
Varios centenares de personas se congregaron en un estacionamiento del frío y ventoso pueblo de Adelanto, en el desierto de Mojave, antes de que más de una veintena de camiones y otros vehículos ingresaran a la carretera. Se desconoce cuántos pretenden hacer el viaje completo.
“A los camioneros del mundo: Ahora es su momento de inconformarse. Ahora es su momento para dar paso a un tiempo de renacimiento de la libertad”, dijo el camionero y organizador de la protesta Brian Brase. “No se dobleguen”.
Varios vehículos de la caravana llevaban carteles con consignas como “Legalicen la libertad” y “Déjenles respirar”.
Fue una de varias caravanas en Estados Unidos organizadas en internet e inspiradas por las recientes protestas de camioneros en Canadá, que bloquearon cruces fronterizos con Estados Unidos y asediaron las calles de Ottawa durante semanas. Las caravanas tienen puntos de partida, fechas y rutas diferentes.
Los organizadores del grupo en Adelanto emitieron una declaración en la que la llamaron la “Caravana del Pueblo”, e indicaron que es multicultural y apartidista, aunque había banderas del expresidente Donald Trump en el mitin.

Ministros conservadores y liberales de la Corte Suprema reconocieron durante argumentaciones en el máximo tribunal que un gobierno entrante puede cambiar políticas. Es lo que el gobierno del presidente Joe Biden hizo con la norma de “carga pública”, la cual denegaba la entrega de tarjetas de residencia a inmigrantes que utilizan cupones de alimentos u otras prestaciones públicas.
La cuestión para la corte no gira propiamente en torno a la legalidad de la ahora difunta normativa de la era de Trump, sino si un grupo de estados encabezados por Arizona pueden asumir la lucha jurídica a favor de la disposición.
La jueza Elena Kagan planteó al procurador de Arizona, Mark Brnovich —quien presentó los argumentos a nombre del grupo de estados_, que permitir al grupo intervenir en un caso “que está completamente muerto y que en primer lugar jamás se aplicó a ustedes” no es la respuesta. “Quienquiera que sea el gobierno federal, siempre habrá un estado que considere que ha hecho lo incorrecto”, señaló. Otros magistrados plantearon que podría ser factible un derecho limitado a intervenir.
Kagan, por su parte, preguntó si el gobierno de Biden se había equivocado por maniobrar con prontitud para desechar rápidamente la disposición de la era de Trump, en lugar de optar por un proceso más largo. El ministro Samuel Alito dijo que el gobierno había diseñado una estrategia para hacer rápidamente a un lado la normativa y que él no está al tanto “de un precedente en el que un gobierno entrante haya actuado en forma similar”.
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Los eventos consecutivos del martes resaltaron dos temas que compiten por la atención de Biden mientras se aproxima la primavera de un año de elecciones intermedias: la perspectiva de una desastrosa guerra terrestre en Europa que no hará más que aumentar la inflación y otros problemas en el país, al tiempo que se gestionan una serie de retos internos y tareas imprescindibles.
Para Biden, la convergencia de asuntos exteriores e interiores de tal urgencia pone a prueba las afirmaciones, a menudo arrogantes, de gobiernos anteriores de que un presidente tiene que ser capaz de “caminar y masticar chicle al mismo tiempo”.
En sus declaraciones del martes, Biden reconoció este preocupante cruce, en un momento en el que los precios del petróleo y la gasolina han ido en aumento debido al oscuro panorama en Ucrania.
También anunció sanciones contra las instituciones financieras, los oligarcas y los bancos rusos, así como sobre la deuda de Rusia, con lo que el país quedaría aislado de los sistemas financieros de Estados Unidos y Europa.
Sin embargo, Biden también dijo que quiere limitar el “daño” para los estadounidenses, ya que las sanciones destinadas a presionar al presidente ruso Vladimir Putin también podrían restringir las exportaciones de petróleo y gas natural de Rusia y hacer que los precios mundiales de la energía se disparen.
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Pero había un lado oculto: el trabajo sucio de ser soldado. Los reclutas lanzaban granadas activas a los cañones del “Callejón Mortero”, rociaban productos químicos jabonosos en pozos de combustión de chatarra y de solventes, y vaciaban toxinas en el drenaje y en tanques con fugas que enterraron bajo tierra.
Cuando llovía, los venenos se percolaban en los acuíferos de los que extraían agua para beber.
A lo largo de los años, los soldados y civiles que vivían en la base del Ejército de Estados Unidos no cuestionaron si el agua corriente era segura para beber.
Pero en 1990, cuatro años antes de que comenzara el proceso de su cierre como base de entrenamiento militar, el Fuerte Ord (o Fort Ord) fue agregado a la lista de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los lugares más contaminados de la nación. Incluidos en dicha contaminación había docenas de productos químicos —algunos de los cuales ahora se sabe que causan cáncer— encontrados en el agua potable y el suelo de la base.
Décadas después, varios veteranos de Fort Ord que fueron diagnosticados con diferentes tipos de cáncer —especialmente trastornos sanguíneos raros— plantearon la pregunta en Facebook: ¿Hay más de nosotros?
Pronto, el grupo creció a cientos de personas que habían vivido o servido en Fort Ord y estaban preocupadas de que sus problemas de salud pudieran estar relacionados con las sustancias químicas del lugar.

John Mennell, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) para la región, confirmó el lunes que la agencia investiga los hechos en colaboración con el departamento de policía del condado Cochise. Mennell indicó que ya se notificó a funcionarios del consulado mexicano sobre la muerte, ocurrida en el área de Skeleton Canyon en las Montañas Peloncillo.
El consulado mexicano en Douglas no respondió de inmediato los mensajes dejados vía telefónica y por email.
El incidente fue reportado alrededor de las 10:00 de la noche del sábado en un “terreno de difícil acceso” en East Geronimo Trail, aproximadamente 48 kilómetros (30 millas) al noreste de Douglas, informó la policía del condado en un comunicado de prensa.
“Los primeros indicios apuntan a que un sujeto de sexo masculino, que se presume es un inmigrante ilegal, fue herido de muerte por un agente de la Patrulla Fronteriza que estaba en servicio junto con personal adicional”, según el documento.
Otras personas fueron detenidas en el área y trasladadas a una estación de la Patrulla Fronteriza “con fines de interrogación y otros procesos”, indica el comunicado.
El Departamento de Seguridad Pública de Arizona ayudó la madrugada del domingo en el retiro del cadáver, el cual fue trasladado a la oficina del médico forense del condado Pima.
No se dio a conocer de inmediato la identidad y nacionalidad de la víctima hasta que se notifique a sus familiares, explicó la policía del condado Cochise en un comunicado.