LA HAYA, Holanda (AP) — El Tribunal Supremo de Holanda ratificó el viernes la decisión de una corte de menor que decretó que el país era parcialmente responsable de la muerte de unos 350 hombres musulmanes asesinados por las fuerzas serbobosnias durante la masacre de Srebrenica en 1995.

 

El alto tribunal decretó que los soldados holandeses de las fuerzas de paz de Naciones Unidas desalojaron a los hombres de su base militar cerca de Srebrenica el 13 de julio de 1995 a pesar de saber que “estaban en serio peligro de ser abusados y asesinados” por las fuerzas serbobosnias.

 

“El estado actuó de forma errónea”, dijo el juez presidente, Kees Streefkerk, que dijo a los familiares que pueden reclamar compensaciones al gobierno holandés.

 

“Ellos son responsables y siempre tendrán una mancha”, dijo con enojo Munira Subasic, una de los familiares que llevó el caso a los tribunales. “Sabemos qué pasó. No necesitamos que esta corte nos lo diga”.

 

El fallo, que confirma una sentencia de 2017 de una corte de apelaciones, es el último en la larga batalla legal de las conocidas como Madres de Srebrenica para hacer que el gobierno holandés asuma responsabilidades por las muertes de sus familiares en la peor masacre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

 

Los fallecidos estaban entre los 5.000 aterrorizados residentes musulmanes de Srebrenica que se refugiaron en la base de la fuerza de paz holandesa cuando la región fue tomada por las fuerzas serbobosnias comandadas por el general Ratko Mladic. El militar fue condenado por genocidio por un tribunal de crímenes de guerra de Naciones unidas en 2017 por idear la masacre que terminó con la vida de alrededor de 8.000 hombres y niños musulmanes. Mladic apeló su condena.

 

El Tribunal Supremo dijo que los familiares de las víctimas pueden reclamar el 10% de sus perjuicios financieros porque estimó que los hombres habrían tenido un 10% de posibilidades de sobrevivir si los soldados holandeses les hubiesen permitido quedarse en el complejo. La estimación fue menor a la contemplada por la corte de menor rango, que fijó el 30%, lo que supone que las posibles compensaciones son menores.

BUENOS AIRES (AP) — A las 9:53 de este jueves, la policía y los bomberos de la ciudad de Buenos Aires harán sonar simultáneamente sus sirenas en memoria de las 85 víctimas del atentado contra un centro judío al cumplirse un cuarto de siglo sin que haya sido esclarecido.

 

Así comenzará el acto en el que la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), blanco del ataque de 1994, y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) reclamarán como cada año justicia para el peor atentado terrorista ocurrido en Argentina.

 

Por el ataque a la AMIA no hay ningún condenado ni detenido. La justicia local considera que el gobierno de Irán fue el ideólogo, que el grupo terrorista Hezbolá fue el autor material y están vigentes alertas rojas de Interpol para la detención de varios exfuncionarios y ex diplomáticos que ese país se niega a entregar.

 

La investigación estuvo plagada de irregularidades, tal como lo determinó un tribunal que en 2004 absolvió a una veintena de personas señaladas como la “conexión local” del atentado, por lo que declaró nulos diversos actos del proceso judicial y pidió investigar la responsabilidad que tuvieron miembros de la justicia y del gobierno del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) en el encubrimiento de los autores el ataque.

 

El exmandatario estaba acusado de intervenir en la causa judicial para que no se investigara a un empresario de origen sirio amigo de su familia, pero fue absuelto por un tribunal en febrero de este año. En el mismo juicio fue condenado a seis años de prisión el primer juez de la causa, dos fiscales y el exjefe de Inteligencia de Menem por los delitos de peculado y encubrimiento.

 

En tanto, la exmandataria Cristina Fernández (20017-2015) --quien se postula a la vicepresidencia en las próximas elecciones generales de octubre-- será juzgada junto a 11 exfuncionarios y allegados a su gobierno por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado en una fecha que aún no ha sido determinada.

 

Fernández niega haber formado parte de un plan para dotar de impunidad a los exfuncionarios y ex diplomáticos iraníes, pero la justicia sospecha que la protección a los acusados se ideó mediante la firma de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán a principios de 2013.

 

El pacto con Irán ocasionó la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en 2015 contra la entonces mandataria por supuesto encubrimiento. Pocos días después de acusar a Fernández y un día antes de presentarse ante el Congreso para dar los detalles de su denuncia, Nisman fue hallado muerto de un tiro en la cabeza en su apartamento el 18 de enero de 2015. La justicia considera que fue asesinado.

 

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NUEVO LAREDO, México (AP) — La hondureña de La Ceiba llegó a la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo con sus hijos de 5 y 12 años y la promesa de un trabajo. En vez de ello, unos desconocidos los llevaron a la habitación de un hotel e intentaron, sin éxito, extorsionar telefónicamente a algún pariente. Después de tres días, la familia escapó cuando no había nadie vigilando y se refugió en una iglesia.

 

“No quiero salir a la calle, tengo miedo de que los mismos hombres (...) me hagan algo a mí o mis muchachos”, cuenta esta mujer de 32 años y cara redonda que pide guardar el anonimato por cuestiones de seguridad.

Mientras México y Estados Unidos intentan controlar el flujo migratorio, sobre todo de centroamericanos, hacia el norte, el miedo es una constante en miles de migrantes que esperan en la frontera. La situación se agrava en Tamaulipas, uno de los estados más violentos y con mayor número de desaparecidos del país. El gobierno estadounidense recomienda a sus ciudadanos no pisar la región, donde el crimen organizado se ceba con los migrantes desde hace años, a quienes roba, extorsiona, secuestra, asesina o desaparece.

 

La hondureña, que huyó de su país por amenazas cuando recorría colonias populares como funcionaria del estado, pidió asilo en México, pero le robaron los documentos y el teléfono cuando aún estaba en el sur. Ella y su familia fueron obligados a subir a una camioneta cuando caminaban por la calle pero, afortunadamente, en un retén un poco más adelante les bajaron a todos.

 

Después del nuevo susto, esta vez en Nuevo Laredo, tiene miedo.

 

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LOS TEQUES, Venezuela (AP) — El clarinete Yamaha de Karen Palacios está donde ella lo dejó, sobre la partitura de un concierto de Mozart que ensayó diligentemente la noche antes de que dos extraños vestidos de negro se la llevaran en una camioneta deportiva de lujo.

 

Los captores de la intérprete de 25 años le hicieron creer que era requerida para una entrevista con una unidad de víctimas en el palacio presidencial.

 

En lugar de eso, fue trasladada a la prisión militar más conocida de Venezuela y encerrada junto a los principales críticos del gobierno por violar la subjetiva ley contra el odio. Su delito: publicar un mensaje en redes sociales mostrando su frustración con el gobierno del presidente Nicolás Maduro por su despido de la Filarmónica Nacional, financiada por el estado, donde había debutado recientemente como primer clarinete.

“Primera vez que abro un hilo”, escribió el 26 de mayo en Twitter en una serie de mensajes que rápidamente se hicieron virales.

 

“El día de hoy, después de la novena función del ‘Popol Vuh’ me comunican que mi contrato fue rechazado ‘porque he firmado en contra del régimen’”, añadió en una aparente alusión a su respaldo a una petición para la renuncia de Maduro. “Ahora me pregunto yo, cuando ellos me llamaron para ofrecerme el contrato ¿por qué no me dijeron que era requisito pensar igual que ellos?”.

 

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