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Blinken IsrraelJERUSALÉN (AP) — El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió el miércoles con líderes israelíes dentro de sus esfuerzos por buscar un cese el fuego entre Israel y Hamás, y dijo que “este es el momento” de un acuerdo que libere rehenes y haga una pausa en los casi siete meses de guerra en Gaza.
El diplomático ha dicho que Hamás sería el responsable si no se consigue armar un acuerdo.
Blinken está en su séptima visita a la región desde que estalló la guerra en octubre, en un intento de conseguir un esquivo acuerdo entre Israel y Hamás que podría evitar una incursión israelí en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, donde se han cobijado cientos de miles de palestinos.
La ronda actual de conversaciones parece seria, pero los dos bandos siguen muy alejados en un aspecto clave: si el acuerdo debería suponer el final de la guerra.
“Estamos decididos a conseguir un cese al fuego que lleve a los rehenes a casa y a conseguirlo ahora, y el único motivo por el que eso podría no conseguirse es por Hamás”, dijo Blinken al presidente de Israel, Isaac Herzog, en una reunión en Tel Aviv. La presidencia es un cargo representativo en Israel.
“Hay una propuesta sobre la mesa, y como hemos dicho, ni demoras ni excusas. Este es el momento”, dijo.
El pacto también llevaría comida, medicamentos y aguas que se necesitan con urgencia en Gaza, dijo Blinken. La guerra ha provocado una crisis humanitaria y desplazado a buena parte de la población en el territorio.
Blinken también se reunió con el primer ministro, Benjamin Netanyahu. Los dos hablaron sobre los esfuerzos de alcanzar un cese el fuego y Blinken reiteró la posición estadounidense sobre Rafah, según el vocero del Departamento de Estado Matthew Miller.
El secretario de Estado también habló sobre la “mejora” en la entrega de ayuda a Gaza en el último mes y pidió a Netanyahu que trabaje en ese aspecto, dijo Miller.
Antes se reunió con Herzog y recibió en su hotel a familiares de estadounidenses retenidos por Hamás, Blinken habló brevemente con unas docenas de manifestantes que pedían un acuerdo inmediato de liberación de rehenes en una acera frente al edificio.
Los manifestantes, que coreaban “SOS, EEUU, sólo tú puedes salvar el día” y “En Blinken confiamos, tráiganoslos a casa”, los manifestantes le instaron a transmitir sus demandas a Netanyahu.
El secretario de Estado dijo a las familias que había una propuesta muy sólida sobre la mesa y que Hamás debía aceptarla. “Esta es nuestra determinación, y no descansaremos, no pararemos hasta que ustedes se reúnan con sus seres queridos”, afirmó.
Blinken estaba en el último tramo de una gira por la región que antes le llevó a Arabia Saudí y Jordania, donde instó a Hamás a aceptar la última propuesta, que describió como “extraordinariamente generosa” por parte de Israel.
También tenía previsto visitar un puerto israelí por el que llega ayuda para Gaza, según el Departamento de Estado.
Washington ha respaldado con firmeza la guerra de Israel desde el ataque sin precedentes de Hamás del 7 de octubre contra el sur de Israel. Pero se ha mostrado cada vez más crítico con la demoledora cifra de víctimas entre los civiles de Gaza, y especialmente el plan israelí de atacar Rafah, la ciudad más meridional de Gaza y donde unos 1,5 millones de palestinos se cobijan de los combates en otros lugares, indicando que cualquier gran ofensiva allí podría suponer daños para los civiles y debe evitarse.
Netanyahu ha prometido varias veces invadir Rafah, que describe como el último bastión de Hamás, en el enclave costero y el martes aseguró que lo haría “con o sin” un acuerdo de cese el fuego.
La propuesta que se debate ahora —mediada por Estados Unidos, Egipto y Qatar— supondría liberar a docenas de rehenes a cambio de seis semanas de receso en los combates en una fase inicial, según un funcionario egipcio y medios israelíes. También se liberarían cientos de prisioneros palestinos en poder de Israel, incluidos algunos que cumplen largas condenas.
Pero sigue sin haber acuerdo sobre qué ocurriría después. Hamás ha pedido garantías de que la liberación de todos los rehenes supondría el final de la campaña israelí de casi siete meses sobre Gaza y una retirada de sus tropas del maltrecho territorio.
Israel sólo ha ofrecido una extensión de la tregua y promete reanudar su ofensiva una vez pase la primera fase del acuerdo. El tema ha obstaculizado de forma reiterada los esfuerzos de los mediadores durante las conversaciones de los últimos meses.
Aunque las conversaciones parecían ganar impulso, un funcionario egipcio dijo el miércoles que Hamás había pedido a los mediadores egipcios y cataríes que aclarasen los términos de la última propuesta, lo que podría demorar el proceso.
El funcionario, familiarizado con las negociaciones y que habló bajo condición de anonimato para comentar libremente el acuerdo, dijo que Hamás quiere unos términos claros sobre el regreso incondicional de los desplazados al norte de Gaza para garantizar que la segunda fase del acuerdo incluye comenzar la retirada gradual y completa de todas las tropas israelíes de toda la Franja de Gaza.
El funcionario dijo que el acuerdo actual no explicaba por completo quién podría regresar al norte y cómo se decidiría.
Mientras continuaban los contactos, también lo hacían los combates. Un ataque aéreo israelí golpeó una casa el martes por la noche en el centro de Rafah, una ciudad que Israel ha atacado de forma reiterada pese a las multitudes que se han cobijado allí, y mató al menos a dos niños, según autoridades hospitalarias. Los cuerpos de los niños muertos fueron llevados al hospital Abu Yousef al-Najjar. Un periodista de Associated Press vio los cuerpos en la morgue del hospital mientras los familiares lloraban las muertes.
El ejército israelí dijo el miércoles que estaba operando en el centro de Gaza, donde según dijo aviones de combate habían golpeado a milicianos, uno de los cuales estaba preparando explosivos.
La guerra entre Israel y Hamás comenzó con el ataque sin precedentes del 7 de octubre en el sur de Israel, en el que milicianos mataron a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y secuestraron a unas 250. Israel dice que los milicianos aún retienen a unos 100 rehenes y los restos de más de 30 ya fallecidos.
La guerra en Gaza ha matado a más de 34.000 palestinos, según funcionarios locales de salud. La guerra ha expulsado de sus hogares en torno al 80% de la población de Gaza de 2,3 millones de personas, ha causado una amplia destrucción en varias ciudades y pueblos y dejado al norte de Gaza en riesgo de hambruna.
Mednick informó desde Tel Aviv, Israel. El periodista de Associated Press Samy Magdy, en El Cairo, contribuyó a este despacho.
SAM MEDNICK
Mednick is the West and Central Africa reporter for the Associated Press. She focuses on conflict, humanitarian crises and human rights abuses.
(Evelyn Hockstein/Pool Foto via AP)

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Ecuador defiendeLA HAYA (AP) — Ecuador defendió el miércoles su asalto a la embajada mexicana en Quito del mes pasado y dijo a los jueces en una importante corte de Naciones Unidas que actuó para detener a un “delincuente común”, en referencia a un exvicepresidente de Ecuador que estaba refugiado en la sede diplomática.
La declaración de los abogados de Ecuador formaba parte de la instrucción de un caso iniciado por México en la Corte Penal de Justicia que acusa a Quito de incumplir de forma flagrante los tratados internacionales al asaltar la embajada para detener al exvicepresidente Jorge Glas.
La operación del 5 de abril, ocurrida horas después de que México concediera asilo a Glas, avivó las tensiones que se habían ido acumulando entre los dos países desde que el exvicepresidente, que fue condenado por los tribunales y estaba prófugo, se refugió en la delegación diplomática en diciembre.
Líderes de toda América Latina condenaron la operación como una flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
“Durante meses, México utilizó de forma incorrecta sus instalaciones diplomáticas en Quito para acoger a un delincuente común” condenado dos veces por corrupción y otros delitos, según dijo a los jueces el jefe del equipo legal de Ecuador, Andrés Terán Parral.
En el caso, presentado el 11 de abril, México pidió al tribunal que le conceda reparaciones y suspenda a Ecuador en Naciones Unidas. También pide “medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad a los recintos diplomáticos” y evitar futuras incursiones.
“Hay líneas en el derecho internacional que no se deben traspasar. Lamentablemente, la República del Ecuador las ha traspasado”, dijo ante la Corte Internacional de Justicia Alejandro Celorio Alcántara, asesor jurídico de la cancillería de México.
Sin embargo, Ecuador alegó el miércoles que la Corte Internacional de Justicia no tiene que tomar medidas porque Quito ya ha cumplido las demandas de México.
“Esta vista es innecesaria e injustificada porque Ecuador ya ha ofrecido garantías por voluntad propia, tanto a México como a esta corte, de que respetará y protegerá las instalaciones de México” y otras propiedades diplomáticas, dijo Terán Parral.
Otro abogado de Ecuador, Sean Murphy, dijo que México no ha hecho esfuerzos por negociar un acuerdo para resolver la disputa entre ellos, una de las condiciones previas para que la corte introduzca órdenes provisionales.
“No hubo ningún intento genuino de negociaciones”, dijo Murphy.
Es probable que los jueces tarden semanas en llegar a una decisión sobre la solicitud mexicana de medidas cautelares.
La víspera de la vista de dos días esta semana, Ecuador presentó una demanda ante la corte en la que acusa a México de utilizar su embajada para proteger a Glas de “la aplicación de la ley penal por parte de Ecuador” y alegó que sus acciones “constituyeron, entre otras cosas, un flagrante uso indebido de las instalaciones de una misión diplomática”.
Además, solicitó a la CIJ que determine que las acciones de México incumplieron una serie de convenciones internacionales. Por el momento no había fecha para la vista del caso presentado por Ecuador.
(AP Foto/Peter Dejong)
BY MIKE CORDER

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Mexico controlaCIUDAD DE MÉXICO (AP) — La decisión de México de arrebatarle el control de su sector petrolero a empresas estadounidenses y británicas se enseña en las escuelas y se celebra cada año. La nacionalización de 1938 es motivo de orgullo para millones de mexicanos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hace 16 años el mandatario lideró una lucha contra las reformas energéticas que pretendían atraer la inversión privada a la enorme empresa petrolera estatal Pemex.
Este año, Claudia Sheinbaum, la favorita en la carrera para suceder a López Obrador, eligió el aniversario de la expropiación petrolera para anunciar sus propuestas energéticas, que incluyen el mantenimiento de la producción de crudo a gran escala por parte de Pemex, la limitación de la inversión privada en generación eléctrica y la apuesta por las energías renovables pero mayoritariamente desde el Estado.
A pesar de las dificultades de su petrolera estatal, México sigue siendo uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Ninguno de los candidatos ha hablado de limitar la producción de crudo en el país latinoamericano.
En paralelo, la candidata oficialista, de 61 años, también quiere asegurarse de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), controlada por el gobierno, cubra con su generación energética la mayor parte de la demanda eléctrica de empresas y hogares, una postura que ha defendido López Obrador durante su sexenio que culmina en septiembre y que hará más difícil que México cumpla sus compromisos en materia de cambio climático.
Cerca de dos terceras partes de las plantas de la empresa eléctrica pública —que mantiene el monopolio de la transmisión y distribución de electricidad desde que se estableció por decreto presidencial en 1937— funcionan a partir de combustibles fósiles y el restante 33% tiene tecnologías libres de carbono.
México se ha comprometido a que en 2030 el 43% de la energía que se genere proceda de fuentes no contaminantes. En la actualidad, apenas alrededor del 22% de la electricidad producida en México procede de fuentes limpias, según estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La posición de Sheinbaum no sorprende a los analistas. El coordinador de energía y medio ambiente del IMCO, Oscar Ocampo, afirmó que para la candidata gubernamental “sería costoso alejarse de esa línea oficial”.
De hecho, la exalcaldesa de Ciudad de México se ha comprometido a seguir aumentando la capacidad de refinación de Pemex, una receta que no contribuye a la reducción de los combustibles fósiles por parte de una científica convertida en política.
En el debate presidencial del domingo, aunque Sheinbaum quiso resaltar sus conocimientos científicos en temas climáticos, apenas mencionó superficialmente la reducción de las emisiones que causan el cambio climático como parte de un proceso de transición energético.
Defendió, además, que la gran refinería que construyó López Obrador ayudará a reducir la importación de gasolina y reprochó que la candidata opositora Xóchitl Gálvez quiera privatizar Pemex, algo que ésta negó.
Frente a la estrategia del oficialismo está la apuesta de la oposición por el sector privado.
En ese mismo segundo debate, Gálvez lanzó que las energías renovables eran clave para el país. “Hay quien cree que éstas ponen en riesgo sistema eléctrico nacional”, dijo, en alusión a Sheinbaum. “Yo propongo el 50% de energías renovables para el 2030”, defendió. Y, para ello, dijo que contaría con mayor participación de la inversión privada.
La exsenadora, de 61 años, es la candidata de una coalición de partidos ideológicamente diferentes y principal rival de Sheinbaum. Gálvez llegó al Senado en 2018 de la mano del conservador Partido de Acción Nacional, que años antes había impulsado las reformas del sector energético que forzaron una mayor apertura al sector privado.
Esas reformas abrieron la industria a la contratación privada en el sector de los servicios, pero Pemex mantuvo su monopolio sobre la exploración, los oleoductos y la distribución de gasolina.
Gálvez ha dicho que quiere mejorar la eficiencia y las finanzas de Pemex y ha propuesto cerrar dos refinerías que pierden dinero. El candidato Jorge Álvarez Máynez, del pequeño Movimiento Ciudadano, también ha planteado cerrar dos refinerías.
Al recordar cómo desde la escuela primaria se enseña a los mexicanos la expropiación petrolera, Julia González Romero, consejera de la firma local de abogados González Calvillo y especialista en temas regulatorios, ambientales y energéticos, afirmó que es comprensible que en medio de la campaña electoral surja la discusión sobre la participación de los privados y del Estado en el negocio energético.
“Está en el ADN de nuestra política discutir qué tanto debe participar la parte privada en el sector”, dijo González Romero.
Durante su gobierno, el mandatario saliente López Obrador impulsó una reforma para dar preferencia a la CFE sobre las plantas privadas de generación de energía renovable y de gas natural, a pesar de que muchas de las instalaciones estatales queman combustibles contaminantes como el fueloil, el carbón o el diésel.
Esa reforma de 2022 fue después bloqueada en los tribunales y el gobernante mexicano decidió comprar el año pasado 13 plantas eléctricas —la mayoría de gas natural— a la española Iberdrola por casi 6.000 millones de dólares, lo que llamó la “nueva nacionalización”, asegurando que la empresa pública CFE generará la mayor parte de la electricidad del país.
Las políticas relacionadas con el clima retrocedieron durante el sexenio de López Obrador, según el proyecto científico independiente Climate Action Tracker, que hace un seguimiento de los compromisos de los países para limitar el calentamiento.
“Las emisiones de gases de efecto invernadero de México siguen aumentando —a pesar del breve bajón causado por la pandemia de COVID-19— y se prevé que sigan aumentando hasta 2030″, recoge un informe de esa iniciativa científica.
En su campaña, la candidata oficialista ha asegurado que la transición energética será uno de los “sellos” de su administración y ha hablado de dejar la puerta abierta a las empresas privadas. Pero Ocampo estima que hay “una diferencia fundamental en la magnitud de la participación” del sector privado entre las propuestas de Sheinbaum y Gálvez.
La opositora prefiere confiar en el sector privado para impulsar las inversiones en energías renovables y lanzó una propuesta para facilitar la instalación de paneles solares en los hogares y pequeñas empresas en todo el país. La empresaria tecnológica ha planteado, además, que Pemex debe orientarse hacia la energía geotérmica.
También quiere recuperar las subastas de energía que surgieron en 2016 para estimular la participación de privados en el desarrollo de centrales de generación de energías renovables y que el gobierno de López Obrador suspendió.
Por su parte, Sheinbaum quiere que Pemex se expanda hacia la producción de litio y la generación de electricidad geotérmica. La CFE desarrolló la generación de energía geotérmica hace años. En 2022, México nacionalizó la minería y extracción de litio y una empresa estatal tendrá derechos exclusivos para extraer el metal utilizado en baterías de automóviles eléctricos y otros dispositivos.
Edgar Olvera, un abogado de 45 años, considera que el sector privado podría traer más inversión para explotar los recursos naturales de México, pero también reconoció que lo que generen se iría para el extranjero. “Es que es un tema muy delicado, muy, muy delicado, porque sabemos que el gobierno también no hace al 100% las cosas correctas. Es un arma de dos filos”.
BY FABIOLA SÁNCHEZ
(Foto AP/Fernando Llano, Archivo)

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Liberan a ObispoCIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un obispo católico retirado que trató de mediar entre bandas delictivas rivales en México aparentemente fue secuestrado, pero más tarde fue localizado y trasladado a un hospital, informó la Conferencia del Episcopado Mexicano el lunes.
La Iglesia señaló en un primer comunicado que monseñor Salvador Rangel, un obispo emérito, desapareció el sábado, e hizo un llamado a sus captores para que lo liberaran
Pero la CEM señaló después que “ha sido localizado y se encuentra en el hospital”, sin especificar cómo fue encontrado o liberado.
Uriel Carmona, fiscal del estado de Morelos, donde desapareció el obispo, dijo que los indicios apuntan a un “secuestro exprés”.
Previamente, la CEM dijo que Rangel tenía problemas de salud y había suplicado a sus captores que, como un “acto de humanidad”, le permitieran tomar sus medicamentos
Rangel fue obispo en la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, una región notablemente violenta en el estado de Guerrero, en el sur del país, donde los grupos del narcotráfico han librado disputas territoriales durante años. En una iniciativa que más tarde contó con apoyo del gobierno, Rangel intentó convencer a los líderes de los grupos delictivos de ponerle fin al derramamiento de sangre y llegar a acuerdos.
Rangel aparentemente fue secuestrado en el estado de Morelos, al norte de Guerrero. El comunicado de la Conferencia del Episcopado pone al descubierto la delgada y peligrosa línea que deben caminar los prelados en zonas del país que están bajo el control del narcotráfico con el objetivo de no antagonizar con los capos de la droga que pueden ponerle fin a sus vidas en cualquier momento.
De momento se desconoce quién pudo haber secuestrado a Rangel. En la zona operan Los Tlacos, los Ardillos y La Familia Michoacana, tres grupos delictivos sumamente violentos. Ninguno de los cárteles se ha atribuido el secuestro hasta el momento.
Elementos de la fiscalía de Guerrero confirmaron el secuestro pero no dieron a conocer más detalles, limitándose a decir que estaban dispuestos a colaborar con las autoridades de Morelos, un estado que al igual que Guerrero se ha visto sumamente afectado por actos de violencia, homicidios y secuestros durante años.
Otros obispos anunciaron en febrero que habían ayudado a concretar una tregua entre dos cárteles rivales en Guerrero.
El reverendo José Filiberto Velázquez, quien estaba al tanto de las negociaciones de febrero pasado pero que no participó en ellas, dijo que las pláticas incluyeron a líderes de La Familia Michoacana y los Tlacos, también conocido como el Cártel de la Sierra.
Los obispos y sacerdotes intentan mediar entre cárteles con la esperanza de reducir las sangrientas disputas territoriales. Se asume que los grupos se dividirán los territorios en los que cobran extorsiones y derecho de piso y trafican con drogas sin que haya tantos muertos.
Previamente, el actual obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, dijo que él y otros tres obispos del estado habían dialogado con líderes del narcotráfico con el fin de negociar un acuerdo de paz en otra zona.
González Hernández señaló en su momento que estas negociaciones fracasaron debido a que los grupos delictivos no querían dejar de disputarse el territorio a lo largo de la costa del Pacífico. Estas batallas han afectado al transporte en al menos dos ciudades y han resultado en decenas de asesinatos en los últimos meses.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo en febrero que estaba a favor de este tipo de negociaciones.
“Siempre los sacerdotes, los pastores, integrantes de todas las Iglesias participan y ayudan a la pacificación del país”, señaló.
Los críticos aseguran que las negociaciones ilustran cómo las políticas del gobierno de no confrontar a los cárteles han orillado a la población civil a negociar sus propios acuerdos de paz con el crimen organizado.
El párroco de un poblado del estado de Michoacán que ha estado bajo dominio de un cártel durante años, dijo en febrero que las negociaciones eran un reconocimiento tácito de que el gobierno no podía brindar condiciones de seguridad.
(AP Foto/Alejandrino González)
BY MARK STEVENSON

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El Mundo
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Funerales chileSANTIAGO (AP) — Los cuerpos de tres policías asesinados que aparecieron en un vehículo incendiado en el sur de Chile fueron despedidos el domingo con todos los honores por los Carabineros, en un funeral en que se les ascendió de grado y se les consideró mártires.
El homicidio de los tres carabineros cuando patrullaban la zona de Cañete, en la región del Biobío a más de 400 kilómetros al sur de Santiago, causó conmoción en el país, ya que aparecieron calcinados el sábado en la madrugada en una camioneta blindada consumida por las llamas. Se cree que se trató de una emboscada, y la Fiscalía aún investiga con carácter reservado.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó el domingo a un programa de televisión local que, aunque no puede dar a conocer detalles de la investigación, los carabineros fueron baleados de muerte afuera del vehículo antes de que éste fuera incendiado.
“Fallecieron por los balazos que recibieron”, declaró la ministra en entrevista exclusiva con el programa “Mesa Central” del canal T13. Aún no está claro si esto sucedió en el lugar donde se encontró la camioneta incendiándose, agregó, e hizo notar que aún faltan “muchos detalles por resolver”.
Las armas de los carabineros y sus cascos no fueron localizados, y hay muchas incógnitas sobre lo que ocurrió, señaló Tohá, que ocupa el cargo gubernamental más alto después del presidente.
Los tres suboficiales mayores, que fueron ascendidos postmortem, fueron despedidos con todos los honores en un homenaje del organismo en Concepción, la capital del Biobío, donde fue posible ver a sus familiares y a muchos de sus compañeros llorando y al hijo de 3 años de uno de los fallecidos vestido de carabinero. El general director, Ricardo Yáñez, entregó a su viuda algunas de sus pertenencias.
Yañez, que encabezó la ceremonia, se dirigió a los autores de los hechos, advirtiéndoles que “los están buscando nuestros mejores equipos investigativos”, se ha solicitado ayuda a policías de países hermanos y “no vamos a descansar hasta detenerlos” y ponerlos a disposición de la justicia.
Tres personas fueron trasladadas a una comisaría del lugar por su posible vinculación con los hechos, pero “técnicamente no están detenidas” sino bajo un “control de identidad investigativo” para ser interrogadas, confirmó a la prensa el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien también dijo que se busca reforzar policial y militarmente la zona, en la que ya ha habido mayores controles en las últimas horas.
Monsalve indicó que la forma en que se llevaron a cabo los homicidios plantea un modus operandi distinto, e hizo notar que es posible que se trate de un cambio de estrategia en los hechos de violencia rural vinculados al conflicto mapuche, en el que desde hace décadas ciertos grupos se han enfrentado al Estado.
Por el momento ningún organismo se ha atribuido lo ocurrido ni tampoco descartado su participación, confirmó Tohá.
En la llamada Macrozona Sur, que comprende las regiones del Biobío y la Araucanía, rige desde mayo de 2022 un estado de excepción, donde los militares están a cargo del control de los caminos.
La zona donde ocurrieron los hechos, en la comuna de Cañete, es una de las más conflictivas del sur del país, con decenas de ataques registrados en esa área en los últimos años.
El cruce en el que se produjo el ataque “es un lugar donde históricamente ha habido varios incidentes graves”, señaló Tohá, y dijo que también es una zona donde la violencia había disminuido más, a la mitad de incidentes respecto del año pasado.
“Es un tipo de ataque que no se había visto nunca”, manifestó la ministra. Nunca se había visto “este modus operandi”, agregó, y dijo que el nivel de violencia y el despliegue policial en la zona es muy grande.
Tohá no descartó que los homicidios pudieran estar relacionados con el hecho de que el lunes haya sido declarado culpable el conocido líder indígena Héctor Llaitul por atentado a la autoridad y actos violentos. Llaitul encabeza la organización indígena Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
“Es bien común que las orgánicas, cuando están más débiles sus acciones, ya no empiezan a ser tan reivindicatorias, sino que más bien tienen por objeto intimidar a la justicia y defender a sus detenidos”, señaló Tohá.
De los 19 millones de chilenos, un 10% se reconocen como mapuches, que en muchos casos viven en comunidades. La mayoría acepta la política oficial de entregar pequeños terrenos a grupos que muchas veces carecen de recursos para explotarlas. Pequeños grupos minoritarios rechazan este plan y realizan actos violentos para exigir que se les restituyan las tierras de sus antepasados, los habitantes originarios de Chile.
Actualmente, la mayoría de las tierras, ubicadas a entre 500 y 700 kilómetros al sur de Santiago, están en manos de grandes empresas forestales, dueños de fincas y compañías de transportes.
El asesinato de los tres policías, ocurrido el día del Carabinero, fue especialmente doloroso y causó conmoción en un país que atraviesa una profunda crisis de seguridad. Algunos chilenos salieron a las calles a expresar su repulsa y en la noche dejaron velas frente a la sede central de la institución en Santiago. Miles también expresaron sus condolencias en un libro virtual habilitado para la ocasión.
(AP Foto/Esteban Félix)
BY PATRICIA LUNA
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  2. Hamás vuelve a plantear la posiblidad de una solución de 2 Estados, pero Israel no está convencido
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