MENDOZA, Argentina (AP) — Sentado en una silla de ruedas y con gesto abatido el cura italiano Nicola Corradi parece un anciano inofensivo. Pero según exalumnos de un instituto para sordos argentino fue quien les causó durante años un sufrimiento “indescriptible” mediante supuestos abusos sexuales por los que deberá responder en un juicio histórico que comenzó el lunes en la provincia de Mendoza.

 

De brazos cruzados y con la mirada apuntando al suelo, Corradi, de 83 años, fue trasladado por un pasillo por una integrante del personal penitenciario a la sala donde lo esperaba el tribunal integrado por tres jueces. Detrás lo seguían esposados y con gesto serio el también imputado sacerdote argentino Horacio Corbacho y el laico de la misma nacionalidad Armando Gómez, custodiados por guardias y bajo los flashes de las cámaras fotográficas de decenas de reporteros.

 

Los tres están acusados de 28 abusos a exalumnos del Instituto Antonio Próvolo para niños sordos y con problemas de audición de la localidad mendocina de Luján de Cuyo, a unos 1.100 kilómetros al oeste de Buenos Aires.

 

Mientras los imputados enfrentaban al tribunal sentados juntos en la sala, en la entrada del Palacio de Justicia de la capital mendocina presuntas víctimas y sus familiares colocaron carteles en los que se leía “Apoyo a sobrevivientes del Próvolo. Con nuestras manos y nuestras voces rompemos el silencio” y las imágenes de los acusados.

 

“Estoy súper nerviosa, ansiosa y espero justicia, que esto termine pronto para que mi hijo pueda pasar a una nueva etapa porque esto es muy duro. Él estaba muy ansioso esta mañana”, dijo a The Associated Press Natalia Villalonga. Los supuestos hechos de abuso que su hijo Ezequiel Villalonga, de 18 años, sufrió en el instituto serán juzgados en un proceso que está previsto que dure más de un mes.

 

La mujer afirmó que espera que los acusados sean condenados a prisión perpetua. “Por mí que hagan como en Estados Unidos, ¡que los maten!”, enfatizó.

 

Villalonga es uno de los cerca de 20 exalumnos del instituto católico que fueron presuntamente víctimas de abusos entre 2004 y 2016, incluyendo violaciones, un caso sobre el cual el papa Francisco -de origen argentino- no ha hecho comentarios públicos.

 

En este primer proceso judicial de una serie que afrontarán otros exintegrantes del colegio -entre ellos dos monjas- los imputados están acusados de 28 delitos cometidos contra 11 menores que contemplan penas de hasta 20 o 50 años de prisión, según los casos, indicaron la querella y la fiscalía. Corbacho se ha proclamado inocente y los otros dos imputados se han negado a declarar.

 

En la primera audiencia a puertas cerradas que duró unas dos horas se leyeron las acusaciones y la defensa de los imputados requirió que las presuntas víctimas declaren durante el juicio, algo que no desean la querella y la fiscalía puesto que ya lo hicieron y, según apuntaron a periodistas, sería someter de nuevo a los jóvenes a un gran sufrimiento. Los jueces tendrán resolver sobre el pedido de la defensa el martes.

 

Los delitos que se imputan son, entre otros, abuso sexual con acceso carnal, abuso mediante manoseos y corrupción de menores, ya que los menores supuestamente fueron obligados a ver pornografía y a cometer abusos entre ellos.

 

Los sordos que dicen haber sufrido todo tipo de vejámenes se sienten por primera vez fuertes y poderosos luego de años de sufrimiento bajo lo que describieron como el “dominio” de los clérigos. “Los del Próvolo de Mendoza dijimos ’ya no más miedo´. Teníamos el poder”, dijo a AP antes del juicio Ezequiel Villalonga, quien accedió a dar a conocer su identidad completa -algo que la mayoría de las víctimas rehúsa hacer-.

 

Las denuncias salieron a la luz a fines de 2016 y generaron un escándalo mayúsculo que se intensificó luego de saberse que Corradi ya había sido señalado por delitos similares en el Instituto Antonio Próvolo de Verona y que el papa había sido notificado que el religioso dirigía un centro similar en Argentina.

 

Los exalumnos y sus familiares creen que pueden lograr la primera condena de cárcel para los clérigos de esa institución católica que ha sido clausurada en esta provincia y que tiene sedes en distintas partes del mundo. También exigen que el pontífice despoje del estado sacerdotal a los supuestos abusadores en el marco del proceso canónico que se les sigue.

 

Ya hay una condena en el caso. Jorge Bordón, un laico que actuaba como monaguillo y administrativo en el instituto, admitió su culpabilidad en 2018 en un juicio abreviado y fue condenado a 10 años de prisión.

 

Erica, hermana de una denunciante de identidad reservada -razón por la cual no se identificó con su apellido-, dijo que desea decirle a ella “que su palabra... tiene hoy muchísimo valor, tanto valor que lleva a la justicia a personas que estuvieron libres haciendo desastres durante muchísimo tiempo”.

 

Sergio Salinas, vicepresidente de Xumek -la organización no gubernamental querellante en el juicio- dijo que ha sentido “durante todo el proceso que hemos tenido a la Iglesia en contra”.

 

“Vengo esperando una declaración del Vaticano... que nos den fotos de los curas que podrían haber pasado por el Próvolo porque son posibles autores de abusos. Ayudar en el día a día con asistencia a personas muy vulnerables”, agregó.

 

Salinas explicó que los testimonios de los denunciantes fueron considerados muy verídicos y avalados por distintos elementos encontrados en los allanamientos al instituto, como registros de las denuncias realizadas por padres que luego caían en saco roto, ropa interior presuntamente manchada con semen de los imputados, fotografías de una menor desnuda en la computadora de Corbacho y las cadenas que éste supuestamente usaba para amarrar a una chica con el fin de someterla.

 

La justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó recientemente la detención de Corradi por presuntos abusos cometidos en el Instituto Próvolo de la ciudad de La Plata, a unos 70 kilómetros de la capital. A ese centro fue a parar el sacerdote -se cree que en los años 80- cuando fue trasladado desde Verona y luego destinado a Mendoza en la década del 90.

Anne Barret Doyle, codirectora de BishopAccountability.org, dijo a AP que “si bien el propósito principal del juicio debe ser castigar a los perpetradores inmediatos... esperemos que conduzca a una divulgación total de la administración de la Iglesia de las escuelas Próvolo”.

 

La Santa Sede es reacia a interferir en un juicio penal y usualmente difiere todos los comentarios, así como los resultados de sus propias investigaciones, hasta después de que se hayan completado las pesquisas penales.

 

El Vaticano envió en 2017 a dos sacerdotes argentinos a investigar lo ocurrido en Mendoza. El vicario judicial Dante Simón, uno de esos responsables, dijo a la AP que los hechos denunciados son “horribles” y “más que verosímiles”.

 

En un informe que elevó al Vaticano, Simón pidió la aplicación de la máxima pena para Corradi y Corbacho, es decir, “que sean dimitidos directamente por el Santo Padre”. El informe debe ser revisado por la Congregación para la Doctrina de la Fe.

 

Simón señaló que se reunió poco después con el pontífice, quien le expresó que “estaba muy preocupado por esta situación y que se iba a obrar”.

 

Muchos en Argentina se preguntan por qué el papa no removió a Corradi como autoridad del instituto de Mendoza tras ser advertido sobre las denuncias en su contra en Verona.

 

El nombre del cura apareció públicamente en 2009 cuando 67 sordos dijeron haber sido abusados en el instituto veronés por 24 curas, laicos y hermanos religiosos y especificaron que en ese entonces el sacerdote italiano estaba en Argentina.

 

En 2012 la diócesis de Verona pidió perdón a las víctimas y sancionó a cuatro de los 24 acusados, entre los que no estaba Corradi. En ningún caso hubo un proceso penal porque el delito había prescrito.

 

El nombre del cura italiano apareció de nuevo en una carta dirigida a Francisco en 2014 en la que reiteraron el potencial peligro para los menores que implicaba la presencia del clérigo.