LIMA (AP) — La presidenta peruana Dina Boluarte juramentó el lunes a su séptimo ministro del Interior luego que su antecesor renunció después que el Congreso lo censuró el viernes y lo obligó a renunciar por su falta de planes para enfrentar una ola de asesinatos y extorsiones que afectan al país sudamericano.

El cargo de ministro del Interior ha sido la cartera más inestable en el gobierno de más de dos años de Boluarte. El séptimo ministro del Interior, el general retirado de la policía Julio Díaz Zulueta, era viceministro del renunciante Juan José Santiváñez, un abogado de policías que dimitió tras más de diez meses en el cargo.

Boluarte dijo el sábado que pondría como reemplazo del renunciante a otro “ciudadano valiente” para que enfrente al crimen organizado, a la delincuencia común y trabaje con la policía.

El gobierno de Boluarte es impopular, según las encuestas. Los analistas dicen que está profundamente debilitado por investigaciones fiscales contra la mandataria por una variedad de delitos que incluyen asesinato, corrupción y enriquecimiento ilícito.

El Congreso censuró el viernes al entonces ministro del Interior Santiváñez. La ley obliga a un ministro censurado a renunciar en las siguientes 72 horas. La decisión obedece al mal manejo que, según los legisladores, Santiváñez dio a la reciente ola delincuencial que azota al país.

Los congresistas encontraron un modo de mostrar su descontento con el gobierno de la presidenta Boluarte, luego que el 16 de marzo un cantante de cumbia fuera asesinado cuando desconocidos en motocicletas dispararon al bus en el que se trasladaba.

Tanto el Congreso como el gobierno reaccionaron ante el asesinato. El Congreso con la censura y el gobierno ordenó un estado de emergencia por 30 días en Lima que comenzó el 18 de marzo y se tradujo en la incursión de militares en las calles y el recorte de varios derechos constitucionales.

Las extorsiones se han extendido por todo Perú, incluida la capital, en la cual se producen asesinatos diarios, sobre todo en la periferia donde vive la mayoría de la población, pero hay menos presencia de policías y guardias privados.

Las cifras de asesinatos y extorsiones en Perú se han disparado desde 2017, según datos oficiales. En ese año los homicidios sumaron 674 y en 2024 llegaron a 2.057. En tanto, las denuncias por extorsiones en 2017 fueron de 5.225, mientras en 2024 alcanzaron 22.835.

(Foto AP/Martín Mejía)