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En la demanda presentada ante una corte federal de Washington se afirma que Trump “trabajó con supremacistas blancos, grupos extremistas violentos y partidarios de su campaña para violar la Ley Ku Klux Klan y cometer actos de terrorismo interno en un intento ilegal de conservar el poder”.
El Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley presentó la demanda en representación de siete agentes. Los acusados son el expresidente Trump, su campaña, Roger Stone —aliado de Trump— y miembros de los grupos extremistas Proud Boys y Oath Keepers que estuvieron presentes en el Capitolio y en Washington el 6 de enero.
Legisladores demócratas han entablado dos demandas similares en los últimos meses. Alegan que las acciones de Trump y sus aliados provocaron el violento asalto al Capitolio que dejó docenas de agentes de policía heridos, demoró la certificación de la victoria electoral de Joe Biden y forzó a los legisladores a huir para protegerse cuando los insurrectos irrumpieron en la sede de la democracia estadounidense con bates, palos y otras armas.
Una comisión de la cámara baja que ha emprendido una investigación seria sobre los sucesos de aquel día solicitó el miércoles documentos a las agencias de inteligencia, policía y otros organismos del gobierno. La solicitud mayor a la fecha fue presentada al Archivo Nacional para pedirle información sobre Trump y su equipo.
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Biden dedicó el minuto de silencio a los militares caídos, mientras emitía un mensaje desde la Casa Blanca.
Atacantes suicidas y otros hombres armados mataron a 11 infantes de Marina y a un médico de la Armada, agresiones que Estados Unidos atribuyó a la célula local del grupo Estado Islámico. Los soldados estadounidenses efectuaban labores de revisión en accesos del aeropuerto, donde miles de afganos se han aglomerado desde hace casi dos semanas con la esperanza de que los incluyan en la evacuación.
“Estos soldados estadounidenses que dieron sus vidas fueron héroes, una palabra demasiado utilizada pero totalmente apropiada aquí”, declaró Biden.

El canciller Rogelio Mayta dijo además que los “mensajes de odio” de Almagro generan división en la OEA y animó a los países miembros a plantearse una nueva organización.
“La Secretaría General debería ser una instancia de articulación entre los Estados, capaz de crear encuentro en medio de las discrepancias y las visiones diferentes. Sin embargo, esta OEA con Almagro como secretario general no lo es para Bolivia y con pena vemos que tampoco para muchos de los Estados que hoy están representados aquí,” dijo Mayta.
Mayta anunció la semana pasada un reclamo en el Consejo Permanente del organismo contra Almagro por “injerencia en los asuntos internos nacionales”.
La OEA ratificó a principios de agosto su denuncia sobre una “manipulación dolosa de datos” en las elecciones en Bolivia de octubre de 2019 y no sólo negligencia, como había concluido una pericia de investigadores de la universidad española de Salamanca. Poco después, el presidente Luis Arce -heredero político del expresidente Evo Morales- y su gobierno rechazaron el informe de la OEA y revalidaron el documento de la universidad española que fue solicitado por el Ministerio Público.
La Fiscalía boliviana anunció la semana pasada que cerrará el caso y buscará el sobreseimiento de los acusados de fraude electoral basado en el informe de la universidad española.

Blinken dijo que, según cálculos del Departamento de Estado, había aproximadamente 6.000 estadounidenses que querían salir de Afganistán cuando empezó la evacuación el 14 de agosto, y que hasta el momento unos 4.500 ya abandonaron el país. La cifra de 6.000 es la primera estimación pública del Departamento de Estado sobre el número de estadounidenses que buscaban salir de Afganistán una vez que el Talibán tomó el control de la nación.
“Comprensiblemente, algunos de ellos están muy asustados”, comentó Blinken durante una conferencia de prensa en el Departamento de Estado.
Añadió que unos 500 han recibido instrucciones de cuándo y cómo acudir al caótico aeropuerto de Kabul para abordar los vuelos de evacuación.
Además, se está en contacto frecuente con unas 1.000 personas, o quizás menos, para determinar si aún quieren abandonar la nación. Blinken dijo que algunas de ellas podrían ya haber salido del país, otras tal vez quieran quedarse y unos cuantos podrían no ser ciudadanos estadounidenses.

Estados Unidos ha acelerado en los últimos días el proceso de evacuación aérea en medio de reportes de abusos a los derechos humanos que avivan las inquietudes sobre el destino de miles de personas que temen represalias por parte del Talibán e intentan salir del país.
Funcionarios del Pentágono expresaron confianza en que se pueda evacuar a todos los estadounidenses antes del próximo martes, la fecha límite que Biden había establecido mucho antes de que el Talibán completara la toma de Afganistán. Sin embargo, varios miles de extranjeros continúan en el país y tienen problemas para salir.
El Talibán, que recuperó el poder en el país casi 20 años después de haber sido derrocado por la invasión que encabezó Estados Unidos tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, insiste en que las evacuaciones aéreas deben completarse para el 31 de agosto. Cualquier decisión de Biden de prolongar el proceso podría reanudar la guerra entre los extremistas y los cerca de 5.800 soldados estadounidenses que ejecutan la evacuación desde el aeropuerto de Kabul.
En Kabul, el portavoz del Talibán, Zabihullah Mujahid, dijo en conferencia de prensa que Estados Unidos debe apegarse a su plazo, señalando que “después de eso no permitiremos que lleven afganos” en los vuelos de evacuación. Añadió que el Talibán les prohibiría a los afganos acceder a los caminos que llevan al aeropuerto y permitiría el paso a extranjeros con el fin de evitar una aglomeración. De momento se desconoce si detendrían a los afganos que son escoltados por extranjeros o que sean parte del proceso de evacuación de las naciones occidentales.