BOGOTÁ (AP) — Blanca Monroy y Sigifredo López tienen en común la marca del cruento conflicto armado colombiano, pero la política los separa. Monroy votará en el balotaje por el candidato progresista Iván Cepeda y López por el conservador Abelardo de la Espriella.

Monroy lleva tatuada en un brazo una balanza, la misma que tenía su hijo de 19 años y que fue usada para identificar su cuerpo tras ser víctima de una ejecución extrajudicial. López asegura que conoció el “inframundo” al ser secuestrado por la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ambos elegirán en el balotaje entre dos propuestas diferentes sobre cómo abordar el conflicto armado, pero con un temor común: volver a un pasado de mayor violencia.

Cepeda, quien ha servido de facilitador en varias negociaciones de paz, defiende el diálogo y consideraría continuar las negociaciones que inició el actual presidente Gustavo Petro, su padrino político, intentando disminuir la violencia que persiste en el país pese a que hace una década las FARC abandonaron las armas tras un histórico acuerdo de paz con el Estado.

De la Espriella, en tanto, ha dicho que acabará las negociaciones de paz e incrementará las operaciones militares. “Los voy a acabar como unas cucarachas”, dijo a The Associated Press recientemente el candidato, simpatizante de los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele.

Para Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, aunque hay una mayoría de colombianos inclinados a buscar el diálogo, el país suele oscilar entre las políticas que lo priorizan y las de mano dura. A su juicio, la política de Petro “fracasó” y generó “indignación en la opinión pública”.

La Fundación Ideas para la Paz, un centro de investigación sobre el conflicto, calcula que el año pasado el país tenía 27.000 armados ilegales dentro de ocho estructuras que en su mayoría se han fortalecido pese a la política de paz de Petro y que aumentaron sus filas en 5.000 integrantes con respecto al año previo.

Miedo por los “falsos positivos”

La vida cambió para Monroy en marzo de 2008 cuando su hijo Julián Oviedo Monroy desapareció en Soacha, una localidad al sur de Bogotá. Salió a encontrarse con una persona que le había ofrecido trabajo y fue asesinado en Ocaña, en el noreste del país.

Su hijo es uno de los 6.402 “falsos positivos”, como son conocidas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales que militares presentaron como guerrilleros muertos en combate. La mayoría de los casos ocurrieron durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010), quien niega haberlos ordenado.

Por su asesinato y los de otros reconocieron su responsabilidad al menos 10 exmiembros de la fuerza pública y un civil ante el Tribunal de Paz de Colombia, creado tras la firma del acuerdo con las FARC.

“Ellos (exmilitares) me decían: ‘doña Blanquita, nosotros nos ofrecimos voluntariamente para matar a su hijo’”, relató a AP Monroy, quien decidió perdonarlos.

Ahora, cuando el país decide de qué manera enfrentar a los ilegales, dice que Cepeda debe actuar contra ellos sin exterminarlos.

“Tiene que tener mano dura, pero no como dice este señor (De la Espriella)... que porque este es un guerrillero y es lo peor, lo vamos a coger, lo vamos a matar. Así no se va a hacer una paz”, dijo desde el centro de Bogotá.

Así como Monroy, otras madres de los “falsos positivos” han apoyado activamente la campaña presidencial de Cepeda.

Filósofo, exmiembro de las Juventudes Comunistas y actual congresista, Cepeda encauzó su vida en la defensa de las víctimas del Estado tras el asesinato en 1984 de su padre Manuel Cepeda Vargas que era legislador de la Unión Patriótica, un partido constituido en 1985 tras un infructuoso diálogo de paz entre el gobierno y las FARC.

Monroy teme que De la Espriella implemente una política que termine por afectar de nuevo a los civiles. “Dios quiera y ponga su mano y este señor… no suba (al poder), porque los ‘falsos positivos’ van a volver a ser una realidad”.

Miedo a los grupos armados

López fue secuestrado en 2002 con sus 11 colegas diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia. Tras casi siete años de cautiverio fue el único que sobrevivió.

“Lo más duro para mí fue cuando supe del asesinato de mis compañeros; (entré) en una depresión que me duró mucho tiempo. Estaba como perdiendo la razón”, recordó López, quien aún tiene secuelas psicológicas y sufre de artrosis como consecuencia de las inclemencias de la selva. “Eso es realmente el inframundo. Lo más parecido al infierno”.

El exdiputado es una de las 21.000 víctimas de secuestros cometidos por las FARC durante el conflicto armado de cinco décadas. La última cúpula de la guerrilla recibió una sanción por esos delitos, que no implicó cárcel, a cambio de contar lo que sabía y reconocer su responsabilidad.

Desde Cali, la misma ciudad donde fue secuestrado, López advirtió que la inseguridad se está agravando y sostuvo que la política de paz de Petro “fracasó” y que los armados ilegales se expanden en el territorio.

“Colombia está siendo secuestrada... no solamente el secuestro tradicional que conocimos y que vivimos personas como yo y miles más, sino que tienen secuestradas a las personas porque en su territorio, por ejemplo, hoy no pueden votar libremente”, aseguró a la AP López, quien tiene un esquema de protección por amenazas a su vida.

Contó que ha tenido su “corazón a la izquierda”, pero decidió apoyar a De la Espriella porque promete devolverle la seguridad a la ciudadanía y “entendió que la paz total no se logra negociando con los criminales, sino ejerciendo la fuerza legítima del Estado”.

MEGAN JANETSKY covers migration, conflict, human rights and politics in Mexico and Central America for The AP based in Mexico City. Previously, she covered Cuba and the Caribbean for The AP and worked as freelance journalist in Colombia, reporting across South America.

POR  ASTRID SUÁREZ and MEGAN JANETSKY

(AP Foto/Matias Delacroix)