PARMA, Italia (AP) — Altos ejecutivos de Mundipharma, el brazo internacional de Purdue Pharma, se han visto involucrados en un caso de corrupción en Italia, en el que se los acusa a ellos y a otras figuras de la industria farmacéutica de pagarle a un prominente médico para que promoviese el uso de opioides en una nación que siempre ha desconfiado de los analgésicos fuertes.

Es el primer caso del que se tiene noticias fuera de Estados Unidos en el que empleados y empresas farmacéuticas controladas por la familia Sackler son acusados de delitos graves, más de una década después de que ejecutivos de Purdue fuesen condenados por engañar al público acerca del nivel de adicción que produce OxyContin.

Documentos obtenidos por la Associated Press detallan cómo fue que el doctor Guido Fanelli promovió los analgésicos tras recibir dinero de un grupo de administradores de firmas farmacéuticas que bautizó como “La Liga del Dolor”. Los fiscales dicen que Fanelli escribió artículos, organizó conferencias y ayudó a contrarrestar las advertencias del gobierno en el sentido de que estaba aumentando mucho el consumo de opioides y que los médicos debían manejarse con cautela. El mensaje difundido, comprobó la AP, fue que había una epidemia de dolores crónicos, que los opioides son la solución y que los riesgos de hacerse adicto eran exagerados.

Esas, dicen los expertos, son las mismas estrategias usadas por la industria farmacéutica en Estados Unidos, que ayudaron a provocar una crisis que ya ha costado 400.000 vidas.

“Me enferma pensarlo”, declaró la representante Katherine Clark, que en el 2017 envió una carta a la Organización Mundial de la Salud en la que advirtió que Mundipharma estaba repitiendo las “prácticas engañosas y peligrosas de Purdue, que tiene 2.000 demandas en Estados Unidos por la promoción de los opioides. En la carta se imploraba a la agencia que interviniese antes de que la epidemia en Estados Unidos se volviera una pandemia.

La investigación italiana muestra cómo los ejecutivos de estas empresas siguieron promoviendo las ventajas de los opioides en el exterior, incluso después de que las causas y las consecuencias de la epidemia en Estados Unidos se hicieron más que evidentes.

Mientras que el mercado estadounidense se contrae, el consumo de opioides va en aumento en el exterior. Los expertos dicen que Canadá y Australia siguen el mismo curso catastrófico de Estados Unidos, reflejado en un aumento en las tasas de adicción y de muertes. Otros pueden estar encaminados a una crisis. Las sobredosis aumentan en Suecia, Noruega, Irlanda e Inglaterra debido al incremento de las prescripciones y por el comercio ilegal de drogas. Investigadores en Brasil afirman que las ventas de opioides por receta aumentaron un 465% en seis años.

El consumo de opioides en Italia aumentó, aunque las autoridades aseguran que no hay adicciones generalizadas por las estrictas regulaciones y el escepticismo en torno a las drogas.

Documentos indican que, a lo largo de varios años, negocios creados supuestamente por Fanelli para esconder pagos recibieron 464.000 euros (500.000 dólares) de Mundipharma y 640.855 euros (700.000 dólares) de Grunenthal. Voceros de ambas empresas dijeron que sus oficinas corporativas no estaban al tanto de los supuestos pagos ilegales y que creían que eran pagos por servicios legítimos.

La red de empresas de Mundipharma opera en más de 120 países y su división de mercados emergentes llegó a Asia, África y América Latina. Grunenthal también vende drogas en más de 100 países.

Ambas firmas dijeron que realizaron amplias investigaciones internas y cambiaron sus políticas sobre ética y el cumplimiento de normas. El portavoz de Mundipharma, Patrice Grand, declaró que la empresa “se transformó y se redimió” como consecuencia del escándalo. Despidió a dos ejecutivos que según los investigadores estuvieron involucrados en el plan, incluido Marco Filippini, gerente general para el sur de Europa.

Purdue y Mundipharma son propiedad de la familia Sackler, de conocidas iniciativas filantrópicas pero que ahora enfrenta demandas y cuestionamientos por la promoción que hizo Purdue de OxiContin. Purdue aceptó pagar 270 millones de dólares para resolver un caso presentado por el estado de Oklahoma este año, pero la compañía se defendió vehementemente. El vocero Bob Josephson destacó que un juez desestimó este mes una demanda radicada en Dakota del Norte, tras concluir que la empresa no puede controlar la forma en que los médicos recetan sus drogas ni cómo las usa la gente.

Quedan pendientes cientos de demandas, muchas de las cuales afirman que Purdue y otras empresas pagaron a “formadores de opinión clave”, a menudo médicos prominentes, para darle un toque científico a las afirmaciones que hacían en su publicidad en el sentido de que el uso de opioides para combatir dolores crónicos no conllevaba riesgos. Las prescripciones se cuadruplicaron entre 1999 y el 2010 en Estados Unidos, y las sobredosis aumentaron marcadamente.

Fanelli era el director del departamento de anestesiología y de terapia para los dolores del Hospital Maggiore de Parma, y se presentaba como el artífice de una ley del 2010 que hacía que resultase más fácil recetar opioides y que él mismo promovió para combatir el sufrimiento.

Los fiscales aducen que en el 2009, cuando ayudaba a redactar la ley, empezó a reunirse con ejecutivos de Mundipharma, Grunenthal y firmas italianas, entre ellas Molteni y Angelini. Molteni no respondió a pedidos de comentarios. Un abogado doe Angelini, Dario Romano, dijo que sus clientes no cometieron infracción alguna.

Los carabinieri, una de las fuerzas de seguridad italianas, se enteraron de lo que sucedía investigando otro caso e intervinieron el teléfono celular y la oficina de Fanelli.

“Desarrollé un sistema”, se habría ufanado Fanelli en una conversación. “El negocio del dolor”.

Además de publicar ensayos a favor del uso de opioides, el médico planeaba una conferencia para médicos en la que todo “funcionaba al revés”, según los fiscales. El director de la conferencia debía seleccionar los temas y los disertantes, pero Fanelli dejó todo en manos de las empresas, de acuerdo con los fiscales.

Paralelamente, dicen los fiscales, el médico se coordinó con una firma sin fines de lucro que llevaba a cabo una gira de presentaciones en las que se abordaba el tema de los dolores crónicos y de cómo los opioides podían aliviarlos. El presidente de la junta de esa firma era el director de márketing de la filial italiana de Mundipharma.

“Usan el mismo manual que funcionó en Estados Unidos”, declaró Andrew Kolodny, director ejecutivo de la organización Médicos para el Uso Responsable de los Opioides (Physicians for Responsible Opioid Prescribing), “a pesar de que sabían que había dado lugar a una catástrofe en la salud pública”.

Grand, el vocero de Mundipharma, lo negó, asegurando que “no existe ese manual”.

Acotó que las filiales de Mundipharma y de Purdue tienen distintos gerentes y productos, y no comparten estrategias. Indicó que la operación europea dejó de promocionar los opioides, que ahora representan menos del 40% de las ventas europeas de Mundipharma.

Dos ejecutivos de Mundipharma --Filippini y Riccardo Cerbai, director de márketing en Italia-- negociaron acuerdos de reducción de penas con la fiscalía en enero, aunque un abogado que los representó dijo que ello no conllevaba la admisión de culpabilidad. Añadió que le empresa tampoco aceptó culpabilidad alguna al comprometerse a pagar una multa de 40.000 euros.

La filial italiana de Grunenthal fue multada con 50.000 euros. Su portavoz, Stepah Kracala, dijo que la empresa, que opera más que nada en Europa y América Latina, implementó un nuevo código de conducta que incluye un teléfono para recibir denuncias, y que está comprometida con la transparencia en relación con el riesgo de adicción de las medicinas.

En la investigación aparecen varios ejecutivos de Grunenthal, cuyos abogados insisten en su inocencia. Tienen por delante una serie de audiencias en las que se decidirá si van a juicio o no.

A través de su abogado, Fanelli se negó a hacer comentarios sobre el caso. El doctor fue suspendido sin paga y se le prohibió ejercer la medicina a la espera de que se resuelva el caso.