
Thomas Joseph Barrack, de 74 años, era uno de los tres hombres que fueron acusados en un tribunal federal de Nueva York por tratar de influenciar la política exterior cuando Trump se postuló a la presidencia en 2016 y posteriormente cuando ocupó el cargo.
Matthew Herrington, abogado de Barrack, no respondió de momento a un correo electrónico. Se tenía previsto que Barrack compareciera en un tribunal federal del sur de California.
Barrack, de Santa Mónica, California, fue acusado de asociación delictuosa, obstrucción de la justicia y de hacer múltiples declaraciones falsas durante una entrevista realizada el 20 de junio de 2019 con agentes federales. Matthew Grimes, de 27 años, y Rashid Sultan Rashid Al Malik Alshahhi, de 43 años, también fueron acusados en un acta de siete cargos de un tribunal federal de Brooklyn.
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El descenso reportado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se debe principalmente a la pandemia del coronavirus, que según las autoridades de salud es la responsable de cerca del 74% de la disminución general en la esperanza de vida. Más de 3,3 millones de estadounidenses fallecieron el año pasado, muchos más que en ningún otro año en la historia del país, y el COVID-19 fue el responsable de alrededor del 11% de esos decesos.
La esperanza de vida entre los afroestadounidenses no había bajado tanto en un año desde mediados de la década de 1930, durante la Gran Depresión. Las autoridades sanitarias no rastrean el dato en la comunidad hispana desde hace tanto, pero la caída de 2020 fue la más grande a un año registrada nunca.
Este abrupto descenso es “básicamente catastrófico”, dijo Mark Hayward, profesor de sociología de la Universidad de Texas que estudia los cambios en la mortalidad en el país.
Más allá del COVID-19, detrás de este declive hay otros factores. Las sobredosis por drogas rebajaron la esperanza de vida, especialmente entre las personas de raza blanca. Y el aumento de los homicidios fue una pequeña pero significativa causa en el caso de los afroestadounidenses, explicó Elizabeth Arias, la autora principal del reporte.
Otros problemas afectaron a negros e hispanos, como la falta de acceso a una atención médica de calidad, condiciones de vida de mayor hacinamiento y un mayor porcentaje de población con trabajos mal pagados, lo que hizo que siguiesen trabajando en el peor momento de la pandemia, apuntaron los expertos.

La nueva política codifica en gran medida el compromiso que Garland hizo en junio, cuando dijo que el Departamento de Justicia abandonaría la práctica de confiscar la información de los periodistas en investigaciones sobre filtraciones. Tiene como objetivo resolver un asunto políticamente complicado que durante mucho tiempo ha irritado a los fiscales del Departamento de Justicia que tratan de sopesar los derechos que la Primera Enmienda otorga a los medios de comunicación con el deseo del gobierno de proteger la información clasificada.
Pero el memorándum deja claro que los fiscales federales pueden, en algunos casos, obtener los datos de las comunicaciones de los periodistas, como en el caso de que el reportero sea sospechoso de trabajar para agentes de otro país o para organizaciones terroristas. También hay una excepción para situaciones con riesgos inminentes, como secuestros o delitos contra niños.
Garland se vio impulsado para actuar luego de las críticas que surgieron cuando se dio a conocer que, durante el gobierno del expresidente Donald Trump, el departamento había obtenido los datos de periodistas de The Washington Post, de CNN y de The New York Times como parte de unas investigaciones sobre quién había divulgado los secretos del gobierno relacionados con la pesquisa de Rusia y otras cuestiones de seguridad nacional.
También se obtuvo la información de unos miembros del Congreso federal y de su personal, así como del exasesor legal de la Casa Blanca, Don McGahn.
El anuncio de Garland se produjo luego de que el presidente Joe Biden dijo que no permitiría que el Departamento de Justicia obtuviera los registros de llamadas y correos electrónicos de periodistas, señalando que la práctica era “errónea”. Desde entonces, Garland y otros empleados de alto rango del Departamento de Justicia se han reunido con representantes de medios de comunicación, y ambas partes estuvieron de acuerdo en que eran necesarias nuevas políticas. Garland también ha dicho que respaldaría una legislación federal para añadir más protecciones para los periodistas.
La acción fue elogiada inmediatamente por defensores de medios.
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McCarthy informó el lunes que seleccionó al representante por Indiana Jim Banks — quien visitó recientemente al expresidente Donald Trump en sus viajes a la frontera de Estados Unidos con México y al club de golf de Trump en Nueva Jersey— para ser el republicano de mayor rango en la comisión. El líder republicano también designó al panel al representante por Ohio Jim Jordan; al representante por Illinois Rodney Davis; al representante por Dakota del Norte Kelly Armstrong; y al representante por Texas Troy Nehls.
La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi debe aprobar los nombres antes de que sean definitivos, de acuerdo con las reglas de la comisión. Un asistente de Pelosi indicó que se recibió la notificación de McCarthy, pero se desconoce cuándo o si aprobará a los integrantes republicanos. El asistente habló bajo condición de anonimato a fin de discutir las selecciones republicanas antes del anuncio oficial.
Los cinco republicanos que eligió McCarthy son abiertos simpatizantes de Trump, cuyos partidarios irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero para interrumpir la certificación del triunfo electoral del presidente Joe Biden.
Banks, Jordan y Nehls votaron ese día para revertir el triunfo de Biden, incluso después de los disturbios. Davis y Armstrong votaron a favor de certificar el triunfo de Biden.
Los nombramientos de McCarthy se producen después de que todos los republicanos, con dos excepciones, se opusieron a la creación de la comisión de 13 integrantes durante una votación en la Cámara de Representantes el mes pasado. La mayoría de los republicanos argumentaron que el panel de mayoría demócrata llevaría a cabo una investigación partidista. Originalmente, los representantes demócratas intentaron crear una comisión independiente compuesta por el mismo número de integrantes de ambos partidos para investigar la insurrección, pero ese intento fue bloqueado por senadores republicanos.

Luego de señalar que casi todas las muertes por COVID-19 están ocurriendo actualmente entre las decenas de millones de personas que no se han inoculado, a pesar de la amplia disponibilidad de vacunas, el doctor Vivek Murthy pintó un panorama inquietante sobre lo que podría deparar el futuro.
“Estoy preocupado por lo que vendrá porque estamos viendo un aumento de casos entre las personas no vacunadas en particular. Y aunque, si estás vacunado, estás muy bien protegido contra la hospitalización y la muerte, desafortunadamente eso no es así si no estás vacunado”, dijo Murthy al programa “State of the Union” de la cadena CNN.
Los casos de COVID-19 en Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 17.000 a nivel nacional en un periodo de 14 días por primera ocasión desde finales del otoño, e históricamente un alza en las muertes le sigue a un repunte en las enfermedades. Gran parte del problema está siendo impulsado por la variante delta, que fue detectada primero en la India, y que desde entonces ha afectado a Gran Bretaña y otros países, dijo Murthy.
Aunque en Estados Unidos las cifras de casos y hospitalizaciones siguen muy por debajo de los niveles registrados en el peor punto de la pandemia al comenzar el año, Murthy señaló que el deterioro de la situación muestra la necesidad de convencer a la gente para que se vacune.
“Es la forma más rápida y más efectiva que tenemos para salir de esta pandemia”, comentó.