
Luengo, que llegó a Estados Unidos escapando de la inseguridad y la falta de insumos básicos de Venezuela en 2011, es una de los más de 229.000 venezolanos que han solicitado acogerse al TPS, un programa de protección temporal que les permite permanecer legalmente en el país hasta septiembre de 2022.
“El TPS era la única manera para estar legal de alguna manera, de tener una licencia de conducir, un permiso de trabajo”, expresó Luengo, quien en noviembre recibió la aprobación del pedido que presentó a finales de marzo, días después que el programa gubernamental se abrió para los venezolanos. “Estoy tranquila en la calle, sin miedo a que me agarre la policía”, dijo en una reciente entrevista con The Associated Press.
Unos 323.000 venezolanos podrían beneficiarse con el programa, reclamado durante años por la comunidad de inmigrantes sudamericanos para proteger a los que no han podido aún regularizar su situación migratoria en Estados Unidos. En apenas nueve meses desde que el gobierno del presidente Joe Biden lo lanzó a comienzos de marzo, hasta diciembre más del 70% de los venezolanos que podrían acogerse al TPS lo ha solicitado, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía.
Las autoridades, sin embargo, por ahora sólo han aprobado un puñado de las solicitudes presentadas: unas 15.700 entre marzo y finales de septiembre, cuando terminó el año fiscal 2021.

En declaraciones al programa “Fox News Sunday”, Manchin dijo que, luego de cinco meses y medio de negociaciones entre los demócratas en las que él fue el principal obstáculo de su partido para la aprobación, “no puedo votar para seguir adelante con este proyecto de ley. Simplemente no puedo. He intentado todo lo humanamente posible”.
Las palabras del senador por Virginia Occidental parecieron abrir la puerta para continuar con las negociaciones con Biden y los líderes demócratas en el Congreso para reformar la iniciativa. Pero también dijo que la medida moriría a menos que se cumplan sus exigencias de que el paquete sea menos costoso y extenso, algo que sería difícil de aceptar para muchos demócratas en un Congreso dividido por un margen de diferencia muy estrecho.
La iniciativa brindaría cientos de miles de millones de dólares para ayudar a millones de familias con hijos al extender un crédito fiscal por hijos más generoso, crear un sistema de preescolar gratuito e impulsar la ayuda a la atención infantil. Ofrece más de 500.000 millones de dólares en exenciones fiscales y gastos dirigidos a frenar las emisiones de carbono, que los expertos consideran la mayor inversión federal en la historia en el combate al cambio climático.
Otras disposiciones limitarían el incremento de precios de medicamentos por receta, crearían prestaciones para que personas inscritas en el sistema Medicare obtengan auxiliares de audición, e impulsaría la asistencia a los ancianos, la vivienda y la capacitación laboral. Prácticamente todo ello se pagaría con mayores impuestos a los más ricos y a las grandes corporaciones.

El portavoz de la policía de Haití, Gary Desrosiers, confirmó a The Associated Press la liberación de los rehenes restantes, pero de momento no ofreció más detalles.
“Damos gracias a Dios por haber escuchado nuestras plegarias —los 12 rehenes restantes están libres, escribió el grupo Ministerios de Ayuda Cristiana (CAM, por sus siglas en inglés) en un comunicado. “Todos nuestros 17 seres queridos ya están a salvo”.
Una caravana de al menos una docena de vehículos, incluidas camionetas de la Embajada de Estados Unidos y la Policía Nacional de Haití, llevó a los misioneros al aeropuerto de Puerto Príncipe el jueves por la tarde desde las oficinas del grupo misionero en Titanyen, al norte de la capital.
Horas antes, se pudo ver a personas abrazándose y sonriendo dentro de las instalaciones de los Ministerios de Ayuda Cristiana.
La noticia de su liberación se difundió rápidamente en Berlín, Ohio, donde la CAM tiene su sede.
“Es una respuesta a la oración”, dijo Ruth Miller, que trabajaba en la recepción del Amish & Mennonite Heritage Center de la ciudad.
Berlín se encuentra en el condado de Holmes, el corazón amish de Ohio, y muchos amish y menonitas son voluntarios en los ministerios de la CAM y hacen donaciones.
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El doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas en el país, le dijo al programa “Meet the Press” de la NBC que el “problema real” para el sistema de hospitales en Estados Unidos es que “tenemos a mucha gente elegible para vacunarse que no lo ha hecho”.
El prospecto de un invierno ensombrecido por una ola de infecciones es una grave inversión del optimismo proyectado por Biden hace 10 meses, cuando él le dijo a la CNN que el país pudiera estar de regreso a la normalidad para esta Navidad. Biden se ha cuidado de no prometer excesivamente, pero la confianza en el país ha sido vapuleada por una ola implacable de mutaciones del coronavirus que han dejado a muchos en el país emocionalmente exhaustos, desanimados y preocupados por nuevas infecciones.
Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, trató de defender la promesa previa del presidente en una entrevista separada el domingo con la CNN.
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En momentos en que empezaban a salir a la luz las consecuencias legales de la catástrofe meteorológica, las constantes lluvias se sumaron a las adversidades de los sobrevivientes.
Mientras recogían lo que quedaba de sus casas, los técnicos reparaban agujeros en los techos y los equipos de limpieza retiraban los enormes montículos de árboles caídos y otros escombros. El oeste de Kentucky, que resultó fuertemente golpeado por las tormentas, podría recibir hasta 5 centímetros (2 pulgadas) de lluvia para el domingo, informaron las autoridades.
“No está bien que la gente cuyas casas quedaron destruidas, que están intentando rescatar algo, ahora tengan que lidiar con esta lluvia”, dijo el jueves el gobernador de Kentucky, Andy Beshear.
La demanda, presentada en un tribunal estatal el miércoles por la tarde, acusa a la empresa de producción de velas Mayfield Consumer Products de violar las normas de seguridad y salud laboral de Kentucky al mantener a su personal en el trabajo a pesar del peligro de muerte y lesiones.
La demanda afirma que los trabajadores fueron amenazados con ser despidos si se marchaban en las horas previas al paso del tornado. La demanda solicita compensaciones por daños y perjuicios.