MIAMI (AP) — Funcionarios de inmigración dijeron que Tomás Hernández trabajó en puestos de alto nivel para la agencia de inteligencia exterior de Cuba durante décadas antes de emigrar a Estados Unidos para perseguir el sueño americano.

El hombre de 71 años fue detenido por agentes federales afuera de su casa en el área de Miami en marzo y acusado de ocultar sus vínculos con el Partido Comunista de Cuba cuando obtuvo la residencia permanente.

Los cubanoamericanos del sur de Florida han clamado durante mucho tiempo por una mano más firme con La Habana y las recientes detenciones de Hernández y varios otros ex funcionarios cubanos para su deportación han sido extremadamente populares entre la comunidad de exiliados políticamente poderosa.

“Es un regalo político para los cubanoamericanos de línea dura”, dijo Eduardo Gamarra, experto en Latinoamérica de la Universidad Internacional de Florida. Pero muchos cubanos temen ser los siguientes en la lista de Trump, añadió, y “algunos en la comunidad lo ven como una traición”.

Algunos satisfechos entre los seguidores de Trump, otros preocupados

Aunque la promesa de deportación masiva del presidente Donald Trump ha asustado a los inmigrantes de muchos países, ha sido una especie de shock para los 2,4 millones de cubanoamericanos, que apoyaron firmemente al republicano dos veces y han disfrutado durante mucho tiempo de un lugar de privilegio en el sistema de inmigración de Estados Unidos.

En medio de una llegada récord de migrantes desde la isla caribeña, Trump revocó en marzo la libertad condicional humanitaria temporal a unos 300.000 cubanos. Muchos han sido detenidos en espera de una posible deportación.

Entre quienes enfrentan la deportación se encuentra un rapero cubano pro-Trump, autor del éxito "Patria y Vida", que se convirtió en el himno no oficial de las protestas anticomunistas en la isla en 2021 y recibió elogios de figuras como el entonces senador republicano Marco Rubio, ahora secretario de Estado. Eliéxer Márquez, rapero bajo el nombre de El Funky, dijo que este mes recibió la notificación de que tenía 30 días para salir de Estados Unidos.

Gracias a las leyes de la Guerra Fría destinadas a derrocar a Fidel Castro , los inmigrantes cubanos disfrutaron durante muchas décadas de un estatus de refugiados casi automático en Estados Unidos y podían obtener tarjetas verdes un año después de su ingreso, a diferencia de los inmigrantes de prácticamente cualquier otro país.

El apoyo a Trump entre los probables votantes cubanoamericanos de Miami alcanzó su máximo histórico en vísperas de las elecciones del año pasado, según una encuesta de la Universidad Internacional de Florida, que ha monitoreado a la comunidad cubanoamericana desde 1991. Trump rara vez menciona a los cubanos en sus ataques contra migrantes, como venezolanos y haitianos. Esto ha dado a muchos cubanos la esperanza de que permanecerán inmunes a las medidas de control migratorio.

Política de represión

Mientras tanto, los demócratas han intentado aprovechar la represión migratoria. En abril, organizaciones de base colocaron dos vallas publicitarias gigantes en las carreteras de Miami, llamando a Rubio y a los representantes republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez "traidores" a la comunidad cubanoamericana por no proteger a decenas de miles de migrantes de las políticas migratorias de Trump.

El arresto de ex agentes estatales cubanos es una forma de fortalecer a los aliados de Trump, dijo Gamarra.

En marzo, Giménez envió a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, una carta con los nombres de 108 personas que, según él, eran ex agentes estatales cubanos o funcionarios del Partido Comunista que vivían ilegalmente en Estados Unidos.

“Es imperativo que el Departamento de Seguridad Nacional haga cumplir las leyes estadounidenses vigentes para identificar, deportar y repatriar a estas personas que representan una amenaza directa para nuestra seguridad nacional, la integridad de nuestro sistema migratorio y la seguridad de los exiliados cubanos y los ciudadanos estadounidenses por igual”, escribió Giménez, y agregó que Estados Unidos sigue siendo un “faro de esperanza y libertad para quienes escapan de la tiranía”.

Una misión para derrocar al gobierno

La lista de objetivos de Giménez fue compilada por Luis Domínguez, quien salió de Cuba en 1971 y se ha propuesto derrocar al gobierno cubano. En 2009, cuando internet aún era una novedad en Cuba, Domínguez afirmó haberse hecho pasar por una periodista deportiva colombiana de 27 años para engatusar a Antonio, el hijo de Castro, a un romance en línea.

“Hay quienes sueñan con ganar dinero o con envejecer e irse de vacaciones”, dijo Domínguez, residente de Connecticut. “Yo sueño con ver a mi país libre”.

Con el apoyo de la derechista Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, comenzó a rastrear las redes sociales y a recurrir a una red bien organizada de fuentes antisocialistas, tanto dentro como fuera de Cuba, para revelar la identidad de funcionarios presuntamente responsables de abusos de derechos humanos y violaciones de las normas democráticas. Hasta la fecha, su sitio web, Represores Cubanos, ha identificado a más de 1200 de estos agentes estatales, unos 150 en Estados Unidos.

“Están persiguiendo el sueño americano, pero antes lo condenaban mientras perseguían el sueño cubano”, dijo Domínguez. “Es la típica doble vida de cualquier régimen comunista. Cuando estaban en el poder criticaban cualquier cosa sobre Estados Unidos. Pero ahora que están aquí, les encanta”.

Domínguez, de 62 años, dijo que regularmente comparte sus hallazgos con la policía federal, pero un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no hizo comentarios sobre la relación de la agencia con el activista.

Un departamento de espionaje de élite

Enrique García, un ex colega, dijo que estudió con Hernández en la ex Unión Soviética en la década de 1970. A su regreso, Hernández fue enviado a trabajar en el departamento de élite “América del Norte” de la agencia de espionaje, dijo García.

García, quien desertó a Estados Unidos en la década de 1990 y se ha dedicado a ayudar a los cazadores de espías estadounidenses a desenmascarar a los agentes cubanos, dijo que antiguos agentes cubanos se han infiltrado en la actual ola migratoria mientras ocultan sus lealtades pasadas e incluso actuales al gobierno cubano.

“No puedes estar en ambos lados al mismo tiempo”, dijo.

Se desconoce cuándo Hernández entró a Estados Unidos ni por qué. La ley de inmigración estadounidense generalmente prohíbe la entrada a personas que hayan pertenecido a partidos comunistas. Cualquiera que mienta en su solicitud de residencia permanente puede ser deportado o procesado.

Pero expulsar a los cubanos que ya no son bienvenidos en Estados Unidos podría resultar un desafío.

La administración Trump envía un solo avión de 60 pasajeros a Cuba cada mes como parte de su campaña de deportación, sin cambios con respecto al promedio del año pasado, según Witness at the Border, que monitorea los vuelos de deportación. A ese ritmo, se necesitarían casi 700 años para repatriar a los aproximadamente 500.000 cubanos que llegaron durante la administración Biden y que ahora carecen de estatus de protección.

Represión contra los fans leales

En el restaurante Versailles, epicentro de la Pequeña Habana de Miami, pocos entre su clientela anticomunista parecían dispuestos a enfrentarse a Trump, quien visitó el icónico café dos veces durante la reciente campaña presidencial. Un jubilado habitual, Rafael Nieto, de 83 años, incluso lució una gorra y un pin gigantes de Trump 2024.

La mayoría de los exiliados mayores aplaudieron la reforma migratoria de Trump, pero hubo algunas grietas en la armadura republicana. Mientras las charlas de la tarde alternaban entre hablar de los complots de la CIA para asesinar a Castro y la incapacidad del presidente John F. Kennedy para proporcionar cobertura aérea durante la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, un jubilado se levantó y se alejó silenciosamente de sus amigos.

“La gente está temblando”, dijo en voz baja Tony Freitas, quien llegó a Estados Unidos desde Cuba en el éxodo del Mariel de 1980. “Por cualquier nimiedad, te pueden deportar”.

La periodista de AP Gisela Salomon contribuyó a este informe.

JOSHUA GOODMAN es un periodista de investigación radicado en Miami que escribe sobre la intersección del crimen, la corrupción, el narcotráfico y la política en Latinoamérica. Anteriormente, dedicó dos décadas a informar desde Sudamérica.

(Foto AP/Alan Diaz)

WASHINGTON (AP) — La Universidad de Harvard está impugnando la decisión del gobierno de Trump de prohibir a la escuela de la Ivy League matricular estudiantes extranjeros , calificándola de represalia inconstitucional por desafiar las demandas políticas de la Casa Blanca.

En una demanda presentada el viernes en un tribunal federal de Boston, Harvard dijo que la acción del gobierno viola la Primera Enmienda y tendrá un "efecto inmediato y devastador para Harvard y más de 7.000 titulares de visas".

“De un plumazo, el gobierno ha buscado borrar a una cuarta parte del cuerpo estudiantil de Harvard, estudiantes internacionales que contribuyen significativamente a la Universidad y su misión”, dijo Harvard en su demanda.

La escuela dijo que planea presentar una orden de restricción temporal para impedir que el Departamento de Seguridad Nacional lleve a cabo la medida.

Harvard cuenta con casi 6.800 estudiantes extranjeros en su campus de Cambridge, Massachusetts. La mayoría son estudiantes de posgrado y provienen de más de 100 países.

El departamento anunció la medida el jueves, acusando a Harvard de crear un ambiente inseguro en el campus al permitir que "agitadores antiamericanos y proterroristas" atacaran a estudiantes judíos en el campus. También acusó a Harvard de coordinarse con el Partido Comunista Chino, alegando que la universidad había acogido y entrenado a miembros de un grupo paramilitar chino tan recientemente como en 2024.

El presidente de Harvard, Alan Garber, anunció a principios de este mes que la universidad ha implementado cambios en su gobernanza durante el último año y medio, incluyendo una amplia estrategia para combatir el antisemitismo. Garber afirmó que Harvard no cederá en sus "principios fundamentales, legalmente protegidos" por temor a represalias. Harvard ha dicho que responderá más adelante a las acusaciones planteadas inicialmente por los republicanos de la Cámara de Representantes sobre la coordinación con el Partido Comunista Chino.

La amenaza a las inscripciones internacionales de Harvard se origina en una solicitud del 16 de abril de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien exigió que Harvard proporcione información sobre estudiantes extranjeros que puedan implicarlos en violencia o protestas que puedan llevar a su deportación.

Noem afirmó que Harvard puede recuperar su capacidad para recibir estudiantes extranjeros si presenta un conjunto completo de registros de estudiantes extranjeros en un plazo de 72 horas. Su solicitud actualizada exige todos los registros, incluyendo grabaciones de audio y video, de estudiantes extranjeros que participen en protestas o actividades peligrosas en el campus.

La demanda es independiente de la demanda anterior que presentó la universidad y que impugna más de 2.000 millones de dólares en recortes federales impuestos por la administración republicana.

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COLLIN BINKLEY cubre el Departamento de Educación de EE. UU. y la política educativa federal para The Associated Press, junto con una amplia gama de temas desde K-12 hasta la educación superior.

(Foto AP/Charles Krupa, archivo)

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump dejó claro que está perdiendo la paciencia con Vladímir Putin, lanzándole algunas de sus críticas más duras al mandatario ruso mientras Moscú bombardeaba Kiev y otras ciudades ucranianas con drones y misiles por tercera noche consecutiva.

“Siempre he tenido una muy buena relación con Vladímir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto absolutamente loco!”, escribió Trump en una publicación en redes sociales el domingo por la noche.

Trump señaló que Putin está “matando innecesariamente a mucha gente”, e hizo notar que “se están disparando misiles y drones a ciudades en Ucrania sin ninguna razón en absoluto”.

El ataque fue la mayor ofensiva aérea desde que Rusia invadió el país en febrero de 2022, según funcionarios ucranianos. Al menos 12 personas murieron y decenas resultaron heridas.

El presidente de Estados Unidos advirtió que, si Putin quiere conquistar toda Ucrania, ello "¡conducirá a la caída de Rusia!”. Pero Trump también expresó su frustración con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, diciendo que “no le está haciendo ningún favor a su país hablando de la manera en que lo hace”.

“Todo lo que sale de su boca causa problemas, no me gusta, y más le vale parar”, escribió Trump en redes sociales.

El presidente ha expresado cada vez más su irritación con Putin y la incapacidad de alcanzar una solución para guerra de tres años, a la cual Trump prometió que le pondría fin rápidamente mientras hacía campaña para regresar a la Casa Blanca.

Durante mucho tiempo se jactó de su relación amistosa con Putin, y subrayó repetidamente que Moscú está más dispuesto que Kiev a llegar a un acuerdo de paz.

Pero el mes pasado, Trump instó a Putin a "¡detener!” la agresión a Ucrania después de que el Kremlin lanzara otra serie mortal de ataques sobre la capital ucraniana, y en repetidas veces ha expresado su frustración porque la guerra continúa.

“No estoy contento con lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente. Y no sé qué demonios le pasó a Putin”, le dijo Trump a periodistas el domingo por la mañana mientras partía del norte de Nueva Jersey, donde pasó la mayor parte del fin de semana. “Lo conozco desde hace mucho tiempo, siempre me he llevado bien con él, pero está enviando cohetes a las ciudades y matando gente y eso no me gusta en absoluto”.

Un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania sigue siendo esquivo. Trump y Putin hablaron por teléfono la semana pasada, y después de la llamada Trump anunció que ambos países comenzarán “inmediatamente” conversaciones de alto el fuego. Ese diálogo ocurrió después de que funcionarios rusos y ucranianos se reunieran en Turquía para las primeras conversaciones cara a cara desde 2022. Pero el jueves, el Kremlin dijo que no había conversaciones directas programadas.

La Unión Europea ha impuesto nuevas sanciones a Rusia este mes en respuesta a la negativa de Putin a acordar un alto el fuego. Pero aunque Trump ha amenazado con intensificar las sanciones y aranceles a Moscú, no lo ha hecho hasta ahora.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

SEUNG MIN KIM covers the White House for The Associated Press. She joined the AP in 2022 and is based in Washington.

(AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

McALLEN, Texas, EE.UU. (AP) — El gobierno de Estados Unidos pretende poner fin a una política fundamental de inmigración que desde la década de 1990 ha ofrecido protecciones a los niños migrantes que están bajo custodia federal, de acuerdo con documentos judiciales presentados el jueves.

Las protecciones vigentes, conocidas como el Acuerdo Flores, limitan en gran medida a 72 horas el tiempo que los niños migrantes que viajan solos o con familia deben quedar bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza. También garantizan que los niños estén en condiciones seguras y salubres.

Los abogados del gobierno calificaron el Acuerdo Flores como un “régimen intrusivo” que ha “osificado” la política de inmigración federal. En una moción presentada el jueves por la tarde, sostienen que el acuerdo ya no es necesario después de que el Congreso aprobara leyes y que las agencias gubernamentales aplicaran políticas que también implementan los estándares y regulaciones exigidos en el acuerdo.

También culparon al acuerdo de aumentar el número de niños migrantes que ingresan al país en las últimas tres décadas.

“El propio Acuerdo Flores ha cambiado el panorama de la inmigración al eliminar algunos de los desincentivos para que las familias ingresen ilegalmente en Estados Unidos. La migración familiar ilegal apenas existía en 1997”, escribieron.

El presidente Donald Trump intentó poner fin a las protecciones durante su primer mandato, y sus aliados han criticado durante mucho tiempo el acuerdo. Un documento judicial separado, presentado conjuntamente por el gobierno y activistas, propone una audiencia el 18 de julio ante la jueza Dolly Gee, presidenta de la Corte de Distrito federal para el Distrito Central de California.

“Los niños que buscan refugio en nuestro país deben ser recibidos con los brazos abiertos, no con encarcelamiento, privación y abuso”, alegó Sergio Perez, director ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional.

“La moción del gobierno de Trump para desestimar este acuerdo, que impide que el gobierno encarcele a niños en condiciones brutales indefinidamente, es otro paso ilegal hacia el sacrificio de la rendición de cuentas y la decencia humana en favor de una agenda política que sataniza a los refugiados”, dijo Perez.

El acuerdo lleva el nombre de una niña salvadoreña, Jenny Flores, cuya demanda en la que acusaba maltrato generalizado de los niños bajo custodia del gobierno estadounidense en la década de 1980 dio pie a una supervisión especial.

En agosto de 2019, el gobierno de Trump en su primer mandato pidió a un juez disolver el acuerdo. Su moción fue rechazada en diciembre de 2020 por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito federal.

En el gobierno de Joe Biden, las protecciones de supervisión para los niños migrantes fueron levantadas para el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) después de que se implementaron nuevas directrices el año pasado.

El Departamento de Seguridad Nacional todavía está obligado por el acuerdo, incluyendo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que detiene y procesa a los niños tras su llegada a Estados Unidos con o sin sus padres. Los niños luego son usualmente liberados junto con sus familias o enviados a un refugio operado por el HHS, aunque los tiempos de procesamiento a menudo aumentan cuando el número de personas que ingresan incrementa en un corto lapso.

ncluso con el acuerdo en vigor, ha habido casos en los que el gobierno federal no ha proporcionado condiciones adecuadas para los niños, como en un caso en Texas donde casi 300 niños tuvieron que ser trasladados de una instalación de la Patrulla Fronteriza tras informes de que estaban recibiendo alimentos, agua y saneamiento inadecuados.

“He pasado años luchando por los niños bajo custodia del gobierno porque he visto el impacto que la detención tiene en ellos: noches sin dormir en pisos de concreto frío con luces brillantes y sin mantas, días o semanas sin ver el sol, enfermedades y lesiones no tratadas, y el trauma insoportable de ser separados de hermanos, padres o abuelos”, dijo el jueves Leecia Welch, directora legal adjunta de Children’s Rights.

Monitores designados por la corte proporcionan supervisión del acuerdo e informan sobre instalaciones inadecuadas a Gee. En 2020, un monitor pidió al gobierno que dejara de detener a niños de tan solo 1 año de edad en hoteles antes de expulsarlos a sus países de origen. Otros monitores también encontraron que los niños fueron mantenidos en condiciones que los expusieron al virus COVID-19 durante la pandemia.

Se suponía que la CBP reanudaría su propia supervisión, pero en enero un juez federal dictaminó que no estaba lista y extendió el uso de monitores designados por la corte por otros 18 meses.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

(AP foto/Dario Lopez-Mills, Pool)

POR  VALERIE GONZALEZ