
Cientos de personas, con gran cantidad de mujeres venidas de regiones del sur, protestaron el miércoles en Lima —durante el Día Internacional de la Mujer— contra la presidenta, la primera mujer al mando en Perú, y contra su ministro de Educación, Óscar Becerra, quien comparó hace poco a las mujeres manifestantes rurales con animales.
Por tres meses, miles de peruanos y peruanas han participado en manifestaciones que exigen la renuncia de Boluarte y de los miembros del Parlamento. En el contexto de las protestas, han muerto 66, de los cuales 48 son civiles fallecidos durante las respuestas de las fuerzas de seguridad. Las últimas cinco víctimas fueron militares que intentaban cruzar un río para evitar a los manifestantes.
Bertha Sucari, quien vino de la región sureña de Puno, dijo a la prensa “nos encontramos en Lima por culpa de una mujer”, en referencia a Boluarte y añadió “de todo el sur de los Andes hemos venido por buscar nuestros derechos”, incluyendo a la educación, salud y mejores condiciones de vida para las mujeres, sobre todo, para enfrentar el machismo.
Una de las concentraciones realizada en un parque de Miraflores, distrito turístico limeño, mostró a decenas de mujeres que llegaron para protestar contra Boluarte desde las zonas rurales de la región Puno, donde a inicios de enero se produjo el choque más letal entre la policía y manifestantes que dejó 18 civiles muertos, todos a causa de proyectiles de arma de fuego.

La del miércoles es la primera imputación en el conocido como Caso 05 que investiga los crímenes cometidos durante cinco décadas de conflicto en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, dos departamentos ubicados en el suroeste del país donde operaba el Bloque Occidental de las FARC.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado luego de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC en 2016, tiene abiertos 10 grandes casos en los que juzga a excombatientes de las FARC, miembros de la fuerza pública, agentes del Estado y civiles.
Al menos 18.677 niños y niñas fueron víctimas del reclutamiento forzado durante el conflicto armado en Colombia, según las cifras preliminares del Tribunal. Ese delito se investiga por separado en un caso que abarca a todo el país pero fue incluido dentro de las imputaciones realizadas el miércoles a los 10 exguerrilleros.
El Tribunal encontró que las FARC utilizaron el “reclutamiento como una estrategia político-militar como organización armada”, según el auto de imputación, especialmente desde fines de la década de 1990, con un “aumento significativo” desde 2011.
Antiguos máximos comandantes de las FARC han reconocido que la guerrilla reclutó a menores de edad a la fuerza, pero ha negado que se tratara de una práctica sistemática.
En la zona la mayoría de los menores de edad ingresados a las filas de la guerrilla eran indígenas o afrodescendientes, según versiones voluntarias de varios de los exguerrilleros. El excombatiente Efrén Núñez Pulido reconoció ante el Tribunal una política de ingreso de menores, entre ellos una “niña indígena menor de 15 años que después fue fusilada”.

Aunque en docenas de países se han producido avances significativos, la situación en lugares como Afganistán e Irán y los constantes crímenes y violaciones en casi todos los países del mundo son un sombrío recordatorio de que todavía queda mucho camino por recorrer.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, destacó el lunes que los derechos de las mujeres son objeto de “abusos, amenazas y violaciones” en todo el mundo y que, al ritmo actual, la igualdad de género no se alcanzará hasta dentro de 300 años. Los avances logrados durante décadas se están desvaneciendo porque “el patriarcado contraataca”.
La jornada se conmemora de diferente forma y grado en los distintos países.
En España, se espera que más de un millón de personas salgan a la calle en multitudinarias manifestaciones nocturnas en Madrid y Barcelona, entre otras ciudades. También se esperan grandes movilizaciones en muchas otras ciudades del mundo, mientras que algunas naciones realizarán solo actos minoritarios.
Las mujeres se concentraron el miércoles en las principales ciudades de Pakistán, incluyendo la capital, Islamabad, entre fuertes medidas de seguridad. Según los organizadores, serían marchas pacíficas que solo buscan reivindicar los derechos garantizados por la Constitución.

Los estadounidenses supervivientes estaban por la tarde de regreso a su país tras ser conducidos a toda velocidad a la frontera cerca de Brownsville, el extremo sur de Texas, en un convoy de ambulancias y camionetas escoltado por vehículos militares mexicanos artillados.
Un familiar de una de las víctimas dijo el lunes que los cuatro habían viajado juntos desde las Carolinas para que uno de ellos pudiera someterse a una cirugía estética de abdomen con un médico en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros, donde tuvo lugar el secuestro del viernes.
El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, aclaró que no hubo pago para el rescate de los estadounidenses y precisó que, según las investigaciones, el secuestro fue realizado por miembros del Cártel del Golfo que opera en esa región.
Aunque desde un inicio se abrieron varías líneas de investigación, como es habitual en estos casos, “por todo este intercambio de información se va fortaleciendo la línea de una confusión, no fue una agresión directa”, sostuvo el fiscal. Barrios descartó, además, que funcionarios de las agencias estadounidenses hayan actuado en territorio mexicano en este caso.
En la operación de rescate de los estadounidenses fue detenido José “N“, de 24 años, quien es originario de Valle Hermoso, Tamaulipas, y se encontraba en funciones de vigilancia de las víctimas.

El ministerio de Defensa indicó por la tarde que culminó las labores de rescate de los soldados al hallar el cadáver del último desaparecido, el cabo Carlos Quispe. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó antes que los soldados, que estaban acantonados en la ciudad de Ilave, intentaban llegar como tropas de refuerzo a Juli, una ciudad cercana donde el sábado las manifestaciones dejaron cinco civiles heridos junto a una comisaría y un tribunal incendiados.
El ministerio condenó “la actitud hostil... por parte de violentistas que les impidieron el paso”, lo que llevó a la patrulla militar a buscar otro camino que incluyó cruzar el río Ilave por otra zona. Ilave y Juli son ciudades de la región Puno, donde las manifestaciones antigubernamentales son las más contundentes del país. En esa región 18 civiles murieron el 9 de enero durante una respuesta policial a una manifestación cerca del aeropuerto.
El ministerio de Salud informó que otros cinco soldados fueron atendidos por hipotermia. Videos difundidos por las televisoras locales mostraron a grupos de manifestantes que rescataron, cargaron, vistieron y dieron alimentos a los soldados rescatados del río que tiritaban de frío. La mayoría de los soldados son hijos de campesinos de la zona. Muchos de los padres de los soldados forman parte de las manifestaciones.