SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció un plan para liberar hasta el 50% de las personas encarceladas bajo el estado de emergencia, en virtud del cual las autoridades arrestaron a más de 90.000 personas desde marzo de 2022 en una campaña para erradicar las bandas criminales violentas.

El estado de emergencia, declarado tras un repunte de la violencia, ha reducido drásticamente la tasa de homicidios del país, al tiempo que ha suspendido derechos fundamentales, como el derecho a ser informado de los motivos de la detención, el derecho a acceder a asistencia letrada y el derecho de visita.

Organizaciones de derechos humanos han condenado el estado de emergencia, afirmando que ha provocado detenciones arbitrarias generalizadas, y han pedido reiteradamente a Bukele que ponga fin a la medida. El presidente ha justificado la medida como necesaria para controlar a las pandillas rivales MS-13 y Barrio 18.

El plan del presidente, anunciado el martes por la noche, se centraría en la liberación de personas consideradas colaboradoras de pandillas, un término general que puede incluir a cualquiera, desde vigías de pandillas hasta personas que realizan pagos de extorsión.

“Hay muchas personas que sí han cometido delitos, pero su delito fue colaborar con pandillas”, dijo Bukele. “Merecen estar en la cárcel, pero venimos de un país donde colaborar con pandillas no era tan inusual, y si tuviéramos que arrestar a todos los que colaboraron con pandillas, tendríamos que arrestar al 20% de la población”.

Sin entrar en detalles, el presidente indicó que las autoridades planean analizar los casos para determinar una posible liberación anticipada bajo vigilancia, lo que podría beneficiar a la mitad de los detenidos durante el estado de emergencia.

Las organizaciones de derechos humanos han registrado más de 6.000 denuncias durante la emergencia y han documentado la muerte de al menos 575 personas bajo custodia del gobierno.

Para algunos, la posible liberación de miles de prisioneros no es suficiente para reparar el daño causado por su prolongado encarcelamiento.

“Las víctimas de detenciones arbitrarias no solo merecen recuperar su libertad, sino que también merecen ser compensadas por los daños causados ​​por el Estado de El Salvador: el daño físico y mental que causa el encarcelamiento, el sufrimiento familiar, la pérdida de trabajo o estudios, el daño a la reputación, entre otros”, escribió la abogada salvadoreña exiliada Bertha Deleón en X.

Bukele desestimó las críticas de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales, afirmando que deberían ponerse del lado de las víctimas de la violencia de las pandillas.

Defendió la necesidad de mantener el estado de emergencia, pero expresó su intención de ponerle fin en algún momento.

Según cifras del gobierno, los homicidios han disminuido drásticamente bajo la administración de Bukele, pasando de un máximo de más de 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,3 por cada 100.000 en 2025. Sin embargo, el gobierno ha restringido la definición de homicidio para excluir los asesinatos cometidos por la policía, los asesinatos en prisiones y los cuerpos encontrados en fosas comunes.

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(Foto AP/Salvador Meléndez, archivo)