CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El medio de investigación salvadoreño El Faro anunció el jueves que los bienes de dos de sus miembros, incluyendo una cuenta bancaria y una propiedad, fueron congelados, en lo que denunció como una escalada de persecución política por su trabajo al exponer la corrupción en el gobierno del presidente Nayib Bukele.“Es otro nivel de ataque contra nosotros con un propósito claro”, dijo el director de El Faro, Carlos Dada, en una conferencia de prensa el jueves. “No son medidas fiscales. Son medidas políticas que buscan silenciarnos”.
El Faro ha protagonizado enfrentamientos públicos con Bukele por sus investigaciones sobre corrupción durante su administración, incluyendo revelaciones de que su gobierno negoció con pandillas. Esta última acción se produce poco después de que el medio estrenara un documental en colaboración con PBS Frontline sobre dichas negociaciones.
Bukele, quien llegó al poder en 2019 con una plataforma anticorrupción como el líder más joven de la región, se ha enfrentado a crecientes críticas de grupos de derechos humanos por su represión de la disidencia y los abusos cometidos durante un estado de excepción de cuatro años que ha encarcelado a más de 91.000 personas.
La oficina de Bukele no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios, pero él ha calificado en el pasado los reportajes del medio como "noticias falsas".
Según Dada, el medio de comunicación se enteró de la congelación de activos a través del banco y del registro de la propiedad, y no mediante una notificación formal del gobierno.
El establecimiento ha sido objeto de auditorías continuas por parte de las autoridades salvadoreñas desde 2020, en las que el gobierno alega que ha evadido 200.000 dólares en impuestos, lo cual Dada negó.
Los periodistas de El Faro han sido blanco de ataques de software espía, y Pegasus fue detectado en más de 20 iPhones de sus periodistas en 2022. Ese mismo año, sus periodistas demandaron a NSO Group ante un tribunal federal de Estados Unidos .
En 2023, el medio trasladó su sede a Costa Rica debido al clima represivo del país y todos sus miembros viven actualmente en el exilio fuera de El Salvador.
La represión de Bukele se intensificó en 2025 con el arresto de la destacada activista de derechos humanos Ruth López, quien permanece en prisión un año después sin juicio y con acceso limitado a su familia y asesoría legal. Poco después, en julio de 2025, la principal organización de derechos humanos del país donde trabajaba, Cristosal, anunció su salida de El Salvador debido al creciente acoso y las amenazas legales.
La práctica de realizar auditorías y confiscar bienes se ha utilizado como arma en otras partes de la región para intimidar a los críticos, sobre todo en Nicaragua bajo el mandato del presidente Daniel Ortega.
Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con sede en Costa Rica, que representa a El Faro en su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó en la conferencia de prensa del jueves que la medida es una “represalia” por el trabajo de El Faro y que busca “silenciar las voces de los periodistas”.
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Por ANNA-CATHERINE BRIGIDA
(Foto AP/Evan Vucci, archivo)