El Gobiernos de Nicolás Maduro ha recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las sanciones que los Gobiernos europeos han impuesto contra altos cargos venezolanos y un embargo de armas y de equipos susceptibles de ser utilizados para la represión interna.

l Tribunal General de la UE acogerá este viernes 8 de febrero una vista a raíz del recurso interpuesto por Caracas contra el embargo de armas y de equipos para la represión, así como la base jurídica aprobada por los Veintiocho de cara a sancionar a personas responsables de la represión en la que escuchará los argumentos de la parte querellante y del Consejo antes de emitir una sentencia.

 

El Gobierno de Maduro, que demandó al Consejo el 6 de febrero ante la Justicia europea, pide la anulación de las sanciones alegando que se adoptaron sin "pruebas suficientes" y que constituyen "contramedidas ilícitas conforme al Derecho Internacional consuetudinario" y que el Consejo pague las costas judiciales.

 

También alega que los gobiernos europeos han vulnerado el derecho de la parte demandada a ser escuchada puesto que no le informaron "previamente" de las sanciones y "un manifestó error de apreciación" sobre "los hechos" que las motivaron.

 

Los Veintiocho aprobaron en noviembre de 2017 la base jurídica --una lista vacía-- de cara a imponer sanciones --congelación de activos y prohibición de entrada en la UE-- a los responsables de la represión en Venezuela y un embargo de armas y de equipos que pueden ser utilizados para la represión interna.

 

En enero sancionaron al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y otros seis altos cargos venezolanos por su implicación en la represión, incluidos el ministro de Interior, Néstor Luis Reverol; el jefe de la Inteligencia Nacional, Gustavo González López; y el presidente del Tribunal Supremo, Maikel José Moreno.

 

También sancionaron a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el jefe del Distrito Capital en Caracas, Antonio José Benavides; y el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

 

Los Veintiocho extendieron en junio las sanciones a otros once altos cargos venezolanos por las elecciones presidenciales fraudulentas de mayo, incluidos a la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, el ministro de Educación, Elías Jaua, la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, el vicepresidente de Economía y ministro de Industria Nacional, Tareck El Aissami, y varios cargos militares.