
Las medidas se dirigieron a los dos rivales izquierdistas más fuertes del candidato de Arce: Morales, el primer presidente indígena de Bolivia que gobernó el país desde 2006 hasta su derrocamiento en 2019, y Andrónico Rodríguez, el joven presidente del Senado que proviene del bastión rural cocalero de Morales.
Tanto Morales como Rodríguez se comprometieron a luchar contra las decisiones y las condenaron como un golpe a la frágil democracia de la nación andina.
“Los partidos que quieren apoyarme han sido perseguidos”, declaró Morales, quien aún cuenta con un ferviente apoyo en su bastión del altiplano tropical, en un programa de radio local. “La batalla no está perdida. Libraremos una batalla social y legal”.
En las redes sociales, expresó su alarma por “la grave amenaza que enfrenta hoy la democracia”.
Morales ha prometido reiteradamente que Bolivia “convulsionaría” si el tribunal electoral lo excluye de la carrera, lo que aumenta la sensación de crisis en el período previo a la votación profundamente polarizada programada para el 17 de agosto.
El presidente Arce desestimó las críticas y se limitó a pedir que “la disputa electoral no genere inestabilidad política y económica”.
Rodríguez —un candidato de 36 años con rostro fresco que generó entusiasmo entre los votantes desilusionados con la quinta candidatura presidencial de Morales e indignados con el manejo de Arce de la peor crisis económica de Bolivia en 40 años— también llamó a protestas contra lo que llamó “una decisión política” de suspender su candidatura.
“Ninguna sentencia o decisión judicial motivada por intereses políticos puede anular la voluntad soberana del pueblo”, escribió en X.
El Tribunal Supremo Electoral dio razones técnicas y limitadas para las decisiones, ya que se cerró la ventana para que los candidatos registraran sus partidos políticos.
Una lucha de poder entre Morales y su ex aliado y ministro de finanzas, el presidente Arce, ha fracturado su partido dominante, el Movimiento al Socialismo, o MAS, obligando a Morales a separarse y crear su propio partido político.
Arce, cuya popularidad se ha desplomado a medida que el aumento de la inflación y la escasez de combustible paralizan al país, abandonó la carrera la semana pasada y nominó a su ministro principal, Eduardo del Castillo, como candidato del partido MAS.
Del Castillo, un abogado de rostro severo y leal a Arce que supervisó la represión policial a las protestas antigubernamentales durante el último año, ha tenido dificultades para conseguir el tipo de apoyo del que disfrutan Morales y Rodríguez.
Las divisiones también están dividiendo el voto en la derecha, lo que ha dejado al movimiento anti-MAS sin un claro favorito para aprovechar lo que de otro modo podría ser la primera oportunidad real de victoria de la oposición después de casi dos décadas de gobierno de izquierda.
Según la lista publicada este martes por el Tribunal Supremo Electoral, entre los candidatos de la oposición registrados con éxito se encuentra Samuel Doria Medina, de 66 años, un ex magnate del cemento conocido por sus múltiples intentos fallidos de postularse a la presidencia.
También está Jorge “Tuto” Quiroga, quien promovió reformas favorables al mercado como presidente entre 2001 y 2002, después de servir como vicepresidente del fallecido dictador militar Hugo Banzer, en un gobierno acusado de abusos generalizados contra los derechos humanos.
“Morales está fuera de la carrera”, declaró el martes Tahuichi Tahuichi, miembro de la junta directiva.
La descalificación de Morales, aunque controvertida, era previsible. Su recién formada facción política, "Evo Pueblo", carece de personería jurídica, según el tribunal electoral, mientras que un partido aliado que planeaba acoger su candidatura no cumplía con otros requisitos legales.
Aunque Morales siguió insistiendo en la legitimidad de su candidatura, un fallo divisivo del Tribunal Constitucional que prohíbe a los ciudadanos postularse para más de dos mandatos presidenciales también complica su camino de regreso a la presidencia.
Algunos analistas consideran que ese fallo —tomado por jueces aliados de Arce que interfirieron en las elecciones judiciales para extender sus propios mandatos— es emblemático de cómo el poder judicial en Bolivia ha sido socavado por disputas políticas.
“Arce se benefició del rápido deterioro de un sistema de justicia ya débil, no implementó reformas desesperadamente necesarias y manipuló los tribunales para su beneficio”, dijo Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información, un grupo de investigación boliviano.
“Esta falta de debido proceso y de Estado de derecho convierte las próximas elecciones en una auténtica batalla campal con un resultado impredecible e insostenible”.
Más sorprendente fue la decisión del tribunal de suspender la candidatura de Rodríguez a la espera de una audiencia sobre la legalidad de su alianza política. Los jueces aceptaron su apelación y fijaron la primera sesión del tribunal para el miércoles.
Las nuevas restricciones a los candidatos también generaron críticas incluso de funcionarios del Tribunal Supremo Electoral.
“El sistema democrático está en riesgo por acciones legales que afectan el normal desarrollo de las elecciones”, escribió Francisco Vargas, miembro del organismo electoral. “Alerta al país y a la comunidad internacional”.
DeBre informó desde Buenos Aires, Argentina.
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ISABEL DEBRE escribe sobre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para The Associated Press, con sede en Buenos Aires. Antes de mudarse a Sudamérica en 2024, cubrió el Medio Oriente desde Jerusalén, El Cairo y Dubái.
(Foto AP/Juan Karita)