- Detalles
- Kevin Viscafe
- Noticias E.E.U.U
- 137
WASHINGTON (AP) — El jueves, la Corte Suprema parecía decidida a mantener un bloqueo a las restricciones del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento mientras buscaba una manera de reducir las órdenes judiciales a escala nacional.
No se sabe cómo podría ser tal decisión, pero la mayoría de la Corte expresó preocupaciones sobre lo que sucedería si se permitiera, incluso temporalmente, que el gobierno de Trump negara la ciudadanía a los niños nacidos de personas que están en Estados Unidos sin autorización.
Los jueces escucharon argumentos en las apelaciones de emergencia del gobierno sobre órdenes de tribunales inferiores que han mantenido las restricciones de ciudadanía en suspenso en todo el país. Las órdenes judiciales a escala nacional, o universales, surgieron como un control importante a los esfuerzos de Trump para reformar el gobierno y como una creciente frustración para el presidente republicano y sus aliados.
Los jueces han emitido 40 órdenes judiciales a nivel nacional desde que Trump comenzó su segundo mandato en enero, dijo el Procurador General D. John Sauer al tribunal, al inicio de la presentación de argumentos, que duró más de dos horas.
La ciudadanía por nacimiento es uno de los varios temas, muchos relacionados con la inmigración, que el gobierno ha pedido al tribunal que aborde de manera urgente.
Los jueces también estudian las solicitudes del gobierno de Trump para poner fin al permiso de residencia humanitaria para más de 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y para retirar otras protecciones legales temporales a otros 350.000 venezolanos. La administración sigue enfrascada en batallas legales sobre sus esfuerzos para deportar rápidamente a personas acusadas de ser miembros de pandillas a una prisión en El Salvador según una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
El primer día de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que negaría la ciudadanía a los niños nacidos de personas que están en el país de manera ilegal o temporal.
La orden entra en conflicto con una decisión tomada en 1898 por la Corte Suprema, en la que se sostiene que la Cláusula de Ciudadanía de la 14ta Enmienda otorgaba la ciudadanía a todos los niños nacidos en Estados Unidos, con excepciones limitadas que no están en cuestión en este caso.
Los estados, inmigrantes y grupos de derechos humanos demandaron casi de inmediato, y los tribunales inferiores prohibieron rápidamente la aplicación de la orden mientras los juicios avanzan.
La lucha actual se relaciona con las reglas que se aplican mientras los juicios continúan.
Los jueces liberales de la corte parecían apoyar firmemente las decisiones de los tribunales inferiores, que encontraron que los cambios en la ciudadanía que Trump quiere hacer alterarían la interpretación establecida de la ciudadanía por nacimiento que ha existido por más de 125 años.
El uso de la ciudadanía por nacimiento para reducir las órdenes judiciales a escala nacional es extraño, dijo la jueza Elena Kagan. “Todos los tribunales han fallado en su contra”, le dijo a Sauer.
Pero si el gobierno gana en los argumentos de hoy, aún podría hacer cumplir la orden contra personas que no han demandado, dijo Kagan. “Todos esos individuos van a ganar. Y los que no pueden permitirse ir a la corte, son los que van a perder”, dijo.
Varios jueces conservadores que podrían estar abiertos a limitar las órdenes judiciales a nivel nacional también querían conocer los efectos prácticos de tal decisión, así como la rapidez con la que el tribunal podría llegar a una decisión final sobre la orden ejecutiva de Trump.
El juez Brett Kavanaugh presionó a Sauer con una serie de preguntas sobre cómo el gobierno federal podría hacer cumplir la orden del presidente.
“¿Qué hacen los hospitales con un recién nacido? ¿Qué hacen los estados con un recién nacido?” dijo.
Sauer dijo que no necesariamente harían nada diferente, pero el gobierno podría encontrar formas de rechazar documentación con “la designación incorrecta de ciudadanía”.
Kavanaugh continuó presionando para obtener respuestas más claras, señalando que la orden ejecutiva solo daba al gobierno unos 30 días para desarrollar una política. “¿Cree que pueden organizarlo a tiempo?”, preguntó.
El gobierno de Trump, al igual que el de Biden, se ha quejado de que los jueces están excediéndose al emitir órdenes que se aplican a todos y no solo a las partes que se presentan ante el tribunal.
Retomando ese tema, el juez Samuel Alito dijo que no quería faltar al respeto a los jueces de distrito del país cuando opinó que a veces sufren de una “enfermedad ocupacional... ‘Tengo razón, y puedo hacer lo que quiera’”.
Pero la jueza Sonia Sotomayor formó parte de los juzgadores que plantearon el confuso mosaico de reglas que resultaría si las órdenes judiciales se redujeran y si pudieran entrar en vigor temporalmente nuevas restricciones sobre la ciudadanía en más de la mitad del país.
Algunos niños podrían ser “apátridas”, dijo Sotomayor, porque se les negaría la ciudadanía en Estados Unidos, así como en los países de los que sus padres huyeron para evitar la persecución.
El Procurador General de Nueva Jersey, Jeremy Feigenbaum, en representación de los 22 estados que demandaron, dijo que la ciudadanía podría “encenderse y apagarse” para los niños que cruzan el río Delaware entre Camden, Nueva Jersey, donde los niños afectados serían ciudadanos, y Filadelfia, donde no lo serían. Pensilvania no es parte de la demanda.
Una posible solución para el tribunal podría ser encontrar una manera de reemplazar las órdenes judiciales a escala nacional con la certificación de una demanda colectiva, en la que los individuos actúan como representantes de un grupo mucho más grande de personas en situaciones similares.
Tal caso podría presentarse rápidamente, se podrían realizar acciones inmediatas al respecto, e incluso podría aplicarse a nivel nacional.
Pero bajo el interrogatorio de la jueza Amy Coney Barrett y otros, Sauer dijo que el gobierno de Trump podría oponerse a tal demanda o intentar ralentizar las demandas colectivas.
Los argumentos de la Corte Suprema sobre apelaciones de emergencia son infrecuentes. Los jueces casi siempre tratan con el fondo subyacente de una disputa.
Pero el gobierno no pidió al tribunal que aborde el tema general ahora y, si la corte se pone del lado de la administración con respecto a las órdenes judiciales a nivel nacional, no se sabe cuánto tiempo se aplicarían reglas incongruentes sobre la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos.
Se prevé una decisión para finales de junio.
