WASHINGTON (AP) — Una coalición de 21 fiscales generales estatales demócratas presentó el lunes una demanda impugnando las restricciones del gobierno de Trump a los servicios sociales para inmigrantes que están en el país sin autorización, incluido el programa preescolar federal Head Start , clínicas de salud y educación para adultos.

Los beneficios públicos individuales, como los cupones de alimentos y la ayuda financiera para la universidad, en gran medida no han estado disponibles para las personas en el país sin estatus legal, pero las nuevas reglas y directrices de la administración restringieron su acceso a los programas de nivel comunitario que reciben dinero federal.

La demanda, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, argumenta que el gobierno incumplió el proceso normativo y no notificó debidamente las condiciones impuestas a los fondos federales. También argumenta que los cambios causarán un perjuicio significativo.

“Estos programas funcionan porque son abiertos, accesibles y se basan en la compasión”, declaró James en un comunicado. “Este es un ataque infundado a algunos de los programas públicos más eficaces e inclusivos de nuestro país, y no lo permitiremos”.

Los cambios normativos anularon una interpretación de la era Clinton de las leyes federales sobre el acceso de los inmigrantes a los servicios. Las restricciones fueron anunciadas conjuntamente a principios de este mes por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Educación, el Departamento de Trabajo y el Departamento de Justicia.

Implementar verificaciones de documentación migratoria supondría una carga significativa para los programas y, en algunos casos, sería poco realista, según la demanda. El trabajo adicional probablemente afectaría los servicios que estos programas prestan a los ciudadanos estadounidenses, quienes a menudo provienen de familias de bajos ingresos y dependen de estos servicios para su salud y educación, según la demanda.

Head Start, un programa preescolar federal que ofrece terapia de desarrollo, cuidado infantil y educación preescolar a familias sin hogar o en situación de pobreza, no ha pedido a los participantes que verifiquen su estatus migratorio en el pasado.

Algunos proveedores de Head Start dijeron que no tienen el personal ni los recursos para comenzar a implementar dichas evaluaciones.

“Es probable que, para algunos programas, los costos de cumplimiento sean tan altos que provoquen su cierre”, afirma la demanda. “Muchos programas Head Start son entidades pequeñas que operan con márgenes de beneficio muy ajustados y es probable que cierren si enfrentan una carga administrativa significativa”.

Otros programas a nivel comunitario afectados por el cambio de regla incluyen servicios de salud mental en las escuelas, líneas directas de crisis y tratamiento de trastornos por uso de sustancias.

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ANNIE MA es un escritor nacional de Associated Press que cubre la educación K-12.

(Foto AP/Rebecca Blackwell, Archivo)