sus aliados europeos comprarían miles de millones de dólares en equipo militar estadounidense para transferirlo a Ucrania , reabasteciendo así el suministro de armas del país asediado. Hizo el anuncio en el Despacho Oval junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
El plan incluye los sistemas de defensa aérea Patriot, una máxima prioridad para Ucrania, que lucha contra los drones y misiles rusos .
Recientemente surgieron dudas sobre el compromiso de Trump de abastecer a Ucrania cuando el Pentágono detuvo los envíos ante la preocupación de que las reservas estadounidenses se estuvieran agotando.
Rutte afirmó que Alemania, Finlandia, Canadá, Noruega, Suecia, el Reino Unido y Dinamarca estarían entre los compradores que abastecerían a Ucrania. Añadió que «la rapidez es fundamental aquí» y sugirió que algunas armas se enviarían rápidamente a Ucrania y posteriormente se reemplazarían con compras a Estados Unidos.
Más tarde el lunes, Zelenskyy publicó que había hablado con Trump por teléfono y dijo que “discutió los medios y soluciones necesarios con el presidente para brindar una mejor protección a las personas de los ataques rusos y fortalecer nuestras posiciones”.
Zelenskyy agregó que Trump había "acordado hablar más a menudo por teléfono y coordinar nuestros pasos en el futuro".
Trump exasperado con Putin
Trump ha presumido durante mucho tiempo de su relación amistosa con Putin y ha afirmado repetidamente que Rusia estaba más dispuesta que Ucrania a alcanzar un acuerdo de paz. También acusó a Zelenski de prolongar la guerra y lo llamó un "dictador sin elecciones".
Pero la implacable embestida de Rusia contra zonas civiles de Ucrania agotó la paciencia de Trump. En abril, Trump instó a Putin a "¡PARAR!" sus ataques mortales contra Kiev, y al mes siguiente declaró en redes sociales que el líder ruso "¡se ha vuelto completamente LOCO!" .
Mientras Rutte estaba en Washington, el enviado especial de Trump a Ucrania y Rusia, el teniente general retirado Keith Kellogg , se reunió con Zelenskyy en Kiev.
Zelenskyy dijo que tuvo "una conversación productiva" con Kellogg sobre el fortalecimiento de las defensas aéreas ucranianas, la producción conjunta de armas y la compra de armas estadounidenses junto con países europeos, así como la posibilidad de sanciones internacionales más estrictas contra el Kremlin.
“Esperamos el liderazgo de Estados Unidos, porque está claro que Moscú no se detendrá a menos que sus... ambiciones sean detenidas por la fuerza”, dijo Zelenskyy en Telegram.
Negociaciones sobre el envío de misiles Patriot
Rusia ha bombardeado ciudades ucranianas, incluida la capital, Kiev , con cientos de drones y misiles de crucero y balísticos que las defensas aéreas ucranianas tienen dificultades para contrarrestar. Junio registró el mayor número mensual de víctimas civiles de los últimos tres años, con 232 muertos y 1.343 heridos, según informó la misión de derechos humanos de la ONU en Ucrania.
Al mismo tiempo, el ejército ruso, más grande, está haciendo un nuevo esfuerzo para hacer retroceder a los defensores ucranianos en partes de la línea del frente de 1.000 kilómetros (620 millas).
Trump confirmó que Estados Unidos está enviando a Ucrania más misiles de defensa aérea Patriot que necesita con urgencia y que la Unión Europea pagará a Estados Unidos por las “diversas piezas de armamento muy sofisticadas”.
Un importante legislador ruso, Konstantin Kosachev, dijo que el plan de Trump tenía “un solo beneficiario: el complejo militar-industrial de Estados Unidos”.
Alemania ha ofrecido financiar dos sistemas Patriot, según declaró el portavoz del gobierno, Stefan Kornelius, el lunes en Berlín. El país ya ha donado tres de sus propios sistemas Patriot a Ucrania.
El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, viajó el lunes a Washington para reunirse con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
"Estamos decididos a asumir una mayor responsabilidad por la disuasión y la defensa de Europa, al tiempo que reconocemos que la contribución de los Estados Unidos de América sigue siendo indispensable para nuestra seguridad colectiva", dijo Pistorius a los periodistas.
'El flujo de armas alcanza niveles récord'
Un importante aliado de Trump, el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur, dijo el domingo que el conflicto está llegando a un punto de inflexión a medida que Trump muestra un creciente interés en ayudar a Ucrania a luchar contra la invasión a gran escala de Rusia.
Aunque Trump había descartado previamente el esfuerzo como un desperdicio de dinero de los contribuyentes estadounidenses, Graham le dijo al programa “Face the Nation” de CBS que “verán armas fluyendo a un nivel récord”.
“Uno de los mayores errores de cálculo que ha cometido Putin es manipular a Trump”, dijo. “Y observen, en los próximos días y semanas, habrá un esfuerzo masivo para convencer a Putin de que se siente a la mesa de negociaciones”.
Kirill Dmitriev, enviado de Putin para inversiones internacionales que participó en conversaciones con funcionarios estadounidenses en Arabia Saudita en febrero, desestimó lo que dijo eran esfuerzos para abrir una brecha entre Moscú y Washington.
«Un diálogo constructivo entre Rusia y Estados Unidos es más eficaz que los intentos de presión, condenados al fracaso», declaró Dmitriev en una publicación de Telegram. «Este diálogo continuará, a pesar de los titánicos esfuerzos por interrumpirlo por todos los medios posibles».
Presión económica
Aunque Trump propuso imponer nuevos aranceles a Rusia, expresó dudas sobre una legislación bipartidista para castigar aún más al país.
"No estoy seguro de que lo necesitemos", dijo. "Podría ser muy útil. Ya veremos".
La legislación aumenta las sanciones e impone aranceles del 500% a los productos importados de países que compran petróleo, gas y otras exportaciones rusas. Trump propuso el lunes implementar unilateralmente aranceles del 100%.
"Utilizo el comercio para muchas cosas", dijo. "Pero es excelente para resolver guerras".
Desde el 5 de diciembre de 2022, cuando la Unión Europea prohibió el petróleo ruso, China ha comprado el 47% de las exportaciones de crudo ruso, seguida de India con el 38%. Turquía y la UE han representado el 6% cada una, según el Centro para la Investigación y el Aire Limpio, una organización finlandesa sin fines de lucro que monitorea la industria energética.
Zongyuan Zoe Liu, investigador principal de estudios sobre China en el Consejo de Relaciones Exteriores, dudaba que los aranceles cambiaran el curso de la guerra.
“El petróleo es fungible, y Rusia ha desarrollado una ágil flota paralela”, dijo. “Por lo tanto, la aplicación de la ley sería un desafío”.
Sin embargo, los aranceles aún podrían tener un efecto dramático, dependiendo de cómo se implementen.
Añadir un arancel del 100% a China, además de los impuestos a las importaciones ya existentes, esencialmente detendría el comercio entre Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo.
En una declaración conjunta, los copatrocinadores del paquete de sanciones que se tramita en el Congreso, Graham y el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, elogiaron a Trump por haber dado un paso contundente. También defendieron su legislación, señalando: «La ventaja de nuestro enfoque es que combina la autorización del Congreso de aranceles y sanciones con flexibilidad para su implementación presidencial, lo que le confiere una gran solidez legal y política».
Los escritores de Associated Press Lorne Cook en Bruselas, Geir Moulson en Berlín, Paul Wiseman y David Klepper en Washington y Katie Marie Davies en Manchester, Inglaterra, contribuyeron a este informe.
Chris Megerian cubre la Casa Blanca para The Associated Press. Anteriormente escribió sobre la investigación de Rusia, el cambio climático, la aplicación de la ley y la política en California y Nueva Jersey.
Radio América es una emisora de habla hispana que transmite desde la ciudad de Laurel en el estado de Maryland cubriendo con sus 1,900 vatios de potencia toda el área metropolitana de Washington D.C. en la cual residen cerca de 1 millón de Latinos.
Su propietario es Alejandro Carrasco considerado como la personalidad radial hispana mas influyente en Washington, Maryland y Virginia.
Su frecuencia, 900 AM una Ubicación ideal en el dial para alcanzar a toda la comunidad latina en el area metropolitana de Washington.
GREENBELT, Maryland (AP) — Un juez federal en Maryland podría convertirse pronto en el segundo en bloquear la orden del presidente Donald Trump que restringe la ciudadanía por derecho de nacimiento y evitar que entre en vigor a nivel nacional, si un tribunal de apelaciones lo permitiera.
