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El 30 de julio, el narco uruguayo Sebastián Marset fue ubicado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, pero logró escapar secuestrando brevemente a tres policías. Esto puso en marcha un gran operativo policial, con 3.000 efectivos, para tratar de evitar que abandone el país. Lo último que se supo de él es que viajaba con dirección norte en una vagoneta blanca de lujo, acompañado de su esposa, la uruguaya Gianina García Troche, y de sus tres hijos menores de edad. En otros dos vehículos iban sus guardaespaldas. La orden de captura y las fotografías de los dos sopechosos se ha publicado en los medios de comunicación.
El avistamiento del narcotraficante se produjo durante la intervención policial de ocho de las múltiples propiedades que, se presume, Manset tiene en la capital boliviana. En su mansión recién estrenada y en otras casas de los barrios más ricos de Santa Cruz, la fiscalía boliviana decomisó 17 fusiles y una pistola, 1.915 municiones, chalecos antibala y 37 vehículos. Los tres policias que estuvieron a punto de capturarlo fueron reducidos por hombres armados con fusiles. Dos de los policías escaparon rápidamente y uno fue detenido y golpeado, y luego liberado. Los sospechosos huyeron en cuatro automóviles de lujo, pero durante su escape abandonaron uno de ellos.
Marset tiene un amplio prontuario por tráfico de drogas en Uruguay y Paraguay, donde vivió entre 2018 y fines de 2021. En ese momento apareció en Dubai, donde lo detuvieron por llevar un pasaporte paraguayo falsificado. Desde prisión tramitó su pasaporte uruguayo a través de un abogado y se lo concedieron, ya que en ese momento no era reclamado por la policía de su país, sino por la paraguaya. Esto causó un escándalo político y una investigación en Montevideo. Después de ser liberado en Dubai, en febrero de 2022, Marset desapareció. Ahora se sabe que volvió a Sudamérica, pero ya no a Paraguay, sino a Bolivia. Desde aquí, supuestamente, dirigió el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
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La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que las autoridades estaban tratando de recuperar el cuerpo y desconocían la nacionalidad de la persona o la causa de la muerte.
Muchos habían advertido sobre el peligro de la barrera, porque está diseñada para que a los migrantes les resulte más difícil trepar o nadar debajo de ella.
El departamento dijo que México había advertido sobre los riesgos que plantean las boyas de color naranja brillante del tamaño de una bola de demolición en el Río Grande. También afirmó que la barrera viola los tratados sobre el uso del río y viola la soberanía de México.
“Dejamos en claro nuestra preocupación por el impacto en la seguridad y los derechos humanos de los migrantes que tendrían estas políticas estatales”, dijo el departamento en un comunicado. México dijo que fueron funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas los que notificaron el martes al consulado de México en Eagle Pass sobre el cuerpo.
La barrera se instaló en julio y se extiende aproximadamente a lo largo de tres campos de fútbol. Está diseñado para que a los migrantes les resulte más difícil trepar o nadar por debajo de la barrera.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está demandando a Abbott por la barrera flotante. La demanda presentada el lunes pide a un tribunal que obligue a Texas a eliminarlo. La administración Biden dice que la barrera plantea preocupaciones humanitarias y ambientales.
Las boyas son la última escalada de la operación de seguridad fronteriza de Texas que también incluye cercas de alambre de púas y el arresto de inmigrantes por cargos de allanamiento.
Los ahogamientos de migrantes ocurren regularmente en el Río Grande. Durante el fin de semana del 4 de julio, antes de que se instalaran las boyas, cuatro personas, incluido un bebé, se ahogaron en el río cerca de Eagle Pass.

Nicolás Petro, de 36 años, se declaró inocente de los cargos, que han generado dudas sobre el financiamiento de la campaña presidencial de 2022 del presidente Gustavo Petro. Pero hacia el final de la audiencia pareció cambiar de postura y dijo que estaba dispuesto a “colaborar” con los fiscales que también están tratando de investigar la campaña del presidente Petro.
“Haré esto por mi familia y por mi bebé que está por nacer”, dijo el joven Petro, quien podría enfrentar hasta 30 años de prisión si es declarado culpable de lavado de dinero.
La investigación contra Nicolás Petro surge de una impactante declaración hecha por su exesposa Daysuris Vásquez a la revista local Semana en marzo.
Llega en un momento en que el presidente Petro está perdiendo popularidad y ha estado expuesto a los ataques de los partidos de oposición, que se han vuelto cada vez más reacios a cooperar con la agenda legislativa del presidente.
En la entrevista de Semana, Vásquez dijo que estuvo presente en reuniones donde Nicolás Petro arregló una donación de 600 millones de pesos ($150,000) de un político que alguna vez fue condenado en Washington por narcotráfico y que quería contribuir a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Dueño de medio presenta denuncia por injerencia del presidente de Costa Rica en disputa por custodia
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Es conocida la animosidad entre Chaves y el denunciante Leonel Baruch, propietario del sitio de noticias en línea CR Hoy.
La denuncia de Baruch, que alega tráfico de influencias por parte del presidente y altos funcionarios, es una que cualquier ciudadano puede presentar y no necesariamente conduce a ningún cargo.
La disputa salió a la luz cuando la exdirectora de la agencia de bienestar infantil de Costa Rica, Gloriana López Fuscaldo, afirmó que había recibido una llamada telefónica del jefe de gabinete de Chaves, diciéndole que el presidente quería que ella “resolviera bien” el caso de custodia.
López Fuscaldo luego fue a la vecina Panamá, alegando que temía por su seguridad.
Chaves no respondió de inmediato a la denuncia de Baruch, pero dijo que López Fuscaldo podría regresar en cualquier momento.
“Solo quiero decirle a Gloriana que puede regresar con la seguridad de que nadie le va a hacer nada, que deje de inventarse”, dijo Chaves.
Chaves ha llamado anteriormente a los reporteros de CR Hoy “asesinos políticos”, y su administración trató brevemente de presentar un caso de evasión de impuestos contra una de las empresas de Baruch.
Chaves comenzó un mandato de cuatro años como presidente de Costa Rica en mayo de 2022. Se han presentado unas 18 denuncias legales de este tipo contra su administración, todas ellas, según se informa, todavía abiertas.
(Foto AP/Moisés Castillo, Archivo)
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Es un ritmo récord de migración a través de la brecha, que conecta a América del Sur con América Central. El aumento se produce a pesar de un acuerdo anunciado en abril entre Estados Unidos, Colombia y Panamá para ofrecer alternativas a la migración.
Las Naciones Unidas proyectan que si el ritmo se mantiene, hasta 400.000 pueden cruzar la brecha para fin de año. Los expertos dicen que sería difícil tomar medidas enérgicas contra las bandas de contrabandistas que operan la ruta.
El Servicio Nacional de Migración de Panamá dijo que 248.901 migrantes habían realizado el viaje hasta el 31 de julio, y que el 21% de los que cruzaron eran niños o adolescentes.
El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, confirmó que fue superior al total del año pasado.
Los migrantes de América del Sur, principalmente venezolanos, utilizan el Tapón del Darién para viajar por tierra a través de América Central y hacia la frontera suroeste de los Estados Unidos. Pero una gran cantidad de personas de otros lugares, incluidos África y Asia, también viajan a América del Sur para usar la brecha.
En abril, Estados Unidos, Panamá y Colombia dijeron en un comunicado conjunto que los países utilizarán “nuevas vías legales y flexibles para decenas de miles de migrantes y refugiados como alternativa a la migración irregular”.
También involucró inversiones para reducir la pobreza y crear empleos en las comunidades fronterizas de Colombia y Panamá, presumiblemente para que menos personas trabajen en el contrabando de migrantes.
(Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo)