SAN JUAN (AP) — Los abogados entregaron antes del plazo del martes al mediodía sus argumentos en lo que muchos consideran la decisión más importante en los 119 años de historia del Tribunal Supremo de Puerto Rico: ¿Quién será el próximo gobernador de la isla?

Luego de un movimiento de protesta que condujo a la renuncia del gobernador anterior, los 3,2 millones de habitantes de la isla aguardan la resolución al estancamiento constitucional entre el Senado puertorriqueño y Pedro Pierluisi, el experimentado político que prestó juramento el viernes.

“No nos queda otro remedio que esperar”, expresó Rita Miranda, administradora de condominios de 60 años de edad. “Estamos en una crisis económica grave, estamos en una crisis social grave, y esto está recrudeciéndolo”.

Los nueve miembros del Tribunal Supremo estaban de receso veraniego cuando decidieron aceptar la demanda entablada el domingo por el Senado, en la que se exige un recurso judicial urgente que ordene que Pierluisi deje de ejercer de manera inmediata el cargo de gobernador.

Si el tribunal falla a favor del Senado, la gobernación pasaría a manos de la secretaria de justicia Wanda Vázquez, aunque ella ha dicho que no quiere el puesto.

Pierluisi fue nombrado secretario de Estado durante el receso de la Legislatura la semana pasada, y sólo la Cámara de Representantes aprobó su nombramiento. La demanda también le pide al Tribunal Supremo declarar inconstitucional una ley de 2005 según la cual el secretario de Estado no necesita la aprobación de las dos cámaras si surge la necesidad de que asuma la gubernatura. La Constitución, señala la demanda, estipula que el secretario de Estado debe contar con el visto bueno de ambas instancias.

No queda claro si el Tribunal Supremo convocará a una audiencia para debatir el caso o si simplemente emitirá una opinión por escrito. No hay un plazo para la decisión, aunque varios expertos calculan que se dará en cuestión de días.

Cualquiera que sea la decisión, será final y no habrá apelación; se requiere de una mayoría de cinco de los nueve jueces para declarar inconstitucional una ley. Seis de los nueve jueces fueron nombrados por gobernadores del partido de Pierluisi, el Partido Nuevo Progresista, y los otros tres por mandatarios del opositor Partido Democrático Popular. El senador que dirige la demanda contra Pierluisi es miembro del PNP.

En un pliego de 14 páginas, abogados de Pierluisi acusan al Senado de contribuir a la inestabilidad política de la isla y afirman que esa instancia tuvo la oportunidad de votar en torno a la nominación de Pierluisi y decidió no hacerlo.

“Puerto Rico está embarcando un episodio traumático de alta tensión política que, incuestionablemente, agrava la crisis económica por la cual atraviesa desde hace más de una década, pone en jaque los esfuerzos de recuperación de los embates de los huracanes Irma y María, y afecta adversamente las relaciones con el gobierno federal”, se lee en el documento.

Mientras Puerto Rico aguarda una decisión, Pierluisi señaló el martes por la tarde que se reunió con el director de las agencias gubernamentales y con líderes del sector privado, entre otras personas.

“Yo voy a seguir trabajando sin descanso”, aseveró y le pidió paciencia al pueblo. “Tenemos que mantener este barco flotando para que llegue a un puerto seguro”.

Algunos puertorriqueños expresaron su frustración por el hecho de que luego de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, la cuestión de su sucesor sigue sin resolverse.

“Era un desenlace posible, pero ciertamente triste porque por tres semanas el país se lanzó a la calle de manera histórica, contundente, para pacíficamente derrocar a un gobernador y que ahora esto quede en manos de la mayoría de nueve personas que además son nueve personas nombradas y aprobadas por las ramas políticas”, comentó el senador Juan Dalmau del Partido Independentista Puertorriqueño. “Eso es otro defecto constitucional”, añadió.

El senador presentó el martes una propuesta de ley que permitiría convocar a elecciones ante la renuncia de un gobernador, al considerar que ello es un proceso más democrático.

Rosselló renunció oficialmente el 2 de agosto después de dos semanas de manifestaciones contra la corrupción, la mala administración y la participación del gobernador en un chat con otros 11 hombres en que se burlan vulgarmente de mujeres, homosexuales y víctimas del huracán María, entre otros. Más de una veintena de funcionarios renunciaron tras difundirse el chat, entre ellos el ex secretario de Estado Luis Rivera Marín.

Muchos puertorriqueños ya se han expresado en contra de Vázquez, quien tendría que asumir el cargo si Pierluisi es rechazado, y han amenazado con tomar de nuevo las calles si no están satisfechos con la decisión del tribunal.

“Ojalá y que dejen a Pierluisi”, dijo Marta Sánchez, una mujer de 64 años, desempleada. “Se ve que es un hombre serio capaz de sacar el país adelante”.

Manuel Vázquez, un empleado de mantenimiento de 70 años de edad que caminaba leyendo un periódico, se expresó de acuerdo.

“Es capacitado para liderar el país”, expresó Vázquez, aunque aclaró que la decisión quede en manos del tribunal.

Pierluisi es un abogado de 60 años que fue representante de la isla ante el Congreso de Estados Unidos entre 2009 y 2017, y perdió ante Rosselló en las primarias para gobernador en 2016. Fue también secretario de Justicia bajo la administración del padre de Rosselló, Pedro Rosselló.

Señaló que respetaría el fallo de la corte, sea cual sea, y agregó que regresaría a la práctica privada si los jueces emiten un veredicto en su contra, debido a que no está interesado en fungir como secretario de Estado.

De ser ratificado como gobernador, Pierluisi dijo que trabajaría duro para ganarse la confianza de la gente y viajaría a Washington para reunirse con funcionarios de la Casa Blanca, con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia y con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano mientras la isla trata de recuperarse del paso de María.

Los críticos dicen que la gubernatura de Pierliusi representa un conflicto de interés. Trabajó para un despacho que representa a la junta que supervisa las finanzas de la isla en medio de una recesión de 13 años, y su cuñado es el titular del organismo creado por el Congreso para supervisar la reestructuración de la deuda de más de 70.000 millones de dólares que tiene Puerto Rico.

Aparte de eso, los críticos insisten en que estaría asumiendo la gubernatura sin seguir la ley. Una respetada asociación de abogados acusó a Pierluisi de “secuestrar” la Constitución.

Mario Juan, de 32 años edad, propietario de un camión de alimentos y quien participó en las protestas, dijo que se siente impotente por el hecho de el Tribunal Supremo decida un tema tan importante.

“El pueblo puertorriqueño participó activamente, ya eso es una victoria, pero esto no tiene un fin que puede satisfacer a nadie”, comentó.