SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Un juez en El Salvador ordenó el miércoles que un abogado de una destacada organización de derechos humanos que ha sido un crítico abierto de algunas de las políticas del presidente Nayib Bukele sea encarcelado durante seis meses por cargos de enriquecimiento ilícito.Previamente, Ruth Leonora López había solicitado un juicio público cuando la policía la llevó ante el juez. La audiencia del miércoles fue a puerta cerrada, ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario.
Los observadores afirman que el caso contra López es una represalia por su trabajo, mientras que las autoridades alegan que colaboró con uno de sus antiguos empleadores, quien está siendo procesado por malversación de fondos. Las autoridades arrestaron a López en su domicilio el 18 de mayo .
El abogado anticorrupción, que trabaja para la organización no gubernamental Cristosal, ha negado las acusaciones.
Al salir del tribunal tras su audiencia, López gritó: «Soy una presa política. Las acusaciones son por mi trabajo legal, por denunciar la corrupción de este gobierno. No hay instituciones que garanticen los derechos de los salvadoreños. Soy inocente».
Mientras la policía la escoltaba a su audiencia el miércoles, López, esposada y con una Biblia entre las manos, gritó: “No me van a silenciar, quiero un juicio público”, según un breve video publicado por Cristosal en X. “El pueblo tiene que saber”.
Previamente, el abogado defensor Pedro Cruz, rodeado de periodistas en el juzgado, expresó su desacuerdo con la decisión de sellar el caso. Añadió que la fiscalía lo había hecho "por temor a haber presentado una acusación infundada".
Luego dijo que su equipo de defensa tenía argumentos y pruebas sólidas y esperaba un juicio justo.
No había comparecido por primera vez ante un juez hasta el lunes, más de dos semanas después de su arresto.
En esa audiencia, los fiscales anunciaron el enriquecimiento ilícito, distinto al peculado original, y solicitaron que permanezca detenida mientras continúan las investigaciones.
Cristosal ha sido un crítico de algunas de las políticas de Bukele, incluido el estado de emergencia que le otorga poderes especiales y que ya está vigente desde hace más de tres años.
La medida restringe el derecho a reunirse, a ser informado sobre sus derechos y a tener acceso a un abogado. Amplía a 15 días el plazo de detención sin cargos. Unas 86.000 personas han sido detenidas bajo el estado de excepción.
López es el jefe de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, que ha elaborado informes y presentado acciones legales relacionadas con la corrupción gubernamental.
Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, declaró a través de X que seguía de cerca la audiencia de López. "El Estado debe garantizar su derecho al debido proceso. Debe ser liberada".
Las presuntas irregularidades de López se remontan a su época como asesora de Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral durante la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
“Ruth ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción”, declaró Cristosal la semana pasada. “El suyo no es un caso aislado: forma parte de un patrón de criminalización contra las voces críticas”.
Por MARCOS ALEMÁN
(Foto AP/Salvador Meléndez)