Nicolás Maduro inicia este jueves un segundo mandato como presidente de Venezuela tras su victoria en las elecciones presidenciales celebradas el 20 de mayo de 2018.
Sin embargo, la toma de posesión que se celebrará en la sede del Tribunal Supremo de Justicia y no en la Asamblea Nacional (en manos de la oposición desde las elecciones parlamentarias de 2015 se ha negado a acoger la toma de posesión de Maduro), contará con poca representación internacional.
El acto no va a contar con representación de la Unión Europea (UE) ni de ninguno de los 28 Estados miembro, ni de Estados Unidos, ni de trece de los catorce países que forman el Grupo de Lima. Se trata de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. México, el otro integrante del Grupo de Lima, enviará al encargado de negocios de su Embajada en Caracas.
"No habrá ninguna representación de la UE en la toma de posesión de Maduro", según han confirmado fuentes diplomáticas de la UE a Europa Press.
La Unión Europea ha denunciado en varias ocasiones que las elecciones presidenciales de mayo "no fueron libres ni creíbles" y ha reclamado "nuevas elecciones que sean libres y justas".
El 'quid' de la cuestión son, por lo tanto, las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo. Según resultados oficiales, Maduro ganó con un 67% --más de seis millones de votos--, el peor dato del gobernante PSUV desde la llegada al poder de Hugo Chávez, hace ahora dos décadas, teniendo en cuenta el crecimiento del censo electoral en Venezuela.
Maduro rivalizó con Henri Falcón, que ha sido 'chavista' y opositor por épocas, y con el pastor evangélico Javier Bertucci, con un 20 y un diez por ciento de los votos, respectivamente.
La Mesa de Unidad Democrática (MUD), coalición disidente, no llevó candidato “porque sus principales partidos y líderes fueron inhabilitados o estaban encarcelados”.
Una parte de la comunidad internacional --el Grupo de Lima, Estados Unidos o la Unión Europea-- no reconoció estos comicios que el Gobierno, en cambio, defiende como el punto de partida para resolver la crisis política que Venezuela arrastra desde la muerte de Chávez, hace casi cinco años.