WASHINGTON (AP) — El gobierno de Trump está revocando las visas de 27 funcionarios latinoamericanos, exfuncionarios y sus familias, incluido el fiscal general de Bolivia, por acusaciones de corrupción.Los funcionarios y sus familias provienen de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países cuyos líderes son de derecha y afines al presidente Donald Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Colombia, Ecuador y Perú este mes , y prometió el apoyo de Estados Unidos a sus esfuerzos para combatir el narcotráfico y la trata de personas.
Esos líderes se han quejado de que muchos de los afectados por la revocación de visados estaban obstaculizando sus esfuerzos para combatir la delincuencia.
El Departamento de Estado anunció las revocaciones el lunes, afirmando que se realizaban "para cumplir con los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio contra la corrupción y el narcotráfico".
“Socavar un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el estado de derecho en las Américas y no será tolerado”, decía un comunicado.
La administración Trump presenta estas revocaciones como parte de sus esfuerzos más amplios para reprimir la corrupción, en particular la relacionada con el narcotráfico y la migración ilegal, por parte de los miembros del bloque "Escudo de las Américas", liderado por Estados Unidos, que Trump creó este año en el hemisferio occidental.
El Departamento de Estado ha estado denegando permisos para viajar a Estados Unidos como una forma de reprimir la inmigración o como herramienta de presión contra algunos gobiernos, desde la prohibición a funcionarios sudafricanos acusados de discriminación contra personas blancas hasta la negativa a expedir visados a la delegación palestina para asistir a la reunión anual de líderes mundiales en las Naciones Unidas.
Entre los 27 afectados se encuentran el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y más de 20 fiscales y jueces bolivianos, 12 de los cuales ya cuentan con visa y a nueve se les denegará la solicitud. Dos colombianos, un magnate y un legislador, junto con dos ecuatorianos y un juez peruano, también se verán afectados.
Según los documentos, Mariaca está acusado de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, y también está acusado de ayudar a delincuentes violentos a eludir la justicia.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, está trabajando para fortalecer”, decía el comunicado.
Mariaca condenó las restricciones de visado impuestas por la administración Trump en su contra, calificándolas de presión política sobre su oficina. Prometió llevar a cabo investigaciones, incluyendo un caso delicado que involucra a Fernando Cerimedo, un estratega político argentino con vínculos con el círculo de Trump que asesoró la campaña del presidente Rodrigo Paz.
“El trabajo que hemos estado realizando no ha complacido a ciertos sectores políticos, tanto dentro como fuera de nuestro país”, declaró Mariaca en una conferencia de prensa en la ciudad boliviana de Sucre. “Ninguna presión política, nacional o internacional, puede impedir que se esclarezcan los hechos, los cuales deben ser investigados”.
Mariaca, quien fue elegido para un mandato de seis años por los legisladores en 2024 bajo el anterior gobierno de izquierda de Bolivia, ha enfrentado críticas por el manejo de los casos de narcotráfico por parte de su oficina.
Dirigió a los fiscales de la región oriental de Santa Cruz cuando el presunto capo de la droga uruguayo Sebastián Marset, ahora bajo custodia estadounidense, escapó de una operación policial en 2023. Desde entonces, ha tenido enfrentamientos con Paz, quien ha alineado a Bolivia con Washington tras casi dos décadas de gobierno socialista.
La periodista de Associated Press, Isabel DeBre, en Buenos Aires, Argentina, contribuyó a este reportaje.
Por MATTHEW LEE
(Foto AP/Mark Schiefelbein)