PUTUCUAL, Venezuela (AP) — Algunas de las 10 mujeres y adolescentes que acudieron hace poco a una clínica médica en el este de Venezuela para recibir anticonceptivos gratuitos se veían un tanto incómodas cuando un trabajador de salud comunitaria les enseñó cómo utilizar adecuadamente un DIU, preservativos y fármacos anticonceptivos.

El trabajador de salud también les preguntó qué sabían sobre el VPH, la infección de transmisión sexual más habitual en todo el mundo y la causa de casi todos los cáncer de cérvix. De las 10, de entre 16 y 33 años -dos de las cuales habían viajado hasta Putucual en barco y autobús— sólo una había oído hablar del virus del papiloma humano en la escuela intermedia. El resto había hablado de ello con amigas y primas, pero nunca con sus padres.

Ninguna sabía que existen vacunas contra el VPH, a pesar de que los pediatras venezolanos recomiendan desde hace mucho administrarlas a todos los niños a partir de los nueve años.

El gobierno venezolano ha roto de forma reiterada su promesa de proporcionar los fármacos gratis, y muchos maestros de escuelas públicas no han implementado el requisito de impartir educación sexual. El gobierno del presidente Nicolás Maduro afirma que el bienestar de jóvenes y mujeres es una prioridad, pero en finalmente recae sobre los padres hablar a sus hijos sobre el VPH y pagar las vacunas en clínicas privadas. Eso está fuera del alcance de muchos en un país en el que los trabajadores del sector privado ganan de media 202 dólares al mes, y el salario mínimo mensual de los trabajadores públicos es 3,60 dólares además de 100 dólares en primas.

La mayoría de las infecciones del VPH son asintomáticas y desaparecen sin tratamiento. Pero algunas pueden provocar verrugas y cáncer en los genitales, especialmente en el cérvix, pero también en el ano, el pene y la garganta.

Hay pocas estadísticas oficiales de salud en Venezuela, lo que hace prácticamente imposible conocer la tasa de infección de VPH o cuánta gente se ha vacunado, ya sea por vía privada o en organizaciones no gubernamentales. Las estimaciones de cobertura de vacuna del VPH de la Organización Mundial de la salud muestran un espacio en blanco para Venezuela.

El gobierno de Maduro estimó en 2022 que el 30% de las mujeres venezolanas están afectadas por cepas de VPH que pueden provocar cáncer. Pero el Ministerio del Poder Popular para la Salud no hizo públicos los datos ni cifras históricas para mostrar su evolución.

Los profesionales de salud en el país suramericano dijeron a The Associated Press que la cifra del gobierno está por debajo de lo real.

“Con el VPH hay una deuda social y moral de todos los gobiernos con lo que respecta a la población femenina”, dijo el doctor Carlos Cabrera, ginecólogo y obstetra en una clínica privada y director del programa de medicina maternofetal en la Universidad Central de Venezuela. “Pero a la gente no le gusta hablar de la salud sexual y reproductiva”.

Cuando las vacunas del VPH llegaron al mercado a mediados de la década de 2000, las arcas del estado venezolano, dependientes del petróleo, estaban en buena forma. El precio del crudo —el recurso más valioso de Venezuela— subía de forma constante y el país producía más de un millón de barriles al día. En 2009, los médicos instaron al gobierno del presidente, Hugo Chávez, a introducir la vacuna en el calendario de vacunas, pero fueron ignorados.

En 2015, funcionarios del Ministerio de Salud parecían dispuestos a empezar a ofrecer las dosis y mencionaron en su reporte anual que el calendario de vacunación las incluiría y empezarían “a ser aplicadas a partir del año 2016”. Para entonces, los agujeros presupuestarios de Venezuela debido a la mala gestión financiera eran evidentes, pero las sanciones económicas de Estados Unidos aún no habían golpeado a la industria del petróleo.

La promesa más reciente de Venezuela sobre las vacunas se hizo en 2022 tras un acuerdo con GAVI, unas alianza global públicoprivada que ayuda a los países pobres a conseguir vacunas. Miembros del gobierno dijeron que esperaban que las entregas llegaran en 2023, pero ese año no se distribuyó ninguna dosis y tampoco aparecen en la lista de fármacos ofrecidos en la semana nacional de vacunación.

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información no respondió a preguntas de AP sobre la situación de las vacunas, incluidos los motivos del retraso.

GAVI, cuya asistencia tiene límites de tiempo y requiere compromisos de financiamiento de los gobiernos, dijo en un comunicado que Venezuela ha “reconfirmado su (...) intención” de introducir la vacuna del VPH en noviembre de 2023. La organización no respondió a una pregunta de AP sobre cuándo esperaba que llegaran las primeras vacunas, y se limitó a decir que los preparativos para desplegarlas toman un tiempo.

El calendario de vacunación del Ministerio de Salud sigue sin incluir la vacuna contra el VPH. Pero eso no ha impedido a la televisora estatal emitir de forma ocasional un anuncio de dibujos animados donde un superhéroe que recuerda a Maduro —"Super Bigote"— y enfrenta a adversarios acusados de querer “destruir todo” en Venezuela, incluidas las “vacunas de las mujeres más jóvenes”. En todo el mundo, las niñas y mujeres jóvenes son el principal grupo receptor de las vacunas contra el VPH.

Las clínicas privadas en Venezuela que obtienen la vacuna a través de importadores la venden por 100 dólares o más, dependiendo de la marca y la ciudad, y recomiendan uno o dos recordatorios, que suponen un gasto adicional. Muy pocos pueden permitirse eso: los salarios de empleados públicos y privados no bastan para cubrir la comida de un mes para una familia de cuatro personas, que supera los 350 dólares.

La concienciación sobre el VPH es otra cuestión: antes las escuelas públicas enseñaban sobre las enfermedades de transmisión sexual y daban la oportunidad a los alumnos de hacer preguntas que podrían no sentirse cómodos planteando a sus padres. Sin embargo, los educadores ahora ignoran en su mayor parte ese requisito de enseñar la materia, ya sea por creencias personales o porque sus escasos salarios obligan a los maestros a buscar un segundo o tercer trabajo, hasta el punto de que no están en los salones cinco días por semana.

“Teóricamente, en papel, tenemos un programa de educación sexual decente apegado a normas internacionales, con mensajes correctos”, dijo la doctora Lila Vega, pediatra y miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes de Venezuela, una ONG que fomenta la participación de padres y tutores en las escuelas. “Pero en la realidad, ni siquiera estamos enseñando a sumar y restar, y la educación sexual no es prioridad”.

Durante el mandato de Chávez, los ministerios de educación y cultura editaban e imprimían varios libros de texto gratuitos. “Vida y salud integral”, para alumnos de séptimo grado, tenía largas explicaciones sobre el embarazo adolescente, los métodos anticonceptivos y los riesgos de cáncer que suponían las infecciones del VPH. Incluía una imagen de “posibles lesiones causadas por el virus VPH”.

El gobierno de Maduro imprimió por última vez los libros en 2015. Las autoridades educativas establecieron después una biblioteca digital a la que los profesores pueden derivar a los alumnos, pero el libro sobre salud nunca se incorporó a la plataforma. Algunos maestros aún comparten una versión en PDF del libro con sus alumnos y otros indican a los niños que consulten copias antiguas en las bibliotecas escolares.

Adriana Yeguez, de 33 años y que participó en la sesión en la clínica de Putucual gestionada por la organización médica global Médicos Sin Fronteras, cree que los adolescentes como su hijo de 16 años necesitan más información de la que pueden conseguir por su cuenta o en la escuela. De modo que ella y su pareja le hablan del VPH.

“Nosotros sí le explicamos, sobre todo lo de las enfermedades”, dijo Yeguez. “¿Si se le pega? Imagínese. ¿Si no hay tratamiento? ¿Si no tenemos dinero?”.

Los estudios en algunos países latinoamericanos muestran que la falta de conocimiento entre los padres sobre el VPH era un obstáculo para las vacunaciones. Y en Venezuela, los médicos dicen que padres y administraciones también se resisten a la vacuna debido a tabúes culturales y a la falsa idea de que las niñas lo verán como una luz verde para la promiscuidad.

La vacuna previene más del 90% de los cánceres causados por el VPH. Yuly Remolina, investigadora y oncóloga en Ciudad de México, cree que esa estadística es el mejor argumento de por qué los gobiernos deben proporcionar las vacunas y los padres y adultos jóvenes deben solicitarlas.

“Es increíble seguir viendo a pacientes jóvenes con cáncer de cérvix que no se puede operar, que hay que darles quimioterapia y radioterapia, y que terminan falleciendo por esta causa”, dijo Remolina, que atiende a pacientes de Venezuela, Colombia y otros países latinoamericanos.

Por eso Daniel Rojas, trabajador de salud comunitaria en la clínica de Putucual, instó a las mujeres y adolescentes a buscar atención médica si sospechan que tienen una infección de VPH. “No dejen pasar los días pensando ‘será que sí, será que no’”.

BY REGINA GARCIA CANO

(AP Foto/Matias Delacroix).

NACIONES UNIDAS (AP) — Naciones Unidas pidió el martes que se lleve a cabo “una investigación clara, transparente y creíble” sobre las fosas comunes que se descubrieron en dos importantes hospitales de Gaza que fueron asaltados por las fuerzas armadas israelíes.

Investigadores con credibilidad deben tener acceso a estos lugares, dijo el portavoz de la ONU Stephane Dujarric, y añadió que se necesita que más periodistas puedan trabajar con seguridad en Gaza para informar los hechos.

Horas antes, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que quedó “horrorizado” por la destrucción en el centro médico Shifa, de Ciudad de Gaza, y en el Hospital Nasser, en la ciudad de Jan Yunis, así como por los reportes de descubrimientos de fosas comunes dentro y en las inmediaciones de las instalaciones después de que las fuerzas israelíes se retiraron de estos lugares.

Türk pidió una investigación independiente y transparente de los decesos, y señaló que “tomando en cuenta el actual clima de impunidad, esto debería incluir a investigadores internacionales”.

“Las leyes humanitarias internacionales establecen que los hospitales tienen el derecho a recibir protección especial”, indicó Türk. “Y la muerte intencional de civiles y detenidos, entre otras personas consideradas ‘hors de combat’ (incapaces de participar en un combate) constituye un crimen de guerra”.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, señaló el martes que los reportes de fosas comunes en los hospitales eran “increíblemente perturbadores”, y aseguró que funcionarios estadounidenses le han solicitado información al gobierno israelí.

El ejército de Israel señaló que sus fuerzas exhumaron cuerpos que los palestinos habían enterrado previamente, como parte de su búsqueda de restos de los rehenes capturados por Hamás durante el ataque del 7 de octubre que desencadenó la ofensiva israelí. Añadió que los cadáveres fueron analizados de manera respetuosa y que aquellos que no pertenecían a los rehenes israelíes fueron devueltos a su lugar.

Las fuerzas armadas israelíes señalaron que abatieron o detuvieron a cientos de combatientes que se habían resguardado dentro de los dos complejos hospitalarios, afirmaciones que no pudieron verificarse de forma independiente.

La defensa civil palestina en la Franja de Gaza declaró el lunes que había descubierto 283 cuerpos en una fosa común ubicada dentro del principal hospital de Jan Yunis, la cual fue creada cuando las fuerzas israelíes asediaron la instalación el mes pasado. En ese momento, las personas no podían enterrar a sus muertos en el cementerio y excavaron tumbas en el patio del hospital, indicó el grupo.

La defensa civil señaló que algunos de los cuerpos pertenecían a personas que murieron durante el ataque israelí contra el hospital.

Las autoridades sanitarias palestinas afirman que los operativos contra hospitales han destruido al sector salud de Gaza, mientras enfrenta el creciente saldo de muertos y heridos luego de seis meses de guerra.

La duda persiste sobre quién puede o debe llevar a cabo la investigación.

Para que Naciones Unidas pueda realizar una investigación, primero debe recibir la autorización de alguno de sus principales organismos, señaló Dujarric.

“Creo que no le corresponde a nadie adelantarse a los resultados o a quién la llevaría a cabo (la investigación)”, puntualizó. “Piense que debe ser una investigación en la que haya acceso y haya credibilidad”.

El fiscal de la Corte Internacional de Justicia, Karim Khan, dijo que después de visitar Israel y Cisjordania en diciembre pasado, una investigación del tribunal por posibles crímenes de guerra por parte de Hamás y las fuerzas israelíes “es una prioridad para mi oficina”.

El hallazgo de las fosas “es otro motivo por el que necesitamos un cese del fuego, por el que necesitamos ver el final de este conflicto y por el que necesitamos un mayor acceso a los trabajadores humanitarios, para la asistencia humanitaria, una mayor protección para los hospitales” y para la liberación de los rehenes israelíes, indicó Dujarric el lunes.

BY EDITH M. LEDERER

(AP Foto/Mohamed Haijar)

SANTIAGO, Chile (AP) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, reconoció el martes que los lazos entre su país y Venezuela atraviesan “situaciones complejas”, pero aseguró que las conversaciones de su gobierno con representantes venezolanos están generando resultados.

En un encuentro con medios extranjeros en el Palacio de La Moneda de la capital, Boric dijo que ha mantenido contacto periódico con el embajador de Chile en Venezuela para abordar las tensiones entre los dos países y otras “casos complejos”, como las expulsiones de migrantes venezolanos y el asesinato del disidente político Teniente Ojeda, que, según sostiene la Fiscalía chilena, se orquestó desde Venezulea y tuvo móviles políticos.

De acuerdo con el presidente, este “llamado de atención” por parte de Chile ha tenido ”resultados”, ya que en los últimos días el gobierno venezolano se ha comprometido en recibir los ciudadanos expulsados del país sudamericano y en colaborar en las investigaciones de la muerte de Ojeda, al tiempo en que ha admitido por primera vez la existencia de la banda criminal Tren de Aragua.

El asesinato en territorio chileno de Ojeda -un exteniente opositor al gobierno de Nicolás Maduro y refugiado político en Chile- y los impases por las políticas migratorias son dos de los principales factores que han vuelto a tensionar la relación bilateral entre Chile y Venezuela en los últimos meses.

En ese sentido, Boric remarcó que el país caribeño se ha mostrado abierto para resolver las cuestiones y alabó el compromiso “explícito” de la administración de Maduro de recibir a los “ciudadanos venezolanos expulsados tanto por vía administrativa como por vía judicial”, algo que hasta ahora “no se estaba produciendo”.

“Ya hay un compromiso explícito de poder llevar adelante este procedimiento y la próxima semana ya debiera salir un primer avión” con deportados venezolanos, adelantó el mandatario.

Igualmente ensalzó la promesa de las autoridades venezolanas de trabajar para detener, en el caso de que estén en Venezuela, a quienes hayan participado en el asesinato de Ojeda, por lo que descartó de momento una posible ruptura diplomática.

“Lo que necesitamos, más que retóricas, son acciones concretas y creemos que está avanzando en esa dirección. Y por lo tanto merece las presiones internas” y “creo que estamos cumpliendo con nuestro deber de utilizar todos los mecanismos diplomáticos y policiales para aclarar el caso del secuestro y además enfrentar a la criminalidad transnacional que hoy día vivimos”, afirmó.

Sobre las elecciones presidenciales que se celebrarán en julio próximo en Venezuela, Boric evitó hacer “especulaciones sobre un resultado”, pero aseguró que su gobierno abogará en “todas las instancias” para que esta sea una elección que “cumpla con todos los estándares democráticos y que sea validada por observadores internacionales imparciales”.

Sin embargo, manifestó cierta inquietud por las señales “preocupantes” en el proceso electoral, como la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado, y pidió que se respeten “todas las garantías constitucionales” para que todos los candidatos puedan competir en igualdad de condiciones.

“El gobierno venezolano tiene una prueba de fuego en estas elecciones. El mundo está mirando, el mundo está atento y nosotros, insisto, abogaremos por que en las elecciones se cumplan con todos los estándares democráticos”, finalizó.

BY NAYARA BATSCHKE

(Foto AP/Esteban Félix)

CARACAS (AP) — El presidente Nicolás Maduro se reunió el lunes con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) que realiza una visita en Venezuela para lanzar “un plan de trabajo” conjunto entre el alto tribunal de Naciones Unidas y las autoridades del país sudamericano en momentos que enfrenta una investigación sobre crímenes de lesa humanidad por la represión de las protestas antigubernamentales de 2017.

No se ofrecieron detalles inmediatos de lo abordado por Maduro y el fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, quien después mantuvo una reunión de trabajo en el palacio legislativo con el fiscal general venezolano Tarek William Saab y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y cercano colaborador de Maduro.

Khan comentó durante el encuentro en el Legislativo que mientras se investiga de forma independiente, existe la oportunidad de “apoyar la asistencia técnica para que haya una justicia realmente significativa”.

“Creo que hay unidad en una verdad central: que la oscura nube de sospechas o acusaciones no se disipará sin la suave brisa o los vientos de investigaciones creíbles”, añadió.

La visita tiene lugar un mes y medio después que los jueces de apelaciones de la CPI, con sede en La Haya, dictaminaron que esa instancia judicial internacional puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas --bajo el mando de Maduro-- durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2017.

El juez presidente del panel de apelaciones, Marc Perrin de Brichambaut, declaró en marzo pasado que el tribunal “rechaza las apelaciones” presentadas por Venezuela.

Venezuela sostiene que el proceso abierto en la CPI tendría como propósito “instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.

Khan anunció a finales de 2021 que abriría una pesquisa tras una larga investigación preliminar y una remisión oficial —una solicitud de indagación— en 2018 por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.

Sin embargo, la investigación a gran escala quedó en suspenso cuando las autoridades venezolanas indicaron que querían hacerse cargo del caso. La CPI es un tribunal de última instancia que investiga presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo, un sistema conocido como complementariedad.

Khan, quien siguió adelante con sus esfuerzos para continuar su investigación, la primera del tribunal en América Latina, argumentó que los esfuerzos venezolanos para impartir justicia “siguen siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido ningún impacto concreto en procedimientos potencialmente relevantes”.

Los jueces de la CPI autorizaron el año pasado reanudar las pesquisas en Venezuela. Los jueces señalaron en ese momento que “Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable”.

La administración de Maduro apeló el fallo, lo que llevó a la decisión del pasado primero de marzo.

El gobierno venezolano, aunque rechaza las acusaciones, ha expresado que está dispuesto a investigar y enjuiciar cualquier delito cometido en su territorio”, por parte de algún miembro de la fuerza armada, entre otros cuerpos de seguridad, a cargo de enfrentar acciones de violencia.

Paralelamente, los contactos con el fiscal jefe de la CPI se han mantenido en el marco de un memorando de entendimiento en que el gobierno de Maduro se comprometió a cooperar para esclarecer los hechos.

Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.

(Foto AP/Ariana Cubillos)